Resumen
Este artículo analiza la escalada de las tensiones entre Estados Unidos y Venezuela durante 2025, con énfasis en el complejo regional de seguridad del Caribe. Bajo la presidencia de Donald Trump, las relaciones entre ambos países se han deteriorado drásticamente, marcadas por un aumento de despliegues militares, incluyendo el grupo de ataque del portaaviones USS Gerald R. Ford y más de 4,000 tropas cerca de Venezuela. La Operación Lanza del Sur (‘Southern Spear’) tiene como objetivo presuntos grupos narcoterroristas vinculados a Venezuela, con numerosos ataques aéreos contra embarcaciones sospechosas de contrabando de drogas que han resultado en un número significativo de bajas.
A pesar de las declaraciones oficiales sobre fines antinarcóticos, críticos cuestionan la legalidad y la evidencia que respaldan estas acciones. Venezuela, respaldada por armamento y apoyo militar ruso, ha movilizado fuerzas importantes y se ha preparado para una resistencia guerrillera. El potencial de un conflicto a gran escala sigue siendo alto, aunque incierto, complicado por la oposición interna en Estados Unidos, restricciones legales y un retroceso diplomático en la región.
Además, los depósitos de minerales de tierras raras en Venezuela añaden una dimensión estratégica al conflicto en medio de preocupaciones globales sobre cadenas de suministro. El estudio destaca los factores geopolíticos, militares y económicos que influyen en esta volátil confrontación.
Introducción
Recientemente, las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela se han deteriorado significativamente bajo el presidente Donald Trump, marcando la continuación de tensiones de larga data arraigadas en la oposición estadounidense al gobierno socialista liderado por el presidente Nicolás Maduro, incluidas sanciones previas y aislamiento diplomático. [1]
El año 2025 ha visto una fuerte escalada en la postura militar de EE. UU., enmarcada como una campaña contra el narcotráfico, con Trump firmando en agosto una directiva secreta que autoriza a las fuerzas del Pentágono a actuar contra ciertos cárteles latinoamericanos de la droga, incluidos aquellos presuntamente vinculados a entidades venezolanas. [2] Esto ha implicado la designación de grupos como el Tren de Aragua (TdA) como organización terrorista extranjera en febrero y del Cartel de los Soles como grupo terrorista transnacional en julio, con afirmaciones no comprobadas que los vinculan al régimen de Maduro en operaciones de narcotráfico dirigidas contra EE. UU. [3]
Entre los desarrollos recientes más alarmantes se encuentra la acumulación militar estadounidense en el Caribe desde agosto de 2025, con activos como destructores clase Aegis, submarinos de propulsión nuclear, el grupo de ataque del portaaviones USS Gerald R. Ford, más de 4,000 tropas desplegadas frente a la costa venezolana, otras 5,000 en espera en Puerto Rico, aviones F-35, drones MQ-9 Reaper y vuelos demostrativos de bombarderos B-52 sobre Caracas. Desde septiembre, EE. UU. ha realizado al menos 16 ataques aéreos contra embarcaciones sospechosas de tráfico de drogas en aguas del Caribe y del Pacífico oriental, resultando en al menos 67 muertes. Sin embargo, críticos argumentan que estos ataques carecen de evidencia suficiente sobre vínculos con el narcotráfico y plantean preocupaciones sobre ejecuciones extrajudiciales. [4]
Funcionarios de la administración, incluidos el secretario de Estado, Marco Rubio y el secretario de Defensa, Pete Hegseth, han enfatizado que estas operaciones se limitan a actividades marítimas de lucha contra el narcotráfico y de recopilación de inteligencia, sin planes actuales de ejecutar ataques dentro de Venezuela, citando la falta de justificación legal para acciones terrestres bajo las opiniones vigentes del Departamento de Justicia. No obstante, la administración está buscando una nueva opinión legal que potencialmente autorice futuros ataques terrestres sin aprobación del Congreso, alineándose con las insinuaciones de Trump de que el liderazgo de Maduro está llegando a su fin. [5]
El 6 de noviembre de 2025, el Senado de Estados Unidos rechazó una resolución bipartidista presentada bajo la Ley de Poderes de Guerra de 1973, la cual habría requerido autorización del Congreso para cualquier ataque militar contra Venezuela. La medida fracasó por una votación de 51-49, con solo dos republicanos — los senadores Rand Paul y Lisa Murkowski — uniéndose a los demócratas en apoyo. [6] Algunos han interpretado este voto como una aprobación tácita a la doctrina “’America First’” de Trump, que sus críticos comparan con intervenciones pasadas en Panamá (1989) o Irak (2003), advirtiendo sobre riesgos como la inestabilidad regional o fracasos en intentos de cambio de régimen.
En términos económicos, el aumento de la presión estadounidense ha provocado un repunte en los precios de los bonos venezolanos, reflejando la especulación de los inversionistas sobre la posibilidad de un cambio de régimen en medio de los 150 mil millones de dólares en deuda en incumplimiento y pagos de intereses del país. [7] Las implicaciones más amplias incluyen debates sobre los objetivos finales de Trump, con expertos sugiriendo ataques limitados para presionar a las élites cercanas a Maduro en lugar de una invasión total. Sin embargo, esto podría recordar los fracasos de Estados Unidos en Afganistán o Libia. [8]
Desde la perspectiva venezolana y la de sus aliados, estas acciones representan un impulso imperialista destinado a socavar la Revolución Bolivariana, posiblemente mediante pretextos fabricados o asesinatos, mientras actores internacionales como China y Rusia realizan ejercicios conjuntos en la región para contrarrestar los movimientos de EE. UU. [9] Los demócratas en el Congreso han expresado escepticismo sobre la legalidad y transparencia de la campaña, mientras que los republicanos apoyan en gran medida la autoridad ejecutiva para combatir las amenazas relacionadas con el narcotráfico. [10]
Fuente: https://www.cfr.org/global-conflict-tracker/conflict/instability-venezuela
El aumento del despliegue militar de EE. UU. hacia Venezuela
Las relaciones diplomáticas fueron suspendidas en 2019 tras el reconocimiento por parte de Estados Unidos del líder opositor Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela. En consecuencia, según informó la prensa, varios países de América del Sur — incluidos Brasil, Colombia y Perú — también han reconocido a Guaidó como el presidente legítimo de Venezuela. [11] En respuesta al reconocimiento del líder opositor por parte del presidente Trump, el presidente Maduro rompió relaciones diplomáticas con Estados Unidos y ordenó que su personal diplomático abandonara Venezuela en un plazo de 72 horas. Maduro acusó a Washington de intentar gobernar Venezuela de manera remota y alegó que la oposición buscaba organizar un golpe de Estado. Como resultado, la embajada estadounidense en Caracas permanece cerrada. Estados Unidos continúa reconociendo a la Asamblea Nacional elegida en 2015, pero dejó de reconocer la pretensión presidencial de Guaidó en 2023. El gobierno estadounidense sostiene que ni Maduro ni sus allegados representan al gobierno legítimo de Venezuela. [12]
Asimismo, Estados Unidos ha incrementado notablemente su presencia militar en el Mar Caribe como parte de la Operación Lanza del Sur, supuestamente para combatir el narcotráfico. Esta iniciativa incluye el despliegue del portaaviones USS Gerald R. Ford y miles de efectivos militares, constituyendo el mayor despliegue de este tipo en la región en varias décadas. [13] Según el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS), las recientes operaciones se han dirigido principalmente a embarcaciones sospechosas de contrabando de drogas. El primer ataque fue registrado el 2 de septiembre en el Caribe y, desde entonces, la frecuencia de estos ataques ha aumentado, extendiéndose también al Pacífico Oriental. [14]
Informes señalan que los ataques en el Caribe han ocurrido cerca de la costa venezolana. Un análisis previo del CSIS describió una posible operación de vigilancia estadounidense frente a la costa, la cual habría sido establecida para detectar y atacar a posibles narcotraficantes antes de que se integrasen al denso tráfico marítimo del Caribe. [15]
Hasta finales del verano, el despliegue de buques de la Marina de los Estados Unidos en el Caribe era relativamente limitado en comparación con años anteriores. Sin embargo, como se muestra en la Figura 2, esta situación cambió en agosto, cuando la administración inició un aumento significativo de fuerzas para combatir el contrabando de drogas. Los niveles de despliegue se intensificaron aún más con la llegada del Grupo de Ataque del Portaaviones Gerald R. Ford (CSG). [16]
Los recientes despliegues también han incluido buques de mayor tamaño, los cuales aportan una potencia de fuego considerable y capacidades de combate adicionales. Un método rudimentario para cuantificar la mejora en la capacidad consiste en examinar el desplazamiento de los buques desplegados. La Figura 3 ilustra el notable incremento en el desplazamiento de los buques desde el inicio de la segunda administración de Trump. El primer aumento significativo ocurrió con el despliegue del Grupo Anfibio de Preparación Iwo Jima; la llegada del Ford CSG prácticamente duplicó esa cifra. [17]
Desde septiembre de 2025, Estados Unidos ha llevado a cabo una serie de ataques aéreos contra embarcaciones en el Caribe y el Pacífico, las cuales afirma que son utilizadas por organizaciones “narcoterroristas” como la banda del Tren de Aragua. [18] El lunes 15 de septiembre, el presidente Trump anunció que, bajo su directiva, las fuerzas militares de Estados Unidos ejecutaron un segundo ataque cinético contra cárteles de narcotráfico y narcoterroristas identificados como extraordinariamente violentos dentro del área de responsabilidad del SOUTHCOM. Este ataque se realizó mientras estos narcoterroristas confirmados, procedentes de Venezuela, se encontraban en aguas internacionales transportando narcóticos ilegales destinados a Estados Unidos, los cuales describió como un arma mortal que envenena a los estadounidenses. En el mismo anuncio, el presidente Trump afirmó que estos cárteles extremadamente violentos representan una amenaza para la seguridad nacional, la política exterior y los intereses vitales de Estados Unidos. [19]
El ataque del 15 de septiembre resultó en la muerte de tres individuos a bordo de la embarcación. Posteriormente, el viernes 19 de septiembre, las fuerzas militares de Estados Unidos ejecutaron un ataque adicional. Trump afirmó que, bajo su directiva, las fuerzas llevaron a cabo un ataque contra una organización terrorista designada e involucrada en el narcotráfico. La inteligencia confirmó que la embarcación transportaba narcóticos ilícitos y que se dirigía a causar daño a estadounidenses. El ataque resultó en la muerte de tres hombres narcoterroristas. No está claro qué grupo dentro del área de responsabilidad de USSOUTHCOM fue el objetivo del tercer ataque aéreo. [20]
El 2 de septiembre de 2025, las fuerzas militares estadounidenses realizaron su primer ataque, que dejó 11 personas muertas, sospechosas de narcoterrorismo. Tras el tercer ataque, el número acumulado de presuntos narcotraficantes fallecidos ascendió a 17.
Para mediados de noviembre de 2025, se habían anunciado al menos 20 ataques, que resultaron en más de 80 muertes, la mayoría en el Caribe y varios extendiéndose al Pacífico frente a la costa de Sudamérica. [21] Funcionarios estadounidenses, incluido el presidente Trump y el secretario de Defensa Pete Hegseth, han justificado estas acciones como parte de una campaña contra el narcotráfico dirigida a grupos como el TdA y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), calificándolas como un “ataque armado” contra Estados Unidos y publicando videos de algunos de los ataques. [22]
El gobierno de Maduro ha denunciado estas acciones de Estados Unidos como actos de agresión y como un intento de “cambio de régimen mediante amenaza militar”, lanzando en respuesta una “movilización masiva” de tropas y ejercicios militares. [23] Además, el presidente colombiano, Gustavo Petro — quien mantiene un conflicto diplomático con Donald Trump debido a los ataques a embarcaciones y a los aranceles — declaró: “El ataque a otra embarcación en el Pacífico… mató a personas. Es un asesinato. Ya sea en el Caribe o en el Pacífico, la estrategia del gobierno de EE. UU. viola las normas del derecho internacional”.
De manera notable, María Corina Machado, destacada política y líder opositora venezolana, recibió el Premio Nobel de la Paz en 2025 por su “inquebrantable compromiso con la promoción de la democracia y los derechos humanos en Venezuela”, según ‘The Nobel Prize’. [24] Tras recibir el premio el 10 de octubre de 2025, Machado ha pedido un mayor apoyo internacional, instando a líderes estadounidenses como Donald Trump a intensificar la presión sobre Maduro para facilitar una transición democrática, incluso solicitando intervención militar. [25]
El creciente despliegue militar ha alimentado la especulación sobre una posible invasión estadounidense, aunque el presidente Trump restó importancia a esa posibilidad, afirmando que “lo duda”. Los expertos discrepan sobre la probabilidad de una invasión a gran escala, señalando que Estados Unidos ha preferido en el pasado el uso de sanciones y presión diplomática sobre la acción militar directa.
Especulación sobre una guerra
A mediados de noviembre de 2025 (cuando se redactó este análisis), la probabilidad de una guerra a gran escala entre Estados Unidos y Venezuela sigue siendo elevada, aunque no inminente ni inevitable. [I] Si bien las tensiones han escalado dramáticamente debido al aumento del despliegue militar estadounidense y a las operaciones en el Caribe, varios factores restrictivos — como la oposición interna en EE. UU., los obstáculos legales y el alto riesgo de fracaso — sugieren una probabilidad media de una escalada limitada hacia ataques aéreos o misiles contra objetivos venezolanos, pero una probabilidad menor de una invasión terrestre o un conflicto prolongado.
Como se mencionó anteriormente, Estados Unidos lanzó la “Operación Lanza del Sur” el 13 de noviembre, una fuerza de tarea conjunta bajo el Comando Sur de EE. UU. destinada a defenderse de “narcoterroristas” presuntamente vinculados a Venezuela. [26]
La llegada del grupo de ataque del portaaviones USS Gerald R. Ford el 11 de noviembre ha desplazado la atención hacia posibles operaciones antiMaduro, reforzadas por la concentración de más de una docena de buques de guerra, un submarino de ataque, buques anfibios, aproximadamente 15,000 efectivos (incluidos Marines en ejercicios conjuntos con Trinidad y Tobago), 10 aviones F-35, drones y fuerzas de operaciones especiales desplegadas en la región y Puerto Rico. [27]
El presidente Trump ha autorizado operaciones encubiertas de la CIA en Venezuela y, el 14 de noviembre, declaró que ha “prácticamente tomado una decisión” sobre las opciones militares tras recibir informes de altos funcionarios como el secretario de Defensa Pete Hegseth y el secretario de Estado Marco Rubio. [28] Trump ha sugerido que “lo terrestre será lo siguiente” después de los ataques marítimos, insinuando posibles operaciones terrestres o ataques dentro del territorio venezolano, como instalaciones militares, rutas del narcotráfico o incluso acciones dirigidas directamente contra Maduro. [29]
No obstante, Trump también ha mencionado posibles conversaciones con Maduro y ha expresado cautela respecto a acciones que puedan fracasar o involucrar excesivamente a las tropas estadounidenses.
En respuesta, Venezuela ha movilizado alrededor de 200,000 militares, civiles y milicias en ejercicios a gran escala, desplegando equipo ruso antiguo como 5,000 misiles Igla y preparándose para una guerra de guerrillas, sabotaje y estrategias de “anarquización” para hacer el país ingobernable para los invasores. [30] Maduro ha advertido que una intervención estadounidense convertiría a Venezuela en “otra Gaza, Afganistán o Vietnam”, enfatizando la resistencia nacional. [31]
¿Qué podría aumentar la probabilidad de una guerra entre Estados Unidos y Venezuela? EE. UU. posee ventajas abrumadoras en capacidades aéreas, marítimas y de misiles (por ejemplo, hasta 170 misiles Tomahawk en la región, bombarderos furtivos para ataques de largo alcance), lo que haría factible una campaña inicial aérea o de misiles sin necesidad de fuerzas terrestres. [32]
Las fuerzas venezolanas son numéricamente superiores en tierra, pero están mal entrenadas, pobremente equipadas y orientadas al control interno, con aeronaves operativas limitadas y submarinos inoperables. [33] Expertos señalan que este desequilibrio podría alentar la escalada estadounidense, similar a la invasión de Panamá en 1989. [34]
La administración de Trump considera la situación como un “ataque armado” contra Estados Unidos a través de las drogas y la migración, con el cambio de régimen como posible objetivo final para interrumpir estos flujos y asegurar acuerdos petroleros. [35] La negativa del Senado a una resolución de la Ley de Poderes de Guerra a inicios de noviembre otorga un margen tácito al Ejecutivo. Analistas describen la región como “al borde del quiebre”, con el despliegue del portaaviones iniciando un “reloj de cuenta regresiva” para actuar antes de que los costos se vuelvan insostenibles. [36]
Existen varios argumentos en contra de una posible guerra. Según YouGov.US, las encuestas muestran que el 55% de los estadounidenses se oponen a una invasión, con solo el 15% a favor, incluyendo mayorías entre demócratas, independientes e incluso algunos republicanos. [37] Al parecer, la coalición antiguerra de Trump, que incluye a figuras como el vicepresidente JD Vance y Pete Hegseth, es escéptica respecto a nuevos compromisos militares en el extranjero. [38]
De acuerdo con expertos, no existe actualmente justificación legal para ataques terrestres, ya que el límite de 60 días de la Ley de Poderes de Guerra ha expirado y el Congreso está presionando por mayor transparencia. [39] Líderes regionales (por ejemplo, Lula de Brasil, Petro de Colombia, Sheinbaum de México) condenan el aumento militar como agresión, suspendiendo el intercambio de inteligencia y evocando la “diplomacia de cañonero” (‘gunboat diplomacy’). Además, las críticas de la ONU y de organizaciones de derechos humanos califican las acciones estadounidenses como posibles ejecuciones extrajudiciales, lo que podría generar un aislamiento más amplio. [40]
Una invasión a gran escala podría requerir entre 50,000 y 150,000 soldados, enfrentándose a una resistencia guerrillera en terrenos difíciles, lo que podría conducir a un Estado fallido o a una insurgencia prolongada (con comparaciones a Irak, Afganistán o Libia). Expertos advierten que esto no resolvería los problemas de narcotráfico ni de dictadura, dañaría la credibilidad de Estados Unidos en América Latina (por ejemplo, caída en índices de favorabilidad) y desviaría la atención de alternativas diplomáticas.
¿Y qué pasa con Rusia? – ¿Existe el potencial de otra Crisis de los Misiles en Cuba?
Rusia ha sido el principal proveedor de armas de Venezuela desde principios de la década del 2000, durante el gobierno del expresidente Hugo Chávez, suministrando una amplia gama de equipos militares que constituyen la columna vertebral de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y que desempeñan un papel central en su estrategia de defensa en medio del aumento de las tensiones entre Estados Unidos y Venezuela en 2025. [41]
Este arsenal, compuesto en gran parte por diseños de la era soviética fabricados o modernizados por Rusia, distingue a las fuerzas armadas venezolanas de otras en América Latina, que normalmente dependen de armamento estadounidense o europeo. Su propósito principal es disuadir la agresión externa, particularmente de EE. UU., mediante capacidades de guerra asimétrica. [42] Entre los sistemas más relevantes para contrarrestar la superioridad aérea y naval estadounidense se encuentran los sistemas rusos de defensa aérea y misiles. En esta categoría, según medios, los activos clave incluyen: 12 baterías de misiles tierra-aire (SAM) S-300 de largo alcance, 9 Buk-M2E de alcance medio, 44 S-125 Pechora-2M de corto alcance y miles de lanzadores portátiles Igla-S (con estimaciones de hasta 5,000 unidades). [43] Los sistemas S-300 y Buk están posicionados para proteger instalaciones clave como refinerías, bases militares y centros de radar, potencialmente amenazando aviones, helicópteros y drones estadounidenses a diversas altitudes. Los Igla-S se distribuyen entre tropas regulares y la Milicia Bolivariana para la defensa de baja altitud. [44]
En cuanto a las aeronaves y capacidades antibuque, expertos estiman que alrededor de 20–30 aviones de combate Su-30MK2, armados con misiles antibuque y antirradiación Kh-31 “Krypton”, constituyen el núcleo de la aviación militar venezolana. [45] Estos aviones, equipados con misiles aire-aire de largo alcance, podrían desafiar a buques estadounidenses en el Caribe mediante ataques rasantes, obligando a las fuerzas estadounidenses a operar con mayor cautela. Rusia también ha suministrado helicópteros Mi-17 y Mi-35 para transporte y operaciones de ataque. [46]
En cuanto a sistemas terrestres y de artillería, Venezuela posee 92 tanques T-72B1, 123 vehículos de combate BMP-3, obuses autopropulsados Msta-S y lanzacohetes múltiples Smerch. [47] El armamento de infantería incluye fusiles Kalashnikov (por ejemplo, AK-103) y rifles de francotirador Dragunov, además de una nueva fábrica inaugurada en julio de 2025 para producir municiones Kalashnikov y asegurar el suministro. [48]
En lo que respecta a otros sistemas de apoyo, radares rusos y herramientas de guerra electrónica, integrados con comunicaciones chinas, permiten interferir señales estadounidenses, creando un entorno electromagnético disputado. [49] Estos sistemas contribuyen al total de unas 150,000 tropas activas y una Milicia Bolivariana estimada entre 220,000 y 1 millón (con afirmaciones gubernamentales de hasta 8 millones), que podrían emplear armas rusas para resistencia de tipo guerrillera. [50]
Ante la creciente presión estadounidense, el presidente Nicolás Maduro redactó una carta en octubre de 2025 solicitando misiles adicionales, radares, drones, aviones modernizados y otros apoyos directamente a Vladímir Putin. [51] Según medios, un avión de carga ruso Ilyushin Il-76, vinculado a operaciones militares o del Grupo Wagner, aterrizó en Caracas a finales de octubre para entregar cargamento, posiblemente armas o repuestos. [52]
Rusia también ha brindado asistencia en mantenimiento y abrió una fábrica de municiones Kalashnikov en Venezuela en julio de 2025. Sin embargo, expertos advierten que los compromisos rusos pueden ser limitados debido a su enfoque en Ucrania, tensiones económicas y su dependencia de aliados como China e Irán para apoyo más amplio, lo que sugiere gestos simbólicos (por ejemplo, despliegues de bombarderos en 2018-2019) más que refuerzos sustanciales. [53] Esta ayuda parece formar parte de una estrategia multipolar que involucra a China e Irán, pero el papel de Rusia sigue siendo clave para sostener la postura disuasiva de Venezuela.
Conclusión
¿Qué hay de las tierras raras de Venezuela? Venezuela sí posee depósitos de elementos de tierras raras (REE, por sus siglas en inglés), aunque no se encuentran entre las reservas más grandes o desarrolladas del mundo. Entre los yacimientos conocidos se encuentra el depósito fosfático de Navay, en el suroeste del país, donde los fosforitas contienen concentraciones de REE que promedian alrededor de 208 partes por millón, con potencial para extraerlos como subproducto de la producción de ácido fosfórico. [54]
Existen depósitos adicionales en la cuenca del Amazonas y el Escudo Guayanés, particularmente en los estados de Bolívar y Amazonas, donde los REE se encuentran junto con otros minerales críticos como el coltán (fuente de tantalio), estaño y tungsteno. [55] En estas zonas, estudios preliminares indican reservas de alrededor de 43 millones de toneladas del mineral con concentraciones de óxidos de REE que promedian 1.5%, aunque gran parte de la extracción es informal y no regulada. [56] Históricamente, Venezuela ha exportado pequeñas cantidades de compuestos de tierras raras, como los 27,600 dólares exportados en 2003, pero la producción actual es limitada y a menudo vinculada a la minería ilícita. [57]
Las tierras raras desempeñan un papel menor pero notable en las tensiones actuales entre Estados Unidos y Venezuela, principalmente como parte de una competencia más amplia por minerales estratégicos y no como un factor central del conflicto. Los principales temas en la relación bilateral siguen siendo las sanciones petroleras, las disputas políticas sobre el régimen de Maduro y las preocupaciones por los derechos humanos, aunque los recursos minerales de Venezuela — incluidos los REE y el coltán — han llamado la atención internacional ante la vulnerabilidad de las cadenas de suministro globales. [58]
Los sectores de defensa y tecnología de Estados Unidos dependen de estos materiales para aplicaciones como aviones de combate, misiles y equipos electrónicos, y los depósitos venezolanos son vistos como posibles alternativas al suministro dominante de China, especialmente después de que las recientes restricciones de exportación chinas intensificaron los esfuerzos occidentales por diversificar. [59] La minería en estas zonas suele estar controlada por grupos armados como el ELN y disidencias de las FARC — designados como organizaciones terroristas por EE. UU. —, lo que conduce a contrabando, daño ambiental y violaciones de derechos humanos que complican la participación internacional. [60]
Algunos analistas sugieren que las políticas estadounidenses, incluidas sanciones y medidas fronterizas, podrían indirectamente buscar asegurar acceso a estos recursos para contrarrestar la influencia china, dado que las alianzas de Venezuela con Pekín son vistas como una amenaza estratégica en el contexto de la dependencia global de tierras raras. [61] Sin embargo, los REE no son el principal motivador en comparación con el petróleo, y su extracción sigue siendo mayoritariamente ilícita en lugar de un punto formal de disputa diplomática. [62]
Notas
Referencias
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