Francia y las partes interesadas de Nueva Caledonia han acordado iniciar un proceso de un año que podría reconfigurar la relación de Francia con su antigua colonia. Sin embargo, materializar sus objetivos requerirá mucha maniobra política.
Uno de los vecinos más cercanos de Australia, Nueva Caledonia, podría entrar en una nueva configuración política, sin llegar a la independencia. El 12 de julio de 2025, tras diez días y noches de intensas negociaciones, representantes del gobierno francés y seis delegaciones de Nueva Caledonia firmaron el Acuerdo de Bougival, estableciendo un calendario de un año para reconfigurar por completo el marco político y jurídico de Nueva Caledonia, así como el sistema constitucional de Francia.
Más allá del espectáculo mediático y del presidente Emmanuel Macron calificando el acuerdo como “histórico”, una inspección más detallada revela un movimiento independentista debilitado y a Francia aprovechando una ventana de oportunidad única para consolidar su presencia geoestratégica en el Pacífico; y con ello, asegurar un suministro estable de níquel para Francia y Europa, mientras mantiene a raya la influencia china.
Este artículo ofrece algunas reflexiones preliminares sobre el Acuerdo de Bougival tras una primera lectura. No pretende menospreciar la importancia del acuerdo ni su loable objetivo de avanzar en la autodeterminación en la región. Su argumento principal es que el Acuerdo es un consenso basado en concesiones, pero parece beneficiar principalmente a Francia.
Antecedentes
El Acuerdo surge tras un apresurado referéndum de independencia en diciembre de 2021, realizado en plena pandemia de COVID-19, y una reforma electoral más turbulenta en 2024, que amplió el derecho al voto a residentes con más de 10 años de permanencia, lo cual desató temores de diluir la influencia de los pueblos indígenas canacos. Esto provocó una rápida ola de disturbios civiles, seguida de una respuesta militar brutal, con un saldo de 14 muertos, miles de arrestos y activistas independentistas enviados a prisiones francesas. El cierre de la mina Koniambo, controlada en su mayoría por los canacos, tras la retirada de Glencore, dejó sin empleo a uno de cada seis trabajadores del sector privado. Los líderes canacos habían confiado tradicionalmente en el “nacionalismo de los recursos” para avanzar hacia la autonomía económica, pero las dificultades económicas han debilitado su poder de negociación en este nuevo acuerdo.
Marco jurídico
El Acuerdo de Bougival no es jurídicamente vinculante. Es un borrador de un marco político que requerirá ratificación mediante una reforma constitucional y un referéndum popular programado para 2026. Cabe destacar que el acuerdo no menciona los términos “independencia” ni “referéndum”, optando en su lugar por expresiones atenuadas como “emancipación” y “descolonización progresiva”. El preámbulo enfatiza un “destino común” entre Francia y Nueva Caledonia, presentando a esta última como un socio benévolo y garante exclusivo de los principios democráticos y del estado de derecho, en claro contraste con la influencia china en la región. El Acuerdo se alinea perfectamente con la estrategia del Indo-Pacífica de Francia, que establece pilares estratégicos en defensa y seguridad, intereses económicos, estado de derecho y gestión de los océanos.
Transferencia de poder en medio de la polarización política
El Acuerdo propone una posible transferencia de poder de Francia a Nueva Caledonia, pero solo en áreas como relaciones internacionales, defensa, moneda, justicia y orden público. Esta transferencia no es automática, ya que requiere una mayoría calificada de 36 de los 54 escaños (pronto serán 56) en la Asamblea de Nueva Caledonia. Bajo la fragmentación política actual, 28 escaños están en manos de partidos antiindependentistas y 25 en manos de partidos proindependentistas. La configuración territorial es el tema más polémico en un escenario político profundamente polarizado, donde ambos bandos enfrentarán dificultades para convencer a sus bases. Es probable que los partidarios de la independencia se sientan decepcionados por la renuncia a cualquier aspiración de independencia plena, mientras que los grupos antiindependentistas podrían ver el reconocimiento constitucional del nuevo ‘statu quo’ como una derrota.
Transferencia limitada de poder
Incluso si se transfieren poderes, Francia ha garantizado mantener un control significativo. La capacidad de Nueva Caledonia para conducir relaciones internacionales deberá ahora alinearse con la política exterior de Francia. En materia de defensa y seguridad, Nueva Caledonia solo ha obtenido un papel consultivo. En cuanto a justicia, Numea podrá desarrollar políticas penitenciarias y de rehabilitación, pero la ley penal sustantiva seguirá bajo jurisdicción francesa. La moneda seguirá siendo el franco del Pacífico, con tipo de cambio fijo con el euro, y Nueva Caledonia solo tendrá autoridad para decidir sobre “diseños simbólicos”. Esta configuración es novedosa únicamente para el sistema tradicionalmente centralizado de Francia, pero es común en estados federales o autónomos como Alemania, Canadá o España.
La nueva estrategia del níquel
La extracción de níquel bien podría ser el enfoque central “de facto” del Acuerdo. Francia vincula explícitamente el níquel con su soberanía industrial, así como la de Europa. El Acuerdo parece diseñado para limitar la influencia china, a pesar de que China es el principal cliente del níquel de Nueva Caledonia. Tras el cierre de la mina Koniambo, controlada por los canacos, el Acuerdo parece retomar el “negocio”. Con una base económica debilitada, el movimiento independentista parece ahora más susceptible a ceder ante las exigencias francesas. De todas las posibles mejoras en infraestructura que podrían haberse propuesto, solo se menciona una: mejorar la producción de energía para asegurar que la producción de níquel nunca se detenga.
¿Un nuevo estado libre asociado?
Muchos titulares se centraron en la novedad de crear “un estado dentro de un estado nación”. Por más inédito que esto sea bajo la legislación francesa, no es muy distinto de otras organizaciones territoriales en el mundo. Los Territorios Británicos de Ultramar mantienen un vínculo constitucional con el Reino Unido y pertenecen a su soberanía. Las Islas Cook y Niue son estados autónomos en libre asociación con Nueva Zelanda, que no puede legislar para ellos, a diferencia de Francia. Las Islas Marshall, Micronesia y Palaos son miembros soberanos de la ONU que reciben defensa, financiamiento y servicios sociales por parte de EE. UU. En contraste, Puerto Rico es un territorio no incorporado de EE. UU. que parece compartir algunas similitudes con el estatus propuesto para Nueva Caledonia (ejercicio limitado de poderes a cambio de financiamiento federal y ciudadanía con pasaporte estadounidense).
En conclusión, el Acuerdo de Bougival no representa tanto un avance en la gobernanza global como un cambio en el enfoque de Francia hacia sus excolonias. Más significativamente, el acuerdo revela un momento de debilidad estratégica entre las fuerzas independentistas y una ventana de oportunidad para que Francia consolide su presencia en el Pacífico. Sin embargo, la ganancia política debería quedar en segundo plano frente a la protección de una población local agotada, atrapada entre facciones en conflicto, y con la esperanza de que cualquier acuerdo pueda conducir a la reconciliación. Su bienestar es la verdadera clave para garantizar una Nueva Caledonia pacífica y próspera.
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