En los últimos meses, tanto los medios de comunicación tradicionales como los independientes han publicado continuamente artículos sobre cómo los extranjeros indocumentados —también conocidos como “inmigrantes” y “extranjeros ilegales” — pueden beneficiarse de una amplia red de prestaciones financiadas por los pagadores de impuestos en materia de guarderías, atención médica, vivienda y más.
Por ejemplo, tanto el New York Post como el Denver Post informan que estos extranjeros han “desbordado” el sistema hospitalario Denver Health en Denver, y que la situación es “insostenible”. Mientras tanto, las escuelas públicas informan que las aulas se están llenando rápidamente con los hijos de estos extranjeros. Denver no está sola. El New York Post señala que tanto la ciudad de Nueva York como el gobierno estatal han ampliado los programas locales de asistencia social, incluidas las tarjetas de crédito de prepago, para garantizar aún más que los inmigrantes sigan recibiendo dinero en efectivo y recursos de los contribuyentes americanos. Esto se suma a los aproximadamente 66,000 extranjeros alojados en hoteles y albergues, a cargo de los contribuyentes neoyorquinos y federales. USAToday informa que las universidades “de todo el país” están recibiendo millones de dólares de los pagadores de impuestos para ofrecer alojamiento a los migrantes sin coste alguno. El alcalde de Chicago presume regalará $17 millones en obsequios financiados por los contribuyentes a “solicitantes de asilo” que actualmente viven a expensas de los contribuyentes en albergues del gobierno. Esto, por supuesto, es sólo un anticipo de muchos más regalos previstos.
¿A cuánto ascienden los recursos de los pagadores de impuestos destinados a los extranjeros? Es difícil de calcular por varias razones. El gasto se realiza a través de numerosas agencias gubernamentales diferentes en varios niveles de gobierno. Además, gran parte del dinero se filtra a través de organizaciones sin ánimo de lucro (es decir, “ONGs”) que se denominan “benéficas”, pero que no son más que adjuntas al gobierno.
Una vez que sumamos 1,000 millones de dólares aquí y 77 millones dólares allá, al cabo de un rato estamos hablando de dinero real, y una cosa queda meridianamente clara: el gobierno y sus socios están subsidiando la afluencia de extranjeros a los que prometen una serie de beneficios tanto en dinero como en especie. También hay que señalar que, contrariamente a ciertos mitos, la generosidad no está reservada sólo a los llamados “extranjeros ilegales”. Los inmigrantes legales pueden beneficiarse del generoso y bien financiado Estado benefactor americano incluso más fácilmente que los indocumentados.
¿Cuál es el efecto de subsidiar un determinado producto o actividad? Suele ser el mismo en todas partes: se obtiene más de lo que se subsidia. Es lo que ocurre con los préstamos a estudiantes, con el etanol y con los inmigrantes. La teoría económica nos dice que no es posible que el gobierno conozca el número “correcto” de inmigrantes, ni que el régimen tenga libertad para planificar centralmente un número arbitrario. Por otra parte, es extremadamente improbable que el número de inmigrantes — incluso con un control fronterizo laxo — fuera tan alto como lo es sin la incesante subsidación del régimen a los inmigrantes, tanto legales como ilegales.
¿Cuántos extranjeros viven en los Estados Unidos?
Según el Servicio de Investigación del Congreso, se estima que en 2022 había aproximadamente entre 45 y 46 millones de residentes en los Estados Unidos nacidos en el extranjero. De ellos, alrededor del 53%, es decir, 24 millones, son ciudadanos naturalizados. A ellos hay que sumar 12,9 millones de residentes legales permanentes (LPR) y aproximadamente 11 millones más son los llamados inmigrantes “ilegales”. En total, 23 millones de residentes no ciudadanos — es decir, “extranjeros” — viven en los Estados Unidos. Esto supone alrededor del 51% de la población total nacida en el extranjero. Como veremos, muchos de ellos reciben ayuda económica y recursos de los contribuyentes de EE. UU.
(Esta medida no contabiliza los aproximadamente 3.2 millones de trabajadores no inmigrantes, estudiantes, visitantes de intercambio, diplomáticos y sus familiares que sólo han solicitado la residencia temporal en los Estados Unidos. Estos grupos de no inmigrantes no tienen derecho a prestaciones públicas).
¿Los extranjeros tienen derecho a prestaciones sociales?
Entre los extranjeros inmigrantes, la mayoría tiene derecho a algún tipo de prestación “pública” financiada por los contribuyentes.
Por ejemplo, los extranjeros indocumentados pueden acceder legalmente a “tratamiento bajo Medicaid para condiciones médicas de urgencia”, a diversos servicios en especie como comedores populares y alojamiento temporal, y a “programas de asistencia para la vivienda o desarrollo comunitario o ayudas financieras administradas por la Secretaría de Vivienda y Desarrollo Urbano…”.
Esos son sólo los servicios directos financiados con fondos federales. Los gobiernos estatales y locales pueden optar por prestar servicios adicionales a costa de los contribuyentes locales.
Los programas de asistencia social a los que pueden acceder los extranjeros legales son mucho más amplios. Los extranjeros legales (LPR) pueden acceder a la mayoría de los programas federales de asistencia social tras un período inicial de cinco años. Esto incluye el Medicaid no de emergencia, CHIP, TANF (es decir, asistencia en efectivo), cupones de alimentos y SSI.
Los gobiernos estatales han ampliado aún más el acceso a estos programas. Como señala el National Immigration Law Center:
“Más de la mitad de los estados han utilizado fondos estatales para proporcionar TANF, Medicaid y/o CHIP a los inmigrantes sujetos a la prohibición de cinco años de recibir servicios financiados con fondos federales, o a un grupo más amplio de inmigrantes. Un número cada vez mayor de estados y condados ofrecen cobertura sanitaria a niños, adultos jóvenes o embarazadas independientemente de su situación migratoria. Varios estados ofrecen u ofrecerán cobertura sanitaria a los adultos mayores independientemente de su situación migratoria. Y cinco estados (California, Colorado, Minnesota, Oregón y Washington) y el Distrito de Columbia ofrecen u ofrecerán cobertura sanitaria pública o privada con subsidios estatales a todos los inmigrantes que reúnan los requisitos necesarios, independientemente de su situación migratoria.
No es necesario estar empleado para mantener el estatus de residente legal permanente, aunque se esté en edad de trabajar. Al fin y al cabo, los LPR no son lo mismo que los trabajadores temporales no inmigrantes, como los titulares de visados H1B: “Los titulares de la tarjeta verde [LPR] también pueden cobrar el subsidio de desempleo del mismo modo que los ciudadanos lo hacen …ni un residente legal permanente puede ser deportado por estar desempleado”.
Los inmigrantes legales no ponen en peligro su situación legal por solicitar prestaciones adicionales financiadas por los contribuyentes, como los cupones de alimentos: “La inscripción en el SNAP NO afectará a su capacidad para permanecer en los Estados Unidos, obtener la tarjeta verde/estatus de residente permanente, conservar su tarjeta verde/estatus de residente permanente o convertirse en ciudadano de EE. UU.”
En resumen, casi toda la gama de programas de asistencia social financiados por los contribuyentes está abierta a los extranjeros legales después de la prohibición inicial de cinco años. Además, a muchos inmigrantes ni siquiera se les aplica ese plazo, ya que “los refugiados, las personas a las que se ha concedido asilo o la suspensión de la deportación/expulsión, los cubanos/haitianos, determinados inmigrantes de origen americano” y otros grupos específicos están exentos del periodo de espera.
Todos estos extranjeros, independientemente de su estatus, son libres de enviar a sus hijos a las guarderías del gobierno conocidas como “escuelas públicas”.
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¿Cuánto utilizan los extranjeros las prestaciones sociales americanas?
Diversas organizaciones han intentado cuantificar en qué medida tanto los inmigrantes naturalizados como los extranjeros actuales utilizan los programas de asistencia social. Este estudio de las Academias Nacionales (NA) concluye que los datos
“muestran que los hogares de inmigrantes utilizan varios programas, sobre todo los de asistencia alimentaria y Medicaid, en mayor medida que los hogares encabezados por nativos. …Este uso mayor de los programas de asistencia social por parte de los inmigrantes es atribuible a que sus ingresos medios son más bajos y a que sus familias son más numerosas.
En el estudio de NA, los hogares de inmigrantes con hijos utilizaron los programas de asistencia social en mayor medida en casi todos los estados de EE. UU. En California, el 61.5% de los hogares recurrieron a la asistencia social, mientras que el 40.7% de los hogares de inmigrantes lo hicieron. En Texas, las mismas medidas se sitúan en el 66.3 y el 44.2 por ciento, respectivamente. Proporciones similares se dan en Florida y Nueva York.
Lamentablemente, este informe no distingue entre inmigrantes naturalizados y extranjeros. Sin embargo, dado que los inmigrantes naturalizados suelen ganar entre un 50% y un 70% más que los inmigrantes no nacionalizados, cabe concluir que los extranjeros utilizan los programas de asistencia social más que los inmigrantes naturalizados y, por tanto, más que la población nativa.
Una adición cada vez más importante a la inmigración legal en las últimas décadas ha sido la población de inmigrantes designados legalmente como refugiados. En total, todo esto cuesta a los contribuyentes casi dos mil millones de dólares al año, es decir, 80,000 dólares por refugiado al año en forma de programas federales y estatales que incluyen cupones de alimentos, guarderías y viviendas públicas.
El Centro de Estudios de Inmigración ha publicado estudios similares al de NA. Estos estudios del CIS muestran resultados similares.
En 2012, el 51% de los hogares encabezados por un inmigrante (legal o ilegal) declararon haber utilizado al menos un programa de asistencia social durante el año, en comparación con el 30% de los hogares nativos. La asistencia social en este estudio incluye Medicaid y programas de dinero en efectivo, alimentos y vivienda.
Los hogares inmigrantes recurren mucho más a los programas de alimentación (40% contra 22% de los nativos) y a Medicaid (42% contra 23%).
Nótese que estas conclusiones reflejan hogares de inmigrantes y no individuos inmigrantes. Se trata de una distinción importante porque en muchos hogares de inmigrantes hay hijos ciudadanos que se convirtieron en ciudadanos al nacer en los Estados Unidos. Por lo tanto, el hogar puede contener tanto ciudadanos como extranjeros, algunos de los cuales pueden ser extranjeros ilegales. Sin embargo, estos hogares disfrutan de acceso a los programas de asistencia social en virtud de la ciudadanía de los miembros menores de edad. Así, los hogares de inmigrantes pueden acceder a la asistencia sanitaria, los cupones para alimentos y los programas de vivienda (entre otros) financiados por los contribuyentes a través de los hijos nacidos en el país. Tendencias similares persisten cuando los hogares de no ciudadanos se miden por separado de todos los hogares de inmigrantes combinados.
Algunos investigadores insisten en que las prestaciones sociales a los extranjeros deben medirse únicamente de forma individual, per cápita. Por ejemplo, en este informe del Instituto CATO, los investigadores concluyen que para 2020, los residentes nacidos en el país, en promedio, costarán a los programas de bienestar 8,335 dólares per cápita, mientras que los inmigrantes costarán a los programas de bienestar 6,063 dólares. Estas proporciones pueden variar según el programa. Por ejemplo, el costo per cápita de Medicaid para los inmigrantes es de 1,859 dólares, mientras que el costo para los residentes nacidos en el país es de 2,081 dólares. El uso de cupones de alimentos es similar ($190 per cápita para los inmigrantes frente a los $214 per cápita para los nativos), el uso del SSI por parte de los inmigrantes es ligeramente superior ($188 per cápita) al de los nativos ($169 per cápita).
¿De cuántos fondos de los contribuyentes estamos hablando en total? El informe CATO estima que el coste total de la asistencia social destinada a los residentes no nativos de EE. UU. en 2020 fue de 290,400 millones de dólares, una suma equivalente a los presupuestos combinados de los Departamentos de Educación y Seguridad Nacional. Sin embargo, sólo alrededor de la mitad de los no nativos son extranjeros no ciudadanos. Para averiguar la suma utilizada por los inmigrantes no ciudadanos, no podemos simplemente dividir la suma por la mitad porque los extranjeros tienden a utilizar más la asistencia social que los inmigrantes naturalizados. Así pues, dado el total de 290,400 millones de dólares de gasto en asistencia social de los inmigrantes, podemos estimar que al menos 150,000 millones de esa cantidad son consumidos por extranjeros, una suma aproximadamente igual a los presupuestos combinados de los Departamentos de Educación, Estado y Vivienda y Desarrollo Urbano. (Este gasto total excluye el gasto estatal y local en escuelas públicas para los hijos de extranjeros).
Un estudio más antiguo de CATO (de 2013) distingue a los no ciudadanos de los inmigrantes en general. En éste, los investigadores concluyen que los inmigrantes con bajos ingresos utilizan más los cupones de alimentos que los inmigrantes naturalizados, y solo un poco menos que los residentes nacidos en el país. En lo que respecta a la asistencia sanitaria financiada por los contribuyentes, uno de cada cinco inmigrantes no ciudadanos recibe esta prestación, mientras que un poco más de 1 de cada 4 nativos recibe esta forma particular de generosidad de los contribuyentes.
El Migration Policy Center reporta que, en 2021, el 32% de los inmigrantes (ciudadanos y no ciudadanos) utilizaron el seguro sanitario público. Una cifra comparable al 38% de los nativos.
Sin embargo, incluso según esta medida conservadora del uso de la asistencia social por parte de los inmigrantes, lo mejor que podemos decir es que los inmigrantes utilizan la asistencia social a un ritmo ligeramente inferior al de los nativos. Se podría argumentar que, en el extremo inferior, los inmigrantes reciben (per cápita) entre 70 y 75 céntimos por cada dólar de asistencia social que reciben los nativos. No son precisamente “buenas noticias”, dado que el gasto federal global en prestaciones sociales asciende a cerca de la mitad del presupuesto anual de 6.3 billones de dólares y está claramente fuera de control. El hecho de que los nativos se lleven la mayor parte no exonera a los inmigrantes. Es más bien una acusación contra los americanos nacidos en el país, millones de los cuales explotan cada mes a sus conciudadanos más productivos para mantener el flujo de prestaciones del gobierno.
En cualquier caso, nos encontramos con que el dinero de los impuestos fluye libremente hacia los extranjeros y la inmigración a los Estados Unidos está muy subsidiada. No debería sorprendernos que muchos inmigrantes acudan a recibir su parte.
