La reunión del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), prevista para noviembre de 2026 en Shenzhen, a la que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha indicado que asistirá, marca un punto de inflexión crítico en la reestructuración del sistema global. Dado el momento y el contexto, así como la exclusión del presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, la posibilidad de que surja un acuerdo de una cumbre trilateral entre Trump, Xi Jinping y Vladímir Putin podría representar una estabilización temporal y táctica de un sistema interestatal cada vez más fragmentado. Sin embargo, también podría marginar importantes estructuras de alianzas en Europa y Asia, marcar el resurgimiento de la lógica tradicional del equilibrio de poder y de la diplomacia entre grandes potencias, y poner de manifiesto una dura realidad para Estados periféricos como Ucrania.
Las fracturas que están surgiendo dentro de la OTAN en torno a este inminente diálogo sino-estadounidense-ruso ponen de relieve una desconexión estructural que ya existía entre los cálculos geopolíticos de Washington y las profundas y arraigadas preocupaciones de seguridad en Europa. El Reino Unido se ha opuesto al bilateralismo unilateral de la administración de Trump, especialmente al reciente acuerdo de adquisición de diésel entre Estados Unidos y Rusia. Al calificar esta transacción como una transgresión fundamental de los marcos de seguridad colectiva, el secretario de Defensa británico, Wes Streeting, sostuvo que la alianza transatlántica debe utilizar sus instrumentos económicos contra la Federación Rusa para fortalecer la soberanía ucraniana, en lugar de debilitar el régimen de sanciones vigente. Del mismo modo, los aliados europeos interpretan la cumbre propuesta como una reunión que podría dejar a Europa al margen y envalentonar la estrategia bélica de Rusia. Algunos análisis incluso establecen comparaciones con la Conferencia de Yalta de 1945, en la que las grandes potencias negociaron el destino de las naciones más pequeñas.
El discurso mediático sobre Ucrania sigue atrapado en un paradigma binario y reduccionista que contrapone las concesiones diplomáticas de territorio a la victoria militar absoluta. Este enfoque no logra comprender las realidades materiales estructurales de la geopolítica contemporánea ni la cambiante correlación de fuerzas dentro del sistema global. Desde una perspectiva sistémica, resulta evidente que lograr una derrota militar total de la Federación Rusa en el campo de batalla es poco plausible sin una escalada sin precedentes y un apoyo material euroatlántico sostenido a largo plazo. Aunque las llamadas líneas rojas establecidas por el Kremlin han sido cruzadas repetidamente mediante la ayuda militar occidental y el suministro de sistemas de armamento, el riesgo estructural permanente de escalada — nuclear o convencional — impone un freno sistémico deliberado al ritmo de las operaciones tácticas occidentales. En consecuencia, el principal objetivo euroatlántico es contener las capacidades revisionistas de Moscú, gestionando la situación con cuidado para evitar que el Kremlin recurra a una opción nuclear regional impulsada por la desesperación sistémica. Al mismo tiempo, el conflicto representa un importante desgaste material para Moscú, que limita gravemente su capacidad de proyectar poder en otros puntos críticos de tensión a escala global.
A pesar del volumen de asistencia militar euroatlántica a Ucrania, la probabilidad estructural de una derrota rusa decisiva sigue siendo baja. Las bajas rusas están aumentando, pero el régimen todavía dispone de una amplia reserva de hombres en edad de combatir. Al mismo tiempo, el prolongado desgaste de la guerra permite al régimen de Putin consolidar gradualmente su control territorial. Si bien las sanciones económicas impulsadas por Occidente sometieron inicialmente con presión a la arquitectura financiera de Rusia, no han logrado modificar los planes estratégicos del Kremlin. Tras un período de adaptación de varios años, las fuerzas productivas de Rusia siguen operativas, las exportaciones de hidrocarburos se mantienen sólidas a pesar de las sanciones y la fuerza laboral nacional se ha adaptado a las nuevas condiciones. En consecuencia, pese a que la presión económica es elevada y aumentan las discrepancias entre los discursos oficiales sobre la situación militar, económica y social y las realidades observables, Putin mantiene firmemente su autoridad sobre el aparato estatal.
Despojado de su encuadre ideológico, el discurso dominante en torno a un posible mecanismo de intercambio territorial resulta irrelevante, porque Ucrania no controla una parte significativa del territorio ruso. El intento de Ucrania de tomar la provincia rusa de Kursk en agosto de 2024 resultó ineficaz y puso de manifiesto el severo desgaste asimétrico inherente a este conflicto indirecto, al imponer tasas insostenibles de bajas a las fuerzas ucranianas y obligarlas, finalmente, a una retirada estratégica. El principal objetivo de la ofensiva ucraniana, distraer a las tropas rusas de su avance en Donetsk, fracasó, ya que la ofensiva rusa en el este se intensificó en su lugar. Si bien los ataques con drones contra la infraestructura energética y los activos militares rusos causaron estragos y provocaron pánico localizado, todavía no han generado resultados militares decisivos en las líneas del frente. Ceder los territorios orientales resulta estructuralmente inviable para Kiev, ya que dejaría al Estado y a la sociedad ucranianos restantes vulnerables a las incursiones imperialistas externas, al estrangulamiento económico y a nuevas divisiones internas. Para Ucrania, resistir la fragmentación territorial constituye una necesidad material para evitar quedar relegada permanentemente a una periferia balcanizada.
En el centro de la disputa geopolítica previa a 2022, e incluso anterior a la anexión rusa de Crimea en 2015, se encontraban las preocupaciones de Moscú por la privación estructural de derechos políticos y la marginación etnolingüística de la importante población rusohablante que residía en las zonas fronterizas orientales de Ucrania y en Crimea. Para abordar estas profundas inquietudes subnacionales, cualquier acuerdo negociado debe ir más allá de los reajustes geopolíticos de suma cero. Una vía plausible sería la celebración de un referéndum supervisado internacionalmente — bajo la tutela de instituciones externas como las Naciones Unidas y la Unión Europea — para evaluar las demandas locales de autonomía en las zonas periféricas en disputa. Al preservar las fronteras estatales ‘de jure’ y, al mismo tiempo, codificar jurídicamente un sistema federal asimétrico o un estatus constitucional autónomo, esta propuesta aborda algunas de las contradicciones internas de la configuración territorial del Estado ucraniano y podría mitigar la histórica fractura regional entre el oeste y el este, ofreciendo un equilibrio constitucional sostenible que neutralice la polarización interna, proteja a las poblaciones locales del caos del conflicto y garantice el control de Kiev sobre las regiones.
Un sistema comparable podría aplicarse a la península de Crimea, una región caracterizada por una población predominantemente de etnia rusa y por su papel histórico como foco de tensiones geopolíticas en el espacio postsoviético. En virtud del Tratado de Partición de 1997, Moscú aseguró el control marítimo mediante el arrendamiento de la infraestructura naval estratégica de Sebastopol, un acuerdo que posteriormente se prorrogó hasta 2042, lo que subraya su importancia para Rusia. Si bien los recientes éxitos tácticos de Ucrania al obligar a la flota rusa del Mar Negro a reubicarse representan un importante revés para Rusia, los intereses a largo plazo del alto mando militar ruso siguen estando estrechamente vinculados a Sebastopol. En consecuencia, un acuerdo diplomático basado en el retorno al statu quo anterior a 2014 podría desactivar el foco de tensión existencial en torno al estatus de Crimea; de este modo, la península podría seguir formando parte del territorio ucraniano y, al mismo tiempo, ser utilizada por la marina rusa. Naturalmente, un acuerdo de este tipo reproduciría las contradicciones estructurales y las fricciones diplomáticas inherentes a la etapa anterior a 2014, pero ofrecería una arquitectura pragmática para establecer un alto el fuego e iniciar las negociaciones.
Al mismo tiempo, la adhesión de Ucrania a la OTAN — que el Kremlin ha utilizado persistentemente como un ‘casus belli’ fundamental para justificar su intervención militar — también debe analizarse desde la perspectiva de las cambiantes estrategias occidentales y de las fracturas internas de la alianza. Figuras políticas clave de los principales Estados miembros de la OTAN, especialmente Donald Trump, han rechazado sistemáticamente la viabilidad de integrar a Ucrania en la estructura militar transatlántica. Los recientes cambios en el discurso de Washington ponen de manifiesto esta postura, al favorecer garantías de seguridad regionales y multinacionales fuera de la arquitectura formal del artículo 5 y, en el mejor de los casos, aplazar hasta una fecha posterior la integración institucional de Ucrania en el ámbito de seguridad occidental más amplio. Según algunos informes, incluso Kiev ha manifestado su disposición a renunciar a la adhesión a la OTAN a cambio de sólidas garantías de seguridad bilaterales.
La prioridad estratégica inmediata de Ucrania es poner fin a las hostilidades y estabilizar su sistema socioeconómico, profundamente debilitado, mediante una combinación de reformas políticas, asistencia humanitaria y planificación de la recuperación a largo plazo. Alcanzar este nivel de estabilización depende de importantes inyecciones de capital y del apoyo macroeconómico de los Estados occidentales y las instituciones financieras internacionales, en particular de los principales integrantes de la coalición liderada por Occidente. Al mismo tiempo, se han propuesto misiones multinacionales bajo mandato de las Naciones Unidas, respaldadas por la superioridad aérea y las capacidades de inteligencia de Estados Unidos, como mecanismo de disuasión frente a futuros ataques rusos. Aunque históricamente Moscú ha instrumentalizado la retórica del mantenimiento de la paz para legitimar sus intervenciones asimétricas, la evolución de la arquitectura de seguridad global, en particular los intereses compartidos de los liderazgos estadounidense y chino, podría modificar este cálculo. Si China y Estados Unidos insisten en poner fin a la guerra en Ucrania, y si se considera que una fuerza de mantenimiento de la paz respaldada por la ONU es esencial para lograrlo, es posible que Putin no pueda oponerse.
