Introducción
Tras la ‘Nakbah’ (catástrofe) palestina de 1948, durante la cual más de 800,000 palestinos fueron sometidos a una limpieza étnica y expulsados por fuerzas sionistas, se creó el Organismo de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente (UNRWA, por sus siglas en inglés), en virtud de la Resolución 302 de la Asamblea General de las Naciones Unidas (AGNU), adoptada el 8 de diciembre de 1949.
Su creación reflejó la responsabilidad política y jurídica de la comunidad internacional frente a la cuestión de los refugiados palestinos. Además, el preámbulo de la resolución estipulaba que las actividades de la UNRWA no debían perjudicar los derechos fundamentales de los refugiados palestinos, incluido su derecho a regresar a los hogares de los que fueron expulsados, así como sus derechos a recibir una indemnización y a recuperar sus propiedades.
Primero: brechas en las operaciones de la UNRWA
Desde su creación, la UNRWA ha estado marcada por cuatro grandes brechas estructurales.
Primero, el financiamiento. Hasta el día de hoy, la UNRWA depende de contribuciones voluntarias, en lugar de obligatorias, de los Estados miembros de la ONU. Este esquema se justificó inicialmente bajo el supuesto de que la Agencia sería temporal y dejaría de existir poco después del regreso de los refugiados palestinos a sus hogares. Sin embargo, este modelo de financiamiento ha dejado a la UNRWA vulnerable a los cambios en las políticas gubernamentales y a las dinámicas geopolíticas. Por ejemplo, Estados Unidos aportaba aproximadamente US$360 millones al año, cerca de un tercio del presupuesto de la Agencia. Este financiamiento fue suspendido durante la primera presidencia de Donald Trump, restablecido bajo el presidente Joe Biden y nuevamente recortado tras el regreso de Trump a la Casa Blanca. De manera más general, muchos países han reducido considerablemente sus contribuciones en los últimos años.
Segundo, el alcance geográfico del registro de refugiados se limitó a cinco zonas designadas: Jordania, Siria, Líbano, Cisjordania, incluida la Jerusalén Oriental ocupada, y la Franja de Gaza. En consecuencia, los refugiados palestinos que residen en Irak, Egipto y otros países quedaron excluidos del sistema de registro de la UNRWA.
Tercero, la UNRWA no ha proporcionado protección física a los refugiados. Más bien, su función de protección se ha limitado en gran medida a la asistencia humanitaria mediante servicios de salud, educación y ayuda, así como a informes periódicos de concientización e información. Su protección jurídica también ha sido limitada, principalmente a asesoría legal, y la UNRWA solo en raras ocasiones ha asignado abogados para llevar casos relacionados con refugiados.
También es importante señalar que la Comisión de Conciliación de las Naciones Unidas para Palestina (UNCCP, por sus siglas en inglés), creada en virtud de la Resolución 194 de la Asamblea General de la ONU sobre el derecho al retorno y compuesta por Estados Unidos, Francia y Turquía, inicialmente se encargó de la protección jurídica, política y humanitaria de los refugiados palestinos dondequiera que se encontraran, incluidos los palestinos desplazados dentro de Palestina durante la ‘Nakbah’ de 1948. Sin embargo, el papel y las funciones de la Comisión quedaron efectivamente suspendidos a principios de la década de 1950, aunque continúa presentando un informe anual ante la Asamblea General de la ONU cada septiembre.
Cuarto, en coordinación con los países de acogida, la UNRWA estableció los límites geográficos de los campos de refugiados, dentro de los cuales se ubicaban sus instalaciones, incluidas oficinas de los campos, clínicas y escuelas. Sin embargo, en las décadas transcurridas desde la ‘Nakbah’, la población de los campos de refugiados ha aumentado en más de un 400%, mientras que sus límites territoriales se han mantenido prácticamente sin cambios. Como consecuencia, la construcción se ha vuelto cada vez más vertical, a menudo sin estándares de ingeniería adecuados, lo que expone muchas viviendas a riesgos estructurales, afecta la privacidad y agrava las dificultades humanitarias. Además, las autoridades oficiales generalmente han restringido la expansión más allá de los límites de los campos.
Israel y la administración estadounidense han intentado, en distintos grados y mediante diferentes medios, aprovechar estas brechas estructurales en sus esfuerzos por atacar a la UNRWA.
Segundo: una disminución significativa de los servicios de la UNRWA
Según la UNRWA, más de 6 millones de refugiados palestinos registrados viven en 58 campos de refugiados distribuidos en sus cinco zonas de operaciones: 12 en Líbano, 8 en la Franja de Gaza, 19 en Cisjordania, 9 en Siria y 10 en Jordania.
En 2023, la UNRWA operaba 715 escuelas primarias, secundarias y de educación media en estas cinco zonas, atendiendo aproximadamente a 600,000 estudiantes al año. También administraba dos centros de formación profesional: uno en Kalandia, en Cisjordania, con 750 estudiantes, y otro en Siblin, Líbano, con 2,000 estudiantes. Además, la Agencia supervisaba 140 centros de salud y un hospital con 65 camas en Kalkilia, en el norte de Cisjordania. Su plantilla ascendía a aproximadamente 31,000 empleados.
Sin embargo, la disminución del financiamiento ha limitado considerablemente la capacidad de la Agencia para mantener estos servicios. A finales de 2025, el entonces comisionado general, Philippe Lazzarini, decidió despedir a 575 empleados en la Franja de Gaza después de haberlos puesto en licencia sin goce de sueldo durante un año. También anunció una reducción de la jornada laboral semanal de 37.5 a 30 horas, efectiva a partir de febrero de 2026, junto con un recorte salarial del 20% para el personal palestino local, mientras que el personal internacional quedó exento.
En términos prácticos, esto representó una disminución del 20% en la calidad de los servicios proporcionados a los refugiados palestinos.
Tercero: el ataque sistemático contra la UNRWA
Los ataques de Israel contra la UNRWA se intensificaron en 2018, cuando Benjamín Netanyahu instó a Trump a trabajar para desmantelar la Agencia, aparentemente porque consideraba que su existencia continua constituía un recordatorio tangible de la crisis de los refugiados palestinos y de la negativa de Israel a reconocer su derecho al retorno, tal como lo establecen el derecho internacional y una resolución de la ONU.
Posteriormente, la Operación Tormenta de Al-Aqsa fue utilizada como pretexto para impulsar los esfuerzos de Netanyahu y Trump encaminados a desmantelar gradualmente la UNRWA. Israel comenzó a formular acusaciones, sin presentar pruebas sustanciales, de que empleados de la UNRWA habían participado en la Operación Tormenta de Al-Aqsa o eran miembros de la resistencia, y de que las instalaciones de la Agencia estaban siendo utilizadas por combatientes de la resistencia con fines militares. Posteriormente, la Knéset israelí aprobó legislación para restringir las relaciones con la UNRWA. Además, desde finales de enero de 2025, las autoridades israelíes han negado visas y permisos de entrada al personal internacional de la UNRWA para acceder a la Franja de Gaza, Cisjordania y Jerusalén.
La respuesta de la ONU a las graves violaciones cometidas por Israel contra la UNRWA se ha limitado en gran medida a declaraciones de condena y denuncia, sin medidas disuasorias efectivas. Por ejemplo, las fuerzas israelíes allanaron la sede de la UNRWA en Sheij Yarrah, en la Jerusalén Oriental ocupada, y sustituyeron la bandera de la ONU en el techo del edificio por la bandera israelí. Posteriormente, Israel destruyó la sede y se apoderó del terreno que la UNRWA había arrendado al gobierno jordano en 1952, antes de la ocupación israelí de Jerusalén Oriental en 1967; por consiguiente, Israel no tiene soberanía jurídica sobre la propiedad. Según informes, Israel busca ahora establecer un museo de guerra en el lugar, en un desafío flagrante al sistema de la ONU.
Además, Israel cerró seis escuelas de la UNRWA en la Jerusalén Oriental ocupada, en Shu‘fat, Silwan, Wadi al-Joz y Sur Bahir, que atendían aproximadamente a 800 estudiantes. También cerró la Clínica Zawiya, conocida como el «Centro de Salud de Jerusalén», y ha intentado reestructurar los campos de refugiados palestinos del norte de Cisjordania poniendo fin a las operaciones de la UNRWA en los campos de Nur Shams, Yenín y Tulkarem y rebautizándolos como «barrios», con lo que se elimina un marcador fundamental de la condición de refugiado palestino.
Además, Israel ha matado a 393 trabajadores de la UNRWA en la Franja de Gaza y ha destruido aproximadamente 312 instalaciones de la UNRWA, algunas de las cuales posteriormente fueron utilizadas como cuarteles militares, centros de detención y lugares para interrogar y torturar a palestinos, a pesar de la protección e inmunidades de la ONU de las que goza la Agencia.
Por lo tanto, la continuidad y protección de la UNRWA dependen, en última instancia, del equilibrio de poder internacional dentro de la ONU.
Cuarto: Principales leyes israelíes y estadounidenses dirigidas contra la UNRWA
El 4/11/2024, el gobierno israelí notificó formalmente a la ONU su decisión de poner fin al Acuerdo Comay-Michelmore, que regía sus relaciones con la UNRWA. Firmado el 14/6/1967 por Michael Comay, asesor político del Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel, y Lawrence Michelmore, entonces comisionado general de la UNRWA, el acuerdo establecía un marco para que la UNRWA pudiera llevar a cabo sus operaciones y proteger a su personal en Israel y los territorios palestinos ocupados.
Anteriormente, el 28/10/2024, la Knéset aprobó dos leyes que restringían las operaciones de la UNRWA en los territorios palestinos ocupados. La primera prohíbe que la UNRWA realice actividades, mantenga oficinas de representación, preste servicios o lleve a cabo operaciones directas o indirectas dentro de Israel y la Jerusalén Oriental ocupada, y también pone fin al Acuerdo Comay-Michelmore. La segunda prohíbe que las instituciones y funcionarios israelíes mantengan contacto o relaciones con la Agencia o con cualquier persona que actúe en su nombre, y revoca los privilegios e inmunidades diplomáticos y jurídicos otorgados a la UNRWA y a su personal.
Como parte de los esfuerzos más amplios de Israel para obstaculizar las operaciones de la UNRWA, la Knéset israelí aprobó una enmienda legal el 29/12/2025 por 59 votos a favor y 7 en contra. La enmienda corta el suministro de agua y electricidad y prohíbe la prestación de servicios esenciales y comunicaciones a la sede y las oficinas de la Agencia en la Jerusalén ocupada. Esta medida se suma a las dos leyes adoptadas el 28/10/2024 y se produjo después de un fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), emitido aproximadamente dos meses antes, que determinó que Israel debe permitir que la UNRWA y otros organismos de la ONU operen en los territorios palestinos.
La administración estadounidense ha continuado ejerciendo presión sobre la UNRWA durante las últimas tres administraciones: el primer y segundo mandatos de Trump, así como la administración de Biden entre ambos. En mayo de 2026, el representante republicano Mike Lawler encabezó una carta firmada por 93 miembros republicanos del Congreso en la que instaron al presidente Trump a trabajar para desmantelar la UNRWA en sus cinco zonas de operaciones. En julio de 2026, el representante republicano Chris Smith y varios legisladores más presentaron un proyecto de ley para poner fin al apoyo y al financiamiento estadounidense de la UNRWA, sin especificar un plazo para levantar la prohibición. Ese mismo mes, se presentó un proyecto de ley bipartidista en la Cámara de Representantes que proponía poner fin al mandato de la UNRWA y transferir sus funciones de asistencia a organizaciones no gubernamentales alternativas fuera del marco de la ONU.
Asimismo, el 1/7/2026, la Junta de Paz en Gaza anunció en X que «la UNRWA no tiene lugar en la nueva Gaza». Lanzada formalmente por Trump el 22/1/2026, la postura de la Junta de Paz ignora de hecho la Resolución 302 de la Asamblea General de la ONU, que estableció la UNRWA y colocó su mandato bajo la autoridad de la Asamblea General de la ONU. La decisión podría tener consecuencias de gran alcance, ya que dejaría a más de 1.76 millones de refugiados palestinos registrados con la UNRWA en Gaza en necesidad de agua, alimentos, medicamentos, refugio y otra asistencia humanitaria esencial. Al mismo tiempo, sin embargo, podría debilitar gradualmente a la Agencia y, en última instancia, facilitar los esfuerzos para socavar el derecho al retorno.
Conclusión
Los esfuerzos de Israel por abolir la UNRWA buscan borrar el derecho de los refugiados palestinos a regresar a los hogares de los que fueron expulsados, eludir la responsabilidad por la limpieza étnica cometida contra ellos e impedir que los palestinos ejerzan su derecho a la autodeterminación en su patria. Así, la UNRWA sigue siendo un testigo vivo de la ‘Nakba’ palestina.
No obstante, poner fin a las operaciones de la UNRWA no extinguiría el derecho de los refugiados palestinos al retorno ni eliminaría la cuestión de los «refugiados» de la agenda política internacional. El derecho al retorno es tanto un derecho individual como colectivo, es inalienable y no caduca con el paso del tiempo. Además, está protegido por el derecho internacional y por las resoluciones de la ONU, incluida la Resolución 194, adoptada un año completo antes de la creación de la UNRWA; el artículo 13 de la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, que reconoce el derecho de toda persona refugiada a regresar a su país, incluso después de un período prolongado; el artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que entró en vigor en marzo de 1976; y el artículo 5 de la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial, adoptada en diciembre de 1969. Por encima de todo, sin embargo, este derecho se sostiene en la voluntad de más de 8 millones de refugiados palestinos, de su pueblo y de personas de todo el mundo que apoyan su causa.
Por otro lado, la UNRWA debe preservarse y contar con las condiciones necesarias para cumplir su mandato. Al mismo tiempo, su mandato debería ampliarse para garantizar un financiamiento obligatorio y estable, protección física y jurídica, un registro de refugiados más amplio que abarque más allá de sus cinco zonas de operaciones y la ampliación de las áreas de campos de refugiados como espacios temporales donde los refugiados puedan vivir con dignidad hasta su retorno. Sin embargo, en términos realistas, alcanzar estos objetivos requiere modificar el equilibrio de poder dentro de la esfera política internacional de la ONU. Esto, a su vez, exige una estrategia de largo plazo centrada en avances sostenidos y en una acción política, jurídica, mediática, diplomática y popular coordinada a nivel palestino, árabe, islámico e internacional.
Notas
