Los chilenos han elegido al candidato presidencial más derechista desde el fin de la dictadura de Augusto Pinochet, hace más de tres décadas y media. En una segunda vuelta celebrada el 14 de diciembre de 2025, José Antonio Kast, exdiputado del Partido Republicano y dos veces excandidato presidencial, obtuvo poco más del 58% de los votos, mientras que su oponente, Jeannette Jara, ministra del Trabajo del actual presidente Gabriel Boric y candidata de izquierda, alcanzó cerca del 42%.

Aproximadamente 15.6 millones de chilenos estaban habilitados para votar en la primera elección presidencial realizada con voto obligatorio e inscripción automática. Como resultado de estas nuevas normas electorales, que entraron en vigor en 2022, se estima que entre 5 y 6 millones de nuevos votantes acudieron a las urnas. Estos votantes — en su mayoría jóvenes, hombres y pertenecientes a la clase media baja — son percibidos como carentes de una identidad ideológica fuerte y, en muchos casos, como personas que rechazan la política en general.

El veredicto entregado por el electorado chileno sitúa al país en sintonía con un giro regional más amplio hacia la derecha — recientemente visible en Bolivia — que ha revertido la llamada “marea rosa” de gobiernos de izquierda que predominó durante las últimas dos décadas. Sin embargo, como historiador de la América Latina moderna y de Chile, considero que la elección chilena también refleja un contexto local clave: años de creciente desencanto con el sistema político.

En medio de este ampliado electorado, los principales temas de preocupación para los votantes durante la campaña fueron la delincuencia y la inmigración. Una encuesta realizada en octubre de 2025 identificó específicamente a la delincuencia como el principal problema, seguida por la inmigración, el desempleo y la atención de la salud.

Aunque Chile tiene una de las tasas de criminalidad más bajas de América Latina, en los últimos años, casos de alto perfil de crimen organizado han sacudido al país. Los homicidios aumentaron entre 2018 y 2022 y han disminuido levemente desde entonces. La inmigración también ha crecido de manera significativa, con un gran número de personas que han llegado a Chile tras huir de crisis económicas y políticas en Venezuela, así como de Perú, Haití, Colombia y Bolivia. La población nacida en el extranjero en Chile pasó del 4.4% en 2017 al 8.8% en 2024.

El contexto constitucional clave

Muchos analistas han destacado la fuerte polarización de esta elección, con una ministra del Trabajo del Partido Comunista compitiendo contra el ultraconservador Kast, quien ha elogiado a la dictadura de Pinochet, bajo la cual su hermano mayor — ya fallecido — llegó a servir. Sin embargo, hay más en esta historia.

Algunos observadores han comparado a Kast con otros líderes de extrema derecha en América Latina, como Nayib Bukele en El Salvador, Javier Milei en Argentina y Jair Bolsonaro en Brasil. No obstante, Chile no está simplemente siguiendo el mismo manual de la ultraderecha que sus vecinos.

En las semanas previas a la segunda vuelta en Chile, ambos candidatos se desplazaron hacia el centro. Jara prometió ampliar el sistema penitenciario para enfrentar el aumento de la delincuencia, mientras que Kast — quien anteriormente había amenazado con expulsar a migrantes indocumentados — suavizó su discurso al señalar que serían “invitados” a abandonar el país.

Además, Kast aprendió de sus anteriores intentos fallidos por llegar a la presidencia y habló menos de sus posturas más controvertidas o socialmente conservadoras. Por ejemplo, minimizó su oposición al aborto en cualquier circunstancia. En contraste, los votantes chilenos respaldan mayoritariamente los derechos limitados al aborto aprobados por el Congreso en 2017.

Sin embargo, más allá del mensaje de campaña, los resultados también reflejan un hecho estructural de la política chilena que se asemeja a las realidades políticas de otras partes de América Latina e incluso del mundo. En todas las elecciones presidenciales desde 2006, los chilenos han votado para sacar del poder al oficialismo y girar hacia el lado opuesto del espectro político. Con la prohibición de la reelección presidencial inmediata, el péndulo ha oscilado entre las presidencias de la socialista Michelle Bachelet — 2006-2010 y 2014-2018 — y del conservador Sebastián Piñera — 2010-2014 y 2018-2022.

Boric, exlíder estudiantil de izquierda, asumió el cargo en 2022 tras una ola de agitación y protestas populares contra la desigualdad ocurridas entre 2019 y 2020. En lo que fue un momento histórico, el país votó a favor de iniciar un proceso para reescribir la Constitución heredada de la era de Pinochet, la cual consolidaba políticas económicas neoliberales y limitaba la capacidad del Estado para enfrentar la desigualdad. La convención constitucional estuvo compuesta por ciudadanos elegidos directamente, muchos de ellos provenientes de movimientos sociales de base ciudadana.

Sin embargo, en un giro sorprendente, la propuesta de Constitución progresista — que habría protegido los derechos de la naturaleza, los derechos de los pueblos indígenas y los derechos sociales — fue ampliamente rechazada en un plebiscito en 2022. Poco más de un año después, los votantes rechazaron de manera similar un segundo intento de reforma constitucional, aunque esta vez bajo un proceso en cuya configuración participaron activamente los partidos conservadores.

La aprobación de Boric, que ya era baja, se vio aún más afectada por el fracaso de este proceso constitucional. Más que las victorias de la derecha en otros países de la región, este contexto nacional resulta clave para explicar el giro conservador de Chile.

El descontento permanente del electorado

Aunque el péndulo político ha oscilado entre izquierda y derecha en las recientes elecciones presidenciales chilenas, existen continuidades más profundas entre los distintos gobiernos del país en el siglo XXI. Una de las más importantes es el descontento generalizado de los votantes con el sistema político.

Tradicionalmente, este malestar se ha expresado a través de protestas masivas, como los movimientos estudiantiles de 2006 y 2011, y el Estallido Social de 2019-2020, las mayores movilizaciones desde el retorno a la democracia en 1990 y que contribuyeron a impulsar a Boric al poder. El descontento ciudadano también se manifestó en el abrumador apoyo al proceso de cambio constitucional, aprobado con un 78% de los votos en 2020.

Aunque el proceso constitucional fue finalmente rechazado por los votantes, este descontento de fondo no ha desaparecido.

Una de las señales recientes de malestar con las opciones políticas disponibles se observó en la primera vuelta electoral del 16 de noviembre: el candidato que quedó en tercer lugar no fue uno de los políticos tradicionales de la derecha, sino Franco Parisi, un economista populista que no ha pisado Chile en años y que llamó a sus seguidores a anular su voto de manera intencional nula – es decir, a “echar a perder” su voto. El descontento ha adoptado muchas formas — la indignación frente a la desigualdad y el neoliberalismo en 2019-2020, o la preocupación por la precariedad económica y la delincuencia en la actual elección —, pero ha persistido, incluso cuando el sistema político chileno se mantiene estable.

Algunos observadores han señalado que, a diferencia de lo que ocurre en muchas partes del mundo, las normas democráticas en Chile siguen siendo sólidas. El hecho de que el poder continúe traspasándose de manera pacífica pese a profundas diferencias ideológicas es significativo, especialmente considerando la larga lucha por la democracia durante el régimen de Pinochet. El estilo de Kast, por lo demás, no es tan estridente como el del presidente estadounidense Donald Trump o el del argentino Javier Milei.

Sin embargo, su aparente moderación oculta lo que muchos temen sea una futura erosión de derechos: los derechos de las mujeres a la autonomía corporal; el derecho de las personas al debido proceso; y los derechos de los trabajadores a condiciones laborales dignas. Estos derechos podrían quedar sujetos a negociación bajo la nueva administración.

Kast, un católico ferviente y padre de nueve hijos, se opone al aborto en cualquier circunstancia e incluso ha intentado prohibir la píldora del día siguiente. Fue partidario de Pinochet hasta el final del régimen, haciendo campaña por el voto “Sí” en el plebiscito de 1988, que habría permitido ocho años más de gobierno al líder autoritario tras 15 años en el poder. De igual manera, Kast ha prometido recortar el gasto público y desregular la economía, en un claro eco de los años de Pinochet.

A pesar del cambio trascendental que anuncia la elección de Kast, es poco probable que se modifique uno de los principales desafíos de la democracia chilena en el siglo XXI: el descontento y la desafección de los votantes. Ha existido una tendencia constante a que el gobierno de turno pierda apoyo popular y enfrente fuertes obstáculos en el Congreso por parte de la oposición. Más allá de las celebraciones actuales de Kast y sus seguidores, resulta difícil imaginar que esta dinámica cambie una vez que el nuevo gobierno asuma en marzo de 2026.