Resumen
La exclusión financiera no es simplemente un síntoma de la pobreza, sino un factor significativo que impulsa la inseguridad. Este artículo presenta un análisis con perspectiva de género sobre la interconexión entre las crisis de exclusión financiera, vulnerabilidad climática e inseguridad en los Estados afectados por conflictos en la región del Sahel, incluyendo Níger, Malí, Burkina Faso, Chad, Nigeria y Senegal.
Si bien una transición justa y resiliente hacia la sostenibilidad requiere la alineación de los mercados financieros con objetivos ambientales y sociales, las políticas de financiamiento climático no logran llegar a las poblaciones más vulnerables, especialmente a mujeres y niñas, quienes se ven desproporcionadamente afectadas por el cambio climático, exacerbando así — en lugar de mitigar — la fragilidad sistémica en la región. Este artículo tiene como objetivo analizar críticamente la desconexión entre política y práctica, donde se observa que el financiamiento climático internacional es tanto insuficiente como estructurado principalmente en torno a deuda en lugar de subvenciones.
Este trabajo emplea un enfoque de métodos mixtos. El análisis cualitativo consiste en una revisión sistemática de fuentes secundarias relevantes, incluyendo literatura académica, informes de ONGs, documentos de políticas y reportes de noticias, con el fin de establecer los vínculos causales entre los impactos climáticos, las vulnerabilidades de género y la evolución de las dinámicas de seguridad. Por su parte, el análisis cuantitativo utilizará la base de datos Global Findex del Banco Mundial para medir la inclusión financiera, con el objetivo de cuantificar la brecha de género en la titularidad de cuentas financieras y el uso de servicios financieros digitales en los países estudiados. El Índice de Adaptación Global de Notre Dame (ND-GAIN) se utilizará para mapear las áreas de alta vulnerabilidad climática frente a baja inclusión financiera, mientras que los datos de ACLED se emplearán para correlacionar la exclusión financiera con la cantidad e intensidad de los eventos de conflicto registrados en la región.
Este artículo busca contribuir al tema de las Finanzas Verdes Inclusivas, proporcionando evidencia empírica sobre las políticas actuales y proponiendo un nuevo marco para un financiamiento climático con enfoque de género.
Palabras clave: Género, Financiamiento Climático, Exclusión Financiera, Transición Justa, Inseguridad Humana, Región del Sahel.
Introducción
La región del Sahel se encuentra en una encrucijada crítica marcada por crisis extremas de vulnerabilidad climática, fragilidad socioeconómica recurrente e inseguridad provocada por las actividades de grupos extremistas violentos en la región (Cepero et al., 2021). El Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático (IPCC) ha identificado a la región como un punto crítico a nivel global, con temperaturas que aumentan 1.5 veces más rápido que el promedio mundial y con patrones de lluvia cada vez más erráticos (IPCC, 2014). En los últimos años, la inestabilidad climática ha amenazado directamente los medios de vida agrícolas y pastoriles de la región, lo que ha amplificado vulnerabilidades socioeconómicas existentes, como la pobreza, y ha intensificado el ciclo interminable de desplazamiento y conflicto en esta región afectada (Cepero et al., 2021).
Sin embargo, debido a estas vulnerabilidades, la región es actualmente una de las más pobres y ambientalmente degradadas del mundo, con más del 40% de la población viviendo por debajo de la línea de pobreza (Alliance Sahel, 2025a). Esta disrupción ecológica dificulta enormemente que los hogares enfrenten los shocks recurrentes, lo que conduce a la persistencia de la pobreza y a mayores riesgos de inestabilidad.
El cambio climático en el Sahel actúa como un multiplicador de amenazas y no como una causa directa de conflicto. Como multiplicador, se refiere a cómo el estrés ambiental puede amplificar la fragilidad existente en la región. Algunas investigaciones lo han identificado como un factor que agrava los problemas estructurales que afectan los medios de vida cotidianos de la población (Crawford, 2015), incluyendo la degradación de los medios de subsistencia, el desplazamiento masivo y la escasez de recursos. La región del Sahel depende en gran medida de la agricultura y el pastoreo: más del 90% de la población depende de la agricultura de secano y del pastoreo para su sustento, especialmente en áreas afectadas por la inseguridad (Alliance Sahel, 2025a). La degradación generalizada de las tierras agrícolas y la drástica reducción de los cuerpos de agua debido al calor extremo y las sequías prolongadas tienen un fuerte impacto en las economías locales (Alliance Sahel, 2025b).
Sin embargo, estas condiciones facilitan el reclutamiento por parte de grupos armados en la región. En algunos casos, mujeres y niñas se unen voluntariamente a estos grupos y terminan siendo explotadas como resultado de agravios intercomunitarios, lo que alimenta una mayor inseguridad en la región (ICG, 2016). Más allá de la idea de las “guerras climáticas” (De Sherbinin et al., 2015), este trabajo explora cómo el estrés ambiental desestructura los problemas sociales y económicos y hace que las comunidades desatendidas sean más susceptibles a la explotación y al conflicto.
En la región del Sahel, según registros existentes, las mujeres y niñas soportan la mayor carga tanto de la crisis climática como de la crisis de conflicto (OCDE, 2020). La lucha por recursos cada vez más escasos, como el agua y los alimentos, tiene un efecto en cascada sobre sus vidas. Debido a las lluvias erráticas y las sequías prolongadas, muchas fuentes de agua — especialmente en zonas desérticas de Níger, Nigeria y Malí — se secan, obligando a mujeres y niñas a recorrer mayores distancias para acceder a agua limpia para el uso diario (Itriago, 2025). Este aumento en el tiempo de desplazamiento incrementa sus cargas físicas y de tiempo, exponiéndolas a un mayor riesgo de acoso y violencia de género (Desai y Mandal, 2021). Además, el tiempo dedicado a la búsqueda de estos recursos, así como su escasez, puede afectar negativamente las oportunidades educativas de las niñas debido a la baja asistencia escolar. Esto puede contribuir a su limitada participación en otras actividades creativas y productivas, restringiendo su capital humano y su resiliencia económica futura.
Este ciclo revela cómo los problemas ambientales, como la sequía, pueden afectar directamente las crisis de seguridad y de derechos humanos, con una victimología específica y de carácter de género. Cabe destacar que el acceso inadecuado al agua potable dificulta considerablemente la gestión de la higiene menstrual para mujeres y niñas (OMS, 2014). Esto, además, conduce a su exclusión de actividades sociales y entornos educativos. Los impactos de género de este fenómeno no pueden subestimarse, ya que conllevan importantes consecuencias sociales y profundas implicaciones económicas que limitan la capacidad de adaptación, reforzando así un ciclo de vulnerabilidades persistentes.
Para fundamentar este análisis, este artículo utiliza datos existentes que registran los niveles de vulnerabilidad de la región y su población, con el fin de ilustrar la magnitud en la que estos desafíos han afectado al Sahel, especialmente a mujeres y niñas en comparación con la población masculina. El Índice ND-GAIN, que resume la vulnerabilidad de un país al cambio climático y su preparación para mejorar la resiliencia, muestra que todos los países del Sahel se encuentran entre el 20% más vulnerable a nivel global (ND-GAIN, 2023). Este trabajo también abordará y utilizará el mapeo de escalas de vulnerabilidad, un método que integra datos climáticos, biofísicos y socioeconómicos para identificar puntos críticos — es decir, los países con mayor vulnerabilidad — y así orientar estrategias de adaptación específicas (De Sherbinin et al., 2015). Este enfoque permite pasar de observaciones generales a afirmaciones más detalladas y basadas en datos sobre la vulnerabilidad específica y aguda de la región del Sahel.
Asimismo, este artículo presenta la exclusión financiera como una barrera estructural de larga data para el desarrollo. Actualmente, constituye un catalizador crítico y frecuentemente ignorado de la inseguridad en la región del Sahel, particularmente en Níger, Burkina Faso, Nigeria, Malí y Senegal, todos ellos amenazados por el cambio climático. Este trabajo también sostiene que un enfoque con perspectiva de género es esencial, ya que las cargas financieras y físicas del cambio climático y los conflictos recaen de manera desproporcionada en mujeres y niñas.
Este artículo contribuye al tema de las finanzas verdes inclusivas al proporcionar evidencia empírica de cómo el financiamiento climático basado en deuda socava la equidad y la resiliencia. Además, analiza críticamente cómo la exclusión financiera actúa como un catalizador de la inseguridad humana en el Sahel desde la perspectiva de las políticas de financiamiento climático. Desde un enfoque de seguridad humana, subraya la necesidad de ir más allá de enfoques centrados en el Estado y enfocarse en el bienestar de individuos y comunidades. Asimismo, examina cómo la predominancia del financiamiento basado en deuda agrava la inseguridad al debilitar la capacidad de adaptación, profundizar las desigualdades y alimentar los conflictos. A partir de sus hallazgos clave, el estudio propone un marco de financiamiento climático con enfoque de género que prioriza subvenciones sobre préstamos, promueve la inversión en herramientas de finanzas digitales, fortalece los sistemas de protección social adaptativos e incorpora las voces de las mujeres en el diseño de políticas. Este enfoque no solo es una cuestión de equidad, sino también esencial para construir una paz duradera y resiliencia en la región del Sahel.
Este artículo se divide en ocho partes. Primero, la introducción, seguida de las clarificaciones conceptuales que explican los conceptos clave de financiamiento climático, finanzas verdes inclusivas y transición justa. A continuación, se presenta la revisión de la literatura, que identifica las brechas existentes en el estudio del financiamiento climático y las vulnerabilidades de género. El marco teórico utiliza el enfoque de seguridad humana para explicar los vínculos entre la exclusión financiera y la inseguridad humana. Posteriormente, la sección metodológica describe los métodos utilizados en la investigación y sus limitaciones. La sexta parte se centra en la discusión, donde se analiza cómo la exclusión financiera actúa como catalizador de la inseguridad humana, destacando las deficiencias de las políticas de financiamiento climático. La séptima parte aborda las implicaciones para la reforma de políticas basadas en los hallazgos del estudio y, finalmente, el artículo concluye con una síntesis final.
A través del análisis crítico de las deficiencias de las políticas de financiamiento climático desde una perspectiva de inclusión financiera con enfoque de género, esta investigación contribuye a la literatura al ofrecer una comprensión más matizada de lo que realmente requiere una transición justa y resiliente. Va más allá del enfoque tradicional centrado en la inestabilidad macroeconómica para destacar cómo la falta de acceso a herramientas financieras básicas a nivel de hogares y comunidades socava directamente la capacidad de adaptación y, a su vez, alimenta crisis sociales y de seguridad.
Clarificaciones conceptuales
Financiamiento climático
Según Wong (2016), el financiamiento climático se entiende generalmente como los flujos financieros movilizados por países industrializados hacia países en desarrollo para apoyar la adaptación y mitigación del cambio climático. Los fondos climáticos varían según las necesidades y la ubicación; en términos generales, el concepto se refiere a recursos financieros desembolsados desde distintos niveles — ya sean locales o internacionales, públicos transnacionales, privados o fuentes alternativas — destinados a apoyar o abordar los problemas relacionados con el cambio climático (Wong, 2016).
El concepto de financiamiento climático es central en el Acuerdo de París de 2015, el cual establece el compromiso de las instituciones internacionales y de los países desarrollados de proporcionar recursos financieros para ayudar a implementar objetivos climáticos (UNFCCC, 2021). En la región del Sahel, por ejemplo, el financiamiento climático cumple dos funciones principales interrelacionadas: la mitigación, es decir, acciones destinadas a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) para desacelerar el calentamiento global; y la adaptación, que incluye esfuerzos orientados a fortalecer la resiliencia de infraestructuras, comunidades, economías y ecosistemas, permitiéndoles ajustarse tanto a los efectos actuales como a los previstos de un entorno climático cambiante.
Es importante señalar que, en los últimos años, el financiamiento climático se ha politizado debido a las diferencias y tensiones entre países desarrollados y en desarrollo, ya que la mayoría de los fondos de adaptación se otorgan en forma de préstamos concesionales en lugar de subvenciones. Esto, a su vez, conduce a recortes presupuestarios y a una reducción del gasto social en los países menos desarrollados, en su intento por cumplir con el pago de estas deudas. La disminución del gasto social tiene impactos negativos sobre las mujeres, aumentando así la desigualdad de género.
Sin embargo, la suficiencia y la composición del financiamiento climático — ya sea en forma de préstamos o subvenciones —, especialmente en su implementación para la adaptación en los estados afectados del Sahel, constituye la principal crítica de este artículo.
Finanzas Verdes Inclusivas
El concepto de Finanzas Verdes Inclusivas (IGF, por sus siglas en inglés) surgió como un enfoque que combina la inclusión financiera con las finanzas verdes para ayudar a las poblaciones vulnerables a adaptarse y mitigar los impactos del cambio climático en sus regiones, reducir los efectos de estos shocks y fomentar una economía baja en carbono (Alliance for Financial Inclusion, 2022).
Este enfoque de desarrollo sostenible se estableció para cerrar la brecha entre cambio climático y pobreza en los países afectados. La política de finanzas verdes empodera a grupos desfavorecidos, como hogares de bajos ingresos y micro, pequeñas y medianas empresas, facilitando su acceso a servicios financieros verdes, como seguros sensibles al clima y créditos verdes. Esto les permite gestionar riesgos climáticos, acceder a tecnologías sostenibles y contribuir al desarrollo económico y al bienestar social. Es un enfoque de política emergente y prioritario para muchos países; Papúa Nueva Guinea fue el primer país en adoptarlo en 2023, seguido por otros como Egipto, Fiyi y Bangladesh (Novak, 2025).
Las Finanzas Verdes Inclusivas siguen siendo un concepto emergente en la región del Sahel, que aún no ha sido plenamente adoptado ni implementado, a pesar de su significativo potencial para impulsar el desarrollo sostenible y una transición justa. Algunos estudios han encontrado que, mediante iniciativas como la Gran Muralla Verde (GGW, por sus siglas en inglés) y estrategias nacionales que apoyan la red de la Alianza para la Inclusión Financiera (AFI, por sus siglas en inglés), algunos países han comenzado a beneficiarse de este marco. Sin embargo, su adopción total sigue siendo limitada, y aún no se han implementado políticas que integren completamente este enfoque en la región del Sahel.
Transiciones Justas
El concepto de transiciones justas surgió por primera vez en la década de 1970 como una idea centrada en el ámbito laboral (Wang, 2021). Con el tiempo, se ha ampliado y ha adquirido relevancia en el discurso sobre el cambio climático, siendo reconocido internacionalmente en el Acuerdo de París de 2015. Este concepto cobra importancia debido a que los impactos del cambio climático son desiguales entre las poblaciones, al igual que los esfuerzos para mitigarlo, como la adopción de energías renovables o el cierre de plantas de combustibles fósiles. La noción de “justicia” en la distribución busca reducir estas desigualdades y generar resultados más equitativos en la transición hacia emisiones netas cero (LSE, 2024).
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) define este concepto como la transformación de la economía hacia un modelo más ecológico de la manera más justa e inclusiva posible, creando oportunidades de empleo digno y sin dejar a nadie atrás (PNUD, 2022). Las transiciones justas se sustentan en cuatro pilares principales: el apoyo a comunidades vulnerables mediante la creación de empleos verdes y el desarrollo de habilidades; la compensación y protección social de las poblaciones afectadas; y la diversificación y regeneración económica para mitigar los impactos socioeconómicos de la transición verde.
Este enfoque sostiene que nadie debe quedar excluido en la transición hacia una economía baja en carbono, garantizando que las políticas ambientales no perjudiquen de manera desproporcionada a trabajadores o comunidades. La transición justa prioriza inversiones en adaptación y asegura que las intervenciones y el financiamiento climático lleguen a las poblaciones más vulnerables, como pequeños agricultores, mujeres, micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) y comunidades nómadas, que a menudo carecen de acceso a crédito y servicios necesarios para construir resiliencia financiera, un elemento clave para fomentar la paz y reducir la vulnerabilidad frente a la inseguridad y la explotación.
Revisión de la literatura – Financiamiento climático y exclusión de género
El Acuerdo de París y los marcos posteriores de financiamiento climático se comprometieron a movilizar 100 mil millones de dólares anuales para apoyar la mitigación y adaptación al cambio climático en países en desarrollo (UNFCCC, 2015). Sin embargo, estudios empíricos destacan deficiencias persistentes en su implementación, ya que los flujos de financiamiento a menudo no alcanzan los compromisos establecidos (Roberts & Weikmans, 2017). Además, el financiamiento climático se dirige mayormente a proyectos de mitigación en países de ingresos medios, mientras que el financiamiento para adaptación — fundamental para el Sahel — sigue siendo limitado (Pauw et al., 2016).
Diversos instrumentos basados en deuda dominan los flujos de financiamiento climático, con préstamos concesionales que superan frecuentemente a las subvenciones (OCDE, 2020). Aunque los préstamos pueden considerarse apropiados en ciertos contextos, en estados frágiles con capacidad fiscal limitada tienden a agravar la carga de la deuda, restringir la autonomía de políticas públicas y aumentar la inseguridad económica (Carter et al., 2021). Esta estructura socava los principios de equidad de la justicia climática.
La mayoría de los estudios destacan que la exclusión financiera se cruza con la vulnerabilidad climática al limitar la capacidad de los hogares para invertir en medios de vida resilientes al clima, diversificar ingresos o acceder a seguros frente a shocks climáticos (Demirguc-Kunt et al., 2021). En muchas comunidades locales, esta exclusión contribuye a la inseguridad alimentaria y a la inestabilidad social. Aunque la exclusión financiera sigue siendo generalizada en la región del Sahel, el acceso limitado a crédito, ahorro y seguros restringe la capacidad de adaptación y refuerza los ciclos de vulnerabilidad.
Las dimensiones de género de la exclusión financiera están bien documentadas. Las mujeres enfrentan barreras legales, culturales e institucionales para acceder a servicios financieros, incluyendo la falta de garantías, leyes de herencia discriminatorias y exclusión de los procesos de toma de decisiones (ONU Mujeres, 2020). El cambio climático amplifica estas vulnerabilidades, ya que las mujeres suelen ser responsables de la provisión de alimentos y agua, lo que las hace desproporcionadamente afectadas por sequías y escasez de recursos (ONU Mujeres, 2020).
A pesar del reconocimiento global de la necesidad de un financiamiento climático con enfoque de género, su implementación ha sido débil. Los estudios indican que las voces de las mujeres suelen estar excluidas de la toma de decisiones sobre la asignación de recursos, lo que da lugar a políticas que no responden a sus necesidades específicas (Schalatek y Nakhooda, 2013).
Un creciente cuerpo de literatura vincula la vulnerabilidad climática con la inseguridad en estados frágiles. Por ejemplo, estudios como el de Eboreime et al. (2025) sostienen que las presiones del cambio climático en el Sahel y Sudán alimentan conflictos como los enfrentamientos entre agricultores y pastores, así como otros conflictos relacionados con la escasez de recursos. La degradación de los medios de vida inducida por el clima exacerba los agravios, intensifica la competencia por recursos escasos y aumenta los conflictos (Hendrix y Salehyan, 2012). En el Sahel, los shocks climáticos se han asociado con un aumento en el reclutamiento en grupos armados, conflictos entre agricultores y pastores, y desplazamientos forzados (Raleigh y Kniveton, 2012).
No obstante, es importante destacar que los estudios existentes aún no han explorado de manera adecuada la relación entre la exclusión financiera y la inseguridad humana. Si bien el financiamiento climático es reconocido como una herramienta para la resiliencia, la dependencia de préstamos y la falta de acceso para las poblaciones más vulnerables limitan su efectividad. Este estudio busca llenar ese vacío mediante la aplicación de un enfoque de seguridad humana que enfatiza la intersección entre los sistemas financieros, la vulnerabilidad climática y los patrones de inseguridad, ofreciendo así una comprensión más integral y con perspectiva de género sobre cómo la exclusión configura los riesgos en el Sahel. De este modo, contribuye a la literatura al vincular las finanzas verdes inclusivas con la prevención de conflictos, demostrando que el acceso equitativo a subvenciones y herramientas de financiamiento digital puede reducir la inseguridad al tiempo que fortalece la resiliencia.
Marco teórico – El enfoque de seguridad humana
Este estudio adopta el marco teórico de la seguridad humana para analizar la relación entre la exclusión financiera, la vulnerabilidad climática y la inseguridad humana en el Sahel. La seguridad humana surgió como un paradigma que desplaza el enfoque desde nociones de seguridad centradas en el Estado hacia la protección y el empoderamiento de los individuos (Rothschild, 1995; Gasper, 2005). A diferencia de la seguridad tradicional, que enfatiza la integridad territorial y las amenazas militares, la seguridad humana abarca múltiples dimensiones del bienestar, incluyendo la seguridad económica, ambiental, sanitaria, alimentaria y de los medios de vida (O’Brien & Leichenko, 2008).
La seguridad humana se basa en dos libertades fundamentales: la libertad frente al miedo y la libertad frente a la necesidad (Taylor, 2004). La libertad frente al miedo se refiere a la protección contra la violencia y el conflicto, mientras que la libertad frente a la necesidad está relacionada con el acceso a recursos, medios de vida y oportunidades. En el Sahel, la exclusión financiera socava ambas libertades. Sin acceso a servicios financieros, las comunidades tienen una menor capacidad para adaptarse a los shocks climáticos, enfrentan mayores niveles de pobreza y un mayor riesgo de conflicto.
El enfoque de seguridad humana es particularmente relevante para el financiamiento climático, ya que pone en evidencia las inseguridades que surgen cuando las estrategias de adaptación y resiliencia no llegan a las poblaciones más vulnerables. Al centrarse en los individuos en lugar de los Estados, revela las desigualdades de los modelos de financiamiento basados en deuda, que profundizan la vulnerabilidad en lugar de reducirla. Diversos autores sostienen que la seguridad humana representa una convergencia entre desarrollo y seguridad, reconociendo que la paz sostenible depende de abordar los factores estructurales de la vulnerabilidad (Duffield, 2006).
Es importante destacar que las dimensiones de género son centrales en este enfoque. Las mujeres en el Sahel enfrentan barreras estructurales para la inclusión financiera, la propiedad de la tierra y la participación en la toma de decisiones. Estas barreras aumentan su exposición a los riesgos climáticos y limitan su capacidad de adaptación. Por lo tanto, un análisis de seguridad humana con perspectiva de género ofrece perspectivas clave sobre cómo las políticas de financiamiento climático deben reestructurarse para promover la equidad y la resiliencia.
Metodología
Este artículo adopta un enfoque de métodos mixtos que combina la recolección de datos cualitativos y cuantitativos para ofrecer un análisis integral y profundo del tema, utilizando un enfoque comparativo entre seis (6) países de la región del Sahel: Nigeria, Níger, Burkina Faso, Malí, Chad y Senegal. La selección de estos países se basa en su alta vulnerabilidad al cambio climático y la presencia de conflictos, así como en la relevancia del financiamiento climático y las políticas asociadas en la región. Se emplea el método de análisis temático para examinar los datos obtenidos de diversas fuentes, reflejando la realidad de la exclusión financiera entre las mujeres en la región seleccionada y explicando cómo esta contribuye a la inseguridad.
El análisis cualitativo consiste en una revisión focalizada de fuentes secundarias relevantes, incluyendo literatura académica, informes de ONGs, documentos de políticas y reportes de noticias, con el objetivo de establecer vínculos causales entre los impactos climáticos, las vulnerabilidades de género y la evolución de las dinámicas de seguridad. La base de este análisis se construye a partir de la revisión de estudios académicos e informes sobre vulnerabilidad climática e inseguridad en el Sahel, así como de documentos de políticas y literatura relacionada de organizaciones como Oxfam, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional (FMI) y ONU Mujeres, entre otros. Estos recursos permiten contextualizar los datos en relación con eventos recientes y desarrollos de políticas públicas.
El análisis cuantitativo utilizará datos de la base Global Findex del Banco Mundial sobre inclusión financiera, con el objetivo de cuantificar la brecha de género en la titularidad de cuentas financieras y el uso de servicios financieros digitales en los países estudiados del Sahel. Estos datos servirán como fuente primaria y proporcionarán información detallada sobre la titularidad de cuentas, pagos digitales, ahorro y comportamiento de endeudamiento, con un enfoque específico en la desagregación por género y ubicación. Esto permite medir la brecha de género y seguir la adopción de herramientas financieras digitales en la región. El Índice de Adaptación Global de Notre Dame (ND-GAIN) se utilizará para medir y mapear las áreas de alta vulnerabilidad al cambio climático y su capacidad de resiliencia frente a la exclusión financiera. Por su parte, los datos de ‘Armed Conflict Location and Event Data’ (ACLED) se emplearán para cuantificar el nivel de inseguridad humana mediante el registro del número de ataques armados y víctimas en las regiones analizadas, lo que permitirá establecer una correlación tangible entre la exclusión financiera y la inseguridad.
Limitaciones del estudio
Este estudio se centra en países de la región del Sahel debido a su clasificación como un punto crítico global de fragilidad climática y terrorismo. Además, estos países presentan altos niveles de vulnerabilidad según el índice ND-GAIN y mantienen una situación persistente de inestabilidad. El período de estudio de los datos cuantitativos se concentra en 2021-2022, ya que corresponde al marco temporal de los datos más recientes disponibles sobre inclusión financiera del Banco Mundial (Global Findex) para estos países del Sahel, recopilados y publicados durante ese período, con algunos países encuestados en 2021 y otros en 2022. Aunque esto garantiza el uso de los datos más recientes disponibles para un análisis comparativo entre países, también constituye una limitación, ya que impide analizar tendencias de inclusión financiera y efectos de políticas surgidos desde 2023.
No obstante, esta limitación temporal no invalida la contribución principal del estudio, que busca utilizar sus hallazgos clave para proponer un marco de políticas sistémicas de financiamiento con enfoque de género, basado en vulnerabilidades identificadas y en la efectividad comprobada de programas existentes. Entre las limitaciones generales del estudio se incluyen los desafíos inherentes a establecer una causalidad directa entre variables macroeconómicas (como el estado financiero) y fenómenos micro (como la incidencia de conflictos) en entornos de seguridad altamente complejos, lo que requiere cautela al interpretar correlaciones derivadas de índices agregados como ACLED y ND-GAIN.
Financiamiento climático y transiciones justas en el Sahel
En la región del Sahel, la discusión sobre las transiciones justas es relevante debido a la alta dependencia de la agricultura, la ganadería y otras formas de medios de vida informales que son sensibles al clima y estructuralmente marginadas (Newell y Maulvaney, 2013). Sin embargo, el concepto de transición justa en este contexto garantiza un cambio hacia economías bajas en carbono y resilientes al clima, prestando especial atención a los grupos vulnerables. La transición justa enfatiza el incremento en el uso de tecnología y una mejor inversión para facilitar políticas financieras redistributivas que aseguren que el financiamiento climático no profundice las desigualdades existentes.
La mayoría de los mecanismos de financiamiento climático existentes en el Sahel, como el Fondo Verde para el Clima (GCF, por sus siglas en inglés), no logran apoyar plenamente las transiciones justas. Los instrumentos basados en préstamos suelen excluir a pequeños agricultores, mujeres emprendedoras y jóvenes, quienes carecen de garantías o acceso a instituciones bancarias formales. Esta exclusión financiera no solo socava la capacidad de adaptación, sino que también perpetúa ciclos de pobreza e inseguridad. Un enfoque de transición justa requiere financiamiento basado en subvenciones, instrumentos concesionales adaptados a las comunidades vulnerables y estructuras de gobernanza participativa que integren el conocimiento y las prioridades locales (Heffron y McCauley, 2018).
Para alinear el concepto de financiamiento climático con la transición justa en la región del Sahel, es necesario abordar la dinámica de género en el trabajo y los medios de vida. Las mujeres constituyen la mayoría de la mano de obra agrícola, pero enfrentan barreras sistémicas para acceder a servicios financieros. El financiamiento climático que invierte en cooperativas de mujeres, inclusión digital y agricultura inteligente frente al clima tiene el potencial de reducir tanto la marginación económica como los riesgos de inseguridad. En este sentido, las transiciones justas representan no solo un camino hacia la sostenibilidad, sino también una estrategia de seguridad basada en la dignidad humana, la equidad y la resiliencia.
Tabla 1: Clasificación de vulnerabilidad climática de los estados seleccionados del Sahel
Fuente: Elaborado por la autora con datos del Índice ND-GAIN, 2023.
Desafíos para un financiamiento climático con enfoque de género en el Sahel
La brecha en el financiamiento para la adaptación
Una crítica basada en datos sobre los flujos actuales de financiamiento climático hacia el Sahel revela una marcada discrepancia entre los compromisos declarados y la entrega real. Según Oxfam, durante el período de 2013 a 2019, la región de África Occidental, que incluye el Sahel, recibió un total de $11.7 mil millones en financiamiento climático internacional, con un promedio de $1.7 mil millones por año. Esto equivale a unos completamente insuficientes $4.90 por persona al año, una cifra que ni siquiera alcanza el umbral diario de pobreza de $5.50 (Oxfam, 2022). Una comparación más profunda con las necesidades declaradas por los países en sus Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDCs, por sus siglas en inglés) revela una alarmante brecha del 82% en financiamiento para adaptación. Esta falta de fondos suficientes constituye un obstáculo fundamental y existencial para construir resiliencia climática en una región que se encuentra entre las más vulnerables del mundo.
Figura 1: Brechas de género regionales en la titularidad de cuentas en África Subsahariana (2021-2022). Fuente: Diseñado por la autora con datos de la base Global Findex del Banco Mundial.
La Figura 1, un gráfico de barras apiladas, ilustra la brecha de género regional en la titularidad de cuentas dentro de África Subsahariana, considerando un total de 49 países: 23 países de bajos ingresos, 12 países de ingresos medios-altos y 14 países de altos ingresos; este gráfico excluye los países de altos ingresos. El resultado muestra que el 58% de los titulares de cuentas son hombres, frente al 42% que son mujeres. Esta disparidad destaca una brecha de género significativa en el acceso a cuentas financieras, con los hombres más propensos que las mujeres a poseer o tener acceso a servicios financieros formales. Esto subraya los persistentes desafíos que enfrentan las mujeres en materia de inclusión financiera en la región, reforzando la necesidad de intervenciones políticas específicas para reducir las desigualdades de género en el acceso a los sistemas financieros.
Un enfoque centrado en la deuda
Un análisis más profundo de estos flujos financieros revela un defecto crítico y estructural: la dependencia desproporcionada de instrumentos de deuda. El análisis muestra que el 62% de todo el financiamiento climático hacia el Sahel entre 2013 y 2019 consistió en préstamos, mientras que las subvenciones solo experimentaron un modesto aumento del 79% (Oxfam, 2022). Esta excesiva dependencia de la deuda añade una peligrosa carga financiera a naciones que ya enfrentan altos niveles de deuda y pobreza. Este hallazgo contradice directamente los principios de una transición justa, ya que coloca la carga financiera de la adaptación climática sobre los países menos responsables de la crisis, arriesgando un mayor endeudamiento y comprometiendo sus objetivos de desarrollo a largo plazo.
Sin embargo, este artículo examina cómo las regulaciones financieras relacionadas con el clima, destinadas a mitigar riesgos sistémicos, agravan aún más la exclusión financiera en la región del Sahel. Aunque los esfuerzos realizados para alinear los mercados financieros con los objetivos de sostenibilidad son importantes, un documento de trabajo analítico del Banco Mundial destaca a los países con alto riesgo de exclusión. Sin esfuerzos deliberados hacia una planificación enfocada en la inclusión, las nuevas normas sobre divulgación o gestión de riesgos por parte de los actores del mercado podrían marginar aún más a las poblaciones vulnerables de estos estados problemáticos y grupos que incluyen comerciantes a pequeña escala, agricultores y micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs) (Dias, 2025). Estos grupos a menudo carecen de sistemas formales, alfabetización financiera y capacidad administrativa para cumplir con regulaciones complejas, lo que dificulta el acceso al financiamiento verde que necesitan para la adaptación y la transición climática. Esto crea un ciclo interminable en el que las políticas diseñadas para alcanzar los objetivos de financiamiento climático refuerzan inadvertidamente las desigualdades y la exclusión existentes.
Figura 2: Brecha de transacciones financieras digitales por género en estados seleccionados del Sahel (2021-2022). Fuente: Diseñado por la autora con datos de la base Global Findex del Banco Mundial.
La Figura 2, un gráfico de barras apiladas, presenta la distribución de las transacciones de pagos digitales en áreas afectadas por los impactos climáticos bajo este estudio entre 2021 y 2022. En Senegal, el uso de pagos digitales está fuertemente dominado por hombres, similar a Nigeria. Burkina Faso y Níger también muestran brechas de género notables; de igual manera, en Chad la situación persiste. El desequilibrio de género consistente en la adopción de pagos digitales en los seis países subraya las barreras sistémicas que dificultan la participación plena de las mujeres en el ecosistema digital.
Ambigüedad en la definición y suficiencia
Más allá del volumen y la composición del financiamiento climático, un desafío clave radica en la propia definición y reporte de estos fondos por parte de las principales instituciones. El Acuerdo de París incluye un compromiso de los países desarrollados de proporcionar $100 mil millones anuales en financiamiento climático a los países en desarrollo (CGD, 2024a). Sin embargo, esta meta no se ha cumplido y los fondos proporcionados han sido ampliamente criticados por su falta de transparencia y de adicionalidad. Una revisión de 2,554 proyectos del Banco Mundial financiados entre 2000 y 2022 reveló un fuerte sesgo hacia la mitigación, incluso en los países más pobres que representan menos del 1% de las emisiones globales (CGD, 2024b). Este patrón continuó en los años fiscales FY23 y FY24, donde solo aproximadamente un tercio del gasto total ($55 mil millones de $153 mil millones) fue etiquetado como relacionado con el clima (Kenny et al, 2025).
Una preocupación significativa es la amplia definición de lo que se considera financiamiento relacionado con el clima, ya que muchos proyectos son etiquetados como climáticos incluso cuando menos del 10% del valor del préstamo se destina a actividades climáticas. Esta práctica de etiquetar una pequeña porción de un gran número de proyectos como relacionados con el clima dificulta evaluar cuánto del financiamiento es realmente nuevo y cuánto de los fondos adicionales no se habría proporcionado sin un enfoque climático. Este problema de definición y transparencia sigue siendo un obstáculo para asegurar que el financiamiento climático se canalice de manera efectiva y equitativa hacia donde más se necesita.
La exclusión financiera como catalizador de la inseguridad en la región del Sahel
Según un informe del Fondo Monetario Internacional (FMI, 2020), en la región del Sahel, la brecha significativa y persistente en inclusión financiera constituye un gran obstáculo para la resiliencia en países como Nigeria, Níger, Malí, Chad y Senegal. De manera similar, los datos de la base Financial Index del Banco Mundial muestran que solo alrededor del 37% de las mujeres en esta región afectada por el cambio climático poseen una cuenta bancaria, en comparación con aproximadamente el 48% de los hombres (Morsy, 2020).
Esta exclusión estructural y la falta de acceso impiden que las mujeres y otras poblaciones vulnerables, que incluyen hogares pobres, personas con discapacidad, pequeños agricultores y comerciantes, puedan construir resiliencia financiera frente a los impactos climáticos. El acceso insuficiente o la falta de acceso a mecanismos formales de ahorro, crédito o seguros climáticos expone a los hogares a riesgos elevados y, por lo tanto, contribuye a que dependan de estrategias informales de supervivencia durante las crisis, como vender bienes valiosos o reducir el consumo de alimentos. Todo esto aumenta inadvertidamente el riesgo de desnutrición en los niños y podría llevar al incremento de la pobreza (Crawford, 2015).
La falta de una red de seguridad financiera los hace más vulnerables frente a los impactos del cambio climático, como patrones meteorológicos erráticos y degradación ambiental, lo que contribuye directamente a la inseguridad alimentaria y a la pérdida de medios de vida.
Figura 3: Número de ataques violentos en países seleccionados del Sahel (2021-2022). Fuente: Diseñado por la autora con datos de ACLED
La Figura 3 ilustra la distribución de ataques violentos en los seis países del Sahel incluidos en este estudio, mostrando una variación significativa en el número de ataques, ya que Nigeria en 2021 y 2022 registró la mayor cantidad, superando a todos los demás países.
Figura 4: Propiedad de cuentas por género en países seleccionados del Sahel (2021-2022). Fuente: Diseñado por la autora con datos del World Bank Global Findex Database
La Figura 4 ilustra las brechas de género persistentes en los países analizados, particularmente en áreas afectadas por los impactos del cambio climático, con un desequilibrio en la proporción de mujeres y hombres. En Nigeria y Senegal, la brecha es evidente, ya que más hombres poseen cuentas en comparación con las mujeres. Este hallazgo resalta la necesidad urgente de políticas de inclusión financiera e intervenciones dirigidas que puedan cerrar la brecha en el acceso a fondos y alfabetización digital.
La exclusión financiera en la región del Sahel es un problema multifacético que va más allá del acceso a los servicios financieros. Generalmente, la mayoría de los análisis tradicionales se centran más en las restricciones del lado de la oferta, como las altas tasas de interés de los préstamos y la falta de garantías, que afectan desproporcionadamente a las mujeres emprendedoras (Itriago, 2025). Sin embargo, un análisis más completo revela que estas barreras se ven agravadas por factores importantes del lado de la demanda. Varias investigaciones sobre los mercados financieros en África indican que las mujeres tienen más probabilidades que los hombres de optar personalmente por no participar en el mercado crediticio formal debido a una baja percepción de solvencia crediticia. Este comportamiento no necesariamente responde a discriminación directa, sino que se origina en otros factores, como baja alfabetización financiera, aversión aprendida al riesgo o miedo al fracaso.
Esta dinámica demuestra que abordar la brecha de inclusión financiera requiere más que reformas de políticas por parte de las instituciones financieras. Se necesita un cambio fundamental en el enfoque, que combine cambios del lado de la oferta con intervenciones conductuales y programas sociales diseñados para aumentar la alfabetización financiera y la confianza de las mujeres. La implicación es que las soluciones deben ser múltiples, abordando no solo la disponibilidad de productos financieros, sino también las condiciones que permitan a las poblaciones vulnerables buscarlos y utilizarlos con confianza.
Figura 5: Comparación de inclusión financiera entre hombres y mujeres en países seleccionados del Sahel (2021-2022). Fuente: Diseñado por la autora con datos del World Bank Global Findex Database
La Figura 5 muestra el nivel de inclusión financiera de ambos géneros en cada país. En Burkina Faso y Níger, se observa un nivel mayor de inclusión de mujeres en financiamiento verde, lo que ayuda a mejorar sus medios de vida diarios en la región, en comparación con otros países donde las brechas son más visibles.
Caminos hacia una Finanzas Verdes Inclusivas y con Perspectiva de Género
Algunos caminos efectivos hacia una finanza verde totalmente inclusiva ya existen a pequeña escala, como a través del Programa de Protección Social Adaptativa del Sahel (SASPP, por sus siglas en inglés) del Banco Mundial, que sirve como un caso de estudio convincente de un enfoque inclusivo y de abajo hacia arriba en finanzas climáticas; este camino es ampliable (World Bank Group, 2024). Los temas regionales de este programa abarcan pobreza, vulnerabilidad y resiliencia; sistemas de entrega sensibles a choques climáticos; inclusión productiva para el empoderamiento de las mujeres; fragilidad y desplazamiento forzado; y capital humano.
El programa del Banco Mundial aprovecha los pagos digitales y los registros sociales para entregar apoyo oportuno a los hogares vulnerables, demostrando un modelo para fortalecer la resiliencia climática. Uno de sus componentes clave más relevantes es el concepto de medidas de inclusión productiva; este concepto integra ahorros comunitarios, grupos de préstamo, entre varias otras herramientas que han ayudado a incrementar de manera demostrable los ingresos de mujeres comerciantes y agricultoras a pequeña escala, además de ayudarlas a diversificar sus ingresos más allá de actividades agrícolas sensibles al clima (World Bank Group, 2024b).
Además, el programa ha demostrado una fuerte relación costo-efectividad, con impactos en el consumo de los beneficiarios que superan los costos del programa en países como Níger y Senegal. La evidencia sugiere que sistemas habilitados digitalmente pueden no solo entregar ayuda de manera eficiente, sino también construir capacidades financieras a largo plazo a nivel comunitario.
Figura 6: Tendencia de la Brecha de Género en Inclusión Financiera en países seleccionados del Sahel (2021-2022). Fuente: Diseñado por la autora con datos del World Bank Global Findex Database
La Figura 6 muestra la tendencia observada de la brecha de género en la inclusión financiera en los países bajo estudio durante los años 2021 y 2022, comparando los puntuajes de las categorías de hombres y mujeres. Los datos revelan una reducción significativa general en los puntuajes año con año, junto con una disminución sustancial de la brecha de género.
Implicaciones para Reformas de Política
Basado en los hallazgos del estudio, el documento propone un marco para replantear las finanzas climáticas en el Sahel, alineado con los principios de una transición justa. Este marco debe incluir:
1. Un cambio fundamental en la composición de las finanzas climáticas, de préstamos a subvenciones, para aliviar la peligrosa carga de deuda de las naciones altamente vulnerables.
2. El diseño intencional de políticas que mitiguen activamente los riesgos de exclusión inherentes a las regulaciones financieras relacionadas con el clima, asegurando que los pequeños agricultores y las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs) no queden rezagados.
3. La expansión dirigida de servicios financieros habilitados digitalmente y sistemas de protección social adaptativa que puedan llegar hasta el último eslabón y proporcionar una red de seguridad crítica frente a los choques climáticos.
4. La integración de las voces y el liderazgo de las mujeres en todas las fases de planificación e implementación de las finanzas climáticas, asegurando que las políticas sean cocreadas con las comunidades afectadas a las que están destinadas.
5. Fortalecer los modelos de gobernanza y financiamiento de los Bancos Públicos de Desarrollo (BPD) a nivel nacional y regional, obligándolos a priorizar proyectos de adaptación que mejoren la resiliencia climática y reduzcan los costos de endeudamiento de las naciones vulnerables, incorporando así justicia distributiva en las decisiones de inversión (Itriago, 2025).
6. Promover la innovación financiera, como seguros indexados al clima y mecanismos de financiamiento de riesgos contingentes, respaldados por sistemas de alerta temprana climática, para transferir los riesgos climáticos de los hogares vulnerables y garantizar una respuesta financiera rápida y eficiente tras los choques climáticos.
Conclusión
Este análisis ha demostrado que la exclusión financiera, particularmente para las mujeres, es un factor crítico y a menudo ignorado de inseguridad en el Sahel, una región vulnerable al clima. La evidencia presentada ilustra cómo la insuficiencia y la estructura defectuosa de las finanzas climáticas internacionales, específicamente su dependencia de la deuda sobre las subvenciones, perpetúa un ciclo de vulnerabilidad e inestabilidad. Al no proporcionar a las poblaciones más vulnerables las herramientas financieras necesarias para adaptarse a los choques climáticos, las políticas actuales exacerban las fragilidades existentes, socavan los medios de vida y contribuyen a las condiciones que alimentan la inseguridad. Una transición justa genuina no puede lograrse sin abordar las profundas desigualdades de género en el acceso financiero.
Para abordar adecuadamente este complejo desafío, los responsables de políticas, los bancos de desarrollo y las organizaciones internacionales deben adoptar un enfoque integrado y nuevo. La ampliación de diferentes sistemas de protección social adaptativa, incluyendo plataformas de finanzas digitales dedicadas a regiones afectadas por choques climáticos, debe incorporar a las mujeres como beneficiarias clave y permitir la diversificación de ingresos. La mayoría de los planes nacionales de adaptación diseñados bajo el programa de apoyo del Banco Mundial, como el Programa de Protección Social Adaptativa del Sahel (SASPP), deben incluir como objetivo central la planificación de la adaptación y la implementación de resiliencia, anclándose específicamente en fortalecer y mejorar la sostenibilidad mientras se garantiza el acceso equitativo a flujos financieros climáticos dedicados.
Es pertinente destacar que toda planificación de finanzas climáticas debe integrar liderazgo de género y ser sensible al género, con esfuerzos deliberados para incluir las voces de las mujeres, especialmente aquellas en regiones afectadas por choques climáticos en cada país estudiado. El diseño de estos programas también debe garantizar que se aborden tanto las barreras del lado de la oferta como de la demanda de inclusión financiera, asegurando el empoderamiento de las mujeres a través de oportunidades económicas que vayan más allá de la agricultura dependiente del clima. En este punto, se debe fomentar la diversificación económica, la adquisición de habilidades y la migración como opciones disponibles para mujeres y niñas afectadas.
El liderazgo y la educación también son críticos para la inclusión financiera climática. La exposición a la alfabetización financiera es esencial para las mujeres, así como la continuación de la educación para las niñas. En medio de todas estas reformas, las mujeres deben poder liderar programas de adaptación en sus comunidades locales y tener acceso a financiamiento, bajo la guía y supervisión de las partes interesadas para coordinar programas de adaptación efectivos. Esto, a su vez, apoya el crecimiento de las comunidades locales y abre oportunidades de diversificación económica más allá de la agricultura y el pastoreo, protegiendo a la población de la explotación por grupos extremistas violentos. La ausencia de pobreza en la región del Sahel puede, inadvertidamente, eliminar el poder y la explotación de los vacíos que estos grupos buscan en estas áreas conflictivas.
Además, para que la exclusión financiera deje de ser un catalizador de inseguridad humana, es importante que la ayuda financiera se reestructure para priorizar subvenciones sobre préstamos, aliviando así la carga de deuda de la región del Sahel y liberando recursos para la adaptación climática. Además, las inversiones deben dirigirse a ampliar modelos probados de finanzas inclusivas, como sistemas de protección social adaptativa que aprovechen la tecnología digital para llegar a comunidades marginadas. Sobre todo, toda planificación de finanzas climáticas debe ser sensible al género, con esfuerzos deliberados para incluir las voces de las mujeres en la toma de decisiones y diseñar programas que aborden las barreras tanto del lado de la oferta como de la demanda en la inclusión financiera.
Referencias
