En la relación bilateral entre Estados Unidos y México, la palabra “seguridad” funciona como una bisagra: puede abrir puertas de cooperación o cerrar de golpe cualquier intento de entendimiento. La frontera más transitada del mundo, una economía profundamente integrada y una crisis de salud pública en Estados Unidos asociada al consumo de fentanilo han configurado, en los últimos años, un escenario donde los intereses convergen, pero también donde se acumulan desconfianzas históricas, asimetrías estructurales y tentaciones unilaterales.
Aunque la tensión latente entre ambos países existe, no fue hasta comienzos de enero 2026 – específicamente después de la captura de Maduro por parte de Estados Unidos – cuando esa tensión se volvió más visible. En México creció la inquietud ante señales y “movimientos” militares estadounidenses — reales, percibidos o ampliados mediáticamente — que fueron leídos no tanto como preparativos inmediatos de una intervención estadounidense, sino como mensajes políticos en un contexto donde el discurso político en Washington vuelve a coquetear con una idea de alto voltaje: la posibilidad de enviar tropas, realizar incursiones o ejecutar acciones armadas en territorio mexicano para combatir a los cárteles del narcotráfico mexicano – recientemente catalogados como organizaciones terroristas en Estados Unidos.
Muchos analistas comparten la idea, de que la relevancia de estos episodios no reside únicamente en su dimensión operativa, sino que tiene un valor más simbólico dentro de una estrategia de presión diplomática más amplia.
Tres corrientes que alimentan la tentación intervencionistas
La idea de una intervención estadounidense en México no ha surgido de la nada, de hecho, se podría decir que hay tres corrientes simultáneas que nutren dicha idea.
La primera es doméstica, inherente a la situación interna de Estados Unidos. La crisis del fentanilo se ha convertido en uno de los principales problemas de salud pública del país, con decenas de miles de muertes anuales. Esta crisis ha sido usada y traducida por amplios sectores políticos en una narrativa de amenaza externa. En ese marco, los cárteles mexicanos son presentados como actores transnacionales equiparables a organizaciones terroristas, lo que habilita — al menos discursivamente — el uso de herramientas excepcionales en su contra. Además, como señalan varios análisis publicados en medios estadounidenses y retomados por la prensa mexicana, esta narrativa tiene una clara utilidad electoral en donde existe una presión por ofrecer soluciones “visibles” – o tangibles – y de impacto inmediato, aun cuando sus costos estratégicos sean elevados. Todo en el contexto de la lucha contra el tráfico de drogas.
La segunda corriente es la realidad mexicana. La persistencia de altos niveles de violencia y corrupción en el aparato institucional, la fragmentación del control territorial y la penetración desigual de redes criminales a nivel local alimentan la percepción, en Washington, de que México no está haciendo “lo suficiente”. La política de seguridad mexicana ha oscilado entre intentos de control territorial, estrategias de contención y la administración de un conflicto crónico que no logra resolverse ni escalarse completamente. Desde fuera, esa ambigüedad suele interpretarse como incapacidad o falta de voluntad; desde dentro, por otro lado, como una adaptación pragmática a un problema estructural de largo plazo.
La tercera corriente es histórica y simbólica. Para México, cualquier mención de una intervención militar estadounidense trae a la memoria archivos de agravios pasados como la pérdida territorial de la mitad de su territorio en el siglo XIX, ocupaciones, presiones diplomáticas y episodios de subordinación. Por ello, incluso cuando la cooperación bilateral es intensa — y lo es —, el margen político para formalizar o aceptar presencia militar extranjera en territorio mexicano es prácticamente inexistente. Analistas del Consejo Mexicano y del CESPEM nos recuerdan y subrayan que el principio de no intervención no es solo un elemento doctrinario de la política exterior mexicana, sino un pilar de legitimidad interna.
La arquitectura real de la cooperación
A pesar del ruido mediático y del dramatismo del debate público, la cooperación en materia de seguridad entre México y Estados Unidos es amplia, constante y profundamente integrada. Desde hace décadas, ambos países colaboran en el intercambio de inteligencia, el control fronterizo, acciones judiciales, el combate al lavado de dinero y las operaciones contra redes criminales, con resultados dispares. Sin embargo, recientemente el formato ha cambiado: hoy se privilegian mecanismos técnicos y discretos por encima de grandes planes públicos. Al mismo tiempo, se enfatiza el intercambio de inteligencia y la cooperación operativa bajo líneas rojas claramente definidas en materia de soberanía.
Aun así, esta arquitectura tiene una paradoja central. Cuanto más integrada es la cooperación, más frágil se vuelve políticamente, ya que depende de la confianza entre los gobiernos y de la capacidad de ambos para justificarla ante sus audiencias internas crecientemente polarizadas. Es por eso que en México, cualquier percepción de subordinación puede erosionar la legitimidad del gobierno; mientras que en Estados Unidos, cualquier señal de “blandura” frente a los cárteles puede convertirse en una munición electoral.
En enero de 2026, esta dinámica se evidenció claramente con la transferencia de 37 personas vinculadas a organizaciones criminales desde México hacia Estados Unidos, en un contexto donde ya se contabilizan más de 90 entregas en menos de un año. Más allá de su impacto judicial, aunque el gesto tuvo una clara dimensión política – mostrar “resultados” tangibles para reducir la presión proveniente de Washington y desactivar la tentación de acciones unilaterales –. Su carácter es fundamentalmente simbólico y maquilla un dilema más profundo para el gobierno mexicano.
Desde la óptica mexicana, la señal es ambivalente. Por un lado, busca demostrar que el Estado conserva capacidad de acción y puede golpear a estructuras criminales sin aceptar una tutela militar extranjera. Por otro lado, reconoce implícitamente que la relación bilateral opera bajo un régimen de evaluación permanente, donde la percepción estadounidense sobre la eficacia mexicana condiciona el nivel de presión política y la retórica. En otras palabras, se trata de una subordinación condicionada.
En Estados Unidos, en cambio, estos gestos siguen siendo percibidos como insuficientes por los sectores políticos influyentes. Y es que la razón es que el problema se mide en indicadores que no se resuelven con una extradición masiva: la disponibilidad de drogas sintéticas, las muertes por sobredosis, la capacidad industrial de los laboratorios clandestinos, el control territorial de rutas o el flujo de armas hacia el sur, entre otros. Dada la influencia de estos sectores y el impacto del fenómeno en territorio estadounidense, el tema suele utilizarse como un arma electoral doméstica, muchas veces destacando posibles soluciones “visibles” – tropas, drones, incursiones – sin considerar los costos estratégicos.
Narcotráfico, política y corrosión institucional
Hablar del involucramiento del narcotráfico en el Estado mexicano exige precisión analítica. No se trata de una captura homogénea del “gobierno” como un todo, sino de un fenómeno fragmentado y escalonado. Lo que numerosos reportajes e investigaciones han documentado y señalado de forma recurrente es un mosaico de cooptaciones locales con consecuencias a nivel nacional e incluso internacional: policías municipales infiltradas, autoridades regionales presionadas o compradas, redes clientelares financiadas con recursos ilícitos y, en casos de alto impacto, vínculos con actores políticos que terminan convirtiéndose en temas de fricción bilateral, entre muchos otros ejemplos.
En esta fase de la relación con Estados Unidos, el punto político más explosivo no es únicamente la existencia de la corrupción, sino el uso político de esa corrupción como palanca de presión. Desde Washington, se ha insinuado que México debería ir más allá de las capturas operativas y tocar a figuras políticas con presuntos vínculos con el crimen organizado, incluso dentro del partido gobernante – MORENA. Sin embargo, para la administración mexicana, ese paso implicaría un costo interno altísimo y el riesgo de una desestabilización política. Además de una posible contradicción y legitimidad narrativa de MORENA sobre sus promesas de honestidad y transparencia que tanto ha defendido desde su llegada al poder.
Es aquí donde reside uno de los núcleos del dilema. Cuando el narcotráfico “invierte” en política, no busca solo impunidad; busca gobernanza. Controlar nodos estratégicos —aduanas, puertos, fiscalías locales, policías, alcaldías — permite administrar la violencia de manera funcional al negocio criminal. En ese contexto, la cooperación con Estados Unidos se convierte en un arma de doble filo. Si bien puede contribuir a desarticular redes criminales, también puede amplificar la narrativa de un “Estado fallido”, ya sea mediante la imposición de agendas externas o la exposición de debilidades institucionales. A su vez, esta percepción, arraigada en ciertos sectores políticos estadounidenses, suele traducirse en la promoción de respuestas o enfoques de carácter coercitivo.
Figure 1: Mapa de los cárteles en México en 2024. Fuente: Ioan Grillo. https://www.crashoutmedia.com/p/mexicos-cartel-map-2024
El ruido militar como lenguaje diplomático
Los reportes sobre una reciente actividad militar estadounidense inusual y amplificada en México, amplificados por medios regionales y retomados en México, han generado un clima de alarma que va más allá de la plausibilidad inmediata de una intervención. En este ambiente, lo relevante no es si un avión, un aviso de navegación o un despliegue fronterizo implican una acción inminente, sino el mensaje político que transmiten. Especialmente después de acciones militares estadounidense en la región y del mismo endurecimiento del discurso contra los cárteles.
En otras palabras, la demostración de capacidad – y la ambigüedad sobre las intenciones – se está usando o está funcionando como una forma de forzar y obtener concesiones en México: más cooperación, más acceso a inteligencia, más resultados medibles, más alineamiento. Desde esta perspectiva, la presión no busca necesariamente cruzar la línea roja de la intervención, sino acercarse lo suficiente como para extraer concesiones.
En consecuencia, la respuesta mexicana ha sido reiterativa y cuidadosamente calibrada: “cooperación sí, subordinación no”. Este encuadre, presente en declaraciones oficiales y en análisis de medios nacionales, busca marcar límites claros sin romper la relación. Es una estrategia defensiva – “de negociación” – que reconoce la asimetría de poder, pero intenta contenerla dentro de marcos institucionales.
El abanico de opciones y sus costos estratégicos
Cuando se habla de una “invasión”, el término suele polarizar más que explicar. Pero en el debate estadounidense, esta palabra suele ser más retórica que descriptiva. En la práctica, el abanico de opciones que circula en los medios es amplio y, a veces, peligroso, precisamente por ser gradual:
1. Ampliación de la presencia de asesores y enlaces en centros de mando. Esto es lo que México puede aceptar con mayor facilidad política si se mantiene bajo control institucional.
2. Operaciones conjuntas con participación directa de fuerzas estadounidenses (por ejemplo, acompañamiento en redadas). Esto es algo que, según reportes citados por medios, Estados Unidos ha buscado y México ha resistido consistentemente.
3. Acciones unilaterales “quirúrgicas” (por ejemplo, drones o despliegue de fuerzas especiales contra laboratorios o líderes criminales). Es algo militarmente factible, pero políticamente devastador.
4. Intervención sostenida (lo que el imaginario llama “invasión”). Es extremadamente costosa, además de que es difícil justificar legal y políticamente actualmente. Mas aun, detonaría una crisis bilateral mayor.
De lo anterior, el mayor riesgo estratégico se encuentra en los puntos intermedios. Las incursiones “limitadas” pueden parecer eficientes desde Washington, pero en México serían interpretadas como una violación directa de su soberanía, con efectos de cohesión nacionalista, ruptura de la cooperación bilateral e incluso como incentivos para que los grupos criminales se presenten como defensores del territorio. En este escenario, una acción unilateral de Washington podría llevar a México a restringir el intercambio de inteligencia, cerrar canales operativos y convertir el tema en una disputa permanente, precisamente cuando la coordinación es indispensable para golpear las cadenas logísticas del narcotráfico.
La posición de Sheinbaum: soberanía y concesiones calculadas
La presidenta Claudia Sheinbaum ha sido clara en su rechazado de manera reiterada a la entrada de tropas estadounidenses a México. Esa postura aparece una y otra vez en reportes y coberturas que enfatizan la negativa una intervención, pero sí apoyan la cooperación. Además, dicha postura responde tanto a convicciones históricas como a cálculos de estabilidad interna. Como ya se mencionó anteriormente, aceptar la presencia militar extranjera implicaría un alto costo político.
Al mismo tiempo, su gobierno ha intentado blindar la relación bilateral con acciones visibles: extradiciones, decomisos, controles portuarios y un discurso de resultados. Algunos medios, como El País, reporta que Sheinbaum ha defendido los avances y ha insistido en “respeto mutuo y responsabilidad compartida”, recordando que EE. UU. también debe atender su consumo interno y el tráfico de armas desde Estados Unidos.
Ese último punto — el tráfico de armas — es crucial, debido a que el mercado de armas en EE. UU. alimenta la capacidad de fuego de los cárteles en México. Para México, insistir en la “responsabilidad compartida” no es solo retórica o un argumento moral; es un intento de reequilibrar la narrativa y evitar que el problema se defina exclusivamente como una amenaza externa originada en México.
Figura 2: Muertes por intoxicación por opioides y otras drogas por cada 100,000 habitantes en Estados Unidos. Fuente: Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), Centro Nacional de Estadísticas de Salud, a través de la base de datos CDC WONDER.. https://statehealthcompare.shadac.org/trend/197/opioidrelated-and-other-drug-poisoning-deaths-per-100000-people-by-drug-type#32/1/162,163,127,125,126,129,128/21,19,20,9,10,11,12,13,14,1,2,3,4,5,6,7,8,15,24,25,27,32,37,42,76/233
Figura 3: Tráfico de armas ilegales de Estados Unidos a México
El factor Trump y el límite político estadounidense
En el discurso atribuido a Trump y su entorno, México aparece con frecuencia como un espacio donde el Estado está “dominado” por cárteles y, por tanto, se justificaría una acción excepcional. Ese encuadre aparece tanto en coberturas de prensa como en el debate político en EE. UU. Sin embargo, incluso en Estados Unidos hay alertas sobre el “desastre” que implicaría bombardear o intervenir en México: no solo por el impacto humano, sino por la consecuencia geopolítica de abrir un conflicto con un socio comercial clave y un vecino con el que se comparte frontera, migración, cadenas de suministro y seguridad regional.
Además, una operación militar en México no es comparable con una acción “de ultramar”. La proximidad hace que cualquier escalada tenga un retorno inmediato: tensiones fronterizas, afectación comercial, olas migratorias, radicalización política en ambos países, y un incentivo para que los grupos criminales respondan con violencia espectacular o terrorismo de baja intensidad, buscando precisamente romper la cooperación bilateral.
Conclusión
Estados Unidos y México comparten una crisis estructural — drogas sintéticas, violencia, armas, migración — pero no comparten la misma narrativa para explicarla ni las mismas herramientas para resolverla. Washington tiende a convertirla en una amenaza externa que exige una acción inmediata; México, por otro lado, tiende a verla como un problema interno con una dimensión binacional que exige cooperación sin intervención. Mientras esas narrativas no se reconcilien, la relación de seguridad seguirá siendo tensa, con cooperación, pero desconfianza al mismo tiempo.
En 2026, el fantasma del envío de tropas a México no es solo un escenario militar: es una herramienta de negociación, un símbolo identitario y una prueba de fuerza política. La salida menos costosa no es espectacular, pero es la única sostenible: una cooperación profunda con límites claros, corresponsabilidad (drogas, armas, dinero), fortalecimiento institucional y resultados verificables que permitan a ambos gobiernos decirle a sus sociedades que están actuando sin cruzar líneas que, una vez rotas, podrían convertir la frontera en un frente de batalla.
Además, hay que recordar que el narcotráfico no es un ejército convencional; es una economía criminal adaptativa. Golpear un nodo puede fragmentar y dispersar la violencia. En México, esa dinámica se ha visto: la decapitación de liderazgos puede generar guerras de sucesión y multiplicar víctimas, por lo que se debe tener cuidado en la estrategia, los riesgos y los costos estratégicos al respecto.
Al final, lo que está en juego no es solo la seguridad, sino la legitimidad: quién define el problema, quién impone la solución y quién paga el costo político y humano de ejecutarla. Mientras esa disputa no se resuelva, la relación bilateral seguirá siendo una cuerda tensa, estirada entre la necesidad mutua y el temor histórico.
Finalmente, un elemento adicional que también pesa en la relación México–Estados Unidos es la dimensión económica, específicamente el futuro del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). Su revisión en 2026 ha generado incertidumbre política y comercial que se entrelaza con la agenda de seguridad, dado que la presión estadounidense no se limita al narcotráfico, sino que también alcanza temas de comercio y cumplimiento normativo. Esto puede afectar la estabilidad económica de México y, en consecuencia, su capacidad de respuesta ante la crisis de seguridad.
La coyuntura del T-MEC ocurre justo cuando las relaciones bilaterales — desde el intercambio comercial hasta la cooperación en seguridad — se encuentran bajo tensión. Aunque una ruptura total es poco probable debido a la profunda interdependencia regional, el tratado podría mantenerse en un estado limitado o “zombi”, con revisiones más frecuentes y sin renovaciones significativas. En este contexto, la defensa de acuerdos como el T-MEC se convierte en una herramienta estratégica para México, permitiéndole equilibrar soberanía, cooperación y pragmatismo frente a las presiones externas.
Referencias
