En junio de 2026, Estados Unidos designó a las organizaciones criminales brasileñas Comando Vermelho (CV) y Primeiro Comando da Capital (PCC) como Organizaciones Terroristas Extranjeras (FTO, por sus siglas en inglés) y Terroristas Globales Especialmente Designados (SDGT, por sus siglas en inglés). Un año y medio antes, los seis principales cárteles mexicanos — el Cártel de Sinaloa, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el Cártel del Golfo, el Cártel del Noreste, la Nueva Familia Michoacana y Cárteles Unidos —, así como las organizaciones transnacionales Tren de Aragua y la Mara Salvatrucha (MS-13), habían recibido las mismas designaciones. La Orden Ejecutiva 14157 establece que su objetivo es eliminar la presencia de estas organizaciones en territorio estadounidense, privarlas de la capacidad de amenazar la seguridad nacional de Estados Unidos mediante sus estructuras extraterritoriales y proteger al pueblo estadounidense y la integridad territorial del país.
A primera vista, esta decisión parece representar un endurecimiento de los esfuerzos para combatir la amenaza del narcotráfico. Sin embargo, tiene profundas implicaciones militares y políticas para América Latina en su conjunto. Hasta entonces, Estados Unidos nunca había clasificado a organizaciones criminales como entidades terroristas. Esta reclasificación difumina la distinción jurídica entre el crimen organizado, motivado por fines económicos, y el terrorismo, impulsado por objetivos políticos. En la práctica, la designación de los cárteles del narcotráfico como organizaciones terroristas funciona como un pretexto para reactivar la Doctrina Monroe y justificar el uso de la fuerza en los asuntos internos de los Estados del hemisferio occidental. La inclusión de las organizaciones brasileñas en esta categoría en 2026 confirmó que la nueva estrategia de Estados Unidos no se limita a México, sino que responde a un enfoque sistemático de alcance regional.
Aspectos jurídicos
La base jurídica para designar a los cárteles del narcotráfico como Organizaciones Terroristas Extranjeras se encuentra en la Sección 219 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad de Estados Unidos, que faculta al secretario de Estado para designar a una organización cuando se cumplen tres criterios: que sea extranjera, que participe en actividades terroristas y que represente una amenaza para la seguridad de Estados Unidos. La legislación estadounidense establece tres consecuencias principales de dicha designación:
- El secretario del Tesoro de Estados Unidos puede exigir a las instituciones financieras estadounidenses que congelen los activos pertenecientes a las entidades designadas como FTO.
- Todo ciudadano extranjero que sea miembro de una organización terrorista designada o haya participado en actividades terroristas será considerado inadmisible en Estados Unidos. Además, la Sección 237(a)(4)(B) prevé la expulsión de dichas personas si ya se encuentran en el país.
- Proporcionar apoyo material a organizaciones designadas como FTO constituye un delito sancionado con multa o con una pena de hasta 20 años de prisión, de conformidad con el 18 U.S.C. § 2339B. La ley define el concepto de “apoyo material” de manera amplia, abarcando no solo la asistencia financiera, sino también la prestación de servicios, capacitación, asesoría especializada, alojamiento, refugio, documentación falsa, equipos de comunicación, otros equipos, armas y transporte.
Una disposición especialmente relevante es la jurisdicción extraterritorial prevista en el apartado (d) del 18 U.S.C. § 2339B. Las autoridades estadounidenses pueden procesar a personas por proporcionar apoyo material a cárteles del narcotráfico aun cuando la conducta presuntamente ilícita haya ocurrido por completo fuera del territorio de Estados Unidos. Asimismo, las sanciones financieras impuestas a las entidades designadas como Terroristas Globales Especialmente Designados exponen a las instituciones financieras extranjeras al riesgo de sanciones secundarias si realizan transacciones en nombre de entidades bloqueadas. En consecuencia, no solo los bancos estadounidenses, sino también las instituciones financieras extranjeras, pueden enfrentar responsabilidades por mantener relaciones comerciales con organizaciones designadas como SDGT.
La securitización de los cárteles del narcotráfico
La Orden Ejecutiva 14157 constituye un claro ejemplo de la securitización del narcotráfico. En ella, los “cárteles internacionales” son definidos como una amenaza para la seguridad nacional que trasciende el ámbito del crimen organizado. La orden los describe como organizaciones que cooperan con actores extranjeros hostiles, emplean estructuras adaptativas propias de los grupos insurgentes, se infiltran en los gobiernos del hemisferio occidental y controlan el tráfico ilícito a lo largo de la frontera sur de Estados Unidos. Este enfoque ha permitido a Estados Unidos aplicar la legislación antiterrorista a los cárteles del narcotráfico.
La securitización tiene varias consecuencias importantes. Un informe del Servicio de Investigación del Congreso (CRS, por sus siglas en inglés) señala que el Congreso podría considerar la aprobación de legislación que autorice el uso de la fuerza militar contra las organizaciones designadas. Como sostienen especialistas en el American Journal of International Law, las nuevas designaciones “sientan las bases para acciones militares transfronterizas”. Asimismo, los participantes en el comercio transfronterizo entre Estados Unidos y México han quedado expuestos a acusaciones de proporcionar apoyo material a organizaciones designadas como FTO.
Según The New York Times, Donald Trump firmó una directiva que autoriza al Departamento de Defensa a comenzar a utilizar la fuerza militar contra los cárteles. Esto desplaza el enfoque principal de las acciones contra estas organizaciones desde la aplicación de la ley hacia las operaciones militares. El secretario de Defensa, Pete Hegseth, confirmó que “todas las opciones están sobre la mesa cuando se trata de las llamadas organizaciones terroristas extranjeras que atacan específicamente a los estadounidenses en nuestra frontera”.
Por último, la securitización construye una narrativa en la que la oposición a las medidas adoptadas por Estados Unidos puede ser presentada como un respaldo a organizaciones terroristas. Esto incrementa la presión sobre los gobiernos latinoamericanos y permite a Estados Unidos ampliar su presencia militar y política en toda la región.
El regreso de la Doctrina Monroe
La Doctrina Monroe, formulada por el presidente James Monroe en 1823, ha sido durante mucho tiempo uno de los pilares de la política exterior de Estados Unidos. Según esta doctrina, el hemisferio occidental quedaba cerrado a nuevas colonizaciones europeas, mientras que Estados Unidos se comprometía a no intervenir en los asuntos de Europa. En la práctica, sin embargo, la doctrina sentó las bases del predominio estadounidense en las Américas. En 1904, el presidente Theodore Roosevelt amplió este marco mediante el Corolario Roosevelt, por el cual Estados Unidos se atribuyó el derecho de intervenir unilateralmente en los países de América Latina. Este principio pasó a conocerse posteriormente como la Política del Gran Garrote (‘Big Stick Policy’) y fue invocado para justificar intervenciones en Cuba, Nicaragua, Haití y la República Dominicana.
En noviembre de 2025, la Casa Blanca publicó una nueva Estrategia de Seguridad Nacional (NSS, por sus siglas en inglés), en la que identificó al hemisferio occidental como una prioridad estratégica. El documento proclamó un retorno a la Doctrina Monroe mediante lo que denominó el “Corolario Trump”, haciendo referencia explícita al Corolario Roosevelt. Tras la captura de Nicolás Maduro, el presidente estadounidense declaró que Estados Unidos había “trascendido la Doctrina Monroe” y describió su enfoque como una versión renovada de dicha doctrina.
La moderna “Doctrina Monroe 2.0” tiene una orientación explícitamente ofensiva. Según el Consejo de Seguridad Nacional (NSC, por sus siglas en inglés), busca expulsar de América Latina a Rusia, China y otros competidores extrarregionales; impedir el control extranjero sobre activos estratégicos, desde el Canal de Panamá hasta los recursos energéticos de Venezuela; revisar la postura militar de Estados Unidos en la región; desplegar tropas para combatir a los cárteles; y autorizar el uso de la fuerza letal. La estrategia basada en la aplicación de la ley, seguida durante las últimas décadas, es presentada como obsoleta. El carácter ofensivo de esta doctrina también se sustenta en un plano ideológico: el NSC sostiene que, si bien los padres fundadores de Estados Unidos expresaron una preferencia por la no intervención, una adhesión estricta a ese principio resulta irreal para un país cuyos intereses son tan amplios y diversos como los de Estados Unidos.
La doctrina actualizada en la práctica
Washington ya está desplegando fuerza militar en el hemisferio occidental bajo el pretexto de combatir el narcotráfico. A mediados de 2025, se reportó la presencia de aproximadamente 10,000 efectivos militares a lo largo de la frontera sur de Estados Unidos, una señal dirigida a México sobre la posibilidad de una intervención militar.
El 13 de noviembre de 2025, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, anunció la Operación Southern Spear. La operación fue encabezada por el Comando Sur de Estados Unidos (SOUTHCOM, por sus siglas en inglés), cuya área de responsabilidad comprende Centroamérica, Sudamérica y el Caribe. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, afirmó que Estados Unidos continuaría utilizando la fuerza militar para combatir el narcotráfico en el Caribe.
Según The Washington Post, una importante fuerza naval estadounidense fue desplegada frente a las costas de Venezuela, incluyendo el grupo de ataque del portaaviones USS Gerald R. Ford, destructores, un submarino de propulsión nuclear, buques de asalto anfibio, bombarderos estratégicos B-52 y aviones de combate F-35. A lo largo de varios meses, las fuerzas estadounidenses habrían destruido aproximadamente 20 embarcaciones y causado la muerte de cerca de 80 personas. El presidente colombiano Gustavo Petro afirmó que uno de los ataques mató a un pescador y no a un narcotraficante, lo que sugiere que la campaña militar provocó víctimas civiles.
La campaña Southern Spear culminó con la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro el 3 de enero de 2026, durante la Operación Absolute Resolve. El Senado de Estados Unidos elogió la operación por su eficacia para enfrentar la inestabilidad regional en América Latina. Estados Unidos justificó sus acciones acusando a Maduro de “narcoterrorismo” y de mantener vínculos con el Cártel de los Soles, al que Washington designó como SDGT en julio de 2025 y como FTO en noviembre del mismo año.
Sin embargo, las acusaciones de “narcoterrorismo” contra Maduro plantean serios interrogantes. El elemento central de la acusación — el Cártel de los Soles, presuntamente encabezado por funcionarios venezolanos — no se presenta como una organización identificable, sino más bien como un término utilizado comúnmente para referirse a determinados sectores de las Fuerzas Armadas venezolanas. Además, la realización de una operación militar en territorio venezolano sin autorización del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas constituye una violación directa de la Carta de la ONU.
Igualmente revelador fue el indulto otorgado por Donald Trump al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, quien había sido condenado en Estados Unidos por tráfico de cocaína y sentenciado a 45 años de prisión. En el contexto de la operación de seguridad en Venezuela, este hecho sugiere que la llamada guerra contra las drogas no se aplica como un principio coherente, sino como un instrumento selectivo de presión política.
El objetivo central de la política estadounidense hacia Venezuela es el control de las mayores reservas probadas de petróleo del mundo. Donald Trump reconoció implícitamente esta finalidad al afirmar que el petróleo obtenido en Venezuela podría convertirse en un activo para Washington. Esta postura recuerda declaraciones anteriores en las que defendió la apropiación de los recursos petroleros de Irak, Siria y Libia, reflejando la idea de que el poder de Estados Unidos le otorga el derecho de controlar recursos extranjeros o explotarlos en su propio beneficio. Asimismo, la administración presentó la propuesta del secretario de Estado Marco Rubio para asumir el control indefinido de las exportaciones petroleras venezolanas. Trump sostuvo que los ingresos obtenidos se utilizarían para reconstruir la propia Venezuela. En este contexto, la designación de los cárteles del narcotráfico como organizaciones “terroristas” parece funcionar como un pretexto para el uso de la fuerza con el fin de asegurar el control de recursos estratégicos.
México como el principal opositor a la nueva política
Si Venezuela se convirtió en un ejemplo de intervención militar, México pasó a ser un ejemplo de resistencia política frente a la nueva estrategia estadounidense. El gobierno de Claudia Sheinbaum respondió de manera decidida, demostrando su disposición a defender la soberanía nacional. El 20 de febrero de 2025 se presentaron proyectos de reforma a los artículos 40 y 19 de la Constitución. Para el 1 de abril de 2025, la reforma había sido aprobada. El artículo 40 fue complementado con una disposición que establece que “el pueblo de México no aceptará, bajo ninguna circunstancia, intervenciones, injerencias ni cualquier acto proveniente del extranjero que atente contra la integridad, independencia o soberanía de la nación”. Asimismo, se prohibieron las investigaciones y los procesos penales realizados en territorio mexicano sin la autorización de las autoridades del país. El artículo 19 también fue reformado para establecer las sanciones más severas posibles contra el tráfico de armas.
Sheinbaum enfatizó que Estados Unidos es libre de designar a las organizaciones criminales como considere conveniente, pero que México no tolerará injerencias en sus asuntos internos y solo aceptará la cooperación entre ambos países. Al mismo tiempo, el gobierno mexicano continuó su campaña contra los fabricantes estadounidenses de armas de fuego. Hasta el 70% de las armas incautadas a los cárteles del narcotráfico provienen de Estados Unidos. Esto pone de manifiesto la contradicción de la política estadounidense: mientras Washington declara que la lucha contra los cárteles es una prioridad nacional, al mismo tiempo sigue siendo su principal fuente de armamento.
México ha buscado durante años combatir el flujo ilícito de armas procedentes de Estados Unidos. En 2021, promovió con éxito la adopción de la Resolución 2616 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, orientada a combatir el tráfico ilícito de armas. Asimismo, recurrió a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, argumentando que la Protection of Lawful Commerce in Arms Act (PLCAA) es incompatible con el derecho internacional. Sin embargo, la demanda presentada por el gobierno mexicano ante la Corte Suprema de Estados Unidos fue desestimada en junio de 2025. El tribunal resolvió que la PLCAA otorga inmunidad a los fabricantes de armas de fuego y que los demandantes no lograron demostrar que las empresas hubieran facilitado deliberadamente el tráfico ilegal de armas.
Reacciones regionales
Los países de América Latina respondieron de manera diferente a la decisión de Estados Unidos de designar a los cárteles como FTO y como SDGT. En términos generales, los gobiernos de derecha respaldaron la postura de Washington, mientras que la mayoría de las administraciones de izquierda condenaron la posibilidad de una intervención militar extranjera. Esta divergencia puso de manifiesto las profundas divisiones políticas existentes en la región.
Brasil adoptó la postura más firme. El gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva rechazó la designación de las organizaciones criminales brasileñas PCC y CV como organizaciones terroristas. Su principal argumento fue que esa clasificación podría proporcionar a Estados Unidos un pretexto para intervenir en los asuntos internos de Brasil bajo el argumento de la lucha contra el terrorismo. Además, la legislación brasileña (Ley N.º 13.260/2016) exige que el terrorismo esté motivado por objetivos políticos, ideológicos o religiosos, criterios que las organizaciones criminales con fines económicos no cumplen.
La designación de los grupos brasileños como FTO por parte de Estados Unidos representó un revés diplomático para la administración de Lula. La decisión fue anunciada un día después de que Flávio Bolsonaro se reuniera con Donald Trump en Washington. Bolsonaro y sus aliados políticos habían promovido públicamente esta designación durante más de un año, presentando la oposición de Lula como una supuesta prueba de los presuntos vínculos del Partido de los Trabajadores (PT) con el crimen organizado.
El presidente colombiano Gustavo Petro también criticó enérgicamente las acciones de Estados Unidos y declaró que su gobierno “rechaza cualquier acción militar unilateral que pueda poner en riesgo a la población civil”. Por su parte, Donald Trump describió a Colombia como “un país tan enfermo como Venezuela” y advirtió a Petro que podría correr la misma suerte que Maduro.
En enero de 2026, seis países — Brasil, México, España, Chile, Colombia y Uruguay — emitieron una declaración conjunta en la que condenaron la operación militar estadounidense en Venezuela y advirtieron que una acción militar unilateral constituía un precedente peligroso. Asimismo, reafirmaron su compromiso con la preservación de América Latina y el Caribe como una zona de paz basada en el principio de no intervención.
Sin embargo, a mediados de 2026 el panorama regional había cambiado considerablemente. Un giro político más amplio hacia la derecha dio lugar a cambios de gobierno en Chile y Colombia, donde las nuevas administraciones adoptaron una política de mayor alineamiento con Estados Unidos. En consecuencia, de los cinco países latinoamericanos (excluyendo a España) que inicialmente se habían opuesto a la intervención, solo Brasil, México y Uruguay mantuvieron esa posición.
Argentina, Paraguay y varios otros gobiernos de derecha de la región mantuvieron de manera constante una postura favorable a Estados Unidos. La administración del presidente Javier Milei celebró la captura de Nicolás Maduro, calificándola como “un paso decisivo hacia adelante”. De igual forma, el presidente paraguayo Santiago Peña describió la caída de Maduro como “una buena noticia”. Ambos gobiernos ya habían designado previamente al PCC y al CV como organizaciones terroristas.
Conclusión
La decisión de designar a los cárteles del narcotráfico de América Latina como Organizaciones Terroristas Extranjeras marcó un punto de inflexión en la política de Estados Unidos hacia el hemisferio occidental. Formalmente, esta designación impone sanciones financieras y restricciones en materia migratoria. En la práctica, sin embargo, se ha convertido en un instrumento de securitización que permite a Estados Unidos justificar una mayor presencia militar, el ejercicio de jurisdicción extraterritorial y la intervención directa en los asuntos internos de Estados soberanos.
Un elemento central de esta nueva estrategia es el resurgimiento de la Doctrina Monroe en su versión más firme: el “Corolario Trump”. Este enfoque devuelve a Estados Unidos a una política de intervenciones militares unilaterales, aunque mediante nuevos mecanismos jurídicos. Al designar a los cárteles del narcotráfico como organizaciones terroristas extranjeras, Washington crea un marco legal para realizar operaciones extraterritoriales, mientras que la legislación antiterrorista sirve como fundamento jurídico para ampliar su presencia militar. Desde el principio de “América para los americanos”, proclamado en 1823, pasando por el Corolario Roosevelt de 1904, la doctrina ha evolucionado hacia una concepción en la que la acción militar unilateral se justifica no solo por el poder militar, sino también mediante argumentos jurídicos cada vez más flexibles.
La operación en Venezuela constituye un ejemplo especialmente ilustrativo de este enfoque: la captura de un presidente en funciones en violación de la Carta de las Naciones Unidas. Del mismo modo, el indulto otorgado por Donald Trump al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, condenado por narcotráfico, demuestra que la llamada guerra contra las drogas puede funcionar como un instrumento selectivo de presión política, más que como un principio aplicado de manera coherente.
Para Rusia, estos acontecimientos generan tanto riesgos como oportunidades. El fortalecimiento de la posición de Estados Unidos en América Latina y el giro político de la región hacia la derecha amenazan los intereses y proyectos rusos. Al mismo tiempo, la resistencia de países como México y Brasil, junto con las preocupaciones por las violaciones del derecho internacional en Venezuela, brindan a Moscú la oportunidad de cuestionar la política estadounidense en los foros internacionales y presentarse como defensor de un orden internacional multipolar.
El futuro de América Latina dependerá de la capacidad de la región para formular una respuesta unificada frente a las injerencias externas. Sin embargo, en la actualidad esa unidad parece cada vez menos probable. El número de gobiernos de derecha que buscan una cooperación más estrecha con Estados Unidos continúa aumentando, mientras que disminuye de forma constante el número de gobiernos dispuestos a desafiar abiertamente a Washington.
