En una rueda de prensa conjunta celebrada el 22 de septiembre de 2026, el primer ministro de Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen, y la primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, anunciaron que el renovado acuerdo trilateral de seguridad ártica entre Estados Unidos, Dinamarca y Groenlandia no solo fortalecería la alianza de la OTAN, sino que también reafirmaría «la soberanía y la integridad territorial del reino», al tiempo que respetaría la futura autodeterminación de Groenlandia.
Presentada como una victoria de la diplomacia danesa y groenlandesa, la renovación del Acuerdo sobre Groenlandia de 1951 establece que la permanencia en la OTAN es una condición para la presencia de seguridad estadounidense en la isla y parece marcar — al menos por ahora — el fin de las recientes amenazas de Estados Unidos de intervenir militarmente y anexionar el territorio. Groenlandia también participó en las negociaciones, como ya lo había hecho en el Acuerdo de Igaliku de 2004. Además, el acuerdo de 2026 es el primer acuerdo internacional cuya autenticación y ejecución se realizaron en groenlandés (‘kalaallisut’). Sin embargo, al igual que en 2004, la participación no se tradujo en una capacidad de influencia tangible. Los beneficios sustanciales — nuevas bases estadounidenses en Narsarsuaq y Mestersvig, influencia estadounidense sobre las inversiones futuras y la preservación de la soberanía danesa — quedaron en manos de las mismas dos potencias que definieron el estatus de Groenlandia a mediados del siglo XX.
La promesa central del acuerdo, reafirmar «la soberanía y la integridad territorial del reino», se basa en la suposición de que la soberanía danesa sobre Groenlandia constituye el punto de partida natural desde el cual la autodeterminación groenlandesa podrá algún día tomar otro rumbo. Este artículo sostiene que dicha suposición oculta más de lo que explica. La soberanía danesa sobre Groenlandia no fue simplemente heredada; se construyó a principios del siglo XX mediante una serie de acuerdos con potencias externas, en particular Estados Unidos, en los que los groenlandeses tuvieron poca o ninguna participación. Desde esta perspectiva, pese a que Groenlandia obtuvo un lugar en la mesa de negociaciones, el acuerdo de 2026 representa menos una ruptura con el pasado que un nuevo capítulo de éste.
Un análisis histórico de las relaciones entre Dinamarca, Groenlandia y Estados Unidos revela hasta qué punto la soberanía sobre Groenlandia siempre ha sido una cuestión compleja y disputada. Sostengo que la soberanía danesa se construyó y mantuvo mediante acuerdos con potencias externas — primero Noruega, pero sobre todo Estados Unidos — y que el acuerdo actual perpetúa esa relación en lugar de romper con ella.
Este artículo examina primero cómo Dinamarca consiguió el reconocimiento de su reclamación sobre la totalidad de Groenlandia y, después, cómo esa reclamación llegó a depender del poder estadounidense durante la Segunda Guerra Mundial y después de ella. Por último, recurro a estudios sobre derecho internacional, soberanía y jerarquía para explicar por qué este patrón ha demostrado ser tan duradero.
Soberanía mediante el reconocimiento
Originalmente colonizada en 1721 por el misionero danés-noruego Hans Egede, Groenlandia dejó de tener estatus colonial en 1953, tras la creciente presión de las Naciones Unidas, recién establecidas. Posteriormente, Groenlandia se integró a la Mancomunidad Danesa como un condado constitucionalmente «igualitario», una igualdad que existía en gran medida solo sobre el papel (Natalia Loukacheva, 2007). Para elevar el nivel de bienestar de Groenlandia al de Dinamarca en el mundo de la posguerra, el gobierno danés puso en marcha las Comisiones G50 y G60 con el objetivo de «danizar» a los inuit groenlandeses, es decir, urbanizarlos y mejorar sus condiciones generales de bienestar. Sin embargo, revelaciones recientes han puesto al descubierto diversas injusticias cometidas contra los inuit groenlandeses desde su incorporación a la Mancomunidad Danesa (véanse, por ejemplo, el escándalo aún vigente de los dispositivos intrauterinos (DIU), el «Experimento de los pequeños daneses» o los criterios de ciudadanía por nacimiento que establecieron un sistema salarial dual).
En 2023, Francisco Cali-Tzay, relator especial de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, señaló que los groenlandeses que viven en Dinamarca siguen sufriendo racismo y discriminación sistémicos (2023). Durante las negociaciones de descolonización de principios de la década de 1950, la opción de la independencia nunca estuvo sobre la mesa; ningún groenlandés estuvo presente para negociar las condiciones de la integración (Anne Kirstine Hermann, 2021). Posteriormente, Groenlandia obtuvo el autogobierno en 1979 y, en 2009, el autogobierno ampliado como región autónoma, que también incorporó una cláusula de autodeterminación mediante un referéndum nacional en Groenlandia.
En la actualidad, Groenlandia recibe una subvención global anual (‘bloktilskuddet’) de aproximadamente 4,500 millones de coronas danesas (unos 516 millones de libras esterlinas o 683 millones de dólares), y Dinamarca supervisa todas las cuestiones fronterizas y de política exterior de Groenlandia, pese a la creciente presencia de esta en el escenario internacional. Además de participar en el Consejo Ártico y en el Consejo Circumpolar Inuit, Groenlandia estuvo representada por primera vez en Igaliku en 2004, luego, en 2008, junto a Dinamarca en Ilulissat y, de manera más destacada, en las recientes negociaciones trilaterales entre Dinamarca, Groenlandia y Estados Unidos.
En otras palabras, Groenlandia cuenta con un autogobierno bajo la soberanía superior de Dinamarca: autonomía interna combinada con subordinación externa, mientras Copenhague conserva la autoridad definitiva sobre la política exterior y de seguridad. En 2014, Adler Nissen y Gad publicaron un número especial de “Cooperation and Conflict” en el que examinaban la conceptualización y el funcionamiento de la «soberanía posimperial» en el contexto nórdico, es decir, en Dinamarca, Finlandia, Noruega y Suecia, así como en regiones semiautónomas o plenamente autónomas como Åland, las Islas Feroe, Islandia y Groenlandia. En dicho trabajo, sostuvieron — haciéndose eco de Iver Neumann (2014) — que la situación posimperial puede entenderse como una configuración imperial que se transforma más allá de la jerarquía original, dando lugar a nuevas identidades, grupos e incluso Estados, y que sigue dominando nuestra manera de concebir la política mundial (2014, 5).
En este contexto, argumentan que Groenlandia no encaja en ninguna categoría conceptual existente de soberanía dentro de las relaciones internacionales o el derecho internacional debido a sus particulares acuerdos de autogobierno (2014, 16). Aunque esto puede ser cierto, llevaría el argumento un paso más allá: desde la Declaración Lansing de 1916, posterior a la venta de las Indias Occidentales Danesas, hasta el Acuerdo de 1951 y su renovación en 2026, la configuración imperial que dio forma a la soberanía de Groenlandia siempre fue triangular, con Estados Unidos como tercer actor constitutivo. En otras palabras, la soberanía posimperial en Groenlandia no puede entenderse únicamente desde un marco nórdico. Debe analizarse a través de la historia de los acuerdos entre Copenhague y Washington, que siguen definiendo tanto el significado de la soberanía en Groenlandia como lo que la autodeterminación groenlandesa puede significar en la actualidad.
Soberanía por contrato
A pesar de la sorpresa inicial provocada por las declaraciones de la administración Trump, el intento de ampliar el territorio estadounidense para incluir Groenlandia no es nuevo. Ya en 1867, el secretario de Estado William H. Seward, bajo la presidencia de Andrew Johnson, exploró la posibilidad de comprar Groenlandia e Islandia a Dinamarca para ampliar la hegemonía geopolítica de Estados Unidos, tanto para ejercer más presión sobre Canadá a fin de que se uniera a la Unión como para aplicar los principios fundamentales de la Doctrina Monroe (Benjamin Mills Peirce, 1868). La propuesta fue rápidamente descartada por el Congreso estadounidense debido a su elevado costo y a la inestabilidad política general, pero volvió a plantearse en 1910 por Maurice F. Egan, embajador de Estados Unidos en Dinamarca durante la presidencia de William Taft. Egan sugirió que Estados Unidos comprara Groenlandia a Dinamarca a cambio de que esta obtuviera los grupos insulares del sur de Filipinas, una propuesta que no prosperó ni en los círculos daneses ni en los estadounidenses (Egan fue el principal artífice de la venta de las Indias Occidentales Danesas a Estados Unidos en 1916-1917) (Maurice F. Egan, 1910).
Sin embargo, cuando Dinamarca vendió las Indias Occidentales Danesas a Estados Unidos en 1916, pidió algo a cambio, además de los 25 millones de dólares: una declaración del secretario de Estado Robert Lansing en la que Washington afirmara que no se opondría a que Dinamarca extendiera sus intereses políticos y económicos a toda Groenlandia (1916). Esto fue importante porque, al mismo tiempo, Noruega cuestionaba la legitimidad de la colonización de Groenlandia, inmediatamente después de obtener su propia independencia de Suecia en 1905. Los noruegos argumentaban que, dado que Dinamarca y Noruega habían estado bajo una misma corona en 1721 y que Dinamarca había descuidado el desarrollo de la costa oriental de Groenlandia, concentrándose principalmente en las zonas occidental y meridional, Noruega debía poder reclamar Groenlandia Oriental bajo el principio de ‘terra nullius’ («tierra de nadie»).
En 1921, la disputa se intensificó aún más cuando Dinamarca comenzó a buscar un reconocimiento internacional más amplio de su soberanía sobre Groenlandia (véase, por ejemplo, Hans Christian Gulløv, 2017). Tras una década de disputas diplomáticas entre Dinamarca y Noruega durante los años veinte, barcos pesqueros noruegos ocuparon Groenlandia Oriental en julio de 1931. Sin embargo, en 1933, la Corte Permanente de Justicia Internacional falló a favor de la reclamación de soberanía del reino danés sobre Groenlandia, especialmente debido a su amplio conocimiento científico de la región — en particular, gracias a las exploraciones polares — y al reconocimiento de su soberanía por parte de otras grandes potencias internacionales, sobre todo Estados Unidos (Corte Permanente de Justicia Internacional, 1933).
Siete años después de que el tribunal fallara a favor de Dinamarca, el país quedó bajo ocupación alemana. Como Dinamarca no podía gobernar ni defender Groenlandia, la cuestión de quién controlaría la isla se resolvió en Washington D. C., entre el enviado danés Henrik Kauffmann y el gobierno estadounidense, mediante un acuerdo firmado el 9 de abril de 1941. En este acuerdo se reconocía plenamente la soberanía danesa sobre Groenlandia (1941, art. 1), pero, dado que el Estado danés no podía ejercer sus competencias en Groenlandia durante la ocupación, la posible toma de la isla por parte de un adversario podía representar una grave amenaza para la seguridad nacional del continente norteamericano. Por lo tanto, de conformidad tanto con la Doctrina Monroe como con el Acta de La Habana, firmada el 30 de julio de 1940, Estados Unidos aceptó la responsabilidad de ayudar a Groenlandia a mantener su estatus de entonces dentro del Reino de Dinamarca.
Para ello, Kauffmann autorizó a Estados Unidos a construir, mantener y operar bases militares, así como establecer campos de aterrizaje, instalaciones de radio y otras infraestructuras fundamentales que Estados Unidos considerara necesarias, lo que equivalía a un acceso prácticamente incondicional (1941, arts. 2-5). Tras el acuerdo de 1941, se abrieron bases militares estadounidenses en Narsarsuaq (Bluie West One), Søndrestrøm/Kangerlussuaq (Bluie West Eight) y Grønnedal (Bluie West Seven), además de instalaciones militares más pequeñas en Groenlandia Oriental.
Durante la Segunda Guerra Mundial resurgió el interés por adquirir Groenlandia, lo que dio lugar a una propuesta oficial en 1946 bajo la presidencia estadounidense de Harry S. Truman. Estados Unidos ofreció a Dinamarca 100 millones de dólares en oro (Relaciones Exteriores de Estados Unidos, 1947). Los daneses rechazaron la oferta y, en su lugar, propusieron convertir la Base Aérea de Thule en una instalación permanente. Esto finalmente se materializó mediante el Acuerdo de Defensa de 1951, por el que Dinamarca y Estados Unidos formalizaron el acceso estadounidense a Groenlandia dentro de un marco duradero. Durante la Guerra Fría, Estados Unidos mantuvo 17 instalaciones militares y más de 10,000 efectivos militares; la base aérea de Thule, también conocida como Base Espacial Pituffik, sigue operativa en la actualidad, con alrededor de 200 militares estadounidenses destinados allí (1951).
Por qué importan los pequeños imperios
En la literatura de las relaciones internacionales, Sebastian Schmidt ha sostenido que el establecimiento de bases militares estadounidenses desempeña un papel instrumental en los órdenes globales de posguerra debido a una reconfiguración de las relaciones estratégicas, en virtud de la cual las prácticas de soberanía cambiaron drásticamente (2020, 2, 5). Antes de la Segunda Guerra Mundial, la presencia militar extranjera permanente en tiempos de paz se consideraba ampliamente incompatible con la soberanía, ya que, de lo contrario, equivaldría a una ocupación o a una subordinación colonial. Después de 1945, albergar bases estadounidenses mediante acuerdos negociados pasó a entenderse como un ejercicio de soberanía, en lugar de una renuncia a ella. Por lo tanto, la concepción de la soberanía se transformó con el establecimiento de bases estadounidenses en el orden de posguerra liderado por Estados Unidos. Así, los responsables políticos obtuvieron algo que antes no estaba a su alcance: la capacidad de conceder amplios derechos militares a potencias extranjeras dentro de su territorio sin dejar de ser plenamente soberanos.
El Acuerdo de 1951 es un claro ejemplo de ello. Al mismo tiempo, sin embargo, como ha sostenido Alexander Cooley, las bases en el extranjero no son meras instalaciones militares, sino instituciones y manifestaciones del poder estadounidense que se arraigan en la política interna de los Estados anfitriones y crean estructuras jerárquicas en las que estos ceden el control efectivo de partes de su territorio (2008, 9–10; 2009). En Groenlandia, ambas cosas ocurrieron simultáneamente: Dinamarca mantuvo formalmente su soberanía al ceder el control de determinados territorios de Groenlandia. Esto se manifestó de forma especialmente notoria en la expulsión forzosa y el desplazamiento de las poblaciones inughuit del norte de Groenlandia en 1953, durante la ampliación de la Base Aérea de Thule (Svend Aage Christensen y Kristian Søby Kristensen, 2009).
Kenneth Waltz sostuvo célebremente que los Estados pequeños como Dinamarca «no importan» (citado en Robert Cox, 1992, 143, nota al pie 21): las grandes potencias construyen el sistema internacional y las potencias menores simplemente lo habitan (Kenneth Waltz, 1979, 72–73). Yo sostengo lo contrario. Dinamarca importa precisamente por su posición intermedia: subordinada a Washington, pero soberana sobre Groenlandia (véase también John de Bhal, 2023). Dinamarca importa no por ser pequeña, sino porque ejercía la soberanía de más de una manera al mismo tiempo: subordinada en una relación e imperial en otra. Siguiendo a Grovogui, sostengo que la soberanía nunca ha sido uniforme a lo largo del tiempo y del espacio: distintos acuerdos institucionales, regidos por normas diferentes, han producido diferentes formas de soberanía en distintas regiones (2002, 316). Esto, podría decirse, convierte a la soberanía en un fenómeno históricamente contingente, abierto e inestable, que no puede estudiarse al margen de sus relaciones con otros conceptos y contextos (Jens Bartelson, 1995, 2). Dado que el centro imperial estadounidense gobierna la periferia mediante acuerdos específicos y adaptados a cada situación, negociados a través de Copenhague, es posible entender la estructura imperial estadounidense-danesa como un modelo de «centro y radios», según la descripción del imperio de Nexon y Wright (2007).
La soberanía danesa sobre Groenlandia siempre había dependido de la aceptación estadounidense, pero, después de abril de 1940, pasó a depender del poder de Estados Unidos. En otras palabras, sobrevivió porque fue cedida parcialmente mediante un contrato: Dinamarca conservó el título formal al conceder a Estados Unidos amplios derechos de uso. El Acuerdo de Seguridad Ártica de 2026 extiende esta lógica más allá del ámbito militar. Junto con la presencia permanente de las fuerzas estadounidenses, prohíbe las inversiones procedentes de fuera de la UE y de la OTAN, así como el establecimiento de instalaciones militares tripuladas o no tripuladas por parte de terceros (2026, arts. IX–X). En la práctica, Washington dispone ahora de un derecho de veto sobre quién puede invertir en Groenlandia. La importancia de esta disposición se hace evidente al considerar el futuro de la minería groenlandesa y sus yacimientos de minerales de tierras raras, fundamentales para fortalecer la economía local y nacional.
Esto plantea una pregunta incómoda: durante las negociaciones, tanto Copenhague como Nuuk insistieron en respetar las «líneas rojas de la soberanía», pero, si Estados Unidos debe aprobar el futuro económico de Groenlandia, ¿las líneas rojas de quién han quedado protegidas? En otras palabras, la presencia permanente de instrumentos militares extranjeros sí otorga a Estados Unidos cierta autoridad política en Groenlandia, especialmente si se tiene en cuenta el carácter permanente de estos acuerdos. Según el artículo XI, el acuerdo no tiene fecha de vencimiento — salvo que alguna de las partes involucradas abandone la OTAN — y solo puede modificarse mediante consentimiento mutuo (2026, art. XI). Resulta especialmente llamativo que, si Groenlandia ejerciera su derecho a la autodeterminación y se independizara, Dinamarca y Groenlandia estarían obligadas conjuntamente a garantizar que el nuevo Estado permaneciera en la OTAN y asumiera, desde el día de la independencia, todos los derechos y obligaciones de Dinamarca en virtud del acuerdo. En otras palabras, la condición de Estado independiente de Groenlandia parece estar negociada de antemano o incluso predeterminada: el acuerdo triangular está incorporado en las condiciones de una independencia que todavía no se ha producido.
Todavía entre imperios
La soberanía posimperial que Adler-Nissen y Gad (2014) identifican en Groenlandia, desde esta perspectiva, no es únicamente nórdica, sino también transatlántica; y el Acuerdo de 2026 ha incorporado ese triángulo al futuro de Groenlandia. Como ha demostrado Adom Getachew en su estudio sobre los pensadores anticoloniales africanos y caribeños, la independencia formal, sin una transformación del orden más amplio, puede reproducir las mismas jerarquías que pretendía poner fin (2019). Sea cual sea el camino que elijan los líderes de Groenlandia, cualquier futuro Estado-nación groenlandés heredará el lugar que ocupa Dinamarca en ese triángulo.
Desde la Declaración Lansing de 1916, emitida junto con la venta de las Indias Occidentales Danesas en apoyo de la soberanía danesa sobre Groenlandia, hasta los acuerdos de 1941, 1951 (y 2004) y 2026, las condiciones de la soberanía de Groenlandia se han establecido repetidamente en negociaciones en las que no participó o sobre las que no pudo ejercer una influencia independiente. Incluso la descolonización formal de Groenlandia en 1953, cuando fue incorporada a Dinamarca, no alteró estos acuerdos, sino que los consolidó: una historia que merece ser contada por separado. Adler-Nissen y Gad nos recuerdan que la soberanía se ejerce estratégicamente y que su ejercicio consiste en «mantener el control» (2014, 18). Sin embargo, en Groenlandia, la pregunta siempre ha sido: ¿el control de quién?
Referencias
