El presidente electo de Colombia, Abelardo De La Espriella, ampliamente conocido como “El Tigre”, heredará un país profundamente afectado por la inseguridad.

La estrategia de “Paz Total” del presidente saliente, Gustavo Petro, deja un legado difícil. El diálogo con los grupos armados ha producido resultados limitados. Mientras tanto, Colombia ha visto cómo organizaciones armadas y criminales han consolidado su poder territorial, ampliado su capacidad para ejercer violencia y obtenido ganancias del cultivo de coca, la minería ilegal y la extorsión.

De La Espriella capitalizó estos problemas durante su campaña electoral, prometiendo una política de “mano dura”. Esto implica poner fin a las negociaciones con los grupos armados, aumentar la presión militar, fumigar y erradicar los cultivos de coca, extraditar delincuentes a Estados Unidos y construir megacárceles.

En un país donde muchas comunidades viven bajo la autoridad de grupos armados en lugar de la del Estado, estas promesas tienen un claro atractivo político. Sin embargo, ¿es este programa de mano dura la respuesta adecuada para resolver los problemas que enfrenta actualmente Colombia? Una razón para mostrarse escéptico es la dificultad de combatir a grupos violentos que están profundamente entrelazados con las comunidades locales.

La gobernanza relativamente centralizada que antes ejercían las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en amplias zonas rurales del país ha sido reemplazada, en gran medida, por una gobernanza criminal fragmentada, controlada por grupos armados profesionalizados e internacionalizados. Estos grupos se han expandido significativamente desde el acuerdo de paz de 2016 y la desmovilización de las FARC.

El Estado colombiano no logró llenar el vacío de poder que dejó ese proceso. Ese espacio fue ocupado por el Ejército de Liberación Nacional (ELN), el Clan del Golfo (también conocido como Autodefensas Gaitanistas de Colombia o AGC), disidencias de las FARC y un cambiante conjunto de bandas criminales locales. Todos ellos compiten y, al mismo tiempo, colaboran en torno a la producción y el tráfico de coca, la minería ilegal, la extorsión y otras actividades delictivas.

Uno de los principales problemas que surge de esta situación es que estos grupos criminales no operan al margen de las comunidades locales donde están presentes, sino que están profundamente entrelazados con ellas. Reclutan a jóvenes de la zona, cobran extorsiones a los comercios locales, transportan mercancías por las mismas carreteras que utiliza la población y, con frecuencia, proporcionan la única fuente de ingresos de la que dependen muchos hogares.

Cuando los actores armados y la población civil están tan estrechamente vinculados, una política de mano dura no puede distinguir de manera confiable entre combatientes y civiles. Esto es importante porque este enfoque parte del supuesto de que el Estado puede identificar al enemigo, aplicar una fuerza contundente y restablecer el orden. Ese mensaje puede resultar convincente durante una campaña electoral, pero es mucho más difícil de aplicar en territorios donde los grupos armados no están claramente separados de la vida social y económica de las comunidades locales.

Esto no significa que el gobierno colombiano deba evitar el uso de la fuerza. El Estado tiene la responsabilidad de proteger a la población civil y enfrentar a las organizaciones armadas que asesinan, extorsionan, reclutan menores de edad y controlan territorios. Sin embargo, la cuestión es qué tipo de fuerza debe utilizarse, contra quién y bajo qué estrategia política.

El acuerdo de paz de 2016 está en riesgo

Una política de seguridad centrada principalmente en la presión militar también corre el riesgo de debilitar el acuerdo de paz de 2016. Ese acuerdo nunca tuvo como único objetivo la desmovilización de las FARC. También reconoció que la violencia criminal en Colombia se sostiene por la desigualdad rural, la débil presencia del Estado, la limitada participación política, la inseguridad en la tenencia de la tierra y la dependencia de muchas comunidades de las economías ilícitas.

Uno de sus pilares fundamentales, el primer capítulo del acuerdo, es el programa de Reforma Rural Integral (RRI), cuyo objetivo es, entre otras cosas, redistribuir la tierra. Esta reforma es importante porque la desigualdad en la distribución de la tierra ha sido durante mucho tiempo uno de los principales factores que alimentan el conflicto en Colombia. Un acceso más equitativo a la tierra, junto con otras formas de apoyo a las poblaciones rurales más vulnerables, puede reducir la dependencia de estas comunidades de los grupos armados y de las economías ilegales.

Una estrategia que sustituya la reforma rural por la seguridad militar y un modelo de desarrollo liderado por el sector privado corre el riesgo de dejar fuera a los pequeños agricultores. Se trata de un enfoque peligroso. Si los campesinos continúan sin seguridad sobre sus tierras, sin infraestructura y sin fuentes de ingresos legales, los grupos armados seguirán ofreciendo formas coercitivas de protección y oportunidades de empleo en actividades ilícitas. En esas condiciones, el Estado podría ganar algunas batallas militares en el corto plazo, pero difícilmente logrará establecer una autoridad o una legitimidad duraderas.

El mismo problema se aplica a la política antidrogas propuesta. La fumigación y la erradicación forzada pueden destruir los cultivos de coca, pero no generan alternativas legales de subsistencia. Sin opciones viables, muchos agricultores volverán a sembrar coca o se internarán aún más en territorios controlados por grupos armados. Una política que trate principalmente a los cultivadores de coca como delincuentes también corre el riesgo de alejar a comunidades cuya cooperación es indispensable para cualquier estrategia de seguridad sostenible.

Por último, De la Espriella ha amenazado con desmantelar el sistema de justicia transicional. Colombia cuenta con un conjunto de instituciones encargadas de garantizar a las víctimas del conflicto armado sus derechos a la justicia, la reparación, la verdad y las garantías de no repetición. Tanto el acuerdo de paz como el marco de la justicia transicional están protegidos por el Acto Legislativo 02 de 2017 y forman parte del sistema más amplio de verdad, justicia y reparación.

Aunque eliminarlos resulta difícil debido a su protección constitucional, al amplio respaldo que tienen en el Congreso colombiano y a la presión internacional, existe un riesgo real de que sean debilitados gradualmente mediante recortes presupuestarios, campañas de deslegitimación y un cumplimiento selectivo de sus disposiciones. Esto erosionaría la confianza en el Estado en un momento en que Colombia necesita una mayor cooperación de la población civil en los territorios afectados por el conflicto.

El peligro más amplio es que el próximo gobierno de Colombia trate la paz y la seguridad como proyectos opuestos. No lo son. Las disposiciones del acuerdo de paz no representan un obstáculo para la seguridad. Si se implementan adecuadamente, formarán parte del proceso de fortalecimiento del Estado necesario para reducir el poder de los grupos armados.