Al asociar la presentación de carne a un perro con el sonido de una campana durante un cierto número de veces, finalmente el sonido de la campana por sí solo determinará la salivación en el perro.
-Experimento de Pavlov
Hay mucho de neuropolítica en el desenlace de los últimos acontecimientos en Ecuador, con el agravamiento de la crisis interna y las respuestas draconianas decididas por el presidente Daniel Noboa. Hay neuropolítica del terror, hay neuropolítica en la ansiedad interpretativa de un presidente recién electo que se enfrenta a una situación, ya clara desde el principio, que amenaza con socavar su eventual futura elección. Y hay mucho de psicopolítica en un país que no puede desprenderse de su odio visceral a los años de la “Revolución Ciudadana”, por un lado, ni de su amor incondicional a su padre Rafael Correa, por otro. Y que inevitablemente vuelve a caer “como el perro de Pavlov”, en opciones electorales que favorecen a las élites económicas del país en la creencia de que están eligiendo el mal menor. Y hay un país agotado por el empobrecimiento, la marginación, el debilitamiento viral de los aparatos del Estado. Y en el otro lado, de nuevo, en el extranjero, hay una especie de reflejo pavloviano de que en Ecuador se está librando hoy una guerra civil, o un golpe de Estado. Un infierno en la Tierra, en resumen. Un reflejo pavloviano que parece esconder una especie de “orientalismo” latente que todavía impregna la lectura de los acontecimientos de este continente al otro lado del océano. Habrá, pues, que recurrir a la clásica navaja de Occam, para tratar de desmitificar los hechos, las noticias, las interpretaciones y llegar al grano de las cosas.
El grano de las cosas se llama así. Ecuador vive desde hace algunos años una situación manifiesta de creciente inseguridad provocada por la penetración de hasta 22 bandas de narcotraficantes (colombianos, o afiliados a los cárteles mexicanos de Jalisco – Nueva Generación y Sinaloa, ayudados por bandas albanesas presentes en la costa del país, lo que sugiere también conexiones con la “ndrangheta” calabresa) sobre todo en las regiones costeras. La tasa de homicidios es una de las más altas de América Latina. Regiones como Esmeraldas -con una abrumadora mayoría de población afro, siempre marginada y empobrecida- o Guayas, de una u otra forma, son terrenos fértiles o estratégicamente relevantes para las rutas de la cocaína. Los primeros por la gran disponibilidad de “mano de obra” barata, “gatilleros” los llaman, notablemente muchachos suburbanos abandonados a su suerte, víctimas de un destino histórico que los margina, que por un puñado de dólares reciben un arma y simplemente aprietan el gatillo. O van a extorsionar con sobornos, “vacunas”, a comerciantes o familias. Estos últimos por el importante puerto de Guayaquil, territorio a controlar para exportar droga a Estados Unidos y Europa, muchas veces dentro de contenedores de banano, como ocurrió en un reciente gran decomiso en el puerto de Gioia Tauro, Calabria, Italia.
La penetración de las bandas de narcos en Ecuador experimenta una paradójica aceleración con el proceso de paz en Colombia, cuando las zonas fronterizas “controladas” por las FARC son abandonadas y dejadas presa de nuevas formaciones paramilitares o de las bandas productoras de coca. Ecuador se encuentra así entre dos regiones productoras como Colombia y Perú, con fronteras porosas, pequeños y grandes puertos desde donde embarcar cargamentos, un tejido social desgarrado por años y años de políticas neoliberales, una economía centrada casi exclusivamente en un modelo extractivista que deja empobrecidas a grandes franjas de la población (y que es, al fin y al cabo, la cara “buena” de la de las narcoeconomías), una sociedad plagada de enormes desigualdades, en primer lugar en las zonas urbanas, mercados laborales informales y una corrupción rampante en los aparatos del Estado. Una economía dolarizada que también facilita el blanqueo de dinero, y respaldada además por la extendida minería ilegal de oro. ¿Qué mejor combinación para que los narcotraficantes la conviertan en el lugar de procesamiento y envío de sus mercancías?
Existe una fuerte correlación entre la aplicación de la “doctrina del shock” neoliberal del FMI, y sus consecuencias sociales, políticas y económicas, y la expansión del crimen organizado. Una correlación que exige un análisis en profundidad de las causas profundas de lo que puede considerarse una “policrisis” que recorre el pequeño país andino, ciertamente poco acostumbrado a situaciones como la vivida en el pasado en Colombia o en la actualidad en México. Una policrisis que se hace evidente analizando en filigrana los acontecimientos de los últimos seis meses. Rebobinemos la cinta hasta agosto del año pasado. Desde hace algún tiempo se venían produciendo motines en las cárceles. Los enfrentamientos entre bandas, a menudo ayudados por la connivencia de las autoridades penitenciarias (¿cómo si no se explicaría la presencia de armas y explosivos utilizados en los motines?) se desencadenan con una brutalidad sin precedentes.
El problema de las prisiones se deriva del generalizado panpenalismo de los aparatos del Estado y de una visión esencialmente punitiva y profundamente patriarcal de la retribución, que ha aumentado desproporcionadamente el tipo de delitos por los que la gente va a la cárcel (incluso por conducir sin carné). Y por la construcción en 2014 de tres cárceles de máxima seguridad en las que se encierra a los narcos, creando las condiciones para su transformación en centros de mando y teatros de guerras internas entre ellos.
La campaña electoral presidencial, convocada prematuramente tras la decisión del entonces presidente Lasso de disolver el parlamento recurriendo al mecanismo de “muerte cruzada” y acudir a las urnas para evitar un proceso de destitución por corrupción, está de hecho dominada por la cuestión de la seguridad. Cerca de la apertura de las urnas, llega el golpe de gracia que determinará el resultado de las elecciones. Primero el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio, paladín de la lucha contra la corrupción, asesinado en Quito en un acto de campaña, pocas semanas después de Agustín Intriago, alcalde de Manta, otra ciudad portuaria, territorio en manos de bandas como otras de la costa. En los días siguientes, la figura hasta entonces menor del candidato costeño, expresión de las oligarquías locales y nacionales -las mismas que habían apoyado a Lasso en su momento- emergió en las encuestas.
Un joven desconocido para la mayoría, una especie de underdog electorero, Daniel Noboa, hijo de “Alvarito” gran magnate de la industria bananera, candidato permanente a la presidencia, y nieto de Isabel a la empresaria inmobiliaria más rica de Guayaquil. En la segunda vuelta Noboa vence a la candidata de Revolución Ciudadana, Luisa Gonzales, e inmediatamente hace de la seguridad su prioridad. Enfrenta un escenario muy complejo. Un Congreso en el que sobre el papel no goza de mayoría (aunque luego votará mayoritariamente las primeras medidas económicas y el estado de conflicto armado interno también en virtud de un pacto con importantes sectores de la oposición), la inmensa mayoría de territorios controlados por partidos de la oposición (Revolución Ciudadana y Pachakutik, el partido de referencia de la poderosa CONAIE, Confederación de Organizaciones Indígenas del Ecuador). En el trasfondo está la importante victoria en el referéndum nacional contra la extracción de petróleo en el Yasuní, que prefigura la existencia de un movimiento social y ecológico mucho más fuerte que los números electorales.
En suma, Noboa aparece desde el inicio como una especie de pato cojo que vivirá una situación, para volver a la neuropolítica antes mencionada, de verdadero trastorno de estrés postelectoral, apretado entre la urgencia de dar señales fuertes e impactantes para contrarrestar el crimen organizado y la de responder en el corto tiempo de su mandato (las nuevas elecciones están previstas para mediados de 2025), a los intereses de los lobbies a los que se refiere. Tertium non datur, aunque ese tercio esté representado por la inmensa mayoría del país, ya afectado por la pandemia.
Y es precisamente allí, en ese “tertium”, “desde abajo”, diría el sociólogo uruguayo Raúl Zibechi, donde los tomadores de decisiones deberían comenzar a reconstruir una hipótesis plausible de país capaz de otro futuro. Es a ese tertium al que deberían dedicarse los recursos del país, jóvenes y adolescentes abandonados y en las garras de las bandas criminales, con padres y madres emigrando por desesperación, cruzando a pie el istmo del Darién para intentar llegar a Estados Unidos. Así que incluso antes de asumir el cargo, Noboa se encuentra haciendo algunos reacomodos previos al gobierno, lanza un plan de seguridad, “Fénix”, y luego decide quitarse de en medio a la incómoda vicepresidenta, gran simpatizante de Vox, enviándola a Israel con el encargo de “enviada especial” para la paz. Y se pone manos a la obra.
Pasan unas semanas y estalla el escándalo “Metástasis”, prueba de hasta qué punto los narcos han conseguido penetrar en el sector judicial, exprimido entre corrupción y amenazas de muerte. Mientras tanto, el presidente comienza a fijar su agenda económica presentando leyes destinadas principalmente a flexibilizar el mercado laboral, crear zonas francas y libres de impuestos que coincidan con los latifundios y plantaciones de los magnates del agronegocio, anunciando la eliminación de los subsidios a los combustibles, principal detonante del levantamiento indígena del año pasado, brutalmente reprimido por el gobierno de Lasso. Una “ley económica” que crearía una gran resistencia en el país, y que responde, junto con las demás, a la necesidad de asegurarse el apoyo del Fondo Monetario Internacional.
Paralelamente, se reducen los fondos a las autoridades locales, e incluso se cierra el departamento de seguridad bajo su mando directo. Se anuncia una “amnistía” fiscal para las rentas más altas. Los casos de corrupción en el aparato de seguridad se suceden. Noboa prepara un paquete de propuestas legislativas y enmiendas a la Constitución que permitirían a la policía y al ejército tener vía libre y gozar de total inmunidad, lo que de hecho ya ocurre gracias a los decretos emitidos por Lasso, quien varias veces recurrió, en vano, al estado de excepción. Nada nuevo, pues. A continuación, intenta la carta del plebiscito popular unos meses antes del nuevo plazo electoral. A las 11 primeras preguntas de referéndum anunciadas, añade luego otras, incluyendo incluso temas que sólo en parte tienen que ver con la cuestión de la seguridad. Entre ellos, la apertura de casinos o medidas para facilitar las inversiones extranjeras directas. Propuestas que un destacado constitucionalista y antiguo miembro del Tribunal Constitucional, Ramiro Ávila Santamaría, definió como inconstitucionales o infundadas. La decisión depende ahora del Tribunal.
Luego viene la sensacional noticia de la fuga de prisión en Guayaquil de uno de los líderes de la banda de los Choneros, alias “Fito”, supuestamente ocurrida ya en Navidad, y de otro líder de los “Lobos” aparentemente implicado en el asesinato de Villavicencio. Un duro golpe a la credibilidad del gobierno al que Noboa responde con otra declaración de estado de excepción, que se traduce en un toque de queda de 11 de la noche a 5 de la mañana, la decisión de que el ejército ayude a la policía en las operaciones de orden público y la restricción del derecho de reunión y la inviolabilidad del domicilio. La respuesta de los narcos no se hace esperar: nuevos motines en las cárceles, ataques a algunas comisarías y la “redada” -cuyos detalles aún no se han aclarado del todo- de un comando que irrumpe en una emisión en directo de un canal de televisión de Guayaquil. Un golpe al corazón de su principal electorado. Lo cierto es que a las pocas horas del bombazo se emite un nuevo decreto en el que el Presidente -por primera vez en la historia del país- declara el estado de conflicto armado interno, que sería combatido por el ejército, y reconoce a las 22 bandas como partes “beligerantes”.
La crisis pasa así de ser un asunto de orden público a uno de guerra real, regido por el derecho internacional humanitario, como la convención de Ginebra. Tras el anuncio de la medida, el país entra en pánico. Las clases se suspenden y permanecerán en modalidad online durante varios días, se ordena la evacuación de los edificios públicos y se envían contingentes de soldados para vigilar objetivos sensibles. El Presidente se encierra en el Palacio de Carondelet con altos funcionarios del Estado para decidir qué hacer. Al cabo de unas horas, los altos mandos militares en uniforme de gala aparecen ante las cámaras, explicando la situación al país y dando la línea. ¿Un golpe de Estado? Ahí va el primer reflejo pavloviano. Y sin embargo no, el decreto 111 que declara el estado de “conflicto armado interno” es aprobado abrumadoramente por el Congreso, incluso por los partidos de oposición de izquierda que desde el principio se habían pronunciado a favor de la unidad nacional. De hecho, la principal preocupación es la de no aparecer como quienes levantan las manos ante el crimen organizado, una sabrosa oportunidad para los partidos opositores en las próximas elecciones presidenciales y parlamentarias de 2025.
Ni siquiera, ya que no estamos ante organizaciones estructuradas en forma paramilitar, ni ante un conflicto armado a escala nacional, sino ante operaciones de orden público “con botas sobre el terreno” en territorios bien definidos. La declaración de guerra es en realidad un golpe de efecto mediático para crear las condiciones de una “unidad nacional” y de una “guerra”, en la que se perfila un claro reparto de tareas. Por un lado, los militares, que a partir de ahora toman el mando de las operaciones de orden público, con la policía a su servicio (algo que crea bastantes fricciones) y que pueden así reafirmar su papel y su credibilidad ante la población. Hay que decir que la presencia de los militares en las calles es – al menos en la capital Quito – muy esporádica, el efecto parece ser sobre todo simbólico. Por el contrario, la situación es bastante diferente en las cárceles, donde los militares pueden ahora intervenir libremente para reprimir los motines y liberar a ese centenar de rehenes que siguen en manos de los amotinados. O cuando se lanzan redadas o registros en las afueras “calientes” de las ciudades plagadas de delincuencia.
Sin embargo, incluso en lo simbólico acecha también el riesgo de una omnipresente “securitización” del espacio público, que se traduzca en la inhibición de toda posible forma de disidencia o conflicto social. Noboa se apresuró a declarar que incluso aquellos que no actúan contra las pandillas, (por extensión se podría interpretar también a aquellos que se oponen a sus políticas) podrían ser considerados “el enemigo”. Y entonces, en ese espacio público ahora controlado por los militares, existe un claro riesgo de que las verdaderas víctimas de la represión terminen siendo esas clases marginales y marginadas, culpables sólo de serlo, o de tener la piel oscura. Me viene a la mente el precedente de los “falsos positivos” en Colombia, donde los militares, para demostrar el éxito de sus operaciones, exhibieron al público cadáveres de pobres con uniformes de guerrilleros. Los militares se apoderan así -de facto- del espacio público determinando por defecto la dirección que tomará el país.
Paralelamente, el espacio privado es cuidado por el presidente con nuevos decretos-leyes presentados invocando la necesidad de recaudar fondos para la guerra interna, desde el aumento del IVA al 15 por ciento, pasando por la liberalización del sector energético, el rechazo del resultado de la consulta pública sobre el Yasuní para seguir perforando para generar fondos para sostener la “guerra”, hasta políticas destinadas a atraer capitales extranjeros. En el trasfondo están dos acuerdos de cooperación en el sector militar y de seguridad con Estados Unidos firmados hace meses por Lasso que prevén la presencia aunque sea temporal de militares en el territorio nacional. En Washington tienen prisa, con el fantasma del aislacionismo trumpiano “America First” acechando. No sorprende que la Corte Constitucional ecuatoriana dictaminara que no es necesaria la aprobación del Congreso. Luego, el tratado de libre comercio con China, hasta ahora paralizado por el Congreso, entrará en vigor en breve. ¿Qué pasa con lo que existe y vive entre el espacio público y el privado? ¿Los movimientos? ¿Las organizaciones de la sociedad civil? Son las únicas expresiones de crítica y disidencia.
La CONAIE se solidariza con las víctimas del conflicto, insta a las comunidades a organizar guardias indígenas para proteger sus territorios (hasta ahora casi intocados por la narcoviolencia) y advierte al gobierno que no utilice el pretexto de la guerra para imponer medidas antipopulares. Sus organizaciones amazónicas han salido recientemente a la calle para protestar por la construcción de una de las dos megaprisiones “modelo Bukele” en la provincia de Pastaza. Los movimientos ecologistas e indígenas denuncian ahora la decisión de Noboas contra la del ITT Yasuní. Por otro lado, las organizaciones de derechos humanos señalan la inoportunidad del uso del instrumento militar y las posibles graves afectaciones a los derechos humanos.
También se destacan los riesgos para los millones de ecuatorianos y ecuatorianas que trabajan en la economía informal o con contratos temporales, y cómo el estado de excepción puede aumentar los casos de violencia intrafamiliar y de género. El resto es todavía un trabajo en curso. El riesgo de una especie de estado de guerra permanente que caracterice al país y al debate público al menos hasta las próximas elecciones está a la vuelta de la esquina, junto con un autoritarismo rastrero, ciertamente no a nivel institucional, pero sí en el estado de cosas. Aunque los decretos de emergencia y de estado de conflicto armado interno tienen una duración de dos meses, es muy poco probable que en ese tiempo el Estado pueda declarar la victoria. Ya que cuando se declara una guerra también hay que tener claro cuándo se va a ganar. Que por el momento es muy vago e indefinido. ¿Será cuando todos los criminales colombianos o venezolanos sean deportados? Lo cual es muy difícil ya que la Constitución reconoce el derecho humano a la libre movilidad. ¿O cuándo serán todos encarcelados? ¿O cuando todos sean “abatidos”? (las cifras oscilan entre 30 y 50 mil miembros de bandas), según el término utilizado por la prensa principal.