Cuando Washington anunció su «Día D» económico el 19 de agosto, el más reciente endurecimiento del cerco financiero y del bloqueo en torno a los puertos de Irán, creía estar ejerciendo una presión decisiva. Pero en Teherán la medida se interpretó de una manera completamente distinta: como una confirmación de que Estados Unidos sigue prefiriendo la presión antes que cualquier acuerdo que algún día pudiera verse obligado a cumplir.

En un sistema político que prácticamente no coincide en nada, la interpretación fue sorprendentemente uniforme. Los sectores del entorno del presidente iraní, Masoud Pezeshkian, encargados de estabilizar la economía vieron a Estados Unidos como un país que estaba incumpliendo un acuerdo, mientras que los comandantes del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI), bajo Ahmad Vahidi, consideraron confirmadas sus propias advertencias sobre la falta de fiabilidad de Estados Unidos.

Por lo tanto, la poca confianza que aún quedaba en Irán respecto de la disposición de Estados Unidos a cerrar un acuerdo se ha debilitado todavía más. Esta erosión de la confianza ahora condiciona lo que Teherán está dispuesto — y no está dispuesto — a aceptar.

Es importante entender que Irán está tomando decisiones existenciales sobre la propia estrategia de supervivencia de la República Islámica. El viejo vocabulario de reformistas frente a principistas — o moderados frente a sectores de línea dura — ya no refleja la verdadera lucha dentro del sistema.

La disputa relevante se da entre quienes creen que la República Islámica puede sobrevivir mejor convirtiendo su capacidad de presión adquirida durante la guerra en beneficios económicos y diplomáticos, y quienes creen que su supervivencia depende, en cambio, de una confrontación permanente. Ambos grupos son leales al régimen y ambos defienden de buena fe sus respectivas posiciones sobre cómo mantenerlo con vida. Eso hace que el debate sea mucho más difícil de resolver.

También es un debate sin un árbitro único, porque el Irán actual se entiende mejor como un Estado en red. El poder circula a través de una estructura descentralizada y organizada de manera horizontal. La jerarquía vertical que alguna vez estuvo asociada con el anterior líder supremo, Ali Jamenei, se ha disuelto silenciosamente.

Su hijo, Mojtaba Jamenei, ocupa la cúspide formal y determina los resultados principalmente mediante nombramientos. Ha designado a Mohsén Rezaí, miembro fundador del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI), como su representante en el Consejo Supremo de Seguridad Nacional. También está reconstruyendo el Bayt — la oficina del líder supremo, que durante mucho tiempo ha sido el verdadero centro de gravedad del sistema — en torno a figuras leales como su nuevo jefe de gabinete, Mahdi Khamoushi.

Sin embargo, Mojtaba gobierna más como un equilibrador que como un decisor, procurando no permitir que ningún nodo o centro de poder domine el sistema. Por debajo de él, la autoridad está distribuida entre los distintos nodos del aparato de seguridad. Rezaí coordina la estrategia desde el consejo, mientras que Vahidi dirige el músculo militar, desde las fuerzas de misiles hasta la presión naval en el Estrecho de Ormuz.

El presidente del Parlamento, Mohammad Baqer Qalibaf, gestiona la relación entre el Parlamento y los responsables de seguridad. El gobierno de Pezeshkian carga con la responsabilidad sobre la economía, mientras que el ministro de Relaciones Exteriores, Abbas Araghchi, se encarga de los mensajes hacia el exterior. Ninguna figura concentra todas estas funciones en sus manos.

El equilibrio cambiante del poder en Irán

Pero este panorama horizontal está cambiando, porque la guerra ha centralizado el poder incluso dentro de un sistema diseñado para distribuirlo. Cuanto más se prolonga la confrontación con Washington, el CGRI pasa de ser simplemente el nodo más poderoso a convertirse en el verdadero centro de toma de decisiones.

El CGRI todavía no puede controlar al mismo tiempo la economía, conducir la diplomacia y preservar la legitimidad clerical. Por eso gobierna a través de esa coalición y no en su lugar. Sin embargo, un estado de guerra prolongado es precisamente la condición bajo la cual esa necesidad comienza a erosionarse, porque todas las decisiones terminan relacionadas con el conflicto y con la mejor manera de imponerse en él.

El sistema actual de Irán y su posición frente a un posible acuerdo negociado para poner fin a la guerra se sitúan a lo largo de un espectro. En un extremo están los estabilizadores económicos cercanos a Pezeshkian y Araghchi. Su sector considera insostenible el estancamiento prolongado y busca el alivio de las sanciones, la liberación de activos congelados y el fin del bloqueo.

Después están los soberanistas pragmáticos, liderados por Qalibaf y Rezaí: figuras del propio régimen que consideran que la diplomacia es la única salida, pero no si implica sacrificar la autonomía estratégica. Su grupo aceptará negociar únicamente desde una posición de fuerza e insiste en que el programa de misiles y la red regional de fuerzas aliadas permanezcan completamente fuera de la mesa de negociación.

Más adelante se encuentran los coercitivos que priorizan la seguridad, agrupados en torno a Vahidi y al CGRI, quienes consideran que la diplomacia es en todo momento un instrumento táctico subordinado a la presión militar.

En el extremo opuesto están los sectores ideológicos que rechazan cualquier acuerdo, vinculados al Frente Paydari y a la red de Saeed Jalili. Estos fundamentalistas consideran que cualquier acuerdo con Washington equivale a una forma de rendición. Funcionan menos como un bloque de gobierno que como un actor capaz de bloquear acuerdos y elevar el costo político de cualquier pacto.

Una oportunidad para dialogar

Es engañoso confundir el desacuerdo iraní con una disfunción, porque en realidad no es ninguna de las dos cosas. Se trata de un sistema que debate consigo mismo cuestiones existenciales sobre la conducción del Estado. Lo que resulta llamativo en el país actualmente no es la profundidad de las diferencias, sino hasta qué punto las distintas facciones coinciden en los aspectos fundamentales.

El espectro político ha llegado, sin anunciarlo explícitamente, a un amplio consenso en torno a que alguna forma de negociación es la salida de la crisis. Los estabilizadores quieren un acuerdo para rescatar la economía. Los soberanistas quieren uno que permita consolidar las ganancias obtenidas durante la guerra. Incluso el CGRI parece querer contar con su propio canal de comunicación, como sugieren informes recientes sobre mensajes de la administración de Trump transmitidos directamente a la cúpula del CGRI a través del Kurdistán iraquí.

Por lo tanto, la disputa ya no gira en torno a si se debe negociar. Se trata de determinar exactamente cómo y mediante qué medios mejorar la posición de Irán antes de comprometerse con algo irreversible.

Washington debe entender que Irán ya ha comenzado a tomar una decisión. Cada nuevo «Día D» económico de Estados Unidos que vuelve a recurrir a la escalada fortalece a los sectores que rechazan cualquier acuerdo y sostienen que la confrontación con Estados Unidos e Israel es permanente. Al mismo tiempo, debilita a las facciones que, pese a las enormes dificultades, han intentado conducir al sistema hacia la mesa de negociaciones.

Al intentar dialogar con el CGRI, Donald Trump ha demostrado que entiende que tiene una oportunidad única para salir de este atolladero provocado por sus propias decisiones. Pero no debe permitir que su ego se interponga en el difícil trabajo de los mediadores.