Resumen
El derecho a la libertad de expresión enfrenta actualmente una crisis global desencadenada por el conflicto en Gaza. Este conflicto ha generado una fuerte polarización de la opinión pública, con bandos opuestos que apoyan las acciones de Israel o la causa palestina. Sin embargo, el derecho a la libertad de expresión de los activistas palestinos y de quienes los apoyan está siendo sistemáticamente reprimido en todo el mundo.
En esta columna, expongo cómo actores estatales y no estatales han sido vehículos activos en la restricción del derecho a la libertad de expresión, al atacar voces que respaldan la causa palestina, y analizo la aplicación y el alcance de este derecho en dicho contexto. La columna concluye que no proteger el derecho de los palestinos a ser escuchados contribuye a la erosión de nuestro derecho colectivo a la libertad de expresión, y tiene repercusiones más amplias en la promoción y protección de los derechos humanos en general.
1. Introducción
Desde el 7 de octubre de 2023, el derecho a la libertad de expresión ha sido gravemente restringido a nivel mundial. Irene Khan, actual Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la libertad de opinión y expresión, ha descrito la situación actual como “una crisis global de la libertad de expresión” desatada por el conflicto en Gaza. [1] Las amenazas al ejercicio de este derecho humano fundamental han sido tan amplias y detalladas que, por ejemplo, a principios de octubre de 2024, un apicultor fue multado en Italia por simplemente haber colocado en su puesto de mercado un cartel que decía: “Dejen de bombardear Gaza – alto al genocidio”. [2]
A pesar de que la Corte Internacional de Justicia confirmó que lo que vemos en nuestras pantallas y leemos en los periódicos (lo cual ni siquiera refleja completamente la realidad que enfrentan a diario los palestinos en Gaza y Cisjordania) podría constituir, desde enero de 2024, un riesgo real e inminente de genocidio, [3] el derecho a la libertad de expresión de los activistas palestinos y sus simpatizantes está siendo gravemente restringido, especialmente en América del Norte y Europa.
Se ha comentado que “rara vez un conflicto ha puesto en jaque a la libertad de opinión y expresión de forma tan amplia y más allá de sus propias fronteras”. [4] Como resultado, en esta columna analizo cómo tanto actores estatales como no estatales han sido vehículos activos en la restricción del derecho a la libertad de expresión en el contexto del conflicto en Gaza, atacando de diversas formas a quienes alzan la voz en apoyo a la causa palestina. Posteriormente, reflexiono sobre la aplicación y el alcance del derecho a la libertad de expresión en este contexto, y extraigo algunas conclusiones sobre las implicaciones más amplias que estas restricciones tienen para la protección y promoción de los derechos humanos en general.
2. Silenciado la causa palestina: el papel de los actores estatales y no estatales
Desde el inicio del conflicto en Gaza, la opinión pública se ha vuelto altamente polarizada, con bandos opuestos que apoyan las acciones de Israel o la causa palestina. Sin embargo, las voces palestinas y sus simpatizantes han enfrentado una represión sistemática, con actores estatales y no estatales tomando medidas activas para silenciar sus posturas.
Las protestas en apoyo a la causa palestina han sido severamente restringidas en muchos países del mundo, con el argumento de que dichas medidas son necesarias para proteger el orden público y la seguridad, combatir el “apoyo al terrorismo” y/o “prevenir el antisemitismo”. Los gobiernos — especialmente los occidentales — han impuesto restricciones específicas, prohibiciones generales o prohibiciones preventivas a las manifestaciones en apoyo a Palestina. [5] Además, las fuerzas del orden han recurrido con frecuencia al uso excesivo de la fuerza y a detenciones arbitrarias para disolver las protestas. [6] Si bien en algunos casos estas protestas han presentado incidentes de violencia o vandalismo, muchas veces las restricciones impuestas han sido desproporcionadas.
En Alemania, por ejemplo, las autoridades públicas han impuesto prohibiciones preventivas a varias concentraciones solidarias con Palestina, basándose en preocupaciones sobre la “seguridad pública”, la necesidad de evitar la “celebración pública de los ataques terroristas de Hamás” del 7 de octubre de 2023, y “el aumento de ataques antisemitas” en el país. [7] No obstante, estas decisiones a menudo se sustentaron en “riesgos no especificados de incitación, expresiones antisemitas, glorificación de la violencia, incitación a la violencia y actos violentos”. [8]
En Italia, las protestas han sido reprimidas con uso excesivo de la fuerza policial. Por ejemplo, durante una protesta organizada en Pisa en febrero de 2024, se desplegaron policías antidisturbios y vehículos policiales contra los manifestantes para bloquear el acceso a la plaza de la universidad, donde se dirigían los participantes. En un intento por impedir que llegaran a la plaza, la policía avanzó contra ellos y golpeó a estudiantes con bastones. [9] La respuesta desproporcionada de las fuerzas del orden llevó a una declaración sin precedentes del presidente de la República Italiana, Sergio Mattarella, quien criticó la actuación policial en dicha protesta. [10]
Estas restricciones no se han limitado a las manifestaciones públicas. La libertad académica también ha enfrentado serios desafíos. En muchas universidades alrededor del mundo, estudiantes han instalado campamentos en solidaridad con el pueblo palestino, exigiendo un alto al fuego y solicitando que sus universidades se desinviertan de corporaciones que se benefician del conflicto y de la ocupación de los territorios palestinos. [11]
Sin embargo, estas iniciativas también han sido objeto de restricciones: las autoridades universitarias y locales han desalojado por la fuerza los campamentos, muchas veces utilizando fuerza excesiva y arrestando arbitrariamente a los manifestantes. [12] Los estudiantes que participaron en las protestas incluso han enfrentado sanciones disciplinarias. Como ha señalado la Relatora Especial de la ONU sobre la Libertad de Expresión, estas sanciones han incluido suspensiones, posibles expulsiones, desalojos de residencias estudiantiles y amenazas de deportación a estudiantes extranjeros, lo cual podría poner en riesgo sus becas y futuras carreras. [13]
Asimismo, las universidades han cancelado o prohibido cada vez más eventos relacionados con Israel y Palestina. La reciente suspensión de un evento con Francesca Albanese, actual Relatora Especial de la ONU sobre la situación de los derechos humanos en los territorios palestinos ocupados desde 1967, por parte de la Universidad de Múnich [14] y la Universidad Libre de Berlín [15] son solo los ejemplos más recientes de una larga lista de eventos sobre Palestina cancelados por universidades en todo el mundo. [16]
Los periodistas y los medios en general han sido objeto de un nivel de ataques sin precedentes. Israel ha negado el acceso a Gaza a la prensa extranjera, [17] impidiendo así una cobertura adecuada desde el lugar, y aquellos periodistas con acceso a Gaza han sido asesinados deliberadamente o detenidos arbitrariamente. Según el Comité para la Protección de Periodistas, al 3 de febrero de 2025 se ha confirmado la muerte de 167 periodistas y trabajadores de medios (159 palestinos, 2 israelíes y 6 libaneses), 49 periodistas resultaron heridos, 2 están desaparecidos y 75 fueron arrestados. [18] De acuerdo con el derecho internacional humanitario, el asesinato deliberado de periodistas está prohibido y el asesinato de civiles constituye un crimen de guerra. [19]
Israel también ha prohibido el canal Al Jazeera [20] y ha allanado sus oficinas. [21] Recientemente, el gobierno israelí sancionó al periódico Haaretz y prohibió que organismos estatales se comuniquen o publiquen anuncios en dicho medio, alegando que Haaretz ha publicado “muchos artículos que han dañado la legitimidad del Estado de Israel y su derecho a la autodefensa, especialmente las declaraciones hechas en Londres por el editor Amos Schocken, que apoyan el terrorismo y llaman a imponer sanciones al gobierno”. [22]
Además, el gobierno israelí recurre a un censor militar, que tiene la autoridad para editar parcial o totalmente cualquier artículo que trate sobre “temas de seguridad”. En 2023, se prohibió la publicación de 613 artículos, y 2,703 fueron censurados parcialmente. [23]
Los medios tradicionales y las redes sociales también han jugado un papel muy importante en la censura del contenido propalestino. Mientras Israel ha silenciado a periodistas que informan desde Gaza y Cisjordania, una preocupante mayoría de medios de comunicación en América del Norte y Europa ha fallado sistemáticamente en cumplir su rol de contrapeso y de hablar con la verdad al poder: los titulares de los periódicos y los programas de televisión han deshumanizado con frecuencia al pueblo palestino, [24] y su cobertura de la situación en Gaza ha utilizado un lenguaje que contribuye a crear una “normalidad” en la que, como también subraya Fuad Zarbiyev, las vidas palestinas no son tan lloradas como las israelíes. [25]
Las plataformas de redes sociales han jugado un rol clave en brindar información en tiempo real sobre la situación en Gaza, especialmente considerando que, como se mencionó antes, Israel ha restringido severamente el acceso de la prensa extranjera. A pesar de esta función fundamental para el acceso a la información, estas plataformas también han contribuido significativamente a censurar contenido palestino, ya sea por sistemas de moderación de contenido deficientes y sesgados, o por peticiones de gobiernos para eliminar publicaciones.
Un ejercicio de debida diligencia en derechos humanos que revisó el impacto de las políticas de Meta durante la crisis de mayo de 2021 en Israel y Palestina confirmó que sus prácticas han producido resultados sesgados, afectando especialmente a usuarios palestinos y de habla árabe. [26] Por ejemplo, el informe reveló que el contenido en árabe fue objeto de una aplicación excesiva, lo que significa que las plataformas eliminaron erróneamente publicaciones de voces palestinas. [27]
Si bien los sistemas de moderación de contenido de estas plataformas ya restringen de manera desproporcionada las voces palestinas, las solicitudes gubernamentales de eliminación de contenido agravan aún más el problema. Según informó Human Rights Watch, solo entre el 7 de octubre y el 14 de noviembre de 2023, la Unidad Cibernética de Israel envió 9,500 solicitudes de eliminación de contenido a las plataformas sociales, el 60% de ellas dirigidas a Meta, y las plataformas cumplieron con estas solicitudes en el 94% de los casos. [28]
El contenido compartido en apoyo a la causa palestina fue eliminado con frecuencia por las plataformas, incluyendo el lema “Del Río al Mar, Palestina será libre” (‘From the River to the Sea, Palestine will be Free’). Aunque este lema ha sido entendido e interpretado por muchos como un llamado pacífico al derecho de autodeterminación del pueblo palestino, [29] las plataformas igualmente lo han eliminado. [30] Incluso, el lema ha sido criminalizado o sancionado en algunos países. [31]
En conjunto, todas estas medidas representan un ataque sustancial y altamente problemático al derecho a la libertad de expresión y al acceso a la información, y, en consecuencia, a la promoción y protección de los derechos humanos en general. A continuación, abordaré la aplicación y relevancia de este derecho en el contexto descrito.
3. El derecho a la libertad de expresión
El derecho a la libertad de opinión y expresión está protegido por el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH) y del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), [32] así como por el artículo 10 del Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH). [33] Además, el artículo 20 del PIDCP prohíbe “toda apología del odio nacional, racial o religioso que constituya incitación a la discriminación, la hostilidad o la violencia”. [34]
El derecho a la libertad de expresión también incluye la “libertad de buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa, en forma artística o por cualquier otro medio de su elección”. [35] La libertad de expresión es esencial para el goce de los derechos a la libertad de reunión y de asociación, [36] protegidos por el artículo 20 de la DUDH, el artículo 21 del PIDCP [37] y el artículo 11 del CEDH. [38]
De manera crucial, para que el derecho a la libertad de expresión sea restringido, dicha restricción debe cumplir tres criterios acumulativos: (1) Debe estar establecida por la ley; (2) debe perseguir un fin legítimo (como el respeto a los derechos o reputaciones de otros, o la protección de la seguridad nacional, del orden público, de la salud pública o la moral); y (3) la restricción debe ser necesaria y proporcional para alcanzar ese fin. [39]
Dado que la libertad de expresión se considera un derecho habilitador de otros derechos fundamentales, [40] cualquier restricción debe interpretarse de forma estricta, para no obstaculizar su ejercicio.
Las restricciones a la libertad de expresión, incluso cuando se argumentan con fines legítimos como la protección de los derechos de otros (por ejemplo, el derecho a no sufrir discriminación por parte del pueblo judío o la lucha contra el antisemitismo) o la preservación del orden público, deben ser proporcionadas. El aumento del antisemitismo, la islamofobia y el racismo contra palestinos exige que todos los Estados tomen medidas necesarias para proteger a judíos, musulmanes, palestinos y árabes de la discriminación y el discurso de odio.
Sin embargo, en muchos casos, las restricciones a la libertad de expresión se han basado en una definición de “antisemitismo” que contradice el derecho internacional de los derechos humanos. Muchos gobiernos se basan, de hecho, en la definición operativa de antisemitismo propuesta por la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto (IHRA, por sus siglas en inglés). [41] Esta definición es demasiado amplia, no incluye el elemento de “incitación”, y confunde la crítica al Estado de Israel con antisemitismo, lo que contradice el derecho a la libertad de expresión, ya que el derecho internacional permite criticar a cualquier Estado. [42]
La adopción de esta definición operativa por parte de muchos gobiernos ha sido considerada como una “instrumentalización políticamente motivada de la lucha contra el antisemitismo”, [43] que en la práctica perjudica principalmente a los palestinos y a los defensores de derechos humanos que abogan por sus derechos. [44] Como también ha subrayado Irene Khan, “el error conceptual central de la “definición operativa” es la confusión inherente entre el sionismo, una ideología política, y el antisemitismo”, lo cual resulta en “la supresión de críticas legítimas a Israel, y no en una mayor protección de los judíos frente al odio y la intolerancia racial y religiosa”. [45]
La interrupción o prohibición de protestas pacíficas mediante el uso excesivo de la fuerza, el desalojo forzoso de campamentos estudiantiles pacíficos o incluso la prohibición de eventos sobre Palestina o críticos del Estado de Israel, sin que dichas acciones sean necesarias y proporcionales para alcanzar un fin legítimo, no pueden considerarse compatibles con el derecho internacional de los derechos humanos.
El Comité de Derechos Humanos de la ONU y el Relator Especial sobre los derechos de reunión y asociación pacíficas también han destacado que los incidentes aislados de violencia no bastan para calificar una manifestación entera como no pacífica, [46] y “cuando se produzcan incidentes aislados de violencia en el contexto de una protesta, el personal policial debe hacer todo lo posible por identificar y retirar a los individuos violentos, permitiendo que el resto de los manifestantes ejerzan sus derechos de reunión pacífica y libertad de expresión”. [47]
Del mismo modo, los ataques contra periodistas y contra la libertad de los medios violan el derecho de todas las personas a la libertad de expresión y al acceso a la información, y en algunos casos, también contravienen el derecho internacional humanitario. Estas violaciones resultan aún más preocupantes ante las “acusaciones de ataques dirigidos contra medios de comunicación como parte de una estrategia para encubrir pruebas de crímenes de guerra”. [48]
Al mismo tiempo que los gobiernos incumplen sus propias obligaciones bajo el derecho internacional de los derechos humanos, las entidades corporativas, como los medios tradicionales y las redes sociales, actúan en contradicción con su propia responsabilidad de respetar los derechos humanos. Según los Principios Rectores de la ONU sobre las Empresas y los Derechos Humanos, “las empresas deben respetar los derechos humanos”, lo que significa que “deben evitar infringir los derechos humanos de terceros y deben abordar los impactos adversos en los derechos humanos en los que estén involucradas”. [49]
Por lo tanto, tanto los medios tradicionales como las plataformas digitales deben garantizar que sus actividades empresariales no vulneren los derechos a la libertad de expresión ni al acceso a la información. Esto incluye asegurarse de que la cobertura informativa no reproduzca estándares dobles y de que los sistemas de moderación de contenido no censuren de forma desproporcionada contenido palestino.
Precisamente porque el ejercicio de la libertad de expresión y el acceso a la información actúan como catalizadores para el ejercicio de otros derechos fundamentales, su restricción tiene repercusiones más amplias en la promoción y protección de los derechos humanos en general. No solo el derecho a la libertad de reunión pacífica se ve fuertemente afectado, sino que, de manera más crucial, también se ve afectado el derecho del pueblo palestino a la autodeterminación.
La prohibición generalizada del uso de símbolos palestinos es solo un ejemplo del impacto que las restricciones a la libertad de expresión tienen sobre el derecho palestino a la autodeterminación. La falta de protección adecuada del derecho a la libertad de expresión también impide visibilizar numerosas violaciones a los derechos humanos que sufren diariamente los palestinos en los territorios palestinos ocupados, incluidas violaciones al derecho a la vida y al derecho a no ser sometido a tortura ni a tratos crueles, inhumanos o degradantes. [50]
4. Conclusión
Que un apicultor sea multado por exhibir un cartel que pide el fin de un genocidio; que estudiantes pierdan sus becas o visas por exigir a su gobierno un alto al fuego y pedir a su universidad que desinvierta en corporaciones que se benefician del conflicto y la ocupación; que un profesor sea impedido de dar una conferencia sobre Gaza dentro de una universidad; que nuestros gobiernos respondan con violencia a protestas pacíficas estudiantiles… estos son hechos que deberían preocuparnos a todos.
Cada una de estas restricciones, cuando no cumplen con los estándares de legalidad, legitimidad, necesidad y proporcionalidad (como lo establece el derecho internacional de los derechos humanos), violan nuestro derecho fundamental a la libertad de expresión.
El derecho a la libertad de expresión se considera un habilitador clave para el ejercicio de otros derechos fundamentales. Como lo ha reiterado la Relatora Especial de la ONU sobre la Libertad de Expresión, “el genocidio en Gaza, las violaciones de derechos humanos en el territorio palestino ocupado y el incumplimiento por parte de Israel de sus obligaciones jurídicas internacionales, incluida la ocupación del territorio palestino, son asuntos de interés público mundial”. [51]
Si no defendemos el ejercicio de nuestro derecho a la libertad de expresión en apoyo a la causa palestina, y si no exigimos rendición de cuentas a quienes lo violan sistemáticamente, contribuimos a su erosión. Y si no defendemos los derechos de los palestinos, incluido su derecho a que sus voces sean escuchadas, entonces estamos fallando en la defensa de los derechos humanos en su conjunto.
Declaración de conflictos de interés y financiamiento
La autora declaró que no existen posibles conflictos de interés con respecto a la investigación, autoría y/o publicación de este artículo.
La autora no recibió apoyo financiero para la investigación, autoría y/o publicación de este artículo.
Stefania Di Stefano https://orcid.org/0009-0003-2304-388X
Notas
[1] Irene Khan, Global threats to freedom of expression arising from the conflict in Gaza – Report of the Special Rapporteur on the promotion and protection of the right to freedom of opinion and expression 2024 [A/79/319] para 1.
[2] Federico Berni, ‘Striscione pro Palestina al mercato di Desio, arrivano i carabinieri: multa di 430 euro all’apicoltore’ Corriere della Sera (16 October 2024) accessed 3 February 2025.
[3] Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide in the Gaza Strip (South Africa v Israel) (International Court of Justice). See also, Francesca Albanese, Report of the Special Rapporteur on the situation of human rights in the Palestinian territories occupied since 1967 – Anatomy of a genocide 2024 [A/HRC/55/73].
[4] Khan (n 1) para 1.
[5] ibid 34.
[6] ‘Europe: Under Protected and Over Restricted: The State of the Right to Protest in 21 European Countries’ (Amnesty International, 2024) accessed 3 February 2025.
[7] ibid 97.
[8] ibid, emphasis added.
[9] ibid 98.
[10] ibid.
[11] Khan (n 1) para 40; Michael Williams, ‘Pro-Palestinian Student Protests around the World – in Pictures’ the Guardian (7 May 2024) accessed 3 February 2025.
[12] Khan (n 1) para 41.
[13] ibid 42.
[14] Francesca Albanese, UN Special Rapporteur oPt [@FranceskAlbs], ‘The University of Munich Has Canceled My Talk, a Decision I Hope They Will Reconsider. If Not, I Look Forward to Seeing You Elsewhere, German Friends. May Freedom of Expression and Your Right to Be Informed Prevail. @LMU_Muenchen’ accessed 4 February 2025. On how anti-Palestinian racializing processes and repression operate within a framework of liberal freedom in German education, see Anna Younes and Hanna Al-Taher, ‘Erasing Palestine in Germany’s Educational System: The Racial Frontiers of Liberal Freedom’ (2024) 33 Middle East Critique 397.
[15] ‘Statement Regarding the Planned Public Lecture and Discussion with Francesca Albanese and Eyal Weizman on February 19, 2025’, Freie Universität Berlin (12 February 2025) accessed 24 February 2025. On the gravity of these actions for academic freedom, see Isabel Feichtner, ‘Where Is Our Outcry?’ (Verfassungsblog, 19 February 2025) accessed 24 February 2025; Khaled El Mahmoud, ‘Special Editorial: A Nation in Crisis: The Suppression of Academic Freedom and the Rise of Ideological Conformity’ (Völkerrechtsblog, 21 February 2025) accessed 24 February 2025.
[16] See, for example, Vimal Patel and Anna Betts, ‘Campus Crackdowns Have Chilling Effect on Pro-Palestinian Speech’ The New York Times (17 December 2023) accessed 4 February 2025; ‘Harvard Medical School Cancels Class Session With Gazan Patients, Calling It One-Sided’ The Harvard Crimson (22 January 2025) accessed 4 February 2025.
[17] ‘Open up Access to Gaza and Protect Journalists’ Le Monde (29 October 2023) accessed 4 February 2025.
[18] ‘Journalist Casualties in the Israel-Gaza War’ (Committee to Protect Journalists, 3 February 2025) accessed 4 February 2025.
[19] Under art. 79 of the Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of International Armed Conflicts (Protocol I) (signed on 12 December 1977, entered into force on 7 December 1979) 1125 UNTS 3. “Journalists engaged in dangerous professional missions in areas of armed conflict shall be considered as civilians within the meaning of Article 50, paragraph 1”; Rome Statute of the International Criminal Court (adopted 17 July 1998, entered into force 1 July 2002) 2187 UNTS 3, art 8(2).
[20] Al Jazeera Staff, ‘Israel Bans Al Jazeera: What Does It Mean and What Happens Next?’ Al Jazeera (6 May 2024) accessed 4 February 2025.
[21] ‘Israel Raids and Shuts down Al Jazeera’s Bureau in Ramallah in the West Bank’ AP News (22 September 2024) accessed 4 February 2025.
[22] ‘Israel Sanctions Haaretz Due to Articles That “Hurt” Israeli State’ Al Jazeera (24 November 2024) accessed 4 February 2025.
[23] Amjad Iraqi, ‘Israeli Military Censor Bans Highest Number of Articles in over a Decade’ +972 Magazine (20 May 2024) accessed 4 February 2025.
[24] The dehumanisation of Palestinians in traditional media is a longstanding phenomenon. See, for example, Laura Albast and Cat Knarr, ‘Opinion | How Media Coverage Whitewashes Israeli State Violence against Palestinians’ Washington Post (28 April 2022) accessed 4 February 2025.
[25] Fuad Zarbiyev, ‘“What about October 8? What about October 9? What about October 10? What about October 11?” On the Grievability of Palestinian Lives’, Geneva Graduate Institute (14 October 2024) accessed 4 February 2025.
[26] ‘Human Rights Due Diligence of Meta’s Impacts in Israel and Palestine | Reports | Sustainable Business Network and Consultancy’, BSR (22 September 2022) accessed 4 February 2025.
[27] ibid 5.
[28] Rasha Younes, ‘Meta’s Broken Promises’, Human Rights Watch (21 December 2023) accessed 4 February 2025.
[29] Ellen Ioanes, ‘“From the River to Sea,” the Phrase Used amid the Israel-Hamas War, Explained’ Vox (24 November 2023) accessed 17 February 2025.
[30] Human Rights Watch has found that “[i]In hundreds of cases, th[e] slogan [“From the River to the Sea”], as well as comments such as “Free Palestine,” “Ceasefire Now,” and “Stop the Genocide,” were repeatedly removed by Instagram and Facebook under “spam” Community Guidelines or Standards without appearing to take into account the context of these comments.”, ibid 27.
[31] See, for example, Federal Ministry of the Interior, “Announcement of a ban on associations in accordance with Section 3 of the Association Act Ban on the association ‘HAMAS (Harakat al-Muqawama al-Islamiya)” in German), 2 November 2023, available at
[32] International Covenant on Civil and Political Rights (adopted 16 December 1966, entered into force 23 March 1976) 999 UNTS 171, art 19.
[33] Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms (European Convention on Human Rights, as amended) (ECHR), art 10.
[34] International Covenant on Civil and Political Rights (n 32), art 20.
[35] ibid 19(2).
[36] Human Rights Committee, ‘General Comment No. 34, Article 19, Freedoms of Opinion and Expression’ (2011) CCPR/C/GC/34 para 4.
[37] International Covenant on Civil and Political Rights (n 32), art 21.
[38] Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms (n 33), art 11.
[39] International Covenant on Civil and Political Rights (n 32), art 19(3).
[40] Frank La Rue, Report of the Special Rapporteur on the promotion and protection of the right to freedom of opinion and expression 2011 [A/HRC/17/27] para 22.
[41] Khan (n 1) para 79.
[42] ibid, para 80.
[43] Tendayi Achiume, Combating glorification of Nazism, neo-Nazism and other practices that contribute to fuelling contemporary forms of racism, racial discrimination, xenophobia and related intolerance – Report of the Special Rapporteur on contemporary forms of racism, racial discrimination, xenophobia and related intolerance, E. Tendayi Achiume 2022 [A/77/512] para 71.
[44] ibid 76.
[45] Khan (n 1) para 81.
[46] Human Rights Committee, ‘General Comment No. 37, (2020) on the Right of Peaceful Assembly (Article 21)’ (2020) CCPR/C/GC/37 para 19; Clément Voule, Protection of human rights in the context of peaceful protests during crisis situations – Report of the Special Rapporteur on the rights to freedom of peaceful assembly and of association, Clément Nyaletsossi Voule 2022 [A/HRC/50/42] para 40.
[47] Voule, (n 46), para 40.
[48] Khan (n 1) paras 17 & 89.
[49] OHCHR, ‘Guiding Principles on Business and Human Rights – Implementing the United Nations “Protect, Respect and Remedy” Framework’ (2011) HR/PUB/11/04 Principle 11.
[50] OHCHR, ‘Israel’s Escalating Use of Torture against Palestinians in Custody a Preventable Crime against Humanity: UN Experts’ (5 August 2024) accessed 18 February 2025; Amnesty International, ‘Israel/OPT: Horrifying Cases of Torture and Degrading Treatment of Palestinian Detainees amid Spike in Arbitrary Arrests’ (8 November 2023) accessed 18 February 2025.
[51] Khan (n 1) para 88.
