El 3 de enero de 2026, Estados Unidos llevó a cabo una operación militar sorpresa en Venezuela, capturando al presidente Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores. EE. UU. ha hecho poco esfuerzo por disfrazar su operación con un lenguaje solidarista, como apelaciones a la promoción de la democracia, los derechos humanos o la construcción liberal de la paz, ni con una retórica pluralista que enfatice la preservación del orden internacional. En cambio, Washington ha presentado la acción en términos principalmente instrumentales y estratégicos, señalando su disposición a eludir ambas tradiciones justificatorias dominantes en la sociedad internacional. Mientras que Maduro y Flores enfrentan cargos de conspiración de narcoterrorismo y conspiración de importación de cocaína, los debates internacionales se centran en el futuro del petróleo venezolano (Poque González 2026). El 7 de enero, funcionarios de la administración dijeron que EE. UU. planea asumir efectivamente el control de la venta del petróleo venezolano “indefinidamente” (Sherman 2026), y el presidente Donald Trump confirmó que esperaba que EE. UU. gestionara Venezuela, insistiendo en que el gobierno interino del país “nos está dando todo lo que sentimos que es necesario” (Sanger et al. 2026).
La atención se centra no solo en los planes de Washington para el sector petrolero venezolano y el control de sus ingresos por exportación, sino también en las respuestas de Moscú y Pekín, principales aliados extranjeros de Maduro y actores de peso en la política energética. En consecuencia, este artículo plantea dos preguntas. Primero: ¿hasta qué punto el control estadounidense del petróleo venezolano amenaza los intereses energéticos de China y Rusia? Segundo: ¿qué implica el triángulo resultante EE. UU.–China–Rusia para la redefinición de la seguridad energética? Una perspectiva constructivista reconoce que el petróleo es una idea, valiosa no solo por su combustión, sino porque el control sobre él simboliza poder y autoridad (Kuteleva 2021). Así, cuando EE. UU. reclama el derecho a supervisar los ingresos petroleros venezolanos, no solo aumenta su influencia sobre los barriles, sino que también afirma la autoridad para definir la legitimidad del intercambio energético en sí. En este contexto, si bien la amenaza material es limitada para China y ya en gran parte consolidada para Rusia, la amenaza simbólica, institucional y política es profunda.
Una interpretación constructivista directa del triángulo EE. UU.–China–Rusia se centra en el estatus. China había cultivado a Venezuela como una “alianza estratégica integral” (Ministerio de Relaciones Exteriores de PRC 2025b) y como un gran deudor, solo para ver a Maduro capturado días después de que altos funcionarios chinos visitaran Caracas (Ministerio de Relaciones Exteriores de PRC 2025a). En términos constructivistas, esto constituye una lesión evidente al estatus: China parecía presente pero impotente. Su diplomacia energética funcionaba como prueba de su influencia global, y la anulación por la fuerza estadounidense de los lazos energéticos de China con Venezuela socava la narrativa china como un protector del Sur Global. Pekín acusó a Washington de “pensamiento hegemónico” (Liu y Chen 2026), “intimidación” (Global Times 2026a) y de violar la soberanía venezolana y “los derechos del pueblo venezolano” (Global Times 2026b). Este lenguaje pluralista fuerte no es incidental: es un intento de recuperar autoridad moral y redefinir el evento como una violación de normas más que como una demostración de capacidades.
De manera similar, la participación de Rusia en Venezuela nunca fue puramente económica. Moscú veía la alianza con Venezuela como un medio para avanzar en su agenda antiestadounidense y para señalar que podía cultivar aliados en el tradicional patio trasero de Washington (Boersner Herrera y Haluani 2023; Gratius 2022; Herbst y Marczak 2019). Moscú usó a Venezuela como apalancamiento frente a EE. UU., subvencionó al régimen durante períodos de recesión doméstica y presentó su apoyo como prueba de la confiabilidad de una gran potencia. Como dijeron altos ejecutivos rusos: “las consideraciones económicas quedaron en segundo plano frente a los objetivos políticos de golpear a EE. UU.” (Seddon y Stognei 2026).
El control estadounidense del petróleo venezolano elimina, por lo tanto, una plataforma simbólica sobre la cual Rusia ejercía su identidad como superpotencia energética y perturbador geopolítico. Si bien Rusia continúa hablando fuertemente de soberanía, su incapacidad demostrada para proteger a sus aliados la empuja hacia negociaciones oportunistas (acuerdos de “concierto”, véase Lemke 2023) en lugar de una defensa abierta de la moderación pluralista de la ONU. En este sentido, Dmitry Medvedev (2026) afirmó sin rodeos que la operación militar especial de EE. UU. en Venezuela prácticamente justifica las propias acciones de Rusia en Ucrania.
Venezuela no es un proveedor central para China en términos volumétricos. En 2025, las exportaciones venezolanas a China promediaron aproximadamente 395,000 barriles por día, alrededor del 4% de las importaciones chinas de crudo por vía marítima, según datos de Kpler citados por el FT (Leahy y Moore 2026). China ha diversificado sus rutas, cuenta con reservas estratégicas que cubren al menos 96 días de importaciones y posee un fuerte poder de compra en los mercados globales (Downs 2025). Por lo tanto, desde una perspectiva estrictamente de suministro, la pérdida del petróleo venezolano es manejable. Dicho esto, alrededor de una quinta parte de las importaciones de crudo de China provienen de proveedores bajo sanciones de EE. UU. o de occidente, principalmente Irán, Venezuela y Rusia, gran parte de ellas disfrazadas mediante transbordos cerca de Malasia (Downs 2025). Las refinadoras pequeñas independientes (“teapot refiners”) (Downs 2017) — que representan aproximadamente una cuarta parte de la capacidad de refinación de China — dependen estructuralmente de este petróleo con descuento y políticamente riesgoso.
En consecuencia, la toma de control de Maduro por parte de Trump alarmó a China no principalmente por Venezuela en sí, sino porque demostró la capacidad de Washington de escalar desde sanciones hasta el control físico de un sector energético, y potencialmente hacia Irán. Aquí, el constructivismo revela el problema: el “petróleo sancionado” no es simplemente crudo más barato; es una categoría política — petróleo marcado como ilegítimo por un orden legal-financiero dominante. La acción de EE. UU. indica que este estigma puede convertirse en autoridad coercitiva, transformando la vulnerabilidad comercial en dependencia geopolítica. Esta reclasificación convierte a los actores domésticos chinos en sujetos de seguridad. Las refinadoras independientes ya no son solo negocios; se vuelven vulnerabilidades estratégicas cuya supervivencia depende de la tolerancia estadounidense. Los análisis advierten que un corte del petróleo iraní podría obligar a muchas a cerrar por completo (Leahy y Moore 2026). En este contexto, el control estadounidense del petróleo venezolano redefine el discurso de seguridad energética chino, pasando de diversificación y acceso al mercado a jerarquía y exposición a la autorización política.
Los intereses petroleros de Rusia en Venezuela ya habían sido en gran medida depreciados años antes. En 2020, Rosneft había vendido la mayoría de los activos formales después de invertir alrededor de 800 millones de dólares en préstamos y proyectos que produjeron poco retorno (The Economist 2020). Gran parte de la exposición restante consistía en deudas y arreglos de propiedad encubiertos. Más importante aún es el daño a la arquitectura rusa de evasión de sanciones. Rusia se había convertido en el principal comercializador de petróleo venezolano al intercambiar crudo como pago de deudas y utilizar bancos parcialmente propiedad de instituciones rusas sancionadas, creando lo que el informe de 2019 del Atlantic Council describió como “un sistema financiero alternativo al dominado por Occidente” (Herbst y Marczak 2019). Los recientes reportes sobre el seguimiento por parte de EE. UU. de un petrolero vinculado a Venezuela, Rusia e Irán ilustran cómo este sistema paralelo está siendo cuestionado operativamente (Sheppard et al. 2026). El buque navegaba bajo banderas falsas, fue sancionado por transportar petróleo iraní, luego se volvió a registrar bajo jurisdicción rusa y se volvió vulnerable a ser abordado bajo la Convención de la ONU sobre el Derecho del Mar por estar “sin nacionalidad”.
Estos episodios muestran que la seguridad energética está cada vez más constituida por el derecho marítimo, las normas de seguros y las prácticas de vigilancia. El control estadounidense sobre el petróleo venezolano amplía este régimen de aplicación, haciendo que las redes comerciales informales de Rusia sean menos viables. Un enfoque constructivista sugiere que el control estadounidense del petróleo venezolano se entiende mejor no como un shock de suministro, sino como un acto de estratificación social en el sistema internacional.
Los mercados energéticos siempre han sido jerárquicos, pero la jerarquía era en gran medida implícita: monedas de reserva, seguros de transporte, bolsas de futuros y derecho contractual ya privilegiaban a las instituciones occidentales. Lo nuevo es la demostración explícita de la jerarquía: la exhibición pública de que una gran potencia puede redefinir propiedad, legalidad y acceso mediante coerción y autoridad administrativa. Esto produce un orden energético estratificado: primero, los que hacen las reglas: estados cuyos sistemas legales, regímenes de sanciones y actores corporativos definen qué cuenta como petróleo legítimo (principalmente EE. UU. y sus aliados). Segundo, los que acatan las reglas: estados cuya seguridad energética depende del acceso a estas instituciones (la mayoría de los importadores). Y tercero, los que evaden las reglas: estados forzados a redes informales (Rusia, Irán, Venezuela) cuyo petróleo se vuelve socialmente “contaminado”. China ocupa una categoría intermedia inestable: económicamente poderosa pero dependiente institucionalmente. La toma de control de Venezuela señala públicamente que el poder material es insuficiente sin control normativo sobre la legalidad.
Referencias
