Resumen
La Guerra contra el Terrorismo (WOT, por sus siglas en inglés), iniciada tras los ataques del 11 de septiembre de 2001, ha sido una de las campañas militares y políticas más trascendentales y complejas de la historia moderna. Mirando hacia atrás, se puede interpretar como una respuesta de agresión y frustración de Estados Unidos ante los ataques del 9/11. No solo generó una enorme carga financiera superpuesta para el país, sino que además el costo de la invasión nunca favoreció las políticas estadounidenses de paz y resolución de conflictos. Muchos académicos han debatido sobre la utilidad de la WOT en relación con otras éticas de guerra y técnicas de mediación de conflictos, utilizando además los paradigmas de las teorías realista y liberal.
Ahora, con el retiro de la alianza de la OTAN que marcó el fin de una guerra constitutiva de 20 años, surge la pregunta filosófica — dispersa pero icónica — de si la Guerra contra el Terrorismo fue un éxito o un fracaso absoluto. Este artículo anticipará los eventos de la Guerra contra el Terrorismo, la retirada de la OTAN y las violaciones a los derechos humanos que emergieron, explorando esta cuestión a través del lente principal de la paradoja utilitarista en la teoría de la política internacional.
Introducción
Afganistán es un estado sumamente diverso ubicado en el centro de Asia del Sur. Sus fronteras están delimitadas por cordilleras montañosas y sus puertos comerciales se extienden hacia las regiones del sur y este de Asia, Europa y Medio Oriente. La geografía de Afganistán ha sido, durante siglos, una frontera estratégica para el dominio colonial. Desde las luchas entre Estados Unidos y la Unión Soviética, posteriores a la Guerra Fría, hasta la invasión estadounidense en el marco de la Guerra contra el Terrorismo, Afganistán ha enfrentado dificultades para mantener el control económico, político e institucional dentro de sus propias fronteras, así como para aislar al movimiento talibán.
La Guerra contra el Terrorismo fue lanzada por Estados Unidos tras los ataques del 11 de septiembre de 2001. Dichos ataques desencadenaron una de las acciones militares y de política exterior más polémicas de la historia contemporánea. La guerra, que en un inicio buscaba desmantelar organizaciones terroristas como Al-Qaeda, eliminar al régimen talibán en Afganistán y garantizar la paz global, se extendió por más de dos décadas, involucrando no solo a Estados Unidos sino también a las fuerzas de la OTAN.
La centralidad de la intervención militar y los esfuerzos antiterroristas en Afganistán, Irak y otras regiones ha sido objeto tanto de apoyo como de duras críticas, especialmente en lo referente a sus consecuencias humanitarias, su efectividad y sus resultados estratégicos a largo plazo.
La compleja historia entre Estados Unidos y Afganistán — en particular desde la guerra soviético-afgana (1979-1989) hasta los ataques del 9/11 — ofrece un caso de estudio caso sobre cómo las relaciones internacionales, el realismo político y el principio de utilidad (fundamental en el utilitarismo) pueden guiar el comportamiento de los Estados.
Analizar el papel de la política exterior estadounidense en términos de beneficio o daño neto a la seguridad global y al bienestar humano permite evaluar, bajo el principio de utilidad, en qué medida las acciones emprendidas buscaron maximizar el bienestar y minimizar el sufrimiento del mayor número de personas.
Este artículo busca examinar la Guerra contra el Terrorismo a través del principio de utilidad, concepto central de la filosofía utilitarista. Dicho principio, formulado por filósofos como Jeremy Bentham y John Stuart Mill, sostiene que las acciones deben juzgarse según su capacidad para generar la mayor felicidad posible para el mayor número de personas. Aplicando este enfoque, el análisis examina críticamente las dimensiones éticas de la Guerra contra el Terrorismo, la participación de la OTAN y las violaciones a los derechos humanos que ocurrieron a lo largo del conflicto.
El artículo se organiza en las siguientes secciones: 1. Fundamentos teóricos del utilitarismo y la influencia de Estados Unidos y la Unión Soviética en Afganistán, 2. La política exterior estadounidense y sus estrategias militares durante la WOT y 3. Evaluación general del papel de la OTAN en la Guerra contra el Terrorismo bajo el principio de utilidad. En cada sección, el análisis evaluará las acciones emprendidas por Estados Unidos, la OTAN y otros actores, explorando si los resultados se alinean con el ideal utilitarista de maximizar el bienestar general.
1. Fundamentos teóricos: el principio de utilidad en la guerra
El utilitarismo es una teoría ética consecuencialista que sostiene que el curso correcto de acción es aquel que maximiza la felicidad o el bienestar general. Evalúa las acciones en función de sus resultados, más que por sus cualidades morales intrínsecas. Este marco resulta especialmente útil en el contexto de la Guerra contra el Terrorismo. El principio de utilidad puede aplicarse para evaluar si los costos humanos, financieros y políticos de la guerra se justificaron por los beneficios de una mayor seguridad, la liberación del terrorismo y la estabilidad regional.
Aunque la retirada de la OTAN de Afganistán en 2021 se ha presentado como un reajuste estratégico, también ha desencadenado una serie de violaciones a los derechos humanos, en particular el trato hacia los civiles, el resurgimiento del Talibán y la situación crítica de las mujeres y las minorías. Esta investigación examinará críticamente la relación entre la Guerra contra el Terrorismo, la retirada de la OTAN y las violaciones de derechos humanos que surgieron, explorando este tema desde la lente principal de la paradoja utilitarista dentro de la teoría política internacional.
Cálculo utilitarista en la guerra: las relaciones de Estados Unidos con Afganistán (1950-1970)
El cálculo utilitarista implica comparar los beneficios de una intervención militar — como la derrota de las organizaciones terroristas, la promoción de la seguridad y el establecimiento de un gobierno democrático estable — frente a sus costos — que incluyen las bajas civiles, el gasto económico y la desestabilización social a largo plazo —. A medida que se desarrolló la Guerra contra el Terrorismo, el proceso de toma de decisiones en Estados Unidos y la OTAN pareció priorizar las ganancias de seguridad a corto plazo por encima de los resultados humanitarios de largo plazo.
Por ejemplo, Estados Unidos comenzó a involucrarse con Afganistán como parte de su estrategia fronteriza para contener la expansión soviética durante la Guerra Fría. El Proyecto del Valle de Helmand, destinado a modernizar la agricultura afgana, junto con la ayuda estadounidense durante los gobiernos del Rey Zahir Shah y de Muhammad Daud Khan, fueron las primeras manifestaciones del interés de Washington en el país. Sin embargo, la influencia soviética también creció, especialmente a través de proyectos de infraestructura como el Túnel de Salang.
La competencia entre Estados Unidos y la Unión Soviética por el control de Afganistán refleja un enfoque realista del principio de utilidad, donde los Estados actúan principalmente para proteger y expandir su propio poder en nombre del “bien mayor” para el mayor número de personas (Morgenthau, 1948).
Asimismo, uno de los principales desafíos al aplicar el principio de utilidad a la Guerra contra el Terrorismo es determinar quién se beneficia y quién sufre. Por ejemplo, Estados Unidos y los países de la OTAN pudieron haber ganado seguridad al debilitar a los grupos terroristas, pero las poblaciones afgana e iraquí soportaron enormes costos en términos de víctimas civiles, desplazamiento forzado, desestabilización económica en Medio Oriente y aumento de la radicalización, lo que complica cualquier evaluación utilitarista simplista. Según el análisis presuntivo de la utilidad, toda guerra — o guerra contra el terrorismo — surge cuando hay un desequilibrio que provoca el colapso del monopolio de las relaciones interestatales entre potencias rivales.
Además, desde una perspectiva utilitarista, las intervenciones de Estados Unidos y la Unión Soviética buscaron proteger la seguridad nacional y contener la expansión del superpoder rival. Sin embargo, las consecuencias a largo plazo de esta competencia — en particular el enfoque estadounidense en la ayuda militar y las operaciones encubiertas — condujeron a la inestabilidad, la guerra civil y, finalmente, a la invasión soviética de Afganistán en 1979. El resultado general, aunque logró ganancias estratégicas a corto plazo al contener la influencia soviética, terminó por desestabilizar la sociedad afgana, reduciendo el bienestar general del pueblo afgano y del sistema internacional, y contribuyendo a un ciclo de conflicto que impidió alcanzar la paz global a largo plazo.
Crítica utilitarista a la guerra preventiva
El utilitarismo también critica directamente la doctrina de la guerra preventiva promovida por la administración de George W. Bush. La invasión de Irak en 2003, basada en la creencia de que Saddam Hussein poseía armas de destrucción masiva (ADM), ilustró una aplicación problemática del razonamiento utilitarista. Los críticos sostienen que la invasión no solo fue moralmente injustificable, sino también ineficiente, ya que provocó un sufrimiento humano masivo sin lograr los objetivos que se habían planteado. Según la filosofía utilitarista — como la de Peter Singer —, los resultados catastróficos de la guerra de Irak — millones de desplazados, la pérdida de miles de vidas y la desestabilización regional — superaron ampliamente cualquier posible beneficio en términos de prevenir futuras amenazas a la seguridad de Estados Unidos.
Además, la influencia estadounidense frenó el ascenso del Partido Democrático Popular de Afganistán (PDPA), alineado con los intereses soviéticos. Esto llevó a la invasión soviética de Afganistán en diciembre de 1979, destinada a sostener al gobierno del PDPA. La respuesta de Estados Unidos fue apoyar a los rebeldes muyahidines, proporcionándoles ayuda militar (incluidos misiles Stinger) y financiamiento a través de intermediarios como Pakistán y Arabia Saudita. Así, esta operación encubierta se consideró parte de una estrategia más amplia de la Guerra Fría para debilitar la influencia soviética en la región.
A largo plazo, la intervención fue vista como una acción justificada y una respuesta al expansionismo soviético. Según los principios de política internacional de Hans Morgenthau, los Estados actúan en función de su interés nacional, que en este caso era contrarrestar la influencia soviética. Estados Unidos construyó alianzas con grupos islamistas en Afganistán que, aunque apoyaban sus objetivos geopolíticos, llevaron a la creación de una red islamista radicalizada que contribuyó al terrorismo global. La creación de esta red, con grupos como los talibanes y Al-Qaeda, ejemplifica las consecuencias no deseadas de las intervenciones extranjeras que pueden maximizar los beneficios estratégicos a corto plazo, pero generar inestabilidad y sufrimiento a largo plazo.
La retirada soviética dejó a Afganistán en un estado de caos. Las facciones muyahidines, financiadas por Estados Unidos, se enfrentaron entre sí, lo que condujo al ascenso del Talibán en 1996. Mientras tanto, Osama bin Laden, quien había estado en Afganistán durante el conflicto soviético, fundó Al-Qaeda. El surgimiento de Al-Qaeda y el apoyo que recibió de los talibanes sentaron las bases para los ataques del 11 de septiembre de 2001.
El 11 de septiembre de 2001, bajo el liderazgo de Osama bin Laden, Al-Qaeda orquestó el ataque terrorista contra Estados Unidos. Los atentados dejaron cerca de 3,000 muertos y llevaron a la caída del régimen talibán que lo había albergado, con el fin de prevenir futuros ataques.
El utilitarismo y las consecuencias a largo plazo
Desde una perspectiva utilitarista, el papel de Estados Unidos en el fomento del extremismo islámico en Afganistán puede verse como una contribución a un daño global mayor en forma de terrorismo. El objetivo a corto plazo de derrotar a la Unión Soviética condujo al surgimiento de grupos extremistas que posteriormente causarían graves daños a nivel mundial, culminando en los atentados del 11 de septiembre. La perspectiva utilitarista destaca que, aunque Estados Unidos logró contrarrestar la expansión soviética, las consecuencias a largo plazo — incluido el desarrollo de Al-Qaeda y sus ataques contra Estados Unidos y otros países — generaron una amenaza mayor para la seguridad global. Estas consecuencias ilustran claramente los límites del principio de utilidad y plantean importantes preocupaciones éticas sobre los métodos utilizados y sus impactos a largo plazo, especialmente cuando las intervenciones crean riesgos globales imprevistos.
Asimismo, los beneficios inmediatos de la invasión estadounidense fueron evidentes: la eliminación del Talibán y la interrupción de las operaciones de Al-Qaeda en Afganistán redujeron la amenaza inmediata a la seguridad global. Sin embargo, las consecuencias a largo plazo — como la pérdida de vidas civiles, los costos económicos y el surgimiento de nuevas insurgencias — plantearon interrogantes sobre si la intervención realmente maximizó el bienestar global. El costo humanitario de la guerra, que incluye la muerte de miles de civiles afganos, la desestabilización del país y el conflicto continuo debe ser sopesado frente a los beneficios de haber evitado futuros ataques terroristas. Además, la prolongada presencia militar estadounidense en Afganistán hasta su retirada en 2021 generó costos económicos y sociales significativos que aún no se han materializado completamente en términos de bienestar global.
2. Política exterior y estrategias militares de Estados Unidos durante la Guerra contra el Terrorismo
Las acciones de Estados Unidos durante la Guerra contra el Terrorismo se justificaron bajo la premisa de que erradicar el terrorismo y garantizar la seguridad nacional promovería un bien mayor, tanto a nivel interno como internacional. Sin embargo, la aplicación del principio de utilidad plantea importantes preocupaciones éticas sobre los métodos utilizados y sus impactos a largo plazo.
La Guerra contra el Terrorismo, iniciada por Estados Unidos tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, transformó profundamente las relaciones internacionales y la estrategia militar, especialmente en Afganistán. Estas intervenciones, caracterizadas por el uso de la fuerza militar bajo la Autorización para el Uso de la Fuerza Militar (AUMF, por sus siglas en inglés), tenían como objetivo eliminar a Al-Qaeda y desmantelar el régimen talibán que la albergaba. Estados Unidos fue pronto acompañado por sus aliados de la OTAN en lo que se denominó Operación Libertad Duradera, y posteriormente otras operaciones que generaron significativos costos humanos, políticos y humanitarios.
El enfoque de seguridad de la administración Bush
La respuesta de la administración Bush a los atentados del 11 de septiembre estuvo fundamentalmente moldeada por los principios realistas de las relaciones internacionales, los cuales enfatizan la búsqueda del interés nacional, el poder y la seguridad en un sistema internacional anárquico. Bajo este paradigma realista, los Estados deben actuar en función de su propio interés, utilizando con frecuencia la fuerza para garantizar su supervivencia y dominio. Esto es especialmente evidente en el realismo ofensivo, como lo plantea el académico John Mearsheimer, que sostiene que las grandes potencias buscan maximizar su influencia y seguridad, a menudo mediante la coerción y la intervención militar.
Bajo el mandato del presidente George W. Bush, la justificación principal de la Guerra contra el Terrorismo fue el principio de la autodefensa y la protección de los ciudadanos ante la amenaza del terrorismo. El gobierno estadounidense, invocando la Doctrina Bush, adoptó una política de ataques militares preventivos con el objetivo de maximizar la seguridad del mayor número posible de estadounidenses mediante la neutralización de organizaciones terroristas como Al-Qaeda y el desmantelamiento del apoyo talibán a dichos grupos.
Sin embargo, la aplicación de la fuerza militar preventiva provocó un número significativo de víctimas civiles en Afganistán e Irak. Según Amnistía Internacional, el uso de bombardeos aéreos, ataques con drones y operaciones terrestres por parte del ejército estadounidense causó la muerte de miles de civiles, lo que genera interrogantes sobre si los beneficios de eliminar amenazas terroristas inmediatas justificaban la pérdida de vidas inocentes.
Noam Chomsky y otros académicos han sostenido que la guerra de Irak, en particular, fue una empresa costosa que no solo fracasó en eliminar el terrorismo, sino que además contribuyó al surgimiento de grupos como ISIS, agravando la amenaza a la seguridad global a largo plazo. Desde una perspectiva utilitarista, este resultado pone en duda la justificación inicial de la Guerra contra el Terrorismo, ya que el costo humano pareció ser desproporcionado frente a los beneficios obtenidos.
De acuerdo con informes de la ONU y medios de comunicación como Al-Jazeera, el conflicto provocó la muerte de más de 100,000 personas, entre civiles y militares. Sin embargo, estos problemas humanitarios fueron frecuentemente relegados a un segundo plano frente a los objetivos militares y la prioridad de mantener el control sobre la importancia estratégica de Afganistán.
El principio de utilidad en la intervención militar: beneficios y daños
El principio de utilidad, central en el utilitarismo, busca maximizar el bienestar general y minimizar el daño. Desde una perspectiva utilitarista, la efectividad de una intervención militar como la Guerra contra el Terrorismo puede evaluarse examinando si los beneficios — como la eliminación de amenazas terroristas — superan los daños causados a los civiles, las crisis humanitarias y la inestabilidad regional. Tras los ataques del 11 de septiembre, las acciones militares de Estados Unidos y la OTAN se justificaron bajo el argumento de proteger las vidas de los ciudadanos estadounidenses y la seguridad global mediante el desmantelamiento de Al-Qaeda y la expulsión del Talibán.
En términos utilitaristas, estos objetivos parecían prometer un beneficio neto: al limitar los refugios seguros de Al-Qaeda, la intervención podría prevenir futuros ataques terroristas contra Estados Unidos y sus aliados, protegiendo así a millones de personas.
Los costos humanitarios y las dudas sobre la utilidad neta
Sin embargo, desde un punto de vista utilitarista, los daños a largo plazo causados por la intervención — incluidas las muertes de civiles, el desplazamiento forzado y la desestabilización de Afganistán — también deben considerarse en el análisis. Según diversos informes, incluidos los de las Naciones Unidas y Human Rights Watch, las operaciones militares de la OTAN en Afganistán provocaron la muerte o heridas de un gran número de civiles. Además, la guerra agravó la pobreza, el desplazamiento y el trauma psicológico de millones de afganos. Estos factores humanitarios, especialmente al compararlos con los limitados avances en materia de seguridad, ponen en duda la utilidad neta de la intervención.
Asimismo, la guerra generó una prolongada inestabilidad en Afganistán, donde se ha observado el resurgimiento del Talibán y el crecimiento de nuevos grupos extremistas como ISIS-K. Esto indica que la intervención no condujo a una estabilidad duradera y, de hecho, pudo haber contribuido a una mayor inseguridad global. El sufrimiento continuo del pueblo afgano y la aparición de nuevas amenazas para la seguridad internacional — como el regreso del Talibán al poder en 2021 — sugieren que las consecuencias a largo plazo de la intervención superaron sus beneficios iniciales, incumpliendo así el criterio utilitarista de maximizar el bienestar general.
Esfuerzos de construcción del Estado y el declive de la utilidad
Estados Unidos y la OTAN también impulsaron una estrategia de construcción del Estado en Afganistán, con la intención de crear un gobierno democrático y estable. La esperanza era que un nuevo gobierno afgano impidiera que el país se convirtiera nuevamente en un refugio para terroristas; sin embargo, a pesar de las importantes inversiones en instituciones democráticas, derechos humanos y justicia social, el objetivo central de garantizar la seguridad siguió siendo inalcanzable. La incapacidad para establecer un Estado funcional en Afganistán, sumada al aumento de la violencia y la corrupción, evidenció que los esfuerzos de construcción estatal no lograron mejorar el bienestar a largo plazo de la población afgana.
Si bien la intervención de Estados Unidos y la OTAN en Afganistán pudo justificarse desde una perspectiva realista — para proteger los intereses nacionales y prevenir el terrorismo —, la evaluación utilitarista de la intervención revela que los costos humanos y geopolíticos probablemente superaron los beneficios, poniendo en duda la verdadera utilidad de la guerra y sus resultados. Las futuras intervenciones deben considerar con mayor cautela estas consecuencias a largo plazo y procurar maximizar el bienestar tanto de las poblaciones locales como de la seguridad global.
La estrategia antiterrorista de Obama: la guerra con drones
La administración de Obama buscó reducir el despliegue de tropas terrestres y cambiar hacia una estrategia de asesinatos selectivos, principalmente mediante ataques con drones, mientras tomaba distancia de la controvertida Guerra de Irak. Este enfoque no solo pretendía minimizar las bajas estadounidenses, sino también enfrentar las amenazas de grupos como Al-Qaeda y los talibanes. Si bien los ataques con drones tenían como objetivo a terroristas de alto valor, incluidos miembros de ISIS, Al-Qaeda y el Talibán, también provocaron daños colaterales y la muerte de civiles en Pakistán, Yemen y Somalia, al tiempo que cumplían con el principal objetivo de asesinar a Osama bin Laden.
El enfoque de la administración Obama enfatizaba la defensa del interés nacional, la seguridad y la soberanía del Estado en un sistema internacional anárquico. El realismo sostiene que un Estado actúa en función de su propio interés, a menudo recurriendo al uso de la fuerza militar para garantizar su supervivencia y mantener su poder en relación con otros Estados.
Bajo Obama, el objetivo central de la política exterior estadounidense se mantuvo: eliminar la amenaza terrorista contra Estados Unidos y sus aliados, particularmente de Al-Qaeda. Además, la decisión de continuar la guerra en Afganistán mientras se retiraban las tropas de Irak fue presentada como un enfoque más enfocado y eficiente para combatir el terrorismo mediante acciones militares selectivas e inteligencia, en lugar de guerras prolongadas y costosas. Este principio priorizaba la eficacia del poder militar por encima de los objetivos ideológicos o humanitarios.
Un elemento clave del enfoque realista de Obama fue la adopción de acciones unilaterales por parte de Estados Unidos para cumplir sus objetivos, particularmente en el caso de la Operación Neptune Spear — la operación de los Navy SEAL que dio muerte a Osama bin Laden en 2011 —. Dicha operación, realizada en Abbottabad, Pakistán, no fue coordinada con las autoridades pakistaníes, lo que generó una fuerte tensión entre ambos países.
Desde una perspectiva realista, las acciones unilaterales pueden entenderse como un uso pragmático del poder militar para neutralizar una amenaza directa a la seguridad estadounidense. En un mundo anárquico, donde no existe una autoridad global que haga cumplir las leyes, los Estados suelen verse obligados a actuar por sí mismos. Al realizar una operación encubierta sin la aprobación de Pakistán, Estados Unidos actuó en función de su propio interés percibido, tomando medidas para eliminar a un objetivo de alto valor que representaba una amenaza constante para sus ciudadanos e intereses.
No obstante, en este caso se violó la soberanía de Pakistán, lo que generó importantes preocupaciones en torno al derecho internacional. Según el Artículo 2(4) de la Carta de las Naciones Unidas, el uso de la fuerza por parte de un Estado contra otro está prohibido, salvo en casos de legítima defensa. Estados Unidos justificó la operación como una medida de autodefensa, argumentando que la presencia de bin Laden en Pakistán representaba una amenaza directa para su seguridad y que la acción era un acto de autodefensa preventiva contra el terrorismo. Desde una perspectiva realista, esta justificación resulta razonable, ya que la preservación de la seguridad nacional suele tener prioridad sobre las preocupaciones acerca de la soberanía.
Desde una perspectiva utilitarista, la estrategia de drones de Obama presenta un paradigma moral. Si bien logró neutralizar a líderes terroristas y prevenir ataques en territorio estadounidense, también causó un daño significativo a las poblaciones locales, violó el derecho internacional y, probablemente, contribuyó al sentimiento antiestadounidense en las regiones afectadas. En este caso, los beneficios para la seguridad de Estados Unidos deben ponderarse frente al costo moral y humano de las vidas inocentes perdidas, lo que plantea la pregunta de si los resultados realmente sirvieron al bien mayor.
Análisis utilitarista de la Guerra contra el Terrorismo durante la administración Obama: maximizar la seguridad y minimizar el daño
El enfoque de la administración de Obama hacia la Guerra contra el Terrorismo también puede evaluarse por su capacidad de maximizar la seguridad general y minimizar el daño tanto para Estados Unidos como para los civiles de Pakistán y Afganistán. La idea consiste en determinar si los beneficios de las acciones militares — como la eliminación de objetivos de alto valor — superan los costos, incluidos las bajas civiles, el desplazamiento de la población y la desestabilización regional. Uno de los principales logros de la administración de Obama fue la eliminación selectiva de Osama bin Laden.
Esta operación proporcionó una sensación de cierre tras los ataques del 11 de septiembre, beneficiando la percepción de seguridad pública y el orgullo nacional en Estados Unidos. La muerte de bin Laden se presentó como una victoria simbólica sobre Al-Qaeda y puede considerarse un resultado positivo, ya que eliminó a una figura clave del terrorismo, lo que podría reducir la amenaza percibida a la seguridad global.
Sin embargo, el costo humanitario de la Guerra contra el Terrorismo en un sentido más amplio — que incluyó el uso de ataques con drones y operaciones de fuerzas especiales — fue considerable. Aunque los ataques con drones permitieron una mayor precisión contra operativos terroristas, también provocaron numerosas muertes civiles en Afganistán, Pakistán, Yemen y Somalia.
La guerra con drones ha sido fuertemente criticada por su falta de transparencia, el riesgo de daños colaterales y el impacto psicológico sobre las poblaciones locales. En el caso de Pakistán, la naturaleza unilateral de la operación que acabó con bin Laden no solo vulneró la soberanía del país, sino que también generó consecuencias políticas que debilitaron la relación entre Estados Unidos y Pakistán.
La operación demostró que las acciones estadounidenses, incluso cuando se realizan en nombre de la autodefensa, pueden tener graves consecuencias geopolíticas a largo plazo, como la erosión de la confianza y la cooperación entre Estados. Desde una perspectiva utilitarista, los costos más amplios — incluida la desestabilización de las relaciones entre Estados Unidos y Pakistán, especialmente en relación con el objetivo mayor de la estabilidad regional — superan los beneficios percibidos de la operación.
La ética de los asesinatos selectivos
El uso creciente de asesinatos selectivos, especialmente mediante ataques con drones, también generó importantes preocupaciones éticas desde una perspectiva utilitarista. Si bien estas operaciones pudieron haber sido efectivas para neutralizar amenazas terroristas específicas, sus consecuencias a largo plazo — incluido el riesgo moral de emplear asesinatos encubiertos sin supervisión — pueden provocar una escalada de violencia y una mayor inestabilidad en regiones ya afectadas por conflictos.
El principio de utilidad exige un equilibrio cuidadoso entre costos y beneficios. En muchos casos, los asesinatos selectivos han resultado en daños colaterales, incluyendo la muerte de civiles inocentes, lo que reduce el beneficio moral general de estas acciones.
En última instancia, aunque los esfuerzos de la administración de Obama lograron eliminar amenazas específicas y obtener ganancias a corto plazo, el impacto a largo plazo en la estabilidad regional y en las relaciones internacionales sugiere que el análisis costo-beneficio utilitarista de la Guerra contra el Terrorismo deja un legado más complejo. Las futuras intervenciones deben considerar cuidadosamente tanto los objetivos militares como los costos humanitarios, para alinear mejor las acciones con el objetivo final de la seguridad global y el bienestar humano.
El enfoque “Estados Unidos primero” de Trump y el costo de la retirada
La primera administración de Donald Trump continuó la Guerra contra el Terrorismo con un enfoque en el unilateralismo y en la reducción de la participación militar estadounidense en el extranjero.
El Acuerdo de Doha (2020), negociado entre la administración de Trump y los talibanes, representó un cambio significativo en la política estadounidense, con el objetivo de retirar las tropas norteamericanas de Afganistán. Si bien esta decisión estaba alineada con la filosofía de Trump de “Estados Unidos primero”, que priorizaba los intereses de Estados Unidos por encima de las obligaciones globales, la ejecución de la retirada fue caótica, lo que llevó al rápido resurgimiento de los talibanes y a una grave crisis humanitaria.
Desde una perspectiva utilitarista, la decisión de retirada puede interpretarse como un intento de poner fin a un compromiso militar costoso e improductivo que estaba generando rendimientos decrecientes. Sin embargo, las consecuencias del regreso al poder de los talibanes, acompañado por el colapso del gobierno afgano y un sufrimiento humanitario generalizado, plantean serias dudas sobre si esta decisión realmente maximizó el bienestar de la población afgana o de la comunidad global. La decisión de abandonar a los aliados de la OTAN y al gobierno afgano dejó un vacío de poder, creando condiciones para un nuevo ciclo de conflicto y sufrimiento humanitario, fallando así en alcanzar el bien mayor a largo plazo.
Paradójicamente, Trump buscó reducir la participación de Estados Unidos en conflictos prolongados como el de Afganistán, que consideraba una carga para los recursos estadounidenses con escasos beneficios en términos de seguridad nacional. Su decisión de retirar las fuerzas de la OTAN de Afganistán refleja este enfoque, enfatizando la reducción del gasto militar y la prioridad de los asuntos internos sobre los compromisos internacionales.
La decisión de Trump de retirar las fuerzas de la OTAN puede verse como un intento de minimizar los costos de una guerra prolongada mientras buscaba proteger la vida de los soldados estadounidenses. El beneficio moral de la retirada radica en liberar a los militares de un conflicto interminable y permitir que Estados Unidos concentrara su atención en temas considerados más urgentes, como la revitalización económica y la infraestructura doméstica.
Sin embargo, las consecuencias humanitarias de esta medida fueron graves. El Acuerdo de Doha, firmado en 2020 para facilitar la retirada estadounidense a cambio de garantías de los talibanes, no cumplió con las promesas clave, como la protección de los derechos humanos y la creación de un gobierno afgano legítimo. Si bien el acuerdo ofrecía la posibilidad de paz, hizo poco por abordar las divisiones internas en Afganistán o por garantizar la estabilidad a largo plazo del país.
El regreso de los talibanes al poder en agosto de 2021 provocó el colapso inmediato del movimiento afgano, marcando una catástrofe humanitaria cuando el grupo tomó Kabul, desatando una ola de violencia, desplazamientos y violaciones a los derechos humanos, especialmente los derechos de las mujeres. La decisión de retirarse sin asegurar un acuerdo de paz duradero resultó en un resultado netamente negativo para la población civil afgana. Si bien Estados Unidos logró minimizar su riesgo militar, los beneficios de la retirada se vieron eclipsados por el daño infligido al pueblo afgano.
El Acuerdo de Doha y las conversaciones de paz
El Acuerdo de Doha (febrero de 2020) reflejó los objetivos de Trump de poner fin a la “guerra eterna” en Afganistán. El acuerdo condujo a una reducción de las tropas estadounidenses a cambio de promesas de los talibanes de no albergar organizaciones terroristas y de comprometerse a negociar con el gobierno afgano. Desde una perspectiva utilitarista, la promesa de conversaciones de paz tenía la intención de maximizar la estabilidad general al poner fin al ciclo de violencia.
Sin embargo, la exclusión del gobierno afgano de las conversaciones de paz y la violencia continua de los talibanes durante ese período socavaron la utilidad del acuerdo. La falta de inclusión en las negociaciones generó la percepción de que Estados Unidos estaba abandonando a sus aliados afganos y apoyando a un régimen con un largo historial de violaciones de derechos humanos. El beneficio neto del Acuerdo de Doha puede considerarse limitado, ya que no logró alcanzar la paz deseada ni la estabilidad a largo plazo en Afganistán, mientras que los talibanes retomaron rápidamente el poder una vez que las tropas estadounidenses comenzaron su retirada.
El compromiso de Biden para poner fin a la Guerra contra el Terrorismo
La decisión de Biden de continuar con la retirada de Estados Unidos fue presentada como la continuación de una política de larga data para poner fin a la guerra. Biden argumentó que la misión estadounidense había evolucionado de la lucha contra el terrorismo a la construcción nacional y que el gobierno afgano no era capaz de mantenerse en el poder sin el apoyo militar de Estados Unidos. En su visión, la guerra se había convertido en un atolladero estratégico, consumiendo billones de dólares y miles de vidas sin resultados claros ni sostenibles. La decisión de Biden de retirarse buscaba minimizar el daño a los soldados estadounidenses y reducir la carga financiera del conflicto.
Sin embargo, el impacto humanitario inmediato de la retirada fue catastrófico. La rápida caída de Kabul en agosto de 2021, meses antes del retiro programado, provocó escenas de caos y desesperación. El costo humano de la desorganización en la retirada, el resurgimiento de los talibanes y las violaciones de derechos humanos que siguieron superaron los beneficios a corto plazo del retiro de las tropas estadounidenses.
Desde una perspectiva utilitarista, la decisión de Biden de retirarse pretendía minimizar el daño a los soldados estadounidenses y el peso económico de la guerra. Sin embargo, el impacto humanitario inmediato fue devastador. La rápida caída de Kabul en agosto de 2021, meses antes de lo previsto, generó caos y desesperación, mientras miles de civiles afganos — incluidos aquellos que habían colaborado con las tropas estadounidenses — quedaron atrapados.
Aunque Biden justificó la retirada como un paso necesario para poner fin a la guerra, las consecuencias inmediatas demostraron que la utilidad general de la decisión fue mínima, ya que el regreso de los talibanes marcó el retorno a un régimen autoritario, con una mayor represión hacia las mujeres, los periodistas y otros grupos de la sociedad civil.
La política exterior de Biden y el papel de la OTAN
La administración de Biden enfrentó fuertes críticas por su manejo de la retirada de la OTAN de Afganistán. El colapso del gobierno afgano dejó a los aliados de la OTAN en una posición difícil, ya que se vieron obligados a evacuar personal y ciudadanos junto con las fuerzas estadounidenses. La naturaleza desordenada de la retirada tensó las alianzas dentro de la OTAN, ya que muchos países europeos se sintieron marginados por el proceso de toma de decisiones de Estados Unidos.
Desde una perspectiva utilitarista, la retirada estadounidense tuvo un impacto dual en la OTAN. Por un lado, retiró a las fuerzas de la OTAN de un conflicto cada vez más impopular y costoso, reduciendo así el riesgo para las naciones occidentales. Por otro lado, socavó la credibilidad de la OTAN como alianza de seguridad, generando dudas sobre el compromiso de Estados Unidos con la defensa colectiva bajo el Artículo 5 del Tratado del Atlántico Norte y creando un vacío dentro de la Unión Europea y la propia OTAN que fue rápidamente ocupado por el resurgimiento de los talibanes.
3. El papel de la OTAN y la retirada de Afganistán
El papel de la OTAN en Afganistán fue ayudar a estabilizar el país después de la invasión inicial de Estados Unidos y garantizar que los talibanes no pudieran recuperar el poder. Sin embargo, los esfuerzos de la OTAN, aunque significativos en términos de recursos y personal, se vieron finalmente socavados por la persistente inestabilidad, la corrupción y la falta de una resolución política clara en Afganistán.
La administración de Biden enfrentó fuertes críticas por su manejo de la retirada de la OTAN de Afganistán. El colapso del gobierno afgano dejó a los aliados de la OTAN en una posición difícil, ya que se vieron obligados a evacuar personal y ciudadanos junto con las fuerzas estadounidenses. La naturaleza desordenada de la retirada tensó las alianzas dentro de la OTAN, pues muchos países europeos se sintieron marginados del proceso de toma de decisiones de Estados Unidos.
Desde una perspectiva utilitarista, la retirada estadounidense tuvo un doble impacto en la OTAN. Al socavar la credibilidad de la defensa colectiva bajo el Artículo 5 del Tratado del Atlántico Norte, los aliados de la UE y la OTAN enfrentaron el desafío de reevaluar sus propias estrategias de defensa, al tener que lidiar con el vacío dejado por la retirada de Estados Unidos y el resurgimiento de los talibanes.
La utilidad de la intervención de la OTAN fue presentada como una misión de seguridad colectiva destinada a prevenir el terrorismo y fomentar una Afganistán democrática y estable. Desde una perspectiva utilitarista, el objetivo de la OTAN era promover la paz y la seguridad para el pueblo afgano mientras apoyaba la lucha de la comunidad internacional contra el terrorismo. Sin embargo, las acciones de la OTAN contribuyeron a víctimas civiles, lo que generó preocupaciones éticas sobre la proporción entre costos y beneficios de la intervención.
La caótica retirada de 2021, bajo la presidencia de Biden, fue otro punto crítico en la Guerra contra el Terrorismo. El colapso repentino del gobierno afgano y el rápido regreso de los talibanes al poder plantearon serias dudas sobre la utilidad de la prolongada participación de la OTAN en Afganistán. La retirada no produjo un bien mayor, ya que el costo humano del resurgimiento talibán y la posterior crisis humanitaria superaron ampliamente los beneficios de la misión.
Geopolítica regional y el regreso de los talibanes al poder
El rápido ascenso de los talibanes al poder fue seguido por el reconocimiento y la disposición al diálogo por parte de China, Rusia y Pakistán, todos interesados en mantener vínculos diplomáticos con el nuevo régimen. La Iniciativa de la Franja y la Ruta (IFR) de China mostró interés en la ubicación estratégica de Afganistán, mientras que Rusia y Pakistán buscaron preservar su influencia regional. Desde una perspectiva utilitarista, este cambio en la dinámica de poder regional presenta resultados mixtos.
En el lado positivo, la reafirmación del control talibán sobre Afganistán podría, en teoría, reducir las actividades terroristas dentro de la región si el grupo cumplía con las garantías ofrecidas a potencias extranjeras en materia de lucha contra el terrorismo. Sin embargo, los costos humanitarios, especialmente para la población afgana, siguen siendo extremadamente altos. El trato de los talibanes hacia las mujeres, la libertad de expresión y otros derechos fundamentales representa un grave costo humano que debilita cualquier justificación utilitarista de la retirada.
Para los países vecinos, como Pakistán, el ascenso talibán genera un dilema de seguridad, ya que podría alentar a insurgentes domésticos como el Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP). Esto podría desencadenar una espiral de violencia que desestabilice a toda la región, provocando nuevos flujos de refugiados, actividades terroristas y conflictos transfronterizos.
La retirada de Estados Unidos de Afganistán — tanto bajo Trump como bajo Biden — fue impulsada por el objetivo de reducir los costos de un prolongado compromiso militar, lo que desde una perspectiva realista podría justificarse como un paso necesario para reorientar la política exterior estadounidense. Sin embargo, desde un punto de vista utilitarista, las consecuencias humanitarias de la retirada — incluido el sufrimiento civil, la inestabilidad regional y el empoderamiento de los talibanes — han superado ampliamente los beneficios a corto plazo.
4. Consecuencias humanitarias, víctimas civiles y el uso de la fuerza
Uno de los aspectos más impactantes de la Guerra contra el Terrorismo, y particularmente de las acciones de Estados Unidos y la OTAN en Afganistán e Irak, son las violaciones humanitarias que han acompañado las operaciones militares.
El principio de utilidad exige que el costo humano de la guerra sea cuidadosamente considerado; sin embargo, las víctimas civiles durante la Guerra contra el Terrorismo han sido significativas. Según estimaciones, más de 200,000 civiles han muerto solo en Afganistán, además de otras víctimas en Irak y en las regiones afectadas por el conflicto.
El extensivo uso de ataques con drones, bombardeos aéreos y operaciones terrestres contra objetivos de los talibanes y Al-Qaeda ha resultado en numerosos casos en los que murieron civiles en el proceso. Si bien estas acciones podrían justificarse como parte de la lucha contra el terrorismo, las consecuencias humanitarias plantean serias dudas sobre si los objetivos estratégicos de la Guerra contra el Terrorismo valieron el costo humano.
Filósofos utilitaristas como Rosa Brooks sostienen que estas violaciones, emprendidas supuestamente en nombre de la seguridad, no lograron maximizar el bienestar de los afectados, especialmente de las víctimas de tortura. El daño colateral, expresado en sufrimiento civil y pérdida de credibilidad moral, reduce aún más la justificación utilitarista de estas acciones.
La administración de Bush: el uso de la fuerza sin protección legal
La administración de Bush, al etiquetar a Al-Qaeda como una organización terrorista, permitió la detención indefinida de sospechosos de terrorismo, muchos de los cuales fueron privados de los derechos otorgados a los prisioneros de guerra (POW) según el Artículo 3 del Convenio de Ginebra. El trato que el gobierno estadounidense dio a los militantes capturados, incluyendo la decisión de no concederles el estatus de prisioneros de guerra, constituyó una violación directa del derecho internacional. La falta de juicios judiciales y el uso de comisiones militares para juzgar a los detenidos evidenciaron la ausencia de garantías de un juicio justo y violaron principios básicos de justicia.
Detención y tortura: Bahía de Guantánamo
La detención de sospechosos en la Bahía de Guantánamo y la tortura infligida a los prisioneros allí, se convirtieron en una violación significativa del derecho internacional de los derechos humanos. Los detenidos, mantenidos en prisión indefinida sin juicio, fueron frecuentemente sometidos a técnicas de interrogatorio mejoradas, que incluían simulacros de ahogamiento (‘waterboarding’), posiciones de estrés y otras formas de abuso psicológico y físico. Estas acciones violaron convenciones internacionales, incluyendo los Convenios de Ginebra y la Convención contra la Tortura (CAT), ambos de los cuales prohíben la tortura y el trato inhumano.
Desde una perspectiva utilitarista, estas acciones no logran justificar el daño moral que causaron. El sufrimiento humano de los detenidos en Guantánamo, junto con el daño a la reputación internacional de Estados Unidos, no puede ser compensado por los supuestos beneficios de obtener información de inteligencia. Aunque algunos argumentan que la tortura pudo haber producido información valiosa, el daño general infligido a la dignidad humana, los derechos individuales y el estado de derecho sugiere una utilidad neta negativa.
Ataques con drones y víctimas civiles
Los ataques con drones, particularmente en Pakistán y Afganistán, han sido otro aspecto polémico de la Guerra contra el Terrorismo. Estos ataques, realizados con poca supervisión y a menudo sin considerar la soberanía de los países involucrados, resultaron en la muerte de miles de civiles. En muchos casos, no combatientes — incluyendo mujeres y niños — murieron en ataques erróneos o por encontrarse demasiado cerca de los objetivos.
Desde un punto de vista utilitarista, los ataques con drones pueden verse como una estrategia de alto riesgo y alta recompensa. Los defensores de esta táctica argumentan que minimiza las bajas estadounidenses y previene atentados terroristas, maximizando así la seguridad nacional. Sin embargo, el daño colateral y la disrupción de comunidades enteras en los países atacados generan un problema ético y estratégico. Se crea un círculo vicioso: mientras EE. UU. intenta reducir la amenaza inmediata, el daño a largo plazo sobre la estabilidad global y las vidas humanas es profundo.
Por ejemplo, el incidente de 2010, en el que 23 civiles fueron asesinados por error en un ataque con drones, es un claro ejemplo de esta utilidad negativa. El ataque erróneo a autobuses civiles demuestra la falta de precisión y de rendición de cuentas en la estrategia estadounidense, lo cual, al compararse con la pérdida de vidas inocentes, no puede justificarse bajo el principio utilitarista de minimizar el daño.
Administración de Obama y la violación del Derecho Internacional Humanitario (DIH)
Durante la administración de Barack Obama, la campaña de ataques con drones se intensificó con el objetivo de eliminar a líderes y figuras de alto valor dentro de Al-Qaeda y los talibanes. Si bien estos ataques ayudaron a eliminar amenazas específicas, a menudo se llevaron a cabo sin el debido respeto por el DIH, particularmente por los principios de distinción (la obligación de diferenciar entre combatientes y civiles) y proporcionalidad (el requisito de que las acciones militares no causen daños civiles excesivos en relación con la ventaja militar esperada).
Por ejemplo, la Operación Neptune Spear de Obama — que tuvo como objetivo a Osama bin Laden en Pakistán —, aunque celebrada como un éxito por eliminar a una figura clave del terrorismo, planteó serias cuestiones legales. La operación violó la soberanía de Pakistán y se llevó a cabo sin su previo consentimiento, lo que constituyó una clara infracción de las disposiciones de la Carta de las Naciones Unidas que prohíben el uso de la fuerza en territorio extranjero sin autorización.
Desde una perspectiva utilitarista, aunque la eliminación de bin Laden pudo haber ofrecido beneficios a corto plazo en materia de contraterrorismo, las consecuencias a largo plazo — la violación del derecho internacional, el deterioro de las relaciones entre Estados Unidos y Pakistán y el potencial de una escalada del conflicto — sugieren que la operación causó más daño que beneficio.
5. El costo económico y social de la Guerra contra el Terrorismo
El costo financiero de la Guerra contra el Terrorismo fue astronómico. Según el Departamento de Defensa de los Estados Unidos, el gasto militar total en Afganistán desde 2001 hasta 2020 fue de aproximadamente 955 mil millones de dólares, y se estima que el costo total de la guerra — incluyendo gastos relacionados — podría alcanzar los 2 billones de dólares para 2024. Este enorme gasto, aunque apoyó operaciones militares y de inteligencia, podría haberse utilizado mejor, desde un argumento utilitarista, para atender prioridades internas como la atención médica, la educación y la infraestructura.
Además, el costo de oportunidad — los beneficios que podrían haberse obtenido si los recursos se hubieran sido destinado a otros fines — debilita los argumentos utilitaristas a favor de continuar la guerra, especialmente considerando la falta de éxitos tangibles en la consecución de una paz y estabilidad duraderas en las regiones afectadas por el conflicto.
El costo humano
El costo humano de la Guerra contra el Terrorismo fue profundo. Miles de soldados estadounidenses, decenas de miles de civiles afganos y cientos de miles de personas en la región en general perdieron la vida. Muchos otros sufrieron trauma psicológico y desplazamiento forzado. La estrategia militar de EE. UU., centrada en la contrainsurgencia y los ataques con drones, aunque diseñada para proteger vidas estadounidenses, resultó en amplias bajas civiles y desplazamientos masivos en países como Afganistán y Pakistán, lo que agravó la inestabilidad regional.
Discusión
La Guerra contra el Terrorismo iniciada tras los atentados del 11 de septiembre de 2001 ha sido una de las campañas militares y políticas más consecuentes y complejas de la historia moderna. Al mirar atrás, surgen varias lecciones clave y consideraciones sobre cómo podría haberse manejado de manera diferente para lograr mejores resultados, reducir las consecuencias no deseadas y respetar el derecho internacional y los derechos humanos.
Aplicar el principio de utilidad para evaluar la efectividad y la moralidad general de la Guerra contra el Terrorismo revela un panorama complejo. Si bien Estados Unidos y la OTAN lograron algunos éxitos militares, como la eliminación de líderes terroristas clave y el debilitamiento de organizaciones como Al-Qaeda, estos logros estuvieron acompañados de profundos costos humanitarios.
Desde una perspectiva utilitarista a corto plazo, la WOT pudo justificarse en términos de proteger la seguridad nacional estadounidense y neutralizar amenazas inmediatas provenientes del terrorismo. Sin embargo, al considerarla desde una perspectiva a largo plazo, los costos humanos, financieros y estratégicos — especialmente el surgimiento de grupos radicales como ISIS, el desplazamiento de millones de personas y la destrucción de sociedades enteras — plantean serias dudas sobre si la guerra realmente maximizó el bienestar global. Las implicaciones éticas de las víctimas civiles, la tortura y las violaciones de derechos humanos complican aún más la evaluación utilitarista.
Desde un punto de vista utilitarista, la Guerra contra el Terrorismo parece haber sido un fracaso. Los beneficios a corto plazo — como la eliminación de líderes terroristas como Osama bin Laden — no compensan el daño a largo plazo causado por la guerra, incluyendo: Violaciones humanitarias (tortura, ejecuciones extrajudiciales, ataques con drones), carga financiera (billones de dólares gastados, con pocos resultados en términos de paz o seguridad duraderas), costos sociales y psicológicos (altas cifras de víctimas en Afganistán y Pakistán) y la erosión de las normas internacionales (las violaciones a los Convenios de Ginebra, especialmente en el trato a prisioneros, contribuyeron al deterioro de los estándares humanitarios internacionales).
Conclusión
La Guerra contra el Terrorismo y la participación de la OTAN en Afganistán, junto con las violaciones humanitarias derivadas de la intervención militar, ofrecen un caso clave para evaluar la efectividad de la política exterior a través del principio de utilidad. Si bien la Guerra contra el Terrorismo fue inicialmente justificada bajo el argumento de maximizar la seguridad y proteger los intereses nacionales a largo plazo, las consecuencias — como las bajas civiles, la inestabilidad regional y la erosión de los derechos humanos — sugieren que el resultado final estuvo muy lejos del ideal. Aunque los enfoques utilitaristas lograron algunas victorias tácticas, la utilidad general, en términos de derechos humanos, costos financieros y estabilidad global, fue negativa.
Como resultado, la estrategia fracasó en crear una paz sostenible y, en cambio, dio lugar a un ciclo de violencia que terminó por socavar los mismos valores que buscaba proteger. En consecuencia, la OTAN no logró alcanzar el bien mayor, causando más daño que beneficio, tanto a las poblaciones de las regiones afectadas como a la comunidad internacional en general.
En retrospectiva, en lugar de depender fuertemente de las intervenciones militares, Estados Unidos y sus aliados podrían haberse enfocado más en la recolección de inteligencia, la aplicación de la ley y la cooperación internacional para desarticular células terroristas antes de que pudieran actuar. En resumen, priorizar la inteligencia y la seguridad interna, no únicamente la fuerza militar.
Asimismo, una mayor vinculación con países musulmanes moderados y aliados regionales para contrarrestar ideologías extremistas y promover el desarrollo y la estabilidad política en Medio Oriente y otras regiones habría sido más efectiva. La Guerra contra el Terrorismo, en cambio, alienó a amplios sectores del mundo musulmán, alimentando el resentimiento y favoreciendo el crecimiento de grupos como Al-Qaeda e ISIS. Un enfoque más diplomático, que abordara las causas de fondo y fortaleciera las estructuras políticas y económicas locales, habría sido más sostenible.
De igual manera, evitar el uso excesivo de la fuerza en Afganistán e Irak habría contribuido a reducir las bajas y el deterioro de las normas bélicas. Las fuerzas de EE. UU. y la OTAN podrían haber optado por operaciones más selectivas, con fuerzas especiales, tácticas de contrainsurgencia y ataques aéreos de precisión, en lugar de invasiones y ocupaciones a gran escala que provocaron un alto número de víctimas y alteraron los principios del derecho de guerra.
Además, para garantizar una paz duradera, era esencial promover la reconstrucción y el fortalecimiento institucional. Las intervenciones militares debieron centrarse más en la construcción de una nación (‘nation-building’) y la rehabilitación social.
Igualmente importante, habría sido una mayor adhesión a los Derechos Humanos y al Derecho Internacional. La Guerra contra el Terrorismo debió cumplir de forma más estricta con los Convenios de Ginebra y las normas humanitarias para evitar prácticas como la tortura, la detención indefinida y las entregas extraordinarias. Estas acciones y detenciones ilegales dañaron la autoridad moral de EE. UU. y sus aliados, además de violar los estándares de derechos humanos.
Este enfoque no solo perjudicó a individuos inocentes, sino que también erosionó el apoyo global a la Guerra contra el Terrorismo, generando acusaciones de hipocresía y alimentando el sentimiento antioccidental. La guerra debió haberse planteado como un problema global, que requiriera una cooperación amplia con organizaciones internacionales, como las Naciones Unidas, y coaliciones regionales.
Finalmente, abordar las causas profundas del terrorismo — como la pobreza, la falta de educación y las ‘grievances’ políticas — era fundamental. La diplomacia pública y el poder blando debieron haberse usado de manera más eficaz; Estados Unidos debió apoyarse más en programas culturales y herramientas de poder blando para contrarrestar las narrativas extremistas y fortalecer la buena voluntad en los países de mayoría musulmana.
Referencias
