El nuevo presidente de Colombia ha heredado una economía frágil y ya ha prometido cambios de gran alcance para promover la estabilidad económica. El éxito de su enfoque dependerá de qué tan bien pueda equilibrar la terapia de choque propuesta con un contexto social difícil y unos mercados internacionales cautelosos.

Colombia tiene un nuevo presidente. La estrecha victoria electoral de Abelardo de la Espriella orienta al país hacia la derecha política, una dirección similar a la que han tomado muchos otros países de América Latina en los últimos años.

En medio de la frágil situación fiscal del país, el repunte del peso tras las elecciones refleja el alivio generado por una agenda más favorable al mercado. Sin embargo, la verdadera prueba comenzará cuando el Congreso de Colombia dé luz verde a las políticas del nuevo presidente. La manera en que se desarrolle esta etapa determinará si el país puede lograr una verdadera recuperación económica.

La elección colombiana encaja en un patrón que se ha vuelto familiar en América Latina en los últimos años: un gobierno de izquierda incapaz de conciliar sus ambiciones sociales con la credibilidad fiscal, y un electorado que sopesa ese fracaso frente a la incertidumbre que genera un outsider de derecha.

Abelardo de la Espriella ganó por un margen de aproximadamente un punto porcentual en una segunda vuelta históricamente reñida. La estrechez de la contienda fue muy similar a la observada en Perú apenas un par de meses antes y es indicativa de la polarización que ahora se ha convertido en la condición política predominante de la región.

Este es un desafío adicional para el gobierno entrante: no solo tendrá que corregir los desequilibrios económicos que dejó el gobierno anterior, sino también garantizar que la transición tome en cuenta a la mitad de la población que no quedó convencida por sus promesas electorales.

¿Qué desafíos enfrentará el nuevo gobierno?

A primera vista, Colombia inicia esta transición con una situación económica razonable. El crecimiento evitó el aterrizaje brusco que muchos temían después de que Gustavo Petro asumiera el cargo en 2022. Los mercados financieros esperaban una desaceleración del crecimiento económico debido a la suspensión de nuevas exploraciones de petróleo y gas, las reformas impulsadas por el Estado en los sectores laboral, pensional y de salud, y los debates sobre posibles ajustes a las reglas fiscales.

Pero, en términos generales, la actividad económica logró mantenerse a flote. La cuenta corriente ha mejorado y el peso ha tenido su mejor desempeño en años. El déficit de cuenta corriente cayó al 1.7% del PIB en 2024, su nivel más bajo en dos décadas, impulsado por un aumento del 17% en las remesas y por el fortalecimiento del sector turístico.

El peso se apreció alrededor de un 15% frente al dólar en 2025 (véase la Figura 1) y siguió subiendo durante las elecciones: después de la primera vuelta, el 31 de mayo, la moneda ganó otro 7.1%, mientras que los rendimientos de los bonos soberanos a 10 años cayeron alrededor de 150 puntos básicos.

Además, los indicadores sociales mejoraron. Las tasas de desempleo y pobreza disminuyeron durante el mandato de cuatro años; el desempleo alcanzó su nivel más bajo de este siglo y la pobreza multidimensional se ubicó por debajo del 10% por primera vez. Esto fue respaldado por el gasto público y por un aumento del consumo interno, impulsado por los subsidios y los incrementos del salario mínimo. Sin embargo, mantener estos avances será más difícil en un contexto fiscal más restrictivo.

Si se elimina el efecto cambiario, el panorama cambia. La relación entre la deuda de Colombia y el PIB cayó este año principalmente porque un peso más fuerte aumentó el tamaño de la economía expresado en dólares, no porque el gobierno haya pedido menos préstamos. De hecho, el déficit ha venido aumentando de manera constante.

El Ministerio de Hacienda activó en junio de 2025 la cláusula de escape de la regla fiscal, con vigencia hasta 2027. Según las proyecciones del Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF), esto podría llevar el déficit hasta el 7.4% del PIB en 2026. Esto contrasta con las proyecciones del Fondo Monetario Internacional (FMI) en su informe “Perspectivas de la Economía Mundial” (WEO) de abril y con el plan del Ministerio de Hacienda, que apunta a un déficit de alrededor del 5.2% del PIB (véase la Figura 2).

Aun así, se espera que el déficit se mantenga en niveles elevados y que la deuda neta pueda alcanzar el 61% del PIB este año, el nivel más alto de la historia de Colombia. Esto representa uno de los mayores desafíos para la administración entrante, no solo por las presiones financieras que enfrenta el país, sino también por los problemas de señalización y credibilidad que existen entre las metas del gobierno y las proyecciones del organismo fiscal independiente.

El endeudamiento, en efecto, es un problema. Dos de las tres principales agencias calificadoras retiraron a Colombia el grado de inversión en 2025. Además, en octubre, el gobierno canceló la línea de crédito flexible de US$8,400 millones del FMI, en la que Bogotá había confiado como colchón fiscal, después de que el FMI suspendiera dicha línea en abril y señalara el mismo deterioro de las cuentas fiscales que el Ministerio de Hacienda todavía restaba importancia en sus propias proyecciones.

La inversión extranjera directa cayó un 33% entre 2022 y 2025, un fuerte retroceso para un país que había utilizado su grado de inversión y su incorporación a la OCDE en 2020 para construir una reputación como uno de los destinos de capital más confiables de la región.

Esta es la credibilidad que De la Espriella ahora debe reconstruir, y también explica por qué su transición ha dependido tanto de la presencia de José Manuel Restrepo, un exministro de Hacienda cuya reputación entre los inversionistas internacionales se basa más en el pragmatismo que en la ideología.

¿Cuál es el plan de la nueva administración?

El regreso a los límites de la regla fiscal, después de su suspensión a finales de 2025, exigiría una consolidación fiscal significativa, ya sea mediante una reducción del gasto o un aumento de los ingresos, equivalente a alrededor del 3.7% del PIB. Antes de la suspensión, la meta de déficit para 2027 era del 4.5% del PIB, mientras que la deuda debía mantenerse por debajo del ancla legal del 60% del PIB.

Estas son las metas a las que el nuevo gobierno tendrá que volver en 2028. ANIF, un centro de investigación económica (en inglés, ‘National Association of Financial Institutions’), ya ha puesto sobre la mesa una cifra ante el equipo del presidente electo para recuperar la posición fiscal: una reforma tributaria que recaudaría 30.2 billones de pesos (unos US$8.800 millones).

Para lograrlo, De la Espriella ha propuesto reducir el aparato estatal en un 40%, reanudar el fracking y eliminar varios impuestos, incluido el impuesto a las transacciones financieras y los gravámenes a la gasolina, con el objetivo de liberar liquidez para el sector productivo.

También ha anunciado planes para recortar 700,000 empleos en el sector público, equivalentes a alrededor del 3% de la fuerza laboral. En el plan más reciente, que será presentado formalmente en septiembre de 2026, la reforma tributaria de De la Espriella buscará simplificar la administración tributaria, ampliar la base impositiva e introducir incentivos tributarios focalizados para sectores estratégicos, incluida la tecnología.

Sin embargo, este plan de «terapia de choque» también genera interrogantes, ya que reducir el gasto estatal, mantener el gasto social popular y reactivar el crecimiento son tres objetivos que apuntan en direcciones diferentes.

El contexto social hace que el equilibrio sea aún más difícil. La nueva presidencia llega en un entorno de alta conflictividad, marcado por el enfrentamiento institucional y una profunda polarización social, mientras la inversión se aleja de los sectores productivos debido a la incertidumbre jurídica y la inseguridad.

Las tensiones entre el gobierno saliente y el presidente electo se han intensificado hasta el punto de suspender las reuniones de transición entre funcionarios de ambas administraciones. Las preocupaciones de seguridad siguen siendo elevadas, ya que las milicias armadas mantienen una fuerte presencia en las zonas rurales. A esto se suman la imposición de decretos de emergencia económica y cambios regulatorios que afectan a sectores tradicionales como la minería, lo que reduce aún más el apetito de los inversionistas.

¿Cuál es la visión de los mercados?

El veredicto inicial de Wall Street sobre el resultado electoral ha sido favorable, pero vale la pena leer las salvedades con tanta atención como el titular.

JPMorgan ha interpretado el resultado como un aumento de las probabilidades de un verdadero cambio político y económico, con una reacción positiva de los bonos y las acciones colombianas. El banco considera que la nueva administración tiene mayor credibilidad internacional en materia de energía, infraestructura, tecnología y minería. Sin embargo, sus analistas mantienen una postura cautelosa frente al peso y advierten que la polarización y las disputas sobre el proceso electoral todavía podrían generar volatilidad.

BBVA, otro banco, va más allá: su responsable de estrategia cambiaria para América Latina sostiene que el peso ya ha subido lo suficiente como para reflejar más de la mitad de las ganancias que se espera que alcance. El análisis también señala que los mercados podrían estar sobreestimando cuánto ajuste fiscal podrá implementar De la Espriella, dado que probablemente tendrá un apoyo limitado en el Congreso.

Este último punto será decisivo durante el primer año. Un presidente sin una mayoría automática no puede aprobar por decreto una reducción del Estado del 40%, por muchas órdenes que firme desde el primer día. La fortaleza del peso y la reacción positiva del mercado de bonos reflejan el alivio de que el sucesor de Petro llegue con una agenda favorable al mercado, pero no demuestran que esa agenda pueda ejecutarse frente a un Congreso fragmentado y un agujero fiscal que nadie ha valorado plenamente.

¿Qué sigue para los responsables de las políticas públicas en Colombia?

La nueva administración de Colombia llega al poder con un breve respiro de los mercados financieros, pero con muy poco margen para equivocarse.

En el corto plazo, la prioridad será recuperar la credibilidad fiscal mediante la presentación de un plan de consolidación realista que reduzca la brecha entre las metas oficiales y las proyecciones independientes, evitando al mismo tiempo medidas que pongan en riesgo los avances sociales de los últimos años. Tranquilizar a los inversionistas, estabilizar las finanzas públicas y recuperar la confianza de las instituciones internacionales será fundamental para evitar una mayor presión sobre los costos de endeudamiento.

En el mediano plazo, el éxito del gobierno dependerá de su capacidad para convertir las promesas de campaña en leyes. Para ello, tendrá que construir coaliciones duraderas en un Congreso profundamente polarizado, equilibrar la disciplina del gasto con las realidades sociales y políticas, y demostrar que las reformas estructurales pueden implementarse sin generar una mayor incertidumbre institucional.

A largo plazo, el desafío de Colombia va más allá del ajuste fiscal. Mantener la recuperación económica requerirá recuperar la confianza de los inversionistas, atraer inversión privada productiva, mejorar la seguridad jurídica y fortalecer las condiciones para un crecimiento que vaya más allá del sector de materias primas.

Los mercados han recibido con buenos ojos la perspectiva de una agenda económica más ortodoxa. Sin embargo, la duración de ese optimismo dependerá, en última instancia, menos del resultado electoral en sí que de la capacidad de la nueva administración para implementar reformas creíbles mientras mantiene la estabilidad política y social.