Resumen
La creciente presencia de combatientes extranjeros en el conflicto armado en Ucrania ha planteado desafíos significativos para la aplicación del Derecho Internacional Humanitario (DIH). Estos combatientes, a menudo motivados por razones políticas, ideológicas o religiosas, no encajan fácilmente en categorías legales tradicionales como combatientes lícitos, civiles o mercenarios. Su participación en ambos bandos del conflicto — ya sea apoyando a las fuerzas ucranianas o a los grupos respaldados por Rusia — representa una cuestión compleja que requiere un análisis cuidadoso dentro del marco del DIH, el cual actualmente carece de disposiciones claras para abordar su estatus legal.
Este estudio se centra en la pregunta de investigación: ¿Cumple la participación de combatientes extranjeros en el conflicto armado en Ucrania con los principios del DIH? Este tema resulta especialmente relevante porque pone en evidencia vacíos importantes en el DIH y revela su incapacidad para abordar adecuadamente las complejidades de los conflictos armados modernos que involucran actores no estatales.
A través de un enfoque jurídico-normativo, el estudio examina la aplicación del DIH a los combatientes extranjeros en el conflicto entre Rusia y Ucrania, enfocándose en sus derechos, responsabilidades y mecanismos de rendición de cuentas. Los hallazgos demuestran que el DIH carece de disposiciones específicas para regular el estatus legal de estos combatientes, y depende en cambio de principios generales de derechos humanos que no abordan sus circunstancias particulares. Esto genera un vacío legal que socava tanto su protección como la aplicación efectiva de responsabilidades por violaciones.
El estudio concluye que se requieren con urgencia reformas específicas al DIH para establecer normas legales claras en cuanto a la clasificación, protección y enjuiciamiento de combatientes extranjeros, fortaleciendo así el marco humanitario general frente a los conflictos armados contemporáneos.
1. Introducción
El conflicto entre Rusia y Ucrania, que se mantiene desde la anexión de Crimea por parte de Rusia en 2014, ha escalado hasta convertirse en una compleja y devastadora guerra. Este conflicto, profundamente arraigado en tensiones geopolíticas, ha captado la atención de la comunidad internacional no solo por sus implicaciones para la estabilidad regional, sino también por el creciente papel de los combatientes extranjeros. La participación de estos actores añade una nueva capa de complejidad a una situación ya de por sí volátil.
Estos individuos, que se suman a conflictos armados en territorios extranjeros, suelen estar motivados por razones políticas, ideológicas, religiosas o financieras, y su presencia en Ucrania plantea serias interrogantes legales, políticas y humanitarias (Asya et al., 2024). El rol de los combatientes extranjeros ha cobrado creciente relevancia en las guerras modernas, ya que su participación tiende a difuminar las líneas entre combatientes, civiles y mercenarios (Anjelika et al., 2024).
El principal desafío que plantea la participación de combatientes extranjeros en Ucrania radica en la incertidumbre legal respecto a su estatus conforme al DIH. El DIH, que regula la conducta en conflictos armados y busca proteger a las personas que no participan directamente en las hostilidades, no ofrece lineamientos claros sobre estos combatientes. Al no representar a un Estado ni a una parte reconocida del conflicto, no encajan fácilmente en categorías como combatientes lícitos o civiles, lo que genera ambigüedad legal. Esto crea un vacío en el marco jurídico, lo que complica la aplicación del DIH a sus acciones y plantea preguntas críticas sobre la rendición de cuentas, los derechos y las protecciones bajo el derecho internacional (Alexander, 2023) (ver Tabla 1, Tabla 2).
La relevancia de este estudio radica en la necesidad de abordar las incertidumbres legales existentes y comprender cómo el DIH puede adaptarse para regular la participación de combatientes extranjeros en conflictos modernos. A pesar del creciente número de combatientes extranjeros en guerras alrededor del mundo, el cuerpo normativo actual del DIH no ha abordado de forma suficiente su estatus ni los desafíos que presentan para la protección de los derechos humanos y la aplicación de la rendición de cuentas (Paulussen, 2021). Al centrarse específicamente en el conflicto de Ucrania, este estudio busca llenar un vacío importante en la literatura jurídica actual al analizar las implicaciones de la participación de estos actores desde la perspectiva del DIH.
La participación de combatientes extranjeros en el conflicto de Ucrania tiene implicaciones profundas no solo para el tratamiento legal de estos individuos, sino también para el contexto geopolítico más amplio (Idris & Mu’tashim, 2023). Su involucramiento exacerba las tensiones entre Rusia y los países occidentales, ya que muchos de los combatientes que apoyan a Ucrania provienen de naciones con intereses políticos opuestos a los de Rusia. Esta dinámica complica aún más los esfuerzos diplomáticos para resolver el conflicto y mantener la paz internacional.
Además, su presencia contribuye a la creciente tendencia de actores no estatales involucrándose en conflictos armados, lo que desafía las nociones tradicionales de soberanía estatal y complica los esfuerzos internacionales para regular la guerra. Desde una perspectiva humanitaria, los combatientes extranjeros incrementan el riesgo de violaciones al DIH y a los derechos humanos, ya que no siempre están sujetos a los mismos marcos legales que los actores estatales. La falta de disposiciones jurídicas claras los deja vulnerables a la explotación, el abuso y a la violación de sus derechos, al mismo tiempo que dificulta la rendición de cuentas por dichas violaciones (Akbar & Sadiawati, 2023). Esto no solo socava la protección de civiles, sino que debilita la aplicación de las normas humanitarias, lo que complica aún más los esfuerzos de las organizaciones internacionales y de los Estados para hacer frente a las violaciones del DIH.
Este estudio es especialmente importante porque busca abordar el vacío legal existente en torno a los combatientes extranjeros en el conflicto de Ucrania. Al examinar la aplicación del DIH a estos actores, la investigación contribuye al campo más amplio del derecho internacional al proponer un marco más integral para regular su participación. A través de este análisis, se busca ofrecer recomendaciones concretas de reforma legal dentro del DIH que aborden mejor los desafíos que presentan los combatientes extranjeros en los conflictos armados contemporáneos.
La justificación de este estudio se basa en el reconocimiento creciente de que el DIH, tal como está estructurado actualmente, es insuficiente para abordar las complejidades de la guerra moderna, en particular cuando se trata de la participación de actores no estatales como los combatientes extranjeros. A medida que el mundo presencia un número creciente de estos individuos participando en conflictos, resulta esencial adaptar los marcos jurídicos internacionales a estas nuevas realidades. Este estudio no solo contribuye a comprender las limitaciones del DIH, sino que también propone reformas legales prácticas que podrían mejorar su eficacia en la protección de los derechos humanos y la rendición de cuentas en conflictos futuros.
La participación de combatientes extranjeros en Ucrania representa un punto crítico que deja al descubierto las lagunas del DIH. Por ello, este estudio tiene una relevancia significativa para responsables políticos, juristas internacionales y defensores de los derechos humanos, ya que destaca la necesidad urgente de reformas y aporta ideas sobre cómo puede evolucionar el DIH para responder mejor a los desafíos contemporáneos. Al abordar el estatus legal y la rendición de cuentas de los combatientes extranjeros, el estudio busca contribuir al desarrollo de un sistema jurídico internacional más sólido y eficaz, capaz de enfrentar las complejidades de la guerra moderna y de defender los principios humanitarios frente a las amenazas emergentes.
1.1. Revisión de la literatura
Una investigación previa realizada por Akbar y Sadiawati (2023), titulada “Análisis de la invasión rusa a Ucrania desde el punto de vista del derecho humanitario”, se centra en examinar las violaciones a los Convenios de Ginebra de 1949 durante la invasión, y destacan el papel de las Naciones Unidas en la promoción de la paz mundial. El estudio ofrece un análisis exhaustivo del marco jurídico internacional, en particular del derecho humanitario, en lo referente a los crímenes de guerra y las violaciones cometidas durante el conflicto.
De manera similar, Nasution y Raudia (2022, pp. 361–374), en su artículo “Análisis de las violaciones de guerra de Rusia en el conflicto ucraniano de 2022 desde la perspectiva del Derecho Internacional Humanitario”, abordan las infracciones al derecho humanitario cometidas por Rusia en el conflicto. Su estudio resalta las principales violaciones según los estándares jurídicos internacionales y subraya la necesidad de rendición de cuentas conforme a los principios del derecho humanitario.
Por su parte, Masri et al. (2024), en su estudio titulado “Implementación del Derecho Internacional Humanitario en el conflicto Rusia-Ucrania”, exploran la aplicación del DIH en el contexto de la guerra entre Rusia y Ucrania. Su investigación profundiza en cómo se ha aplicado el DIH y en su efectividad para mitigar el daño durante el conflicto.
Si bien estos estudios analizan en profundidad las violaciones del DIH en la guerra Rusia-Ucrania, se centran principalmente en los actores estatales, con escasa atención al papel de los combatientes extranjeros. Este artículo llena ese vacío al analizar la participación de los combatientes extranjeros, su clasificación bajo el DIH y las protecciones legales que se les otorgan.
1.2. Marco teórico
1.2.1. Teorías de la soberanía estatal y la integridad territorial
La teoría de la soberanía estatal y la integridad territorial se origina en pensadores clásicos como Bodin (2009), Hugo Grotius (1964) y Kant (1991). Bodin definió la soberanía como una autoridad suprema libre de interferencias externas, mientras que Grotius destacó su papel como piedra angular del derecho internacional. Kant argumentó que la integridad territorial era vital para las relaciones pacíficas entre Estados. Estos principios fueron codificados en el Artículo 2(4) de la Carta de las Naciones Unidas (1945), que prohíbe las amenazas o el uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de un Estado.
En el conflicto entre Rusia y Ucrania, estos principios son sumamente relevantes. La anexión rusa de Crimea (2014), el apoyo a los separatistas en Donetsk y Lugansk, y la invasión de 2022 violan la soberanía y el derecho internacional. Moerdijat (2022) destaca la gravedad de estas violaciones, mientras que Pisano (2022) examina sus efectos desestabilizadores en la geopolítica regional. Así, esta teoría ofrece un lente legal y analítico para evaluar las repercusiones del conflicto en el orden global.
1.2.2. Teorías del Derecho Internacional Humanitario (DIH)
El desarrollo del DIH proviene de las contribuciones de académicos como Jean Pictet, quien enfatizó la protección de los individuos en los conflictos, y Hugo Grotius, cuyo ‘De Jure Belli ac Pacis’ abogaba por regular la guerra mediante principios morales y legales. J.F. Murphy (1982) vinculó el DIH con los derechos humanos, Antonio Cassese (2013) exploró el papel del DIH en la mitigación de violaciones durante la guerra, y Theodor Meron (2006) impulsó la protección de civiles y la regulación de los crímenes de guerra. Estos fundamentos destacan la protección de los no combatientes, la limitación de los métodos de guerra y clarifica las obligaciones estatales.
En Ucrania, el DIH enfrenta desafíos como el ambiguo estatus legal de los combatientes extranjeros. Akbar y Sadiawati (2023) subrayan las lagunas en su protección, mientras que la BBC (2023) informa sobre el papel del Grupo Wagner en la agravación de violaciones, como los ataques a civiles y el uso desproporcionado de la fuerza. Estos desafíos enfatizan la necesidad de una adhesión más estricta al DIH para mitigar las crisis humanitarias y preservar los estándares legales.
1.2.3. Teorías de la globalización en la guerra moderna
Las teorías sobre el impacto de la globalización en la guerra han sido formuladas por pensadores como Mary Kaldor (2013), quien contrasta las “viejas guerras” tradicionales con las “nuevas guerras” que involucran actores no estatales, y Zygmunt Bauman (1998), quien vincula la globalización con dinámicas interconectadas que están transformando el conflicto armado. Robert D. Kaplan (1994) relaciona la globalización con el aumento de desigualdades socioeconómicas y los conflictos asimétricos. Estas teorías sostienen que los aspectos tecnológicos, económicos y comunicativos de la globalización han modificado la naturaleza de la guerra al introducir actores no estatales y tecnologías avanzadas.
El conflicto entre Rusia y Ucrania ilustra claramente el papel de la globalización en la guerra moderna. La participación de combatientes extranjeros, ya sea apoyando a la Legión Internacional de Defensa Territorial de Ucrania o al Grupo Wagner del lado ruso, refleja la influencia de la globalización. Mehra y Thorley (2022) señalan motivaciones como la ideología y la economía, mientras que Chakyan Tang (2022) destaca tanto la solidaridad como los desafíos que introducen los actores no estatales. La globalización amplía el alcance y la complejidad de los conflictos, dificultando su regulación y transformando la naturaleza de la guerra contemporánea.
2. Metodología
Esta investigación emplea un método jurídico-normativo utilizando un enfoque legal para examinar el conflicto entre Ucrania y Rusia dentro del marco del DIH (Gunawan et al., 2023). El objetivo principal es explorar cómo las acciones de las partes involucradas se alinean con los principios y normas establecidos del derecho internacional. Se utiliza un enfoque jurídico-normativo para analizar de manera sistemática las leyes, reglamentos y principios legales aplicables al conflicto, enfocándose especialmente en cómo se implementan o se violan potencialmente dichas normas por los actores involucrados.
El estudio se basa en métodos de investigación cualitativos normativos, que implican el análisis documental de textos legales y fuentes secundarias para obtener una comprensión integral del marco jurídico que rige el conflicto. Esto incluye el análisis de decisiones judiciales, doctrinas legales, tratados internacionales (como las Convenciones de Ginebra de 1949) y otros instrumentos internacionales relevantes. Las fuentes secundarias, como las teorías jurídicas y opiniones de expertos, también constituyen una parte clave del análisis.
A través de este enfoque, la investigación ofrece un análisis exhaustivo del cumplimiento o violación de los principios del DIH en el conflicto. El proceso de análisis documental, como método principal de recolección de datos, incorpora la hermenéutica jurídica para interpretar y aclarar el significado de los textos legales, asegurando una comprensión precisa de su aplicación en el contexto del conflicto en Ucrania. También se emplea un análisis comparativo para examinar cómo se han aplicado los principios del DIH en conflictos similares, proporcionando un punto de referencia para evaluar su implementación o incumplimiento en este caso.
El análisis se centra en materiales jurídicos primarios, que incluyen tratados, convenciones, comunicaciones oficiales y resoluciones de organizaciones internacionales, para establecer una comprensión fundamental del marco legal. Estos se complementan con materiales jurídicos secundarios, como literatura académica, comentarios legales y opiniones de expertos, que aportan perspectivas críticas y contexto. Esta combinación metodológica garantiza una evaluación sólida y matizada sobre cómo se están respetando o violando los principios del DIH, fortaleciendo la validez y confiabilidad de los hallazgos.
3. Resultados y discusión
3.1. Marco legal para los combatientes extranjeros
El estatus de los combatientes extranjeros en el marco del DIH sigue siendo un tema polémico y ambiguo. Si bien los Convenios de Ginebra y sus Protocolos Adicionales regulan principalmente la conducta de actores estatales y combatientes reconocidos, ofrecen orientación limitada respecto a los participantes no estatales, como los combatientes extranjeros. Estos individuos se encuentran en una zona legal gris, ya que los Convenios de Ginebra se centran principalmente en la protección de civiles y combatientes que forman parte de las fuerzas armadas de un Estado o de grupos de resistencia organizados.
El Artículo Común 3 de los Convenios de Ginebra y el Protocolo Adicional II extienden protecciones limitadas a los actores no estatales involucrados en conflictos armados no internacionales, haciendo énfasis en el trato humano y la prohibición de actos como la tortura o el trato degradante (M, 2001). Sin embargo, estas disposiciones no abordan explícitamente el estatus legal, los derechos u obligaciones de los combatientes extranjeros que pueden no formar parte formal de una fuerza armada estatal u organizada no estatal.
El Protocolo Adicional I complica aún más esta cuestión. Por ejemplo, el Artículo 47 del Protocolo I excluye explícitamente a los mercenarios del estatus de combatientes o prisioneros de guerra, negándoles efectivamente las protecciones legales otorgadas a los combatientes legítimos (Geraldy Diandra Aditya, Soekotjo Hardiwinoto, 2017). Esta exclusión plantea interrogantes sobre el estatus legal de los combatientes extranjeros que no encajan claramente en las categorías de combatiente legítimo, civil o beligerante ilegítimo. Como resultado, la situación jurídica de los combatientes extranjeros en conflictos armados modernos, como el conflicto entre Ucrania y Rusia, sigue siendo poco clara y potencialmente sujeta a explotación o abuso.
Una tabla que enumere los principales tratados internacionales, convenciones y resoluciones relevantes para los combatientes extranjeros podría ilustrar las herramientas legales disponibles para regular su conducta y hacerlos responsables. La tabla podría incluir categorías como:
3.1.1. Estatus legal y responsabilidades de los combatientes extranjeros
Los combatientes extranjeros se han convertido en un elemento destacado de los conflictos modernos, incluyendo el de Ucrania, donde individuos de diversos países se han unido a ambos bandos del conflicto. Su participación plantea importantes interrogantes legales y éticas, particularmente en relación con su estatus según el DIH y su responsabilidad por las acciones cometidas.
El DIH, tal como lo definen los Convenios de Ginebra y los Convenios de La Haya, no menciona explícitamente a los “combatientes extranjeros”, pero ofrece un marco jurídico para determinar su estatus en función de sus actividades y lealtades. Los combatientes extranjeros suelen clasificarse como combatientes legítimos, combatientes ilegítimos o civiles, y sus derechos y responsabilidades están regidos por las leyes de la guerra (Hasan & Haque, 2023).
a. Combatientes legítimos.
Los combatientes extranjeros que se integran a las fuerzas armadas de un Estado parte en el conflicto (por ejemplo, Ucrania en el contexto de la invasión rusa) pueden ser considerados combatientes legítimos. En este rol, tienen derecho a las protecciones del DIH, incluyendo la protección frente a ataques y el trato humano en caso de ser capturados. Están sujetos a las leyes del conflicto armado, en particular a los Convenios de Ginebra, y deben respetar principios como la distinción, la proporcionalidad y la prohibición del sufrimiento innecesario. Sin embargo, este estatus depende de que pertenezcan a una fuerza militar organizada que se adhiera a las regulaciones del DIH.
b. Combatientes ilegítimos.
Los combatientes extranjeros que se unen a grupos armados no estatales, como mercenarios o milicias irregulares no reconocidas por el DIH, son considerados combatientes ilegítimos. No tienen derecho a las mismas protecciones que los combatientes legítimos y pueden ser procesados por violaciones al DIH, incluyendo actos que podrían constituir crímenes de guerra. El estatus de combatientes ilegítimos plantea desafíos en cuanto a la rendición de cuentas legal, ya que sus acciones a menudo no están adecuadamente cubiertas por tribunales militares estatales o cortes nacionales. Los esfuerzos internacionales para responsabilizarlos por violaciones, como ataques contra civiles o uso de armas prohibidas, pueden verse obstaculizados por la falta de un marco claro para procesar a actores no estatales.
c. Civiles.
Los extranjeros que participan en el conflicto sin tomar parte directa en las hostilidades son considerados civiles y están protegidos por el DIH. Sin embargo, su participación en combate puede modificar su estatus, y podrían perder la protección contra ataques directos una vez que se involucren en hostilidades. Esto genera una dinámica compleja en torno al enjuiciamiento y la responsabilidad de los combatientes extranjeros, ya que su estatus puede cambiar según sus actividades en el terreno.
Una tabla comparativa que describa el estatus legal de los combatientes extranjeros en diferentes contextos podría ayudar a aclarar los diversos derechos y responsabilidades bajo el DIH.
A continuación, se incluye un mapa que ilustra los orígenes geográficos de los combatientes extranjeros en el conflicto de Ucrania, mostrando su participación con el bando ucraniano o ruso. Este visual aporta un contexto global a su intervención.
3.2. La lucha histórica de Ucrania: el colonialismo y la actitud imperialista de Rusia
La relación entre Rusia y Ucrania se remonta a siglos atrás y se caracteriza por una historia compleja y, a menudo, turbulenta. Desde la época medieval hasta la actualidad, Ucrania ha enfrentado numerosas instancias de dominio e injerencia rusa, lo que ha moldeado su identidad nacional y su lucha constante por la independencia. Este contexto histórico es fundamental para entender las motivaciones de Ucrania para resistir, ya que refleja una resistencia prolongada frente al colonialismo y al imperialismo rusos.
Durante los siglos XVII y XVIII, Rusia comenzó a consolidar su control sobre los territorios ucranianos, especialmente tras el Tratado de Pereyáslav en 1654, que marcó el inicio de la subordinación de Ucrania al imperio zarista (Britannica, 2025). Con el paso del tiempo, la autonomía de Ucrania fue desapareciendo y se integró plenamente al Imperio Ruso, sometiendo a muchos ucranianos a duras políticas de rusificación. La represión de la cultura, el idioma y la identidad nacional ucraniana bajo el régimen zarista sentó las bases para futuras tensiones.
El capítulo más devastador de esta historia colonial se vivió bajo el régimen soviético, que exacerbó la sensación de imperialismo ruso. El Holodomor — una hambruna provocada en la década de 1930 — es uno de los episodios más oscuros de la historia de Ucrania. Millones de ucranianos murieron como consecuencia de las políticas de Stalin, que buscaron imponer la colectivización a costa del pueblo ucraniano. Esta tragedia ha dejado una cicatriz duradera en la memoria colectiva del país, alimentando una profunda desconfianza hacia Rusia y reforzando la narrativa del victimismo ucraniano frente al imperialismo ruso.
Incluso después del colapso de la Unión Soviética en 1991 y la declaración de independencia de Ucrania, Rusia ha intentado constantemente ejercer influencia sobre el país, invocando a menudo su pasado imperial como justificación para intervenir. La anexión de Crimea en 2014 y las acciones militares en el este de Ucrania son vistas por muchos como una continuación de la actitud imperialista que ha definido la relación de Rusia con Ucrania durante siglos.
La motivación de Ucrania para luchar en el conflicto actual está profundamente enraizada en su deseo de proteger su soberanía y preservar su independencia cultural y política frente a la influencia rusa. Esta lucha no es simplemente una respuesta a la agresión rusa, sino la continuación de una batalla de siglos por la autodeterminación, que se remonta al colonialismo zarista y se refuerza en la era soviética. La guerra actual representa la determinación de Ucrania por romper definitivamente con las cadenas del imperialismo ruso y asegurar su futuro como una nación libre, independiente y soberana.
3.3. Revisión del DIH sobre el ataque armado de Rusia en Ucrania
Tras la anexión rusa de Crimea, las tensiones entre Rusia y Ucrania continuaron hasta febrero de 2022. Estas tensiones comenzaron cuando la OTAN buscó expandir su membresía hacia Europa del Este al invitar a Ucrania a unirse como miembro (Andi Antara Putra & Dantes, 2022). La OTAN ha expresado su compromiso con la futura adhesión de Ucrania, afirmando: “Reafirmamos que estaremos en condiciones de extender una invitación a Ucrania para unirse a la Alianza cuando los Aliados estén de acuerdo y se cumplan las condiciones” (OTAN, 2024b).
Esta posición subraya la apertura de la OTAN hacia la membresía de Ucrania, supeditada al acuerdo unánime de los Estados miembros actuales y al cumplimiento de ciertos criterios por parte de Ucrania. Aunque la OTAN aún no ha emitido una invitación formal, reconoce las aspiraciones ucranianas y apoya activamente su avance hacia una posible membresía, mediante el fortalecimiento de la interoperabilidad y la implementación de reformas democráticas y del sector de seguridad (OTAN, 2024a). Esto representa una escalada en las tensiones entre Rusia y los países occidentales, en particular con la OTAN, ya que Europa del Este se ha convertido en un terreno clave para la competencia de intereses geopolíticos.
La expansión de la OTAN después de la Guerra Fría — que incluyó a antiguos países del bloque del Este como Polonia, Hungría y los estados bálticos — ha sido interpretada por Rusia como una invasión directa a su esfera de influencia y una amenaza a su seguridad. Esta tensión se intensificó aún más con la declaración de la OTAN en 2008 de que Ucrania y Georgia eventualmente serían miembros, lo cual Rusia percibió como una línea roja.
La importancia estratégica de Europa del Este, tanto como zona de contención como corredor de tránsito para recursos energéticos, aumenta los intereses de ambas partes. Las acciones agresivas de Rusia — incluyendo la anexión de Crimea en 2014 y su participación militar continua en el este de Ucrania — pueden interpretarse como intentos por contrarrestar la creciente presencia de la OTAN en la región. Por su parte, el apoyo militar de la OTAN a los países de Europa del Este subraya su compromiso con la defensa colectiva y la disuasión frente a la agresión rusa, alimentando aún más la rivalidad geopolítica.
La influencia geopolítica y los esfuerzos por reforzar la presencia militar en la región son factores importantes en la dinámica del conflicto actual entre Rusia y Ucrania. La insistencia de Rusia en no permitir que Ucrania “se aleje”, considerándolo una amenaza a sus intereses y seguridad (Mamfaluthy, 2014), genera tensiones significativas con los principios del derecho internacional, particularmente con el respeto a la soberanía nacional.
La Carta de las Naciones Unidas garantiza a todos los Estados el derecho a la soberanía, la integridad territorial y la independencia política, lo que incluye el derecho de Ucrania a determinar sus políticas internas y externas sin injerencias externas. Aunque Rusia argumenta que la posible adhesión de Ucrania a la OTAN o su alineación con Occidente amenaza su seguridad, tales preocupaciones no justifican acciones que violen la soberanía ucraniana, como la anexión de Crimea o el apoyo a movimientos separatistas en el este de Ucrania.
Si bien el derecho internacional permite a los Estados adoptar medidas para proteger intereses legítimos de seguridad, estas deben estar alineadas con las normas legales y evitar vulnerar la soberanía de otros Estados. Las acciones de Rusia contravienen estos principios, como lo han reafirmado las resoluciones de la Asamblea General de la ONU que reconocen la integridad territorial de Ucrania. Esta tensión evidencia un choque entre el enfoque realista de Rusia para asegurar sus intereses estratégicos y la obligación legal internacional de respetar la soberanía e independencia de otras naciones.
Desde la perspectiva de Putin, todos los países que son miembros de la OTAN tienen pleno derecho a organizarse y proteger sus territorios frente a cualquier amenaza, tanto interna como externa (Pradana & Ramadhoan, 2022). La opinión de Putin refleja la visión de que la membresía en la OTAN por parte de países que rodean a Rusia, incluida Ucrania, se percibe como una amenaza para la seguridad rusa. Esto se manifiesta en la preocupación por el posible despliegue de infraestructura militar de la OTAN cerca de las fronteras rusas, lo cual podría interpretarse como una amenaza directa a los intereses estratégicos de Rusia. Por lo tanto, Putin ha insistido en tomar las medidas que considere necesarias para proteger los intereses y la soberanía de Rusia. Esto ha llevado a un aumento de las tensiones entre Rusia y los países occidentales que apoyan la membresía de Ucrania en la OTAN.
La respuesta de Rusia a la adhesión de Finlandia a la OTAN contrasta marcadamente con sus acciones hacia Ucrania, principalmente debido a las diferencias en los vínculos históricos y culturales con cada país. Finlandia ve su membresía en la OTAN principalmente como una estrategia defensiva, mientras que la relación de Ucrania con Rusia tiene raíces históricas y culturales profundas. La sólida capacidad militar de Finlandia, combinada con los principios de defensa colectiva de la OTAN, actúa como un elemento disuasorio frente a la agresión rusa, mientras que Rusia, ya profundamente involucrada en Ucrania, evita provocar directamente a la OTAN. Esta diferencia pone de manifiesto que las acciones de Rusia hacia Ucrania están motivadas por ambiciones de dominio regional más que por la expansión de la OTAN.
La intervención de Rusia en Ucrania viola el principio de no intervención, el cual es un pilar fundamental del derecho internacional. Este principio establece que cada Estado tiene el derecho de manejar sus asuntos internos sin interferencia externa (Octavia & Husniyah, 2023). El artículo 2, párrafo 4 de la Carta de las Naciones Unidas enfatiza la importancia de resolver disputas de manera pacífica y evitar los conflictos armados. Las acciones de Rusia también contravienen la Declaración sobre los Principios del Derecho Internacional (A/RES/25/2625, 1970), que defiende la soberanía nacional, la integridad territorial y la independencia política de los Estados, subrayando que las disputas deben resolverse sin recurrir a la violencia (Mahfud, 2015; Rudy, 2011).
Además, el artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia amplía las fuentes del DIH, permitiendo la inclusión de principios legales reconocidos por las naciones civilizadas, organizaciones internacionales y opiniones de expertos, sin limitarse solo a tratados internacionales (Budisantosa, 2021). Esto refuerza aún más la importancia de respetar el DIH y la soberanía de los Estados dentro del marco legal global.
Los tratados internacionales que constituyen la base principal del DIH son la Convención de La Haya y la Convención de Ginebra (Pasorong et al., 2023). La Convención de La Haya regula las leyes de guerra relacionadas con el trato a personas y bienes en conflictos armados, mientras que la Convención de Ginebra establece estándares mínimos para la protección de las víctimas de guerra, incluidos civiles, prisioneros de guerra y personal médico. Estas dos convenciones forman un marco jurídico esencial para salvaguardar la humanidad durante los conflictos armados y han sido la base para el desarrollo posterior del DIH. Aunque el DIH no puede cubrir todas las acciones en guerras internacionales, las partes en conflicto están obligadas a respetar y aplicar sus principios fundamentales.
a) Principio humanitario: Exige que las acciones en conflictos armados tomen en cuenta los intereses de la humanidad y eviten el sufrimiento innecesario de personas no involucradas en las hostilidades.
b) Intereses militares: Reconoce que las acciones militares deben ser proporcionales a los objetivos militares que se buscan y minimizar las pérdidas innecesarias.
c) Proporcionalidad: Establece que las acciones militares deben estar alineadas con intereses militares legítimos y ser proporcionales a la amenaza enfrentada.
d) Distinción: Obliga a las partes en conflicto a distinguir entre individuos que participan directamente en las hostilidades (militares) y aquellos que no lo hacen (civiles), así como entre objetivos militares y bienes de carácter civil.
e) Prohibición del sufrimiento innecesario: Prohíbe actos que causen sufrimientos innecesarios o que sean incompatibles con objetivos militares legítimos.
f) Separación entre el ‘Ius ad Bellum’ y el ‘Ius in Bello’: Diferencia entre el derecho que regula la autorización para usar la fuerza militar (‘Ius ad Bellum’) y el derecho que regula la conducta de las partes en conflicto (‘Ius in Bello’).
El ataque armado de Rusia contra Ucrania violó varios principios fundamentales del DIH. En primer lugar, quebrantó el principio de soberanía estatal al vulnerar la integridad territorial y la independencia política de Ucrania, en contravención del Artículo 2, párrafo 4 de la Carta de las Naciones Unidas, que prohíbe el uso de la fuerza contra la integridad territorial de otro Estado.
En segundo lugar, el ataque violó el principio de distinción, dado que se han reportado víctimas civiles como resultado de ataques militares rusos que debieron estar dirigidos exclusivamente a combatientes y objetivos militares. En tercer lugar, estos ataques causaron sufrimientos innecesarios a la población civil y dañaron infraestructuras esenciales, lo cual constituye una violación del principio que prohíbe el sufrimiento innecesario dentro del DIH. En conjunto, las acciones de Rusia se consideran graves violaciones del DIH y de los principios humanitarios universalmente reconocidos.
3.4. Combatientes extranjeros en el contexto del DIH
El conflicto en Ucrania ha puesto en evidencia la complejidad del derecho internacional, particularmente en lo que respecta a la participación de combatientes extranjeros en los conflictos armados. De acuerdo con el Artículo Común 3 de los Convenios de Ginebra, el conflicto califica como un Conflicto Armado No Internacional (CANI), ya que involucra a grupos armados no estatales como insurgentes o separatistas enfrentándose a fuerzas estatales (Brits, 2017; Mehra & Thorley, 2017; Mehra & Thorley, 2022). Sin embargo, la participación de Rusia complica esta clasificación, lo que ha llevado a algunos a argumentar que se trata de un Conflicto Armado Internacional (CAI), regido por los Convenios de Ginebra y el Protocolo Adicional I, que establecen normas para la protección de civiles y prisioneros de guerra (Susetio & Muliawan, 2023).
El Protocolo Adicional II establece además protecciones para los civiles y personas que no participan directamente en las hostilidades, proporcionando instrumentos legales esenciales para el conflicto en Ucrania (Ismail, 2018). A pesar del debate en curso sobre la clasificación del conflicto, los estándares del DIH, incluidas las protecciones contra la tortura y el trato inhumano, son aplicables. Estos estándares incorporan principios como la proporcionalidad y la distinción, con el fin de salvaguardar a la población civil y regular la conducta militar (Gisel et al., 2020; Murray, 2019).
La clasificación del conflicto es crucial para determinar la aplicación del DIH, especialmente en lo que respecta a la protección de civiles y la distinción entre objetivos militares y no combatientes (Diakonia, 2022). El ingreso de combatientes extranjeros, particularmente a través de la Legión Internacional de Defensa Territorial promovida por el presidente ucraniano Volodímir Zelenski, ha complicado aún más el conflicto. Desde 2014, miles de combatientes extranjeros de 55 países se han unido a la guerra, lo cual podría aumentar las tensiones y potencialmente constituir violaciones al DIH si ocurren abusos contra los derechos humanos (Egle E. Murauskaite, 2022; Nigel Walker, 2023). La presencia de estos combatientes plantea preguntas importantes sobre su estatus legal y sus responsabilidades dentro del conflicto.
El término “combatientes extranjeros” carece de una definición universalmente aceptada en el derecho internacional. La definición más autorizada proviene de la Resolución 2178 del Consejo de Seguridad de la ONU, que hace referencia a los “combatientes terroristas extranjeros”. Un combatiente terrorista extranjero se define como una persona que viaja a un país que no es el suyo con el fin de participar en actividades que apoyan el terrorismo, incluyendo (Bramantyo, 2023).
a) Cometer actos de terrorismo, caracterizados por violencia o amenazas destinadas a infundir miedo o causar daño a civiles con fines políticos.
b) Planificar o preparar actos de terrorismo, como vigilancia de objetivos, reclutamiento o adquisición de armas.
c) Participar directamente en actos de terrorismo, brindar apoyo logístico o dar refugio a los perpetradores.
d) Recibir o proporcionar entrenamiento relacionado con el terrorismo, lo cual incluye el uso de armas, explosivos o tácticas de guerrilla.
El enfoque del Consejo de Seguridad de la ONU sobre los combatientes extranjeros pone énfasis en el contraterrorismo, como se evidencia en la Resolución 2178, que se centra en sus roles dentro del terrorismo. Esta perspectiva ha sido adoptada por varios Estados miembros a nivel nacional, dando forma a sus respuestas ante los combatientes extranjeros.
En la literatura académica han surgido diversas definiciones sobre “combatientes extranjeros”, siendo una de las más aceptadas aquella que describe a individuos motivados por ideologías, religión o lazos familiares que dejan su país de origen para unirse a un conflicto armado en el extranjero (Van Poecke & Cuyckens, 2023). Los aspectos clave de esta definición incluyen:
1) Motivación: los combatientes extranjeros están impulsados por factores ideológicos, religiosos o familiares, más que por beneficios personales.
2) Movimiento: los combatientes viajan desde su país de origen para participar en conflictos en otras naciones.
3) Participación activa: su involucramiento incluye combate u otras actividades relacionadas.
La clasificación de “combatientes extranjeros” se refiere específicamente a individuos que se unen a grupos armados no estatales en conflictos internacionales, motivados comúnmente por razones ideológicas, religiosas o de parentesco (Baker-Beall, 2023). Esta clasificación excluye a mercenarios o voluntarios motivados por otras razones.
Aunque los debates sobre seguridad nacional y contraterrorismo suelen ser el foco en torno a los combatientes extranjeros, clasificarlos como terroristas no anula la aplicación del DIH, que se aplica a todos los beligerantes, incluidos los combatientes extranjeros. Sus acciones dentro de conflictos armados deben evaluarse según los principios del DIH (Ho, 2019).
El término “combatientes terroristas extranjeros” puede dificultar los procesos legales al centrarse principalmente en el contraterrorismo, ignorando las particularidades de la participación de combatientes extranjeros en conflictos armados. Estos individuos suelen participar tanto en conflictos armados como en actividades terroristas (Karska & Karski, 2016). También es importante diferenciar entre “combatientes extranjeros” y “mercenarios”, ya que los primeros suelen unirse por motivos ideológicos, mientras que los segundos lo hacen por compensación económica (Floress, 2016; Dano, 2022). El uso del término “mercenarios” por parte de Rusia puede estar orientado a influir en la percepción pública y resaltar el componente económico de su participación.
El Artículo 47 del Protocolo Adicional I (1977) a los Convenios de Ginebra establece el estatus legal de los combatientes extranjeros y las limitaciones en la aplicación de las disposiciones de los convenios a individuos de Estados no signatarios. Sin embargo, el Artículo 47(2) refuerza que las protecciones de derechos humanos siguen vigentes para los combatientes extranjeros, y que las responsabilidades de las partes en conflicto bajo el DIH permanecen inalteradas (Gregorious, 2023). A medida que crece la participación de combatientes extranjeros en conflictos como el de Ucrania, surgen desafíos respecto a su estatus legal y las protecciones que les otorga el DIH, lo que exige una evaluación cuidadosa tanto de los aspectos legales como humanitarios.
3.5. Derechos humanos de los combatientes extranjeros en el contexto del DIH
El conflicto en curso entre Ucrania y Rusia ha generado consecuencias materiales y psicológicas severas tanto para la población civil como para los combatientes. En medio de esta agitación, la participación de combatientes extranjeros ha captado una atención significativa, planteando interrogantes sobre su estatus y sus derechos humanos dentro del marco del DIH. A pesar de su involucramiento en el conflicto armado, los combatientes extranjeros conservan ciertos derechos y protecciones conforme al DIH, lo cual exige una evaluación minuciosa de su estatus legal, sus acciones durante el conflicto y su participación en grupos armados. Por lo tanto, la protección de sus derechos humanos debe considerarse cuidadosamente, de acuerdo con los principios del DIH, que garantizan un trato justo y humano para todas las partes involucradas.
3.5.1. Preocupaciones sobre el debido proceso y violaciones de derechos humanos
La reciente sentencia de pena de muerte dictada por la Corte Suprema de la República de Donetsk contra tres combatientes extranjeros ha generado serias preocupaciones sobre el respeto a los estándares legales internacionales. Estas sentencias fueron emitidas tras procesos judiciales criticados por ser rápidos e injustos, lo que encendió las alarmas sobre posibles violaciones al derecho a un juicio justo, incluido el acceso a defensa legal y el derecho a presentar pruebas a favor.
Ante esto, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) intervino, instando a Rusia a suspender la aplicación de la pena de muerte y a respetar los derechos de los combatientes extranjeros. Esto subraya la necesidad crítica de garantizar el respeto de los derechos humanos fundamentales incluso en contextos de conflicto armado, y de asegurar que las personas involucradas en hostilidades reciban las protecciones básicas reconocidas por el derecho internacional.
3.5.2. El problema de la ciudadanía y la nacionalidad
El estatus de ciudadanía de los combatientes extranjeros en el conflicto de Ucrania es complejo debido a la diversidad de marcos legales y políticas nacionales sobre la participación en conflictos armados en el extranjero. Algunos países han promulgado leyes que revocan la ciudadanía por involucramiento en actividades terroristas o conflictos armados internacionales, alegando razones de seguridad nacional. Sin embargo, los críticos sostienen que estas medidas suelen carecer de transparencia y debido proceso, lo que genera riesgo de privación arbitraria de la nacionalidad.
La revocación de la ciudadanía deja a los individuos en un limbo legal, expuestos a enjuiciamientos o malos tratos en otros estados. La apatridia, una consecuencia frecuente de la pérdida de ciudadanía, agrava su vulnerabilidad al negarles el acceso a derechos básicos como la educación, la atención médica y el empleo. Este problema tiene implicancias significativas para los derechos humanos a nivel internacional.
La ONU desempeña un papel clave para abordar estos desafíos, facilitando el diálogo, monitoreando el cumplimiento del derecho internacional y abogando por la protección de los derechos humanos. Las organizaciones regionales, como la Unión Europea, también son fundamentales para promover enfoques unificados y garantizar el respeto de los estándares de derechos humanos en el tratamiento de los combatientes extranjeros.
3.5.3. Protección de los derechos humanos bajo el DIH
Los Convenios de Ginebra, en especial el Cuarto Convenio, subrayan el trato humano de todas las personas en conflicto, incluidos civiles y detenidos. El Artículo 3 exige que los no participantes en las hostilidades, como civiles y prisioneros, sean tratados con humanidad, garantizando el respeto de los derechos humanos básicos sin importar su nacionalidad o afiliación política.
En el contexto de la revocación de ciudadanía, los estados involucrados en conflictos armados deben evaluar sus obligaciones bajo el DIH para evitar violaciones a los derechos humanos. Revocar la ciudadanía puede socavar las protecciones otorgadas a los prisioneros de guerra, quienes tienen derecho a un trato humano, a un juicio justo y a estar protegidos contra la tortura.
La revocación arbitraria de la nacionalidad pone en riesgo el debido proceso, dejando a los individuos apátridas y vulnerables a tratos inhumanos. Los estados deben garantizar que sus políticas de seguridad nacional no comprometan los derechos fundamentales. Defender los derechos humanos no solo es un requerimiento legal, sino también una expresión del compromiso de un estado con la justicia.
Las organizaciones internacionales, como las Naciones Unidas y los organismos regionales, desempeñan un papel crucial al monitorear el cumplimiento de estos principios y al abogar por los derechos de las personas afectadas por los conflictos armados.
3.5.4. Obligaciones de los Estados y responsabilidad internacional
El derecho al retorno es un principio fundamental del derecho internacional, que protege a las personas frente a acciones arbitrarias del Estado que podrían conducir a la apatridia o a violaciones de derechos humanos. Este derecho cobra especial relevancia para los combatientes extranjeros, quienes podrían enfrentarse a la revocación de su ciudadanía al regresar de zonas de conflicto, lo que agrava aún más su situación de vulnerabilidad.
El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) subraya que los Estados están obligados a investigar los crímenes de guerra cometidos por sus nacionales y a garantizar la rendición de cuentas. Revocar la ciudadanía y transferir la responsabilidad legal a otros Estados puede fomentar una cultura de impunidad y obstaculizar la rendición de cuentas por crímenes de guerra. Negar el derecho al retorno puede derivar en nuevos abusos de derechos humanos, incluida la detención inhumana o la exposición a la violencia en zonas de conflicto.
El Artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) afirma que todas las personas tienen derecho a regresar a su propio país, destacando que este derecho no depende de acciones o afiliaciones previas. Los Estados deben evitar la privación arbitraria de la nacionalidad, especialmente en contextos de conflicto, para preservar estos derechos. Cumplir con el DIH y con las normas de derechos humanos es esencial para mantener la confianza y la rendición de cuentas dentro de la comunidad internacional. Se requiere un enfoque equilibrado que considere tanto la seguridad como los principios humanitarios para abordar los conflictos modernos.
4. Limitaciones de la investigación
Si bien este estudio proporciona valiosos aportes sobre los marcos jurídicos que rodean a los combatientes extranjeros en el contexto del conflicto entre Rusia y Ucrania, es importante reconocer varias limitaciones.
En primer lugar, el estudio se limita a un análisis normativo del DIH, centrado principalmente en los aspectos legales de la agresión militar rusa contra Ucrania, sin profundizar en las dinámicas políticas y sociales que también influyen significativamente en el conflicto. En segundo lugar, las fuentes utilizadas provienen predominantemente de documentos jurídicos internacionales e informes de organizaciones internacionales, lo que puede no reflejar completamente las perspectivas de todas las partes involucradas, especialmente aquellas subrepresentadas en el discurso global.
En tercer lugar, aunque se adhiere a enfoques legales reconocidos internacionalmente, el estudio enfrenta dificultades para evaluar la aplicación práctica del DIH sobre el terreno, debido a la sensibilidad de la información y a posibles sesgos en las fuentes disponibles. Finalmente, en cuarto lugar, la investigación no aborda específicamente el papel de los Estados terceros que apoyan a alguna de las partes en conflicto, una dimensión que podría complicar aún más la interpretación del DIH. Dadas estas limitaciones, se recomienda que futuras investigaciones adopten un enfoque más holístico e inclusivo para explorar estas complejidades con mayor profundidad.
5. Conclusión
El conflicto en curso entre Rusia y Ucrania implica enfrentamientos militares directos entre las fuerzas rusas y ucranianas, junto con la participación de grupos separatistas prorrusos en el este de Ucrania. Los combatientes extranjeros también se han convertido en un factor significativo en ambos bandos del conflicto. Individuos de varios países se han unido al lado ucraniano, ya sea como voluntarios o como parte de unidades militares organizadas, mientras que Rusia ha brindado apoyo a las facciones prorrusas, incluyendo la participación de combatientes extranjeros rusos.
El estatus legal de los combatientes extranjeros sigue siendo poco claro bajo el Derecho Internacional Humanitario, el cual aborda principalmente los derechos y obligaciones de los Estados, las fuerzas armadas y los civiles, dejando en ambigüedad la situación de los combatientes extranjeros, ya sea que actúen en nombre de grupos armados no estatales o como voluntarios independientes. Es necesario evitar el uso indebido de las leyes antiterroristas que no diferencian adecuadamente entre voluntarios extranjeros, combatientes y mercenarios, ya que esto podría socavar los objetivos fundamentales del DIH, cuyos objetivos fundamentales son garantizar una conducta humana durante la guerra.
El objetivo principal del DIH es mitigar el sufrimiento humano durante los conflictos armados, no prevenirlos. Busca humanizar la guerra, garantizando que todos los combatientes — incluidos los extranjeros — gocen de los mismos derechos humanos que los nacionales. Las violaciones a estos derechos, como la privación de la ciudadanía o el derecho a la vida, no pueden justificarse en ninguna circunstancia. A medida que el conflicto continúa, todas las partes deben respetar el DIH para salvaguardar la dignidad humana y asegurar la justicia y la rendición de cuentas durante la guerra.
Notas
Referencias
