La decisión de Estados Unidos de renunciar a la renovación automática por 16 años del T-MEC (Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá), conocido por sus siglas en inglés como USMCA, se ha convertido en uno de los acontecimientos económicos más comentados de las últimas semanas. Los titulares de los medios han generado la impresión de que el acuerdo de libre comercio de Norteamérica está prácticamente al borde del colapso (leerlos puede hacer que inmediatamente empieces a tararear la vieja canción de Europe, “The Final Countdown”). En realidad, sin embargo, no se trata del fin del acuerdo, sino del inicio de un mecanismo diferente: revisiones anuales durante los próximos diez años.

Mientras tanto, el T-MEC continúa vigente, el libre comercio entre los tres países se mantiene y siguen aplicándose su régimen preferencial y sus reglas de origen. Sin embargo, la naturaleza misma del acuerdo está cambiando. Mientras que antes las empresas lo percibían como un marco relativamente estable y de largo plazo, ahora la incertidumbre se ha convertido en su principal característica, y la integración de Norteamérica está pasando a ser un espacio de negociaciones políticas permanentes, desgastantes y bajo presión anual.

Breve historia

El Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), conocido en inglés como NAFTA, entró en vigor en 1994 y permaneció prácticamente sin cambios durante más de un cuarto de siglo. Durante ese período, la economía mundial experimentó la globalización de la producción y las cadenas de suministro, el crecimiento sin precedentes de China, el desarrollo del comercio electrónico y la transformación tecnológica de la industria.

En su forma original, el TLCAN dejó gradualmente de reflejar la nueva realidad económica. Donald Trump planteó precisamente este argumento durante su primera campaña presidencial, en 2016, cuando calificó el acuerdo como “el peor acuerdo” para Estados Unidos. Acusó a México y Canadá de obtener beneficios desproporcionados. A su juicio, ambos países se aprovechaban del acuerdo en su propio beneficio a costa de la industria estadounidense, por lo que Estados Unidos debía retirarse del TLCAN. Este argumento se convirtió en uno de los principales lemas de la campaña electoral de Trump y contribuyó a movilizar a parte del electorado.

En aquel momento, la amenaza de que Estados Unidos se retirara del Tratado de Libre Comercio de América del Norte era bastante real. Donald Trump ya había demostrado su disposición a debilitar las estructuras comerciales internacionales al retirar al país del Acuerdo de Asociación Transpacífico. Finalmente, México y Canadá se vieron obligados a aceptar la renegociación del acuerdo, lo que dio lugar a la creación del T-MEC. Fue entonces cuando se incorporó al texto del nuevo acuerdo la llamada cláusula de extinción (‘sunset clause’), un mecanismo para revisar periódicamente el tratado.

Inicialmente, Washington insistía en que el T-MEC terminara automáticamente cada cinco años. Para las empresas, esto habría hecho prácticamente imposible la planificación a largo plazo. Ciudad de México y Ottawa lograron alcanzar un compromiso con Estados Unidos: en lugar de una terminación automática, el acuerdo estaría sujeto a un mecanismo de evaluación periódica de su implementación. Formalmente, por tanto, no se trataría de comenzar las negociaciones desde cero cada vez, sino de revisar y ajustar determinados mecanismos de aplicación.

El proceso de negociación del T-MEC comenzó en 2017 y concluyó a finales de 2018, aunque el acuerdo actualizado no entró en vigor hasta 2020. Con el regreso de Donald Trump a la presidencia en 2025, la lógica política volvió a imponerse sobre la lógica jurídica, complicando considerablemente la cooperación entre las partes bajo el acuerdo.

Abróchense los cinturones: entramos en una zona de turbulencias

El T-MEC contempla esencialmente dos caminos posibles: las partes pueden extender automáticamente el acuerdo por 16 años o pasar a un esquema de revisiones anuales durante la próxima década. Washington optó por la segunda opción. Aunque los socios esperaban que Estados Unidos señalara con anticipación que no tenía intención de renovar automáticamente el T-MEC — dadas las acusaciones de la Casa Blanca de que tanto México como Canadá habían incumplido varias de sus obligaciones —, la decisión aun así fue una sorpresa desagradable para los países participantes. El ejemplo más destacado de las acusaciones contra México es la disputa por el maíz genéticamente modificado. En 2023-2024, Estados Unidos impugnó un decreto mexicano que restringía el uso de este cultivo. En diciembre de 2024, el panel arbitral del T-MEC falló completamente a favor de la posición estadounidense, al considerar que las medidas de México no estaban basadas en una evaluación científica de riesgos y eran incompatibles con sus obligaciones bajo el acuerdo. En el caso de Canadá, Washington argumentó que la distribución de los cupos arancelarios para las importaciones de productos lácteos privaba a los productores estadounidenses del acceso al mercado canadiense que se les había prometido.

Sin embargo, esta decisión forma parte del mecanismo jurídico establecido por el propio acuerdo. El artículo 34.7 del T-MEC establece que el tratado permanecerá vigente durante 16 años a partir de su entrada en vigor, de 2020 a 2036, a menos que las partes acuerden extenderlo o modificarlo. Se lleva a cabo una revisión conjunta seis años después de la entrada en vigor del acuerdo. Durante este proceso, cada país debe indicar si está dispuesto a extender el tratado por otros 16 años. Si los tres Estados responden afirmativamente, un nuevo período de 16 años comienza automáticamente en la fecha en que concluye la revisión de seis años. Si al menos una de las partes no acepta la extensión, el acuerdo no termina de inmediato. En su lugar, la comisión conjunta comienza a reunirse anualmente para evaluar la implementación del tratado, analizar las inconformidades de las partes y determinar qué cambios podrían permitir que continúe vigente. Las partes mantienen la posibilidad de acordar la extensión del T-MEC en cualquiera de las reuniones anuales posteriores. Si no se alcanza un consenso, el tratado permanecerá vigente hasta que expire el período inicial de 16 años.

Por lo tanto, la revisión anual no constituye un procedimiento automático para poner fin al acuerdo, sino un régimen de supervisión continua. Sin embargo, las empresas son plenamente conscientes del momento en que la estabilidad jurídica puede dar paso a la burocracia y la incertidumbre política, un aspecto fundamental para sus operaciones. Incluso si las concesiones arancelarias se mantienen formalmente, los inversionistas se ven obligados a seguir de cerca cada reunión de la comisión y a considerar la posibilidad de que se modifiquen disposiciones específicas del acuerdo.

Los temas más sensibles serán las reglas de origen, los estándares laborales y la solución de controversias comerciales. Las empresas no solo necesitan un régimen libre de aranceles, sino también poder saber de antemano qué proporción de los componentes debe fabricarse en Norteamérica, qué documentos serán necesarios para acreditar su origen y qué costos surgirán si cambian los requisitos. Esto resulta especialmente complejo para las industrias cuyos procesos de producción abarcan varios países, principalmente las industrias automotriz y electrónica, donde los componentes cruzan repetidamente las fronteras de los países miembros del tratado.

En este sentido, la importancia del T-MEC va mucho más allá de un simple acuerdo arancelario. El documento regula una parte significativa de las relaciones económicas de los tres países, desde el comercio digital y los servicios financieros hasta las obligaciones laborales y los estándares ambientales. Por lo tanto, cualquier modificación de sus disposiciones podría afectar no solo a los exportadores, sino también las decisiones sobre dónde instalar nuevas plantas de producción. Como se explica en el texto oficial del T-MEC, el mecanismo de revisión fue incluido con el objetivo de mantener la vigencia y relevancia del acuerdo, no como una herramienta para revisar anualmente cada una de sus disposiciones. Sin embargo, la práctica política podría darle un significado diferente a este procedimiento. Si una de las partes comienza a utilizar las reuniones de la comisión para presentar exigencias que no estén directamente relacionadas con la implementación del acuerdo, la revisión técnica se convertirá rápidamente en una herramienta de presión. Por ello, las negociaciones que comenzaron el 20 de julio son importantes no solo por las concesiones específicas que están en juego, sino también para definir los límites de la influencia política permitida sobre el régimen comercial.

En términos más amplios, la decisión de Estados Unidos de no extender automáticamente el T-MEC refleja la nueva filosofía de la política comercial estadounidense bajo Donald Trump. La presión constante busca convertirse en un instrumento de control sobre los socios, mientras que el comercio es visto cada vez menos como una actividad económica neutral y cada vez más como una herramienta de política industrial, competencia tecnológica y confrontación geopolítica.

Para las empresas, el desafío radica en el cambio de las reglas del juego y el aumento de la incertidumbre. Los grandes proyectos de inversión en manufactura, el sector automotriz, la energía y las industrias de alta tecnología se planifican con horizontes de 15 a 20 años. La construcción de plantas, la organización de las cadenas de suministro, la contratación de personal y la localización de la producción requieren previsibilidad a largo plazo. Cuando el acuerdo se revisa anualmente, los inversionistas se ven obligados a considerar el riesgo de cambios constantes en las condiciones comerciales.

Sin embargo, los expertos todavía no han observado una salida masiva de inversiones de México. Por el contrario, la inversión extranjera directa continúa creciendo. Los mercados también reaccionaron con calma a la decisión de Estados Unidos: ni el mercado cambiario ni el bursátil mostraron una preocupación significativa. El problema está en otra parte. La incertidumbre, por supuesto, no destruirá la economía de manera inmediata, pero con el tiempo podría limitar seriamente su potencial de crecimiento a largo plazo. Las empresas podrían volverse más cautelosas, las decisiones de inversión podrían posponerse y los negocios podrían comenzar a considerar el riesgo político como un factor permanente. De este modo, la incertidumbre podría convertirse en un elemento de la política económica.

Aranceles, más aranceles, interdependencia y el factor China

Paradójicamente, fue la presión de Washington la que terminó aumentando la importancia práctica del T-MEC para los demás países participantes. Después de que Estados Unidos impusiera aranceles unilaterales, muchas empresas se vieron obligadas a cumplir de manera mucho más estricta con las reglas del acuerdo: realizar los envíos bajo el USMCA y apegarse cuidadosamente a sus mecanismos se volvió más rentable y, en muchos casos, la única forma de conservar el trato preferencial. En 2024, México y Canadá utilizaron las preferencias del T-MEC en menos de la mitad de su comercio; según estimaciones del FMI, la tasa de utilización del acuerdo ahora supera el 80%.

Los aranceles se han convertido en parte de la estrategia industrial estadounidense. La imposición de aranceles fuera del marco del T-MEC ha hecho que para las empresas sea mucho más conveniente cumplir con sus disposiciones; la alternativa ha resultado considerablemente más costosa. La lógica de la administración de Trump es sencilla: si existe un acuerdo comercial, los socios deben cumplir estrictamente con sus disposiciones y requisitos de producción. Esto se refiere principalmente a las reglas de origen. Washington busca una mayor localización de la manufactura en Norteamérica, lo que, a su vez, forma parte de la estrategia industrial más amplia de la Casa Blanca.

Los aranceles impuestos bajo la Sección 232 de la legislación estadounidense han sido particularmente perjudiciales para los sectores automotriz, siderúrgico, de maquinaria pesada y de fabricación de camiones. Estas industrias son actualmente las que enfrentan mayor presión. Las exportaciones mexicanas de automóviles y productos metálicos hacia Estados Unidos ya están disminuyendo. Como señaló el secretario de Economía de México, Marcelo Ebrard, las negociaciones con Estados Unidos se concentran principalmente en reducir los aranceles sobre automóviles, acero y aluminio, ya que su eliminación total parece poco probable bajo las circunstancias actuales. El principal objetivo de México es lograr la mayor reducción posible de los aranceles existentes.

A pesar de la dureza política de Washington, es poco probable que el acuerdo llegue a su fin. Esto se debe al profundo nivel de integración entre las economías norteamericanas. México ya se ha convertido en el principal socio comercial de Estados Unidos, superando a China y Canadá. Estados Unidos está implementando una estrategia a gran escala para desarrollar centros de datos, la fabricación de semiconductores y los recursos minerales críticos. En estos ámbitos, México conserva una ventaja competitiva a pesar de la incertidumbre general. Además, las exportaciones mexicanas están estrechamente vinculadas con la producción estadounidense. Según el economista de Dartmouth College Alonso de Gortari, el valor agregado estadounidense representa, en promedio, alrededor de 30 centavos de cada dólar de las exportaciones manufactureras mexicanas hacia Estados Unidos, en forma de componentes, tecnologías, materiales o servicios. En la industria automotriz, esta proporción alcanza aproximadamente 40 centavos por cada dólar exportado. Las exportaciones chinas hacia Estados Unidos prácticamente no contienen valor agregado estadounidense. Esto significa que interrumpir las cadenas de producción de Norteamérica perjudicaría no solo a México, sino también a Estados Unidos.

Las empresas estadounidenses entienden muy bien esta dependencia. Por ello, los mecanismos institucionales de control sobre el poder presidencial siguen vigentes en Estados Unidos. Muchas medidas comerciales requieren consultas con grupos empresariales, así como debate y aprobación en el Congreso, mientras que la economía estadounidense mantiene un fuerte interés en preservar la integración con México y Canadá.

En muchos sentidos, la actual transformación del T-MEC está menos relacionada con una reconsideración de los beneficios del acuerdo comercial que con la rivalidad global entre Estados Unidos y China. Washington considera cada vez más a Norteamérica como una plataforma manufacturera unificada capaz de competir con la industria china, particularmente en infraestructura crítica. Al mismo tiempo, la administración de Trump busca modificar no el modelo de integración norteamericana en sí, sino las reglas para distribuir sus beneficios. Para ello, está utilizando aranceles, amenazas de renegociar el acuerdo y otros instrumentos de presión política y económica para obligar a sus socios a cumplir rigurosamente con los requisitos estadounidenses y aumentar la localización de la producción en Estados Unidos, haciendo finalmente que el T-MEC sea más rentable para Estados Unidos y que sus socios sean más manejables.

Por esta razón, muchos analistas consideran que México conserva importantes ventajas para el ‘nearshoring’, es decir, la reubicación de la producción más cerca del mercado estadounidense. Incluso en medio de la incertidumbre, Estados Unidos tiene un interés objetivo en desarrollar las cadenas de suministro de Norteamérica. En este sentido, el T-MEC está evolucionando gradualmente de un simple acuerdo comercial a una herramienta de competencia geoeconómica.

La estrategia de “esperar y ver”

El riesgo de un debilitamiento gradual del acuerdo sigue presente. Si las revisiones anuales se convierten en un mecanismo para extraer concesiones repetidas a favor de Washington, el T-MEC podría perder gradualmente su integridad. Cada nueva revisión podría modificar las reglas de origen, los regímenes arancelarios, los requisitos ambientales o los mecanismos regulatorios para determinadas industrias. El acuerdo podría mantenerse formalmente vigente mientras su arquitectura original se erosiona poco a poco. Por ello, la principal tarea de México es evitar que las revisiones anuales se conviertan en un proceso interminable de presión política.

El problema más difícil para los negociadores mexicanos es la imprevisibilidad de Donald Trump. Incluso si los equipos técnicos alcanzan acuerdos con la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos, la decisión final sigue estando en manos del presidente estadounidense. Su posición puede cambiar drásticamente dependiendo de la situación política o, simplemente, de su estado de ánimo.

Ante esta situación, México está optando por un enfoque cauteloso y pragmático. La administración de Claudia Sheinbaum intenta evitar una confrontación pública mientras mantiene margen para negociar. La estrategia clave consiste en no aceptar automáticamente todas las exigencias estadounidenses y aprovechar el tiempo a su favor. Para México, varios acontecimientos políticos próximos en Estados Unidos son relevantes: las elecciones de medio término, un posible cambio en el equilibrio de poder en el Congreso y la próxima campaña presidencial. Además, Ciudad de México debe considerar otro asunto sensible: las relaciones con China. Washington insiste cada vez más en limitar la presencia de componentes e inversiones chinas en las cadenas de producción de Norteamérica. Sin embargo, los suministros provenientes de China siguen siendo fundamentales para la industria mexicana. Restricciones excesivamente estrictas podrían terminar perjudicando a las propias empresas mexicanas.

Una nueva etapa de la integración de Norteamérica

Los próximos años serán cruciales para determinar si Norteamérica puede mantener un modelo de integración basado en reglas relativamente estables o evolucionar hacia un modelo de negociaciones permanentes, marcado por las asimetrías políticas entre sus miembros. La revisión del acuerdo es apenas la primera etapa de un proceso que podría extenderse durante toda la próxima década.

Por lo tanto, el principal riesgo no radica en la posibilidad de que el T-MEC colapse, sino en la incertidumbre que ya se está convirtiendo gradualmente en la nueva norma de la integración norteamericana. Si esta incertidumbre se vuelve permanente, la región perderá uno de los atributos que durante décadas ha sustentado su éxito económico: reglas empresariales estables y transparentes que fomentan la inversión, la innovación y el desarrollo industrial.

A pesar de ello, el panorama general sigue siendo bastante optimista. Los acontecimientos actuales pueden interpretarse como el inicio de una nueva etapa de integración, y resulta difícil imaginar la desaparición del T-MEC dentro de diez años. La única manera de que Estados Unidos mejore su competitividad frente a China es mediante la cooperación con sus aliados, por lo que ganar esta batalla comercial global sin México y Canadá es imposible. Los escenarios negativos y alarmistas parecen más producto del sensacionalismo mediático. Los flujos comerciales, los empleos y las cadenas de producción ya están organizados en torno al modelo norteamericano y, tarde o temprano, llegarán al poder líderes más pragmáticos que pondrán orden en el caos actual.