En agosto de 2024, Bangladés fue testigo de una sacudida política sísmica cuando protestas masivas lideradas por estudiantes obligaron a la primera ministra Sheikh Hasina a abandonar el país tras 15 años en el poder. Lo que comenzó como manifestaciones contra un controvertido sistema de cuotas laborales gubernamentales rápidamente se transformó en un movimiento contra el autoritarismo, la corrupción y los abusos de derechos humanos. A medida que las protestas se intensificaron y las fuerzas de seguridad respondieron con fuerza letal, causando la muerte de cientos de manifestantes, el control de Hasina sobre el poder colapsó.
Sheikh Hasina huyó a India en agosto de 2024 tras las masivas protestas que derrocaron su gobierno. Mientras que miles de familias en Bangladés todavía buscaban a sus seres queridos desaparecidos. El gobierno interino, encabezado por el Premio Nobel Muhammad Yunus, estableció desde entonces el Tribunal de Crímenes Internacionales para investigar los delitos cometidos durante el mandato de Hasina. En una decisión histórica, el tribunal la condenó a muerte ‘in absentia’ por crímenes de lesa humanidad. Bangladés ha solicitado formalmente su extradición desde India, lo que ha generado un enfrentamiento diplomático. El caso se ha convertido en una prueba de si las potencias regionales priorizan la justicia para las víctimas o la conveniencia política.
La decisión de India sobre la extradición de Hasina determinará si la región del sur de Asia avanza hacia la rendición de cuentas por los crímenes de Estado o continúa protegiendo a autócratas caídos. Nueva Delhi debe reconocer que la estabilidad regional genuina no proviene de proteger a aliados que han cometido atrocidades, sino de apoyar las transiciones democráticas por las que su propio pueblo ha luchado.
El sur de Asia tiene una larga historia de líderes que han escapado de la rendición de cuentas al huir a través de las fronteras, creando una cultura de impunidad y reforzando un pase libre para todos. Ya sea Gotabaya Rajapaksa de Sri Lanka, que huyó durante la crisis económica de 2022, o Ashraf Ghani de Afganistán, que se marchó en 2021 cuando los talibanes tomaron el control de Kabul, el patrón se repite, desestabilizando la estabilidad regional de los países del sur de Asia. No obstante, el Tribunal de Crímenes Internacionales en Bangladés ha emitido sentencias de muerte basadas en pruebas documentadas contra Sheikh Hasina.
India podría romper este ciclo sin limitarse a entregar simplemente a Hasina. Se podría buscar una extradición condicional, que garantice estándares de juicio justo y atienda las preocupaciones de ambos países. India podría solicitar la asistencia de observadores internacionales de la ONU o de la Commonwealth para supervisar el proceso, asegurando que el juicio cumpla con los estándares globales. Nueva Delhi también podría negociar que la pena de muerte sea conmutada por cadena perpetua, una condición que muchos países europeos exigen antes de aceptar una extradición.
El politólogo Ali Riaz, que ha estudiado extensamente las transiciones democráticas de Bangladés, sostiene que “la rendición de cuentas no se trata de venganza, se trata de construir instituciones lo suficientemente fuertes para prevenir abusos futuros.” Su investigación sobre justicia transicional muestra que los países que enfrentan los crímenes del pasado, aunque sea de manera imperfecta, crean democracias más estables que aquellos que los esconden bajo la alfombra.
Otro punto a destacar es que India se presenta como la democracia más grande del mundo y como defensora de los derechos humanos, pero proteger a Hasina socava estas afirmaciones. India ha sido vocal sobre los abusos de derechos humanos en Pakistán y Myanmar. Sin embargo, cuando su aliado comete crímenes similares, India le proporciona refugio. Muchos predicen que India no extraditaría a Sheikh Hasina debido a intereses propios. Esto ha llevado a que muchos bangladesíes adopten sentimientos anti-India, generando resentimiento en el corazón de muchas personas.
India podría abordar este problema permitiendo una revisión judicial independiente de la solicitud de extradición, en lugar de que sea un asunto puramente político. Actualmente, los casos de extradición en India pasan por los tribunales; sin embargo, la decisión final recae en el ejecutivo, lo que podría significar que el gobierno bloquee la extradición por motivos políticos. En el caso de Hasina, India podría comprometerse públicamente a permitir que su propio sistema judicial evalúe las pruebas sin interferencia política y luego acatar lo que decidan los tribunales.
Este enfoque se ha visto recientemente. En enero de 2025, la Corte Suprema del Reino Unido falló sobre una solicitud de extradición que involucraba a asociados del exprimer ministro pakistaní Nawaz Sharif, permitiendo que el proceso judicial siguiera su curso en lugar de que el gobierno tomara una decisión unilateral. El exasesor legal del Banco Mundial, Ibrahim Shihata, declaró famosamente que esto “despolitizó lo que podría haber sido una crisis diplomática” entre Gran Bretaña y Pakistán. India podría seguir un camino similar.
Además, otro punto de vista sostiene que negarse a extraditar socava la frágil transición democrática de Bangladés y podría empujar al país hacia la inestabilidad. El nuevo gobierno necesita impartir justicia para mantener su legitimidad. Si India protege a Hasina, podría alimentar aún más teorías de conspiración sobre la interferencia india, creando un sentimiento anti-India y potencialmente acercando a Bangladés hacia China o Pakistán para una nueva alianza regional.
Históricamente, cuando las personas sienten que se les niega justicia, pierden la fe en las instituciones democráticas. La investigación del politólogo Ali Riaz muestra que los países que no abordaron los crímenes del pasado, como Pakistán después del gobierno militar o Sri Lanka tras la guerra civil, continúan enfrentando ciclos de autoritarismo dentro de la nación.
Si la extradición resulta demasiado complicada diplomáticamente, India podría apoyar una alternativa que aún garantice justicia. Podría impulsar una comisión de verdad y rendición de cuentas. Este modelo ha funcionado en países que emergen de regímenes autoritarios, como Sudáfrica tras el apartheid, y Perú tras la dictadura de Alberto Fujimori. El enfoque se desplaza del castigo a la documentación, así como al reconocimiento y la reforma institucional.
Bajo este arreglo, Hasina proporcionaría testimonio, ya sea en persona o mediante transmisión en vivo desde India, ante la comisión de Bangladés. Tendría que responder preguntas sobre desapariciones, ejecuciones extrajudiciales y otros abusos presuntamente cometidos. Las familias de las víctimas finalmente recibirían reconocimiento y respuestas sobre sus pérdidas.
Priscilla Hayner, activista de derechos humanos, demuestra en su investigación que las comisiones de verdad pueden ayudar a las sociedades a avanzar cuando los juicios penales se vuelven políticamente imposibles. Es una forma de que las familias de las víctimas finalmente sean escuchadas y reconocidas.
Los intereses estratégicos de India en Bangladés — rutas comerciales, cooperación en seguridad y proyectos de conectividad — dependen de mantener la confianza con quien gobierne en Daca. El gobierno interino bajo Muhammad Yunus ha ganado recientemente legitimidad popular y credibilidad internacional. Iniciar esta relación, pero desestimar su principal demanda de rendición de cuentas tendrá consecuencias que perdurarán más allá de cualquier beneficio a corto plazo de proteger a Hasina.
La verdadera estabilidad regional no proviene de proteger a líderes caídos; proviene de apoyar los procesos democráticos que llevaron a nuevos gobiernos al poder y de promover la solidaridad. India entendió este principio cuando apoyó la llegada de nuevos gobiernos y cuando respaldó movimientos democráticos en otros lugares. Bangladés merece la misma consideración. La cuestión de la extradición es, en última instancia, sobre la política exterior de India y si esta se guía por principios consistentes o por excepciones convenientes.
