Introducción
Cuando Estados Unidos y la Unión Europea imponen sanciones económicas a un país, la lógica subyacente es simple: hacer que el costo de ciertas políticas — desarrollo de armas nucleares, agresión regional, violaciones de derechos humanos — sea tan doloroso económicamente que el gobierno objetivo cambie de rumbo. Es una teoría de presión y cumplimiento, basada en la suposición de que el dolor económico se traduce en cambio político. En ningún otro lugar se ha aplicado esta lógica de manera más intensiva, ni durante tanto tiempo, como en Irán. Desde la Revolución Islámica de 1979, Irán ha vivido bajo sucesivas oleadas de sanciones estadounidenses e internacionales. Para principios de la década de 2020, se había convertido en uno de los países más sancionados del mundo.
Sin embargo, el Estado iraní no ha colapsado. Las posiciones centrales de seguridad y política exterior de Irán se han mantenido en gran medida sin cambios a pesar de la presión de las sanciones. Irán no ha abandonado sus ambiciones nucleares, su programa de misiles balísticos ni su red de aliados y representantes regionales. En cambio, ha ocurrido algo más paradójico: la República Islámica ha utilizado la presión de las sanciones para consolidar su control sobre la economía iraní, marginar a actores empresariales independientes, expandir la presencia económica de la Guardia Revolucionaria y consolidar una economía política que, en muchos sentidos, es más resistente a la presión externa que antes del endurecimiento de las sanciones.
Este artículo sostiene que las sanciones occidentales sobre Irán no han funcionado como un arma de desarrollo que fuerza la liberalización política. Más bien, han funcionado como un arma de desarrollo de otro tipo: una que el propio Estado iraní ha utilizado internamente para profundizar el control autoritario sobre la economía.
La economía política de Irán bajo presión: de la resistencia al arraigo
La economía iraní previa a la revolución estaba dominada por un gran sector privado, una industria petrolera integrada internacionalmente y una base industrial relativamente diversificada. La revolución reemplazó gran parte de esto con un sistema híbrido en el que el Estado, las fundaciones clericales conocidas como bonyads y, posteriormente, el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC, por sus siglas en inglés) se convirtieron en los actores económicos dominantes. Las sanciones no crearon este sistema, pero sí lo aceleraron y profundizaron.
El mecanismo es simple. A medida que las sanciones occidentales desconectaron a las empresas iraníes de los sistemas financieros internacionales, las cadenas de suministro globales y la inversión extranjera, los únicos actores capaces de seguir operando fueron aquellos con protección estatal: acceso a divisas subsidiadas, exenciones a restricciones de importación y redes logísticas para eludir bloqueos bancarios. En la práctica, esto fortaleció a los bonyads y al IRGC, quienes habían desarrollado extensas redes informales de comercio en Irak, Emiratos Árabes Unidos, Turquía y Asia Central. Para los empresarios iraníes comunes y el sector privado, las sanciones fueron devastadoras. Para las empresas vinculadas al IRGC, crearon un cuasi monopolio sobre los canales de comercio que sobrevivieron.
La crisis monetaria impulsada por las sanciones ilustra claramente esta dinámica. Cuando el rial iraní sufrió una fuerte presión tras la campaña de “máxima presión” de la administración de Trump después de 2018 — cayendo con fuerza frente a monedas extranjeras, especialmente en el mercado paralelo — aquellos con acceso a divisas asignadas por el Estado a tasas oficiales pudieron importar bienes y revenderlos a precios de mercado con enormes ganancias. Esta oportunidad de arbitraje se concentró casi por completo en las redes del IRGC y los bonyads. La clase media y los sectores urbanos pobres cargaron con la inflación. La élite conectada acumuló riqueza.
Este patrón de presión externa redistribuyendo riqueza hacia actores vinculados al régimen no es exclusivo de Irán. Estudios sobre Zimbabue, Rusia y Corea del Norte han documentado dinámicas similares. Lo que hace distintivo a Irán es la escala y la duración. Cuatro décadas de presión creciente permitieron al IRGC construir un imperio económico en sectores como la construcción, telecomunicaciones, energía, finanzas e importaciones. En consecuencia, el IRGC se convirtió en una de las fuerzas económicas más influyentes del país, aunque es difícil determinar qué porcentaje de la economía controla.
El IRGC: las sanciones como modelo de negocio
El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica fue establecido en 1979 como el ejército ideológico de la revolución, distinto del ejército regular iraní y subordinado directamente al Líder Supremo. Su expansión económica comenzó gradualmente en la década de 1990, pero se aceleró de forma drástica después de 2005, cuando el presidente Mahmoud Ahmadinejad otorgó a empresas vinculadas al IRGC una serie de grandes contratos de infraestructura. Para el momento en que se firmó el acuerdo nuclear JCPOA en 2015, el IRGC ya era demasiado poderoso económicamente como para ser desplazado, incluso si el liderazgo político iraní hubiera querido hacerlo.
Las sanciones, paradójicamente, le dieron al IRGC una justificación sólida para seguir expandiéndose. Debido a que las sanciones occidentales apuntaban a empresas e individuos específicos, las autoridades iraníes podían presentar la privatización de activos estatales restantes como una necesidad para transferir el control a actores nacionales inmunes a la presión extranjera, en lugar de dejar esos activos expuestos. En la práctica, “actores nacionales inmunes a la presión extranjera” a menudo significaba entidades vinculadas al IRGC. Este proceso, documentado en detalle por el Iran Human Rights Documentation Center, trasladó algunos activos sancionados y semiprivatizados hacia la órbita de entidades estatales y conectadas al IRGC bajo el discurso de resistencia a las sanciones.
El IRGC también se convirtió en el gestor indispensable de la arquitectura de evasión de sanciones de Irán. A través de empresas fachada registradas en terceros países, redes informales ‘hawala’ (redes informales de transferencia de dinero) y el control de puntos estratégicos en las fronteras, el IRGC desarrolló la infraestructura logística que mantuvo vivo el comercio exterior del país. Esta infraestructura no es solo un mecanismo de evasión: ahora es un activo central generador de ingresos. Cualquier flexibilización significativa de las sanciones amenazaría el monopolio del IRGC sobre estos canales, lo que le da a la Organización un interés institucional directo en la continuación de una postura de confrontación con Occidente.
El alcance económico del IRGC no se ha limitado a las fronteras de Irán. A través de la Fuerza Quds y redes afiliadas, ha desarrollado importantes intereses comerciales en Irak, Siria, Líbano y Yemen, intereses que a su vez se financian parcialmente mediante la misma arquitectura de comercio informal construida para evadir sanciones occidentales. Esta presencia económica regional refuerza el incentivo institucional del IRGC para resistir cualquier acuerdo que pueda desmantelar la infraestructura que lo sostiene. Lo que comenzó como un mecanismo de supervivencia bajo presión de sanciones se ha convertido en una economía política autosostenida que cruza fronteras y que, en aspectos importantes, está diseñada para ser irreversible. Cuanto más tiempo permanezca el régimen de sanciones, más se consolida esta red y más difícil resulta imaginar una solución diplomática que no amenace simultáneamente las bases financieras de una de las instituciones más poderosas de la República Islámica.
La implicación es contundente: la organización a la que las sanciones occidentales buscan restringir de manera más directa — el IRGC, designado como organización terrorista extranjera por Estados Unidos en abril de 2019 — se ha convertido en el principal beneficiario de la arquitectura económica que esas sanciones han creado. Esto no es una ironía, es una característica estructural del uso de la coerción económica en Estados autoritarios con instituciones de seguridad interna fuertes.
Repensando la coerción económica: lo que el caso de Irán nos enseña
Nada de lo anterior significa que las sanciones hayan sido completamente ineficaces en el comportamiento iraní. El propio JCPOA, firmado en 2015 tras años de presión intensificada, demostró que las sanciones pueden contribuir a un resultado negociado cuando son multilaterales, sostenidas y acompañadas de una salida diplomática creíble. El enfoque de la administración de Obama combinó presión con negociación de una manera que la posterior campaña de “máxima presión” no replicó. La lección no es que las sanciones nunca funcionen, sino que solo lo hacen bajo condiciones específicas que rara vez se cumplen en la práctica.
El problema más fundamental es lo que podría llamarse la economía política de la evasión. Las sanciones crean escasez. La escasez crea rentas. En los Estados autoritarios, la capacidad de capturar esas rentas se concentra en quienes están más cerca del poder coercitivo. Cuanto más duran las sanciones, más profundamente se integran estas redes de captura de rentas en la economía política, y más resistentes se vuelven tanto a la presión externa como a la reforma interna. Esta es la paradoja en el centro de la política occidental hacia Irán: el instrumento diseñado para debilitar al régimen ha, con el tiempo, ayudado a financiar y consolidar su componente más inamovible.
También existe un paralelismo notable con Venezuela. Después de 2017, cuando se endurecieron las sanciones de Estados Unidos contra Venezuela, se produjo un colapso económico total, pero las estructuras de poder del Estado se mantuvieron sorprendentemente estables. Aunque ha habido algunos cambios en las élites políticas venezolanas, las sanciones no han producido el cambio político deseado. Al igual que en el caso de Irán, las sanciones han afectado principalmente a los civiles, mientras que las élites militares y políticas han seguido teniendo acceso privilegiado a divisas, importaciones de alimentos y combustibles. En 2021, un informe de la ONU de la Relatora Especial sobre medidas coercitivas unilaterales destacó que las sanciones habían perjudicado “de manera desproporcionada” a los ciudadanos comunes sin influir en el comportamiento de la élite política del país. Esta lógica es exactamente la misma que en Irán: las sanciones impuestas a Estados con fuertes estructuras de seguridad interna tienden a fortalecer, en lugar de debilitar, a esas instituciones. Reconocer este paralelismo no significa abandonar las medidas coercitivas en las relaciones internacionales; significa considerar cuidadosamente cómo los Estados autoritarios responden a ellas.
Para los estudiosos de las relaciones internacionales, esto apunta hacia una comprensión más matizada de la coerción económica. El marco tradicional trata al Estado objetivo como un actor unitario que obedece o resiste. En realidad, las sanciones interactúan con patrones existentes de economía política generando consecuencias distributivas — ganadores y perdedores dentro del Estado objetivo — que pueden fortalecer sistemáticamente la resiliencia del régimen en lugar de debilitarla. La investigación futura debería centrarse menos en si las sanciones “funcionan” en conjunto y más en qué actores internos se benefician y cuáles se perjudican, y qué implica esa distribución para la estabilidad política.
Por otro lado, las sanciones no necesariamente deben ser solo medidas coercitivas. También funcionan como herramientas de contención y comunicación. Las restricciones al acceso a tecnología, financiamiento y redes de adquisición pueden aumentar los costos y retrasar el desarrollo de capacidades militares, especialmente cuando implican tecnologías avanzadas. Además, las sanciones pueden comunicar las implicaciones de la escalada tanto al Estado objetivo como a sus aliados. En el caso iraní, parece que aunque las sanciones no han logrado alterar las prioridades políticas de Irán, sí pueden haber influido en los costos asociados con la implementación de esas políticas.
Más allá del Estado unitario: dinámicas intra-régimen
Es importante señalar que este análisis no implica que el Estado iraní sea un actor homogéneo cuyos intereses se vean afectados de manera uniforme por las sanciones. Por el contrario, las sanciones han tenido impactos diferenciados incluso dentro del propio régimen. La élite tecnocrática responsable de la política económica y las relaciones exteriores — que incluye partes del aparato burocrático, así como empresarios y responsables de políticas vinculados al sector privado — ha sido perjudicada por las sanciones, ya que estas han obstaculizado sus esfuerzos por estabilizar la economía, atraer inversión extranjera e integrar nuevamente al país en el sistema económico internacional.
Otros elementos dentro del régimen, como el IRGC y ciertas partes del estamento clerical, han sido estructuralmente favorecidos por las sanciones debido a su papel en redes comerciales informales, industrias estratégicas y sistemas de generación de ingresos. Esto ha generado contradicciones internas dentro del régimen, donde algunos actores buscan involucrarse de forma limitada o reducir las sanciones, mientras que otros tienen motivaciones ideológicas y prácticas para mantener una postura de confrontación.
Conclusión
Irán es uno de los países más sancionados del mundo, y la República Islámica es hoy posiblemente más fuerte en términos del dominio económico del IRGC, el aparato de seguridad interna del régimen y su presencia militar regional que cuando comenzó la campaña de “máxima presión”. Esto no ocurre porque las sanciones sean universalmente ineficaces, sino porque la economía política específica de Irán ha permitido al Estado explotar la escasez: las sanciones crearon escasez y rentas que a menudo fueron capturadas por redes vinculadas al régimen, trasladando los costos a la población y los beneficios a las instituciones de la revolución.
Los responsables políticos occidentales han asumido repetidamente que suficiente dolor económico producirá moderación política. El caso iraní sugiere que esta suposición se basa en un modelo defectuoso de cómo los Estados autoritarios responden realmente a la coerción. En lugar de forzar un cambio político, las sanciones sostenidas han profundizado el imperio económico del IRGC, marginado al sector privado y a la clase media iraní, y otorgado a las instituciones más intransigentes del régimen un interés financiero directo en la prolongación de la confrontación con Occidente.
Si la coerción económica ha de servir a objetivos estratégicos reales en Medio Oriente y más allá, debe diseñarse con una comprensión mucho más sofisticada de cómo los Estados objetivo absorben, distribuyen y, en última instancia, aprovechan la presión externa. El caso de Irán no es un fracaso de las sanciones en principio, sino un fracaso de comprensión de la economía política de los Estados a los que se dirigen.
