Resumen
Las relaciones entre Estados Unidos y Cuba han entrado en su fase más confrontativa en años, marcada por un cambio desde la gestión de sanciones hacia una presión geopolítica coercitiva. Desde mediados de 2025, Washington ha reorientado su política hacia Cuba alrededor de la seguridad nacional, el control hemisférico, la interrupción energética, la aplicación de sanciones y la escalada legal. Un ejemplo claro de este cambio se observó en la reemisión del Memorando Presidencial de Seguridad Nacional (NSPM-5) en junio de 2025, mediante el cual se restauró un marco de línea dura que prioriza restringir los ingresos del Estado cubano, mantener el embargo, limitar los canales de viaje y financieros, y tratar el compromiso con La Habana como condicionado a los intereses estratégicos de Estados Unidos. Además, una orden ejecutiva del 29 de enero de 2026 declaró a Cuba como una “amenaza inusual y extraordinaria”, transformando la política al amenazar con imponer aranceles a países extranjeros que suministren petróleo a Cuba, convirtiendo así la dependencia energética cubana en un mecanismo regional de presión.
En resumen, los acontecimientos más recientes — la acusación contra Raúl Castro en mayo de 2026, una orden ejecutiva con nuevas sanciones el 1 de mayo, las designaciones de líderes e instituciones cubanas por parte de la OFAC en junio de 2026 y un raro contacto militar entre Estados Unidos y Cuba cerca de la Bahía de Guantánamo — sugieren que Cuba ya no es tratada únicamente como un problema bilateral. Ahora está siendo incorporada dentro de una estrategia más amplia de Estados Unidos hacia el Caribe, Venezuela, Rusia, China, Irán y la seguridad hemisférica. Por un lado, la campaña de presión de Washington busca reducir el margen estratégico de maniobra de La Habana, disuadir el apoyo de terceros países y aumentar el costo de la alineación cubana con los adversarios de Estados Unidos. Por otro lado, La Habana presenta esta campaña como una cuestión de soberanía y como un posible pretexto para una intervención en la isla.
Teniendo esto en cuenta, existen tres áreas con un peso geopolítico importante. Primero, Estados Unidos está utilizando las sanciones y las restricciones energéticas no solo para castigar a Cuba, sino también para reconfigurar las alineaciones regionales. Segundo, el Caribe se está convirtiendo en una zona de negación estratégica entre grandes potencias, donde Washington busca impedir que Rusia, China, Irán y redes aliadas utilicen a Cuba (o cualquier otro Estado de la región) como plataforma de inteligencia, militar o diplomática. Finalmente, la escalada podría generar riesgos para ambas partes: podría provocar una contraalineación cubana, profundizar la oposición regional al intervencionismo estadounidense, tensar las relaciones con socios afectados por sanciones extraterritoriales y convertir a Guantánamo, de una disputa de soberanía latente, en un punto crítico operativo.
Introducción
La relación entre Estados Unidos y Cuba ha sido difícil desde el triunfo de la Revolución Cubana en 1959, y ha oscilado entre la contención, el compromiso selectivo y los intentos de normalización. Actualmente, esta relación combina la presión de cambio de régimen al estilo de la Guerra Fría con herramientas del siglo XXI como la aplicación de sanciones financieras, la coerción sobre cadenas de suministro, las designaciones relacionadas con terrorismo y las señales militares regionales. El NSPM-5 de Estados Unidos ha restaurado una política centrada en el embargo, las restricciones a las transacciones y los viajes, y la canalización de recursos alejándolos de las instituciones estatales cubanas. El cambio es evidente, ya que el marco de normalización de la era Obama ya ha sido completamente desplazado.
Este cambio reciente no es únicamente ideológico, sino que también tiene un trasfondo geopolítico. Washington presenta ahora a Cuba como un nodo dentro de una red estratégica más amplia que incluye a Rusia, China, Irán, Hezbolá, Hamás y adversarios de Estados Unidos en América Latina. En una orden ejecutiva del 29 de enero de 2026, la Casa Blanca declaró que las políticas y acciones del gobierno cubano constituían una amenaza extraordinaria para la seguridad nacional y la política exterior estadounidense, citando los vínculos de Cuba con Estados considerados hostiles y con actores no estatales. La orden también creó un mecanismo para imponer aranceles adicionales a productos provenientes de cualquier país extranjero que suministre petróleo a Cuba, ya sea directa o indirectamente.
En este punto, debe destacarse el papel del petróleo y la dependencia energética de Cuba, ya que Estados Unidos lo ha utilizado como un instrumento de presión dentro de la actual crisis energética de la isla. La dependencia energética cubana se ha convertido en un punto de presión geopolítica. Washington no solo ha dirigido su presión contra La Habana, sino también contra los actores externos que mantienen funcionando al Estado cubano. El resultado es una forma de coerción secundaria que va más allá del embargo bilateral. Esto aumenta el costo para terceros — empresas estatales, bancos, aseguradoras, operadores marítimos y gobiernos extranjeros — de mantener vínculos económicos con Cuba. La orden de sanciones de mayo de 2026 y las designaciones de la OFAC de junio de 2026 reforzaron esta lógica al ampliar el alcance de las conductas sancionables hacia actores de los sectores energético, defensa, metales y minería, servicios financieros y seguridad de la economía cubana.
Al mismo tiempo, este endurecimiento de la postura estadounidense refleja una doctrina hemisférica más amplia, respaldada y expresada en la Estrategia de Seguridad Nacional de 2025 (NSS 2025). Diversos análisis y centros de pensamiento describen el renovado activismo de Washington en América Latina y el Caribe como una lógica de la Doctrina Monroe modernizada. Bajo esta doctrina actualizada, Estados Unidos busca reafirmar su dominio en el hemisferio occidental no solo frente a potencias externas a la región, sino también frente a gobiernos regionales percibidos como alineados con esos actores externos. En este contexto, el valor estratégico de Cuba aumenta debido a su geografía, su historia de resistencia frente a la presión estadounidense, sus relaciones de inteligencia y seguridad, y su posición simbólica como el gobierno más duradero contrario a Estados Unidos en el Caribe y posiblemente en toda la región.
Este análisis examinará, por lo tanto, las implicaciones geopolíticas de los acontecimientos recientes en las relaciones entre Estados Unidos y Cuba. El argumento central es que la confrontación ya no se trata únicamente de sanciones o ideología de régimen; se trata del orden hemisférico, el control del espacio estratégico del Caribe y los límites del poder coercitivo estadounidense en un entorno internacional cada vez más multipolar.
Del embargo a la estrategia hemisférica coercitiva
Existen dos documentos oficiales que cambiaron y pusieron fin a la estrategia de normalización de la era Obama, convirtiendo la relación entre Estados Unidos y Cuba en una estrategia hemisférica coercitiva por parte de Washington hacia La Habana.
El primero es la política NSPM-5, que marcó la base institucional de la confrontación actual. Esta establece que la política estadounidense estará guiada por intereses de seguridad nacional y política exterior; busca canalizar recursos hacia el pueblo cubano y alejarlos del gobierno cubano; además, respalda el embargo, se opone a los esfuerzos internacionales para ponerle fin y garantiza que el compromiso con Cuba avance los intereses de Estados Unidos. En resumen, transforma la política hacia Cuba de una cuestión bilateral limitada en una prueba de la capacidad de Washington para disciplinar los flujos de dinero, viajes, comercio, información y reconocimiento diplomático dentro del hemisferio.
El segundo es la orden ejecutiva del 29 de enero de 2026, que elevó a Cuba de ser un vecino adversario a una emergencia formal de seguridad nacional. Esta orden acusa a La Habana de alinearse con Rusia, China, Irán, Hamás, Hezbolá y otros actores considerados hostiles; de albergar capacidades militares y de inteligencia; y de apoyar redes desestabilizadoras en el hemisferio occidental. Independientemente de si estas acusaciones son reales o aceptadas por otros Estados, lo importante es que Washington las ha convertido en la base legal para una escalada económica y potencialmente estratégica.
Por ejemplo, el mecanismo de aranceles sobre el petróleo es la parte más innovadora de la orden de enero. En términos simples, ahora Washington amenaza a los países que suministren petróleo a Cuba, en lugar de limitarse a sancionar entidades cubanas. Esto es importante porque crea un efecto disuasorio más allá de la jurisdicción estadounidense. En otras palabras, los gobiernos y empresas extranjeras deben evaluar si las transacciones energéticas con La Habana podrían exponer sus exportaciones a aranceles adicionales de Estados Unidos. Como consecuencia, para Cuba esto implica un aislamiento estratégico, mientras que para terceros países representa una advertencia de que Cuba se ha convertido en un entorno de alto riesgo de sanciones, comparable a otros espacios geopolíticos disputados.
Este enfoque también afecta las opciones de equilibrio externo de Cuba. La Habana tradicionalmente ha utilizado sus relaciones con Venezuela, Rusia, China, México y otros socios para compensar la presión estadounidense. Sin embargo, la estrategia actual de Estados Unidos apunta contra la infraestructura que permite ese equilibrio: combustible, finanzas, transporte marítimo, minería y banca. Además, las designaciones de la OFAC de junio de 2026 añadieron al presidente Miguel Díaz-Canel, Lis Cuesta Peraza, Alejandro Castro Espín, Raúl Alejandro Castro Calis, Manuel Anido Cuesta, y entidades como MINFAR, los Comités de Defensa de la Revolución, ICAP, Amistur y Minera La Victoria a la Lista de Nacionales Especialmente Designados y Personas Bloqueadas (lista SDN).
La designación de MINFAR y la exposición a sanciones alrededor de GAESA, MININT y MINFAR son especialmente relevantes. La OFAC aclaró que, desde el 4 de junio de 2026, los tres están bloqueados bajo la Orden Ejecutiva 14404, y que las personas no estadounidenses — incluidas instituciones financieras extranjeras — enfrentan riesgo de sanciones por realizar transacciones con ellos o con entidades que posean en un 50% o más. En resumen, estas medidas van más allá de atacar o castigar a funcionarios cubanos; representan un esfuerzo más amplio para aislar la red comercial controlada por el Estado cubano del sistema financiero internacional y aumentar los riesgos asociados con hacer negocios con ella. En términos simples, elevan los riesgos de cumplimiento normativo para los actores financieros internacionales.
La importancia geopolítica más amplia de estas sanciones es que ahora funcionan como un mecanismo de disciplina de alianzas regionales. Estados Unidos no solo busca influir directamente en el comportamiento de Cuba, sino también enviar una señal a gobiernos terceros, instituciones financieras y actores comerciales de que relacionarse con los sectores estratégicos cubanos puede implicar importantes riesgos económicos y regulatorios. De esta manera, las sanciones superan la presión bilateral y se convierten en una herramienta para moldear el comportamiento de actores externos que mantienen vínculos con Cuba. Por supuesto, esto tiene una lógica extraterritorial que puede disuadir a pequeños Estados del Caribe o América Latina, pero también puede generar resentimiento entre gobiernos que consideran esta política una violación de la soberanía.
Además, puede añadirse otra dimensión: el análisis (aquí) de Guillermo Suárez sobre la designación de Cuba como Estado patrocinador del terrorismo sostiene que incluir a Cuba en esa lista funciona como una barrera para la normalización y empuja a La Habana hacia socios menos aceptables para Washington. Teniendo esto en cuenta, el argumento anterior adquiere mayor relevancia, porque mientras más difícil haga Washington el compromiso económico convencional, más probable será que La Habana busque apoyo mediante canales opacos, intercambios entre Estados, cooperación en seguridad y mecanismos de pago fuera del dólar, o posiblemente mediante rivales de Estados Unidos. En ese sentido, la coerción puede debilitar la economía cubana, pero al mismo tiempo fortalecer la lógica geopolítica para que Cuba se acerque más a los rivales de Washington.
Escalada legal y señales militares
En mayo de 2026, el Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó al expresidente cubano Raúl Castro y a cinco coacusados en relación con el derribo del 24 de febrero de 1996 de dos aeronaves desarmadas de los Hermanos al Rescate. Desde una perspectiva legal, esta acusación reactiva una disputa histórica en las relaciones entre Estados Unidos y Cuba. Desde una perspectiva geopolítica, apunta contra una de las figuras más emblemáticas del Estado revolucionario cubano, convirtiendo una disputa histórica no resuelta en un mecanismo de presión política que desafía las reclamaciones permanentes de legitimidad y autoridad del régimen.
Un alto diplomático cubano en Washington declaró a Associated Press que la reciente medida, junto con las sanciones, ha sido interpretada en La Habana como un pretexto para convencer a los estadounidenses de apoyar una intervención militar en la isla caribeña. El mismo informe señala que funcionarios cubanos observan paralelismos con las acciones estadounidenses contra Venezuela y que la administración de Trump no ha descartado una acción militar mientras continúa exigiendo reformas. Por lo tanto, aunque una intervención directa sigue siendo poco probable, la percepción de una posible intervención ha fortalecido la preparación militar cubana y ha impulsado los esfuerzos para cultivar y mantener alianzas estratégicas, así como para adoptar un mensaje diplomático más firme por parte del gobierno cubano.
Otra dimensión que debe añadirse a la escalada es Guantánamo. El 30 de mayo de 2026, Reuters, a través de Military Times, informó que el jefe del Comando Sur de Estados Unidos, el general Francis Donovan, mantuvo una reunión poco común con altos funcionarios militares cubanos en el perímetro de la Base Naval estadounidense de Guantánamo. Aunque se informó que la reunión se centró en seguridad operativa, protección de fuerzas, seguridad y preparación militar, su importancia va más allá de estos aspectos técnicos. En condiciones normales o de baja tensión, este tipo de contacto podría describirse como rutinario; sin embargo, en el entorno geopolítico actual tiene una mayor importancia estratégica, ya que demuestra que ambos lados reconocen el riesgo de errores de cálculo y escaladas alrededor de un enclave militar estadounidense situado en territorio cubano.
La importancia geopolítica de Guantánamo es única, ya que funciona simultáneamente como un activo militar estadounidense, una disputa de soberanía para Cuba y un posible punto de contacto para la gestión de crisis. Por un lado, Estados Unidos necesita la base para su postura militar regional y para operaciones relacionadas con migración y seguridad. Por otro lado, Cuba la considera un vestigio ilegítimo de una etapa anterior de dominación estadounidense. El reciente contacto en el perímetro sugiere que ambos gobiernos entienden que la base podría convertirse en un punto de tensión si la escalada de sanciones, ejercicios militares, temores relacionados con drones o conflictos regionales se trasladan al escenario del Caribe.
El enfoque estadounidense también refuerza la incorporación de Cuba dentro de la estrategia de seguridad más amplia de Washington para América Latina. Establecido oficialmente en la orden presidencial de enero, Estados Unidos vincula explícitamente a Cuba con Rusia, China, Irán y actores no estatales. En esencia, la orden busca impedir que potencias rivales utilicen la geografía cubana, instalaciones de inteligencia, puertos o redes políticas que puedan desafiar la influencia estadounidense cerca del territorio continental de Estados Unidos o en el hemisferio occidental en un escenario más amplio. Desde esta perspectiva, el valor de Cuba no reside en su peso económico, sino en su ubicación estratégica, sus relaciones de inteligencia, su resistencia simbólica y su capacidad para complicar la política regional estadounidense.
En este punto, resulta relevante la interpretación conocida como la “Doctrina Donroe”. El enfoque hemisférico de la segunda administración de Trump puede entenderse como una adaptación más agresiva de la Doctrina Monroe, enfocada no solamente contra la interferencia europea, sino contra cualquier potencia no estadounidense que opere en las Américas. Bajo este marco, Cuba no es sancionada únicamente por su modelo interno de gobierno; es presionada porque es vista como una puerta de entrada mediante la cual Rusia, China, Irán y fuerzas regionales antiestadounidenses podrían obtener acceso estratégico y amenazar la seguridad nacional de Estados Unidos.
Al combinar estas dimensiones legales y militares, aparecen riesgos y señales que pueden crear una escalera de escalada incluso cuando ninguna de las partes busca una guerra. Por ejemplo, mientras las sanciones pueden ser concebidas por Estados Unidos como una forma de coerción por debajo del uso de la fuerza, Cuba puede interpretarlas como una preparación para operaciones de cambio de régimen. Los contactos militares pueden tener como objetivo evitar incidentes, pero también resaltan la cercanía entre fuerzas armadas. Otro ejemplo es la acusación contra Raúl Castro, que La Habana podría leer como una decapitación simbólica de la legitimidad revolucionaria.
En conjunto, estas interpretaciones enfrentadas aumentan el riesgo de que una patrulla rutinaria, un incidente cibernético, una acusación de inteligencia o una confrontación cerca de Guantánamo adquieran una importancia estratégica mucho mayor que sus hechos inmediatos o sus circunstancias originales.
Implicaciones regionales y globales
La confrontación entre Estados Unidos y Cuba tiene implicaciones que van más allá de La Habana y Washington. Primero, reposiciona al Caribe como un tablero estratégico. La ubicación de Cuba le otorga una importancia desproporcionada en las rutas marítimas, la recopilación de inteligencia, la gestión migratoria y el acceso al Golfo de México y al Estrecho de Florida. Por lo tanto, una política estadounidense de línea dura envía una señal a otros Estados caribeños de que Washington pretende impedir que la región se convierta en una plataforma para competidores extrarregionales.
Segundo, esta política estadounidense pondrá a prueba los límites de las sanciones extraterritoriales. La advertencia de la OFAC de que las personas no estadounidenses enfrentan riesgos de sanciones por realizar operaciones con GAESA, MININT, MINFAR y sus entidades controladas mayoritariamente genera presión de cumplimiento a nivel mundial. Esto puede desalentar la inversión, el transporte marítimo, los seguros y los servicios financieros relacionados con Cuba. Pero también refuerza un debate global más amplio sobre la utilización del sistema del dólar como herramienta de presión. Por ejemplo, los países que buscan alternativas a los canales financieros controlados por Estados Unidos pueden interpretar las sanciones contra Cuba como otro ejemplo de por qué la desdolarización, los sistemas alternativos de pago y las finanzas Sur-Sur resultan estratégicamente atractivos.
Tercero, la campaña de presión llevada a cabo por Estados Unidos puede complicar sus relaciones con gobiernos latinoamericanos y caribeños que se oponen al intervencionismo, incluso si no apoyan ideológicamente a La Habana. Por ejemplo, si Washington es percibido como un actor que utiliza la privación energética, sanciones secundarias, acusaciones legales y amenazas militares para promover cambios de régimen, los gobiernos que valoran la soberanía y la no intervención podrían alejarse de la política estadounidense. Esta dinámica es especialmente relevante en un momento en que China y otras potencias están ampliando su presencia ofreciendo inversiones en infraestructura, financiamiento, cooperación tecnológica y alternativas diplomáticas sin exigir alineamiento político con Washington.
Cuarto, la campaña podría aumentar involuntariamente el valor estratégico de Cuba para los adversarios de Estados Unidos. Una Cuba altamente presionada tiene incentivos para profundizar relaciones con Estados dispuestos a desafiar las sanciones estadounidenses o brindar apoyo mediante canales menos transparentes. La orden ejecutiva de enero identifica precisamente los vínculos de Cuba con Rusia, China e Irán como una amenaza; sin embargo, la estrategia de presión podría llevar a La Habana a depender aún más de esos mismos países. Este es el dilema clásico de la contención coercitiva: la presión puede debilitar las capacidades del objetivo mientras fortalece su dependencia de bloques rivales.
Quinto, las críticas internacionales pueden debilitar la legitimidad de la política estadounidense. Los llamados del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, para levantar las sanciones contra Cuba muestran cómo medidas presentadas por Estados Unidos como herramientas de seguridad nacional pueden ser percibidas por otros actores como coercitivas o punitivas. Esta percepción puede otorgar a Cuba mayor capacidad diplomática para movilizar apoyo en la ONU, la CELAC, la CARICOM y el resto del Sur Global.
En este punto, es importante destacar la dimensión caribeña. Cuba históricamente ha invertido en sus relaciones diplomáticas con los Estados del Caribe. Algunos ejemplos clave incluyen el reconocimiento temprano de Cuba por parte de Barbados, Guyana, Jamaica y Trinidad y Tobago, así como el posterior fortalecimiento de estos vínculos mediante iniciativas como las cumbres CARICOM–Cuba. En este contexto, aunque muchos gobiernos caribeños dependen de sus relaciones con Estados Unidos, también valoran la no intervención y la autonomía regional. Por ello, una campaña coercitiva estadounidense contra Cuba podría generar una resistencia silenciosa o llamados a la moderación, especialmente si las sanciones secundarias afectan las redes regionales de energía, turismo, transporte marítimo o banca.
Desde la perspectiva de Washington, sin embargo, la política tiene una lógica estratégica clara. Cuba es vista como un pequeño pero significativo punto de apoyo adversario cerca del territorio estadounidense. Sus vínculos militares, de inteligencia y diplomáticos con rivales de Estados Unidos son considerados preocupaciones de seguridad, mientras que su persistencia como Estado desafiante es vista como un reto a la influencia estadounidense en el hemisferio occidental. Sus conexiones con Venezuela y otros actores antiestadounidenses le otorgan relevancia regional más allá de su peso económico. Por ello, la estrategia actual de Estados Unidos busca limitar las opciones estratégicas de La Habana mediante la reducción del apoyo externo, el aislamiento de sectores clave, la presión sobre proveedores extranjeros, el uso de sanciones o vías legales contra redes de élite y el mantenimiento de canales militares abiertos para gestionar riesgos de escalada.
En resumen, la pregunta central es si esta estrategia puede producir cambios políticos sin generar consecuencias estratégicas negativas. Mientras que concesiones negociadas serían presentadas como un éxito en Washington, el endurecimiento cubano, una mayor alineación con potencias rivales, una reacción regional adversa o un incidente cerca de Guantánamo podrían terminar debilitando los objetivos de la política estadounidense. El escenario más probable a corto plazo no es ni la normalización ni una escalada militar abierta, sino un equilibrio coercitivo prolongado en el que sanciones, medidas legales, restricciones energéticas y señales militares definan la relación básica.
Conclusiones
La reciente fase de las relaciones entre Estados Unidos y Cuba se entiende mejor como una campaña de presión geopolítica más que como una disputa convencional de sanciones. Washington está utilizando instrumentos legales, financieros, energéticos y militares para modificar el entorno estratégico alrededor de Cuba. En este contexto, el NSPM-5 ha restablecido un marco político de línea dura, mientras que las órdenes ejecutivas y las sanciones emitidas a inicios de 2026 han convertido la dependencia energética cubana en un mecanismo de aplicación regional y han ampliado la arquitectura de designaciones sancionatorias. Además, las acciones de la OFAC de junio de 2026 dirigidas contra el liderazgo e instituciones cubanas, junto con la acusación contra Raúl Castro, han añadido una dimensión jurídica simbólica a la campaña.
Desde una perspectiva geopolítica, también existen importantes implicaciones. Estados Unidos intenta impedir que Cuba reciba el apoyo externo que le permite resistir la presión, especialmente proveniente de Rusia, China y otros socios. También está enviando una advertencia a terceros actores de que los sectores estratégicos cubanos implican riesgos de sanciones. Esto convierte a Cuba en un caso de prueba para la coerción económica extraterritorial y para la capacidad de Estados Unidos de imponer disciplina hemisférica en un mundo multipolar.
Para Cuba, la respuesta estratégica probablemente combinará resistencia, movilización diplomática, cautela militar y una mayor apertura hacia socios no estadounidenses. La afirmación de La Habana de que las sanciones y acusaciones legales son un pretexto para una intervención puede tener un componente retórico, pero posee consecuencias geopolíticas porque justifica una postura defensiva y una estrategia de equilibrio externo.
Para el Caribe y América Latina, la confrontación revive el debate entre soberanía y hegemonía que ha marcado la política hemisférica durante dos siglos. Si la presión de Washington es percibida como una estrategia hemisférica más agresiva, podría debilitar la legitimidad estadounidense incluso entre gobiernos que no apoyan el modelo político interno cubano. Sin embargo, si Washington logra mantener la presión evitando una escalada militar y conservando canales diplomáticos, podría limitar las asociaciones estratégicas de Cuba sin provocar una crisis regional.
En consecuencia, el escenario más probable es una escalada continua por debajo del umbral de una guerra abierta. En términos prácticos, esto implicaría la expansión de sanciones, un aumento de la presión sobre empresas extranjeras para cumplir con las restricciones, una intensificación de la disputa diplomática en instituciones internacionales y esfuerzos constantes para evitar incidentes militares alrededor de Guantánamo. Todo ello incrementa el riesgo de errores de cálculo. En una relación donde las acusaciones legales, la restricción energética, la preparación militar y la retórica de cambio de régimen ahora interactúan, incluso un incidente limitado podría convertirse en una crisis hemisférica.
La cuestión geopolítica central, por lo tanto, no es si las relaciones entre Estados Unidos y Cuba se normalizarán pronto; casi con toda seguridad no ocurrirá. La verdadera pregunta es si ambos lados pueden gestionar una confrontación coercitiva sin convertir al Caribe en el próximo gran escenario de competencia entre potencias.
Referencias
